STC12273-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12273-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2022-00690-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del catorce de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1 de agosto de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Gloria Mar\u00eda Rodas Correa contra los Juzgados Veinticuatro de Familia y Primero de Ejecuci\u00f3n de Sentencias en Asuntos de Familia de esta ciudad, la Superintendencia de Industria y Comercio y Transmilenio S.A. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas en el juicio ejecutivo de alimentos con radicado 11001311002420210037400. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que la accionante y su hijo hoy mayor de edad, Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Correa, promovieron el referido proceso contra Mario \u00c1lvarez Ulloa, para hacer efectiva la conciliaci\u00f3n de lo adeudado por el ejecutado a favor de la parte actora, por concepto de alimentos de su hijo entre los a\u00f1os 2009 a 2014, juicio que adelantaba el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El 17 de junio de 2021 se decret\u00f3, entre otros, el embargo del veh\u00edculo de servicio p\u00fablico de placas SIS-203 y del 50% del automotor de placas WGI-844 que estaban a nombre del demandado. <\/p>\n
Enterada la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de Bogot\u00e1 sobre las medidas cautelares, mediante oficio del 10 de julio de 2021, allegado el 15 de septiembre siguiente, respondi\u00f3 que no se inscribir\u00edan, por la existencia de un embargo anterior de un proceso coactivo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y que, por tanto, se deb\u00eda seguir el procedimiento descrito en el art\u00edculo 839-1 del Estatuto Tributario. Sugiri\u00f3, en consecuencia, que los interesados deb\u00edan hacerse parte en el proceso adelantado por la autoridad administrativa, \u00abcon el fin de que se valide la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb1. <\/p>\n
El 25 de octubre de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso ejecutivo, por falta de legitimaci\u00f3n, lo cual fue puesto en conocimiento de la interesada el 2 de noviembre de 2021. <\/p>\n
El 22 de marzo de 20223, el Despacho dispuso oficiar a Transmilenio S.A., para que informara si \u00abel veh\u00edculo de placas SIS203 se encuentra en proceso de chatarrizaci\u00f3n, la suma a pagar al propietario del rodante por ese concepto y si, el embargo o embargos que pesan sobre el automotor son impedimento para llevar a cabo ese procedimiento\u00bb; asimismo, orden\u00f3 comunicar que se hab\u00eda decretado su embargo, medida que estaba registrada, por existir un embargo previo, pero que deb\u00eda ser tenida en cuenta al momento de realizar el pago al acreedor. Orden\u00f3, igualmente, oficiar a la Superintendencia mencionada, para aclarar que no se estaba vinculando a esta entidad, sino que se le estaban comunicando las cautelas sobre los veh\u00edculos, para efectos del art\u00edculo 465 del CGP. <\/p>\n
En el mismo prove\u00eddo se neg\u00f3 la solicitud de oficiar a la SIC, para que levantara las medidas cautelares que pesan sobre los veh\u00edculos, dado que \u00abno es una orden que pueda impartir esta funcionaria judicial, pues invade la autonom\u00eda e independencia con la que cuenta esa entidad en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales\u00bb, raz\u00f3n por la cual indic\u00f3 que la interesada deb\u00eda exponer lo pertinente en el proceso coactivo. <\/p>\n
En audiencia del 24 de marzo de 2022 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n4. <\/p>\n
El 13 de junio de 2022, Transmilenio S.A. respondi\u00f3 que el automotor se encontraba \u00aben tr\u00e1mite de reconocimiento dentro del marco del Decreto No. 068 de 2019, con la finalidad de realizar su chatarrizaci\u00f3n\u00bb, la cual no se hab\u00eda podido aprobar, dado que el veh\u00edculo presentaba limitaciones a la propiedad, por una inscripci\u00f3n de medida cautelar en el certificado de libertad y tradici\u00f3n; no obstante, afirm\u00f3 que se incluir\u00eda lo ordenado por el Juzgado en el expediente del veh\u00edculo5. <\/p>\n
Avocado el proceso por parte del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n accionado el 18 de julio de 2022, por auto de la misma fecha, puso en conocimiento de las partes la respuesta anterior, \u00abpara que eleven las solicitudes que estimen necesarias\u00bb6. <\/p>\n
3. La actora sostuvo que el \u00fanico medio que tiene el ejecutado para solventar sus deudas es la chatarrizaci\u00f3n del mencionado veh\u00edculo, con lo que recibir\u00eda la suma de $119.000.000 y, de no realizarse, \u00ablos dineros regresaran a la administraci\u00f3n al no utilizarse (\u2026) como lo establece el decreto 068 de 2019 de la alcald\u00eda de Bogot\u00e1\u00bb, raz\u00f3n por la que se requiere intervenci\u00f3n en el asunto del juez constitucional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, al ser una deuda por alimentos, tiene prelaci\u00f3n, de modo que la Superintendencia debe levantar la medida cautelar y embargar los remanentes, pues, al comunicarle la existencia del proceso, \u00abse neg\u00f3 a entrar en el concurso de acreedores\u00bb. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene: (i) a la Superintendencia de Industria y Comercio levantar las medidas cautelares que recaen sobre los veh\u00edculos de propiedad de Mario \u00c1lvarez Ulloa \u00aby embargar los remanentes haci\u00e9ndose parte del proceso de alimentos que existe en su contra\u00bb; ii) a Transmilenio S.A. que realice la chatarrizaci\u00f3n del veh\u00edculo de placas SIS-203; y iii) \u00abla Titulaci\u00f3n del 50% de la camioneta de placas WGI844, a mi nombre como parte de pago de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Primero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 alleg\u00f3 el expediente controvertido. <\/p>\n
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2. El Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1 asegur\u00f3 que, como no es posible inmiscuirse en el proceso de cobro coactivo, la accionante deb\u00eda solicitar la prelaci\u00f3n del embargo y agreg\u00f3 que el proceso cursaba en el Juzgado de Ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
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3. Transmilenio S.A. manifest\u00f3 que suspendi\u00f3 la aprobaci\u00f3n de la chatarrizaci\u00f3n del veh\u00edculo, por la existencia de las medidas cautelares, cuyo levantamiento no era de su competencia y, por tanto, la tutela en su contra es improcedente. <\/p>\n
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4. La Superintendencia de Industria y Comercio inform\u00f3 que la accionante no ha presentado petici\u00f3n, queja o reclamo sobre el asunto referido en la tutela; adem\u00e1s, en el expediente administrativo 12-165930, mediante Resoluci\u00f3n 25036 del 21 de abril de 2014 sancion\u00f3 a Mario \u00c1lvarez Ulloa con multa de $65.296.000, por violaci\u00f3n de las disposiciones sobre protecci\u00f3n de la competencia, la cual se encuentra ejecutoriada, sin que ninguna autoridad judicial haya solicitado el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1 le inform\u00f3 sobre el embargo de los veh\u00edculos. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues para la chatarrizaci\u00f3n del veh\u00edculo deben agotarse todos los tr\u00e1mites ante las autoridades competentes, que son los llamados a resolver sobre el levantamiento de las medidas cautelares, y ante la Superintendencia de Industria y Comercio debe decidirse lo pertinente frente al tr\u00e1mite que all\u00e1 se adelanta; asimismo, puso de presente a la actora que, de acuerdo con la respuesta de Transmilenio S.A., el veh\u00edculo debe estar saneado para que proceda el levantamiento de las medidas, \u00ablo cual no puede hacerse por el Juez Constitucional\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos inicialmente y destac\u00f3 que la chatarrizaci\u00f3n se debe tramitar con celeridad, para que los dineros no regresen a la alcald\u00eda de Bogot\u00e1 y, en tal medida, es una urgencia manifiesta para lograr el pago de su deuda. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con el tr\u00e1mite de las medidas cautelares decretadas sobre los veh\u00edculos de placas SIS-203 y WGI-844. <\/p>\n
2. En cuanto al disenso expuesto por la accionante sobre la prelaci\u00f3n de su cr\u00e9dito frente al proveniente del proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva adelantado por la SIC, se establece que ello fue objeto de pronunciamiento por parte del Juzgado Veinticuatro de Familia en auto del 30 de septiembre de 2021, decisi\u00f3n que no recurri\u00f3 la interesada, por lo cual no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad, ni el de inmediatez, pues la tutela se radic\u00f3 el 15 de julio de 2022, superando el t\u00e9rmino de 6 meses que la jurisprudencia ha considerado como razonable para acudir a esta v\u00eda excepcional a efectos de controvertirla. Sobre el particular, ha dicho la Sala que <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 Abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2414-2021). <\/p>\n
3. Frente a la materializaci\u00f3n de las medidas cautelares que recaen sobre los veh\u00edculos mencionados, se observa que respecto del proceso de chatarrizaci\u00f3n de uno de estos y la persecuci\u00f3n de su contraprestaci\u00f3n para satisfacer la obligaci\u00f3n reclamada, el Juzgado de ejecuci\u00f3n, actualmente, contin\u00faa adelantando las gestiones que considera necesarias, entre ellas, puso en conocimiento de las partes la respuesta emitida por Transmilenio S.A., de manera que el asunto estaba en tr\u00e1mite ante el competente al momento de interposici\u00f3n del amparo, lo cual torna inviable la tutela, pues no puede el juez constitucional decidir sobre los aspectos sometidos a consideraci\u00f3n del juez natural. En se sentido, esta Sala ha manifestado que: <\/p>\n
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC3824-2022). <\/p>\n
4. Adicionalmente, se advierte que la accionante no ha elevado petici\u00f3n ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en aras de reclamar la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obtener el levantamiento de las medidas cautelares que pretende a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, lo cual evidencia que no se cumple con el presupuesto de subsidiariedad exigido para estudiar el fondo del asunto en sede constitucional. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 09, cuaderno de Medidas, expediente 2021-00374. <\/p>\n
2\u0002 Documento 13, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Documento 25, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Documento 17, cuaderno principal, expediente 2021-00374. <\/p>\n
5\u0002 Documento 01, Cuaderno Medidas Cautelares, Carpeta Oficina de Apoyo, Expediente 2021-00374. <\/p>\n
6\u0002 Documento 02, Cuaderno Medidas Cautelares, Carpeta Oficina de Apoyo, Expediente 2021-00374. <\/p>\n
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STC12273-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12273-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2022-00690-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del catorce de septiembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67199","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67199"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67199\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}