STC12274-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12274-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2022-00128-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la Inmobiliaria de los Colombianos S.A.S. frente al fallo proferido el 4 de agosto de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y \u00abpropiedad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al no materializar el levantamiento de cautelas que dispuso en el asunto atacado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos las medidas de embargo y secuestro que mantiene el Juzgado [accionado]\u2026 sobre los inmuebles identificados con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 290-57188, 290-290-57031, 290-56997, 290-56983, 290-56992, 290-56993, 290-56994, 290-56995 y 290-56972\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 la accionante que en el proceso ejecutivo que le inco\u00f3 el Centro Comercial y Cultural de Pereira – Fiducentro y el Teatro Municipal Londo\u00f1o – Propiedad Horizontal, se embargaron y secuestraron nueve (9) inmuebles de su propiedad, asunto para el cual fue comunicado embargo de remanentes por parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira a \u00f3rdenes del juicio que de id\u00e9ntica naturaleza y entre las mismas partes cursaba en esa sede judicial. <\/p>\n
2.2. El 4 de septiembre de 2019 el estrado convocado, en el primero de los tr\u00e1mites rese\u00f1ados, dict\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3 cesar la ejecuci\u00f3n, con el consecuente levantamiento de cautelas, a la vez que conden\u00f3 en costas y perjuicios al extremo ejecutante; providencia que el 18 de marzo de 2021 confirm\u00f3 la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
2.3. El 10 de agosto de 2021, ante solicitud de la reclamante de entrega material de los referidos predios, el Juzgado accionado dispuso oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectiva, para que dejara sin efecto la orden de embargo, \u00abcon la advertencia que la misma continuara vigente para el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira\u2026, dentro del proceso que contra la sociedad [all\u00ed] accionada promueve el Centro Comercial y Cultural de Pereira Fiducentro y Teatro Municipal Santiago Londo\u00f1o Propiedad Horizontal, radicado 2019-00179, por existir embargo de remanentes\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.4. Y el 18 de mayo de 2022, frente a la petici\u00f3n de la quejosa en torno a que, \u00abconforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 11 del Decreto 806 de 2020, remitiera los oficios de desembargo a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos[,] conforme lo acord\u00f3 en el auto del 10 de agosto de 2021\u00bb; el despacho encartado no accedi\u00f3 a lo deprecado \u00abpor haber surtido efectos el embargo de remanentes\u00bb. <\/p>\n
2.5. De otro lado, expuso que deprec\u00f3 al aludido Juzgado Quinto la modificaci\u00f3n de medidas cautelares, para que fuesen limitadas a un inmueble de su propiedad que \u00abgarantiza las pretensiones del ejecutante\u00bb, pero el 29 de noviembre de 2021, dicho estrado \u00abse pronunci\u00f3 \u201csobre las solicitudes relacionadas con la cauci\u00f3n al demandante y la reducci\u00f3n de embargos y omite pronunciarse sobre el se\u00f1alamiento del inmueble a efecto de evitar el embargo y secuestro de los otros\u00bb; por lo que interpuso los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, los que no hab\u00edan sido definidos para cuando se instaur\u00f3 este ruego tutelar (27 de mayo de 2022). <\/p>\n
2.6. En la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, en concreto, la accionante critic\u00f3 que sus derechos fundamentales est\u00e1n siendo afrentados al mantener, injustificadamente, \u00abunas medidas de secuestro sobre nueve (9) inmuebles aun cuando el proceso ya culmin\u00f3 con sentencia definitiva[,] ejecutoriada\u00bb, incurri\u00e9ndose en defectos sustancial y de desconocimiento del precedente. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira indic\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno al tutelante\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que no accedi\u00f3 a la solicitud de levantamiento de cautelas debido a que \u00abno posee en el momento poder dispositivo respecto de los bienes referidos\u00bb, con ocasi\u00f3n del \u00abembargo de remanentes que surtiera efectos para el proceso radicado en el Juzgado Quinto Civil del Circuito Local\u2026, despacho al que se le remitieron los oficios de levantamiento de las medidas decretadas\u00bb. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
OTRA ACTUACI\u00d3N RELEVANTE EN EL ASUNTO A CARGO DEL VINCULADO JUZGADO QUINTO <\/p>\n
En el decurso de este tr\u00e1mite constitucional, el 27 de julio \u00faltimo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira mantuvo su decisi\u00f3n inicial de 29 de noviembre de 2021, determinaci\u00f3n aqu\u00e9lla que el 30 de agosto de 2022 mantuvo el Tribunal ad-quem. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 18 de julio (ATC1049-2022), deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abel Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, por autos del 10 de agosto de 2021 y 18 de mayo de 2022, dispuso no acceder a la solicitud de la sociedad demandada relacionada con el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes inmuebles referidos; sin embargo, no formul\u00f3 la ac\u00e1 accionante recurso alguno frente a esos prove\u00eddos, es decir, no emple\u00f3 el medio ordinario de protecci\u00f3n con que contaba en ese proceso para obtener lo que pretende sea ahora decidido por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora indicando que el Tribunal err\u00f3 al considerar incumplido el requisito de la subsidiariedad porque el Juzgado encartado \u00abdict\u00f3 un auto de tr\u00e1mite que no notific\u00f3 y as\u00ed lo calific\u00f3 en el registro de actuaciones que se acompa\u00f1\u00f3 al escrito de tutela, por lo que no estaba sujeto a recursos\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que aunque el accionado \u00ablevant\u00f3 la medida cautelar porque as\u00ed lo obliga la norma y libr\u00f3 el oficio para la Oficina de Instrumentos P\u00fablico\u2026[,] se niega a enviarlo, bajo el argumento de que existe un embargo de remanentes[,] por lo [que] mantiene el embargo y secuestro dictado por ella y, as\u00ed se deja ver de los certificados de libertad y tradici\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, \u00aben varias oportunidades se la he planteado la solicitud\u2026, pero insiste en no enviar los oficios para levantar la medida cautelar en una causa que ya termin\u00f3\u00bb, materilizando \u00abuna especie de efecto suspensivo del levantamiento de las medidas\u2026, contra lo cual no existe recurso, pues ante la solicitud s\u00f3lo refiere que no tiene competencia sin ejecutar su propia decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, anot\u00f3 que lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene cuenta que el Juzgado Quinto vinculado, ante su solicitud de modificaci\u00f3n de cautelas, \u00abrefiri\u00f3 que [a] ese despacho no le constaba la ejecuci\u00f3n de esas medidas, pues es la medida del Juzgado accionado la que se mantiene vigente y produciendo efectos por falta de ejecuci\u00f3n\u00bb; aunado a que, \u00abde forma desobligante[,] miente refiriendo que se hab\u00eda pronunciado sobre la modificaci\u00f3n de la medida para lo cual la parte ejecutada se\u00f1al\u00f3 un bien cuyo valor garantiza las resultas del proceso, sin resolver sobre todos los embargos que ya cursa ante ese despacho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo, y por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Efectuadas tales precisiones, de cara al caso concreto, circunscrita la Sala a los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, de los elementos de convicci\u00f3n recolectados, anticipa su fracaso, por lo cual habr\u00e1 de confirmarse el fallo del Tribunal a-quo, dada la inviabilidad del resguardo impetrado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En lo tocante con los prove\u00eddos mediante los cuales, el 10 de agosto de 2021 y el 18 de mayo de 2022, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira no accedi\u00f3 a las solicitudes de la quejosa, como acertadamente lo advirti\u00f3 el fallador constitucional de primer grado, la petici\u00f3n de amparo carece del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, comoquiera que, ciertamente, aqu\u00e9lla no los cuestion\u00f3 ante el juzgador natural aduciendo todas las inconformidades tra\u00eddas tard\u00edamente a este tr\u00e1mite tutelar, conforme se lo permit\u00edan los preceptos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso; siendo pertinente anotar, tambi\u00e9n, que el 17 de enero de 2022 ese estrado s\u00ed remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo Quinto el oficio Nro. 711 del 8 de noviembre de 2021, comunic\u00e1ndole que dej\u00f3 a sus \u00f3rdenes los remanentes -al que anex\u00f3 \u00ablos oficios Nros. 712 y 713 de la fecha, dirigidos a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos\u00bb-. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, dejando de presente que, acorde con el precepto 466 del C\u00f3digo General del Proceso, la remisi\u00f3n de remanentes se extiende, de existir, a las respectivas diligencias de embargo y secuestro, as\u00ed como al aval\u00fao; lo cierto es que desafortunada resulta la alegaci\u00f3n de la quejosa en torno a que los autos referidos no eran susceptibles de recursos al registrarse en el sistema de gesti\u00f3n judicial como de \u00absustanciaci\u00f3n\u00bb, comoquiera que no existe ninguna disposici\u00f3n que por tal motivo restringa objetarlos, aunado a que, contrario a lo asegurado por ella, esas providencias fueron debidamente publicitadas, por anotaci\u00f3n en estado, en completo apego a lo reglado en el canon 295 ib\u00eddem, seg\u00fan se pudo constatar en el micrositio web de aqu\u00e9l despacho.1 <\/p>\n
Las anteriores circunstancias evidencian el descuido de la accionante en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el fallador natural e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular, la Corte ha sostenido que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy precepto 117 del C\u00f3digo General del Proceso] -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en cuanto a los aspectos bajo an\u00e1lisis, la protecci\u00f3n rogada era inviable a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la evidente e injustificada falta de agotamiento de los medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las situaciones denunciadas en sede de tutela. <\/p>\n
2.2. En adici\u00f3n, evidenciado que cuando este reclamo constitucional se propuso se mostraba presuroso de cara a las aparentes inconformidades respecto al prove\u00eddo emitido el 29 de noviembre de 2021 por el vinculado Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira en el juicio ejecutivo en el que se decret\u00f3 el embargo de remanentes, dado que dicho pronunciamiento no hab\u00eda cobrado ejecutoria al hallarse en tr\u00e1mite los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria que la reclamante plante\u00f3 frente al mismo; y siendo obvio que para el pasado 27 de mayo, cuando se radic\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela, no exist\u00edan las decisiones a trav\u00e9s de las cuales se desataron dichas censuras (autos proferidos el 27 de julio \u00faltimo por ese Juzgado y el 30 de agosto siguiente por el Tribunal ad-quem); se observa que a pesar de que, en \u00faltimas, la impugnante concentr\u00f3 parte de su opugnaci\u00f3n en criticar tales determinaciones definitivas, muy a pesar de sus alegaciones, se itera, es patente la inviabilidad de que el juez constitucional, en esta oportunidad, se ocupe de ellas, comoquiera que constituyen \u00abhechos nuevos\u00bb, no propuestos en el liminar escrito de tutela (como no pod\u00edan serlo, pues, se repite, para entonces no exist\u00edan tales prove\u00eddos concluyentes en torno a la situaci\u00f3n reprochada), circunstancia por la cual esos aspectos no pudieron ser cabalmente controvertidos en este tr\u00e1mite, de donde un pronunciamiento de la Corte al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los intervinientes. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, como lo son los autos que en su decurso emite la autoridad acusada al interior del juicio reprochado, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, por las razones aqu\u00ed exteriorizadas, enfatizando que la no superaci\u00f3n de los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutelar, como ac\u00e1 ocurri\u00f3, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, impide que el juzgador constitucional se ocupe del fondo de la situaci\u00f3n sometida a su escrutinio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto de 10 de agosto de 2021: <\/p>\n
<\/p>\n
Link del estado: <\/p>\n
https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/37176196\/81562470\/ESTADO+122+- <\/A> <\/p>\n +AGOSTO+11+DE+2021.pdf\/02d8cfb6-2743-490a-9d39-05864408ba0d <\/p>\n <\/p>\n Link del auto: <\/p>\n https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/37176196\/81562470\/%281%29%202014-00347+-+01.pdf <\/A> <\/p>\n <\/p>\n Auto de 18 de mayo de 2022: <\/p>\n <\/p>\n Link del estado: <\/p>\n