STC12277-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12277-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54001-22-13-000-2022-00225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de agosto de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que neg\u00f3 la tutela promovida por Jos\u00e9 Gregorio Meneses Ortega contra el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la EPS MEDIMAS, a la AFP Protecci\u00f3n, el Ministerio de Trabajo Territorial Norte de Santander, a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Norte de Santander y a las partes e intervinientes en el amparo de radicado 2021-00429. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la justicia e igualdad material judicial\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El accionante asegura que labora hace m\u00e1s de 23 a\u00f1os como operario en la Lavander\u00eda Confecciones Yuky Sport y que, a causa de diferentes accidentes laborales, actualmente est\u00e1 \u00abimpedido para seguir realizado el trabajo para el cual fue contratado\u00bb, porque tiene limitaciones en los miembros superiores y en las manos, afectaciones en la columna y diferentes \u00abpatolog\u00edas\u00bb, de modo que se encuentra en un \u00abestado de debilidad manifiesta\u00bb. Debido a ello, sufri\u00f3 por parte del empleador \u00abatropellos\u00bb y discriminaci\u00f3n, que lo llevaron a interponer diferentes tutelas, demandas por acoso laboral y denuncias por falsedad en documento privado. <\/p>\n
2.2. El 12 de febrero de 2021 se notific\u00f3 al convocado de la demanda ordinaria laboral que adelant\u00f3 en su contra por el pago de la seguridad social, las prestaciones sociales y dos accidentes de trabajo. De ah\u00ed que, el 16 de febrero siguiente, por negarse a firmar un documento con las nuevas funciones a desempe\u00f1ar, fue llamado a descargos y luego suspendido por per\u00edodos de ocho d\u00edas, hasta que, el 28 de junio de ese a\u00f1o, fue desafiliado de la seguridad social integral sin \u00abavisar[le]\u00bb y, finalmente, despedido. <\/p>\n
2.3. Inconforme con lo anterior, present\u00f3 un amparo constitucional contra Santiago Duarte Gamboa, propietario de la Lavander\u00eda y Confecciones Yuky Sport, y el Ministerio de Trabajo, que el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de C\u00facuta deneg\u00f3, por improcedente, el 23 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.4. El Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, mediante sentencia de 24 de enero de 2022, revoc\u00f3 el fallo anterior y orden\u00f3 al accionado que, <\/p>\n
(\u2026) (i) reintegre al se\u00f1or Jos\u00e9 Gregorio Meneses Ortega al cargo que desempe\u00f1aba en dicha empresa o a uno de superior categor\u00eda; (ii) le pague los salarios, prestaciones y dem\u00e1s emolumentos causados a su favor a partir del 16 de Febrero de 2021; (iii) lo afilie al Sistema General de Seguridad Social, sin soluci\u00f3n de continuidad, es decir, pagando todos los meses que lo ha tenido por fuera; y (iv) tenga en cuenta y aplique las recomendaciones expedidas por salud ocupacional para el ejercicio de sus funci\u00f3n… <\/p>\n
2.5. El 31 de enero de 2022, el gestor promovi\u00f3 un incidente de desacato, por falta de cumplimiento a la determinaci\u00f3n de segunda instancia. El 16 de marzo siguiente, el Juzgado demandado dio apertura al tr\u00e1mite incidental y, el 30 de marzo, sancion\u00f3 al tutelado. <\/p>\n
2.6. El 4 de abril de 2022, en grado de consulta, el ad quem confirm\u00f3 parcialmente la sanci\u00f3n, pues conmut\u00f3 los 2 d\u00edas de arresto, por 2 s.m.l.m.v. <\/p>\n
2.7. Despu\u00e9s de varios requerimientos al accionado, el 17 de mayo de 2022 el Juzgado de Conocimiento le solicit\u00f3 el estricto cumplimiento del fallo de segunda instancia, particularmente en cuanto a la orden de reintegro del accionante a sus labores. <\/p>\n
2.8. El 19 de mayo siguiente, el incidentado inform\u00f3 que hab\u00eda realizado las gestiones necesarias para acatar el mandato constitucional impartido, pero que este no se hab\u00eda podido atender por la conducta del actor. <\/p>\n
2.9. El 24 de mayo del a\u00f1o que avanza, el estrado confutado orden\u00f3 requerir al accionante, para que: <\/p>\n
\u2026dentro del t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, adelante los tr\u00e1mites pertinentes y tome posesi\u00f3n del cargo como empleado de la Lavander\u00eda, Tintorer\u00eda y Confecciones Yuky Sport, cumpliendo con las recomendaciones realizadas por salud ocupacional tal y como se dej\u00f3 dicho en la Sentencia de tutela de 24 de enero de 2022, so pena de archivarse la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.10. El 1 de junio de 2022, el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de C\u00facuta resolvi\u00f3 archivar el incidente, pues, con las pruebas allegadas al plenario, encontr\u00f3 que \u00abel incumplimiento del mismo [fue generado por] la parte accionante\u00bb, comoquiera que \u00abse niega a firmar los documentos relacionados con las normas de seguridad y salud en el trabajo\u00bb. <\/p>\n
3. El promotor censura que la autoridad judicial convocada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, por \u00abdefecto sustantivo por violaci\u00f3n de la cosa juzgada constitucional\u00bb, \u00abdefecto f\u00e1ctico operativo por reabrir el debate de lo ya decidido en la tutela\u00bb, \u00abdefecto sustantivo por inexistente argumentaci\u00f3n\u00bb, \u00abdefecto por violaci\u00f3n a la constituci\u00f3n\u00bb, \u00abdefecto por desconocimiento del precedente constitucional\u00bb, por haber omitido el cumplimiento integral del fallo de tutela de 24 de enero de 2022. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la determinaci\u00f3n se tom\u00f3 sin un an\u00e1lisis de fondo del asunto y sin \u00abrequerir pruebas\u00bb; adem\u00e1s, de que no cont\u00f3 con la oportunidad para controvertirla, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 dejar sin efectos el auto del 1\u00ba de junio de 2022 y que se ordene al Juzgado emitir una nueva decisi\u00f3n y hacer cumplir la tutela a su favor. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto de Familia de C\u00facuta en Oralidad asegur\u00f3 que el accionado mostr\u00f3 inter\u00e9s en acatar el mandato tutelar, pero el tutelante \u00abno ha querido posesionarse, reintegrarse al trabajo\u00bb. <\/p>\n
2. Santiago Duarte Gamboa, propietario de Yuky Sport, inform\u00f3 que, a pesar de que el Tribunal err\u00f3 en la decisi\u00f3n de segunda instancia, realiz\u00f3 todas las actuaciones para cumplir el fallo, tanto que \u00absigui\u00f3 pagando el salario al accionante sin trabajar\u00bb, quien \u00absiempre se neg\u00f3 a cumplir con las recomendaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo solicitadas por el m\u00e9dico tratante\u00bb. <\/p>\n
3. La Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Norte de Santander, el Ministerio del Trabajo, la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. y Medim\u00e1s EPS S.A.S. alegaron que no vulneraron los derechos del promotor y, por ello, pidieron su desvinculaci\u00f3n del asunto, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n pretendida, pues evidenci\u00f3 que la parte incidentada realiz\u00f3 los tr\u00e1mites necesarios para cumplir la orden de tutela, pero el tutelante impidi\u00f3 que ello ocurriera. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien reiter\u00f3 los argumentos esbozados en el escrito inicial y sostuvo que el a quo constitucional no se refiri\u00f3 a la reapertura del debate probatorio en el incidente de desacato, sumado a que se inviabilizaron las pruebas allegadas por \u00e9l. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor pide dejar sin efectos la providencia del 1 de junio del a\u00f1o en curso, en virtud de la cual el Juzgado acusado archiv\u00f3 el desacato propuesto, pues considera que no se ha dado cumplimiento integral al fallo de tutela de 24 de enero de 2022. <\/p>\n
2. Insistentemente la jurisprudencia ha dicho que la tutela es una herramienta extraordinaria para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales; no obstante, por regla general, este mecanismo no procede contra decisiones emitidas en sede de desacato, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterada en CSJ STC, 6 de julio de 2021, rad. 2021-00189-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la jurisprudencia constitucional ha previsto que solo en casos excepcionales la tutela es viable frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, bajo el cumplimiento de los siguientes requisitos: <\/p>\n
i) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-. <\/p>\n
iii) Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio (CC, SU034-18). <\/p>\n
3. En el presente asunto, se observa que la autoridad judicial cuestionada, al resolver el incidente de desacato censurado, expres\u00f3 fundadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que deb\u00eda archivarse, toda vez que: <\/p>\n
De acuerdo con lo informado por el representante legal de la Lavander\u00eda, Tintorer\u00eda y Confecciones Yuky Sport y por el mismo accionante, donde se indica que a la fecha no ha sido posible el reintegro de JOS\u00c9 GREGORIO MENESES ORTEGA, ello por cuanto el accionante se niega a firmar los documentos relacionados con las normas de seguridad y salud en el trabajo, que se hacen necesarios previamente para desarrollar la labor; asimismo en audios arrimados a la presente actuaci\u00f3n efectivamente se escucha la solicitud de entrega de documentos para previa revisi\u00f3n con un abogado proceder a firmarlos, procedente es, tal y como se se\u00f1al\u00f3 en auto de 24 de mayo de 2022, ARCHIVAR el presente incidente de desacato, dado que el incumplimiento del mismo lo est\u00e1 generando la parte accionante (Se resalta). <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que en autos de 27 de abril y 11 de mayo de 2022, se especific\u00f3 parte del cumplimiento de la sentencia de tutela de 24 de enero de 2022, faltando en esa ocasi\u00f3n solamente lo atinente al reintegro, y respecto del mismo se precisa en el presente prove\u00eddo. <\/p>\n
Precisamente, en los autos del 27 de abril y del 11 de mayo de 2022, el Juzgado Quinto de Familia de C\u00facuta encontr\u00f3 acreditado, con fundamento en el material probatorio aportado lo siguiente: (i) el pago de la multa que realiz\u00f3 el accionado a favor del Consejo Superior de la Judicatura, (ii) la cancelaci\u00f3n de los salarios a favor del accionante, desde el 16 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, (iii) el pago de las primas legales, las cesant\u00edas y los intereses a las cesant\u00edas de 2021 y (iv) el pago de la seguridad social, correspondiente al per\u00edodo comprendido entre julio de 2021 a marzo de 2022. <\/p>\n
4. Como se observa, el Juzgado accionado orden\u00f3 la terminaci\u00f3n y el archivo del incidente de desacato, por cuanto encontr\u00f3 demostrado que el demandado realizo las gestiones para el cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela, como fue el pago de la multa impuesta y de los salarios y emolumentos que el se\u00f1or Jos\u00e9 Gregorio Meneses Ortega dej\u00f3 de percibir, dejando claro que fue este quien imposibilit\u00f3 su reintegro a la empresa, por cuanto se neg\u00f3 a acoger las directrices requeridas y particularmente a firmar los documentos relacionados con las normas de seguridad y salud en el lugar de trabajo, necesarios para poder vincularse nuevamente, por lo que no se prest\u00f3 para efectivizar el reintegro ordenado. <\/p>\n
Para la Sala, al margen de que se compartan o no las razones esgrimidas por el Juzgado demandado para ordenar la terminaci\u00f3n y el archivo del incidente de desacato, la decisi\u00f3n cuestionada no puede considerarse como antojadiza, irrazonable, caprichosa o carente de sustento, por cuanto fue proferida con fundamento en las actuaciones de las partes en dicho tr\u00e1mite y una valoraci\u00f3n ponderada y razonable de los medios de convicci\u00f3n aportados al proceso, que llevaron al juez al convencimiento de que la empresa tutelada hab\u00eda cumplido lo ordenado por el juez de tutela. <\/p>\n
En definitiva, lo que se observa en el sub judice es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora, de modo que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto1. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
5. Por lo considerado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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