STC12279-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12279-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01424-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del catorce de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 26 de julio de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Juan Bernardo Castillo \u00c1vila contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del tr\u00e1mite del proceso ordinario laboral de radicado 052663105001200900168-01. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo, manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra la sociedad Exportadora de Banano S.A.S. -EXPOBAN-, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con la demandada entre el 8 de noviembre de 2001 y el 31 de octubre de 2008. Adem\u00e1s, que el mismo, en esta \u00faltima fecha, fue terminado sin justa causa por aquella. Y, solicit\u00f3 que se ordenara el reintegro, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales causadas en el lapso correspondiente. <\/p>\n
2.1. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado -con sentencia del 29 de junio de 2012- resolvi\u00f3 acceder a las pretensiones del demandante y conden\u00f3 a la convocada, entre otras, al reintegro del trabajador. Frente a ello, las partes en litis impetraron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn -con prove\u00eddo del 18 de julio de 2014-, dispuso \u00abrevocar parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de de junio 29 de 2012 [\u2026] en cuanto conden\u00f3 al reintegro del demandante con el consecuente pago de salarios y prestaciones legales\u00bb. Sin embargo, conden\u00f3 a Expoban al pago de la indemnizaci\u00f3n por terminaci\u00f3n unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo debatido1. Inconforme con lo determinado, el actor formul\u00f3 demanda extraordinaria de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante providencia del 21 de octubre de 2020- decidi\u00f3 no casar el fallo recurrido2. Actuaci\u00f3n notificada por edicto del 11 de diciembre de ese mismo a\u00f1o3. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado que se ordene \u00aba la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA se revise adecuadamente mi caso y se proceda a CASAR LA REFERIDAD SENTENCIA (\u2026) para que de esta forma se proceda a mi reintegro laboral\u00bb4. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo deprecado. Para ello, consider\u00f3 que el mismo no cumple con el requisito de inmediatez. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la sentencia controvertida \u00abfue emitida por decisi\u00f3n mayoritaria de la Sala, comporta un car\u00e1cter razonable (\u2026) en raz\u00f3n a que luego de analizar los supuestos f\u00e1cticos del asunto y la normativa que le es aplicable al asunto considero\u0301 que no hab\u00eda lugar a condenar al reintegro como lo pretendi\u00f3\u0301 el accionante\u00bb5. <\/p>\n
2. Expoban S.A.S. solicit\u00f3 que no se accediera a las pretensiones del accionante, por cuanto la sentencia de segunda instancia y de casaci\u00f3n1 \u00abson compatibles con la constituci\u00f3n y la ley, por ello no es procedente acudir a la acci\u00f3n de tutela pues no existi\u00f3 ni se materializo la vulneraci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental\u00bb6. <\/p>\n
3. El Juzgado Laboral del Circuito de Envigado solicit\u00f3 no conceder el amparo \u00abpor no existir vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno y por no cumplirse con el principio de la inmediatez [\u2026]\u00bb7. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo al considerar que \u00abla demanda carece del requisito de inmediatez\u00bb. Ello pues, el prove\u00eddo censurado \u00abse profiri\u00f3 el 21 de octubre de 2020, y la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3 hasta el 15 de julio de 2022, es decir, m\u00e1s de 1 a\u00f1o y 8 meses desde la presunta vulneraci\u00f3n\u00bb8. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien manifest\u00f3 que en la primera instancia se pas\u00f3 por alto que el salvamento de voto \u00absolo [le] fue notificado y puesto en conocimiento por parte del Juzgado de Envigado en febrero de 2022 (\u2026) dicho salvamento de voto es el que da pie a los requisitos constitucionales, doctrina internacional y normativa interna para interponer la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb9. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, con ocasi\u00f3n de la providencia dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 21 de octubre de 2020, con la cual resolvi\u00f3 no casar la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal de Medell\u00edn. Ello por cuanto estima que no se analizaron las normas que gobiernan el asunto y su situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
2. Temprano se advierte la improcedencia del amparo constitucional deprecado. Y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, escrutado el material probatorio, se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez exigido para la procedencia de la salvaguarda impetrada. Esto, debido a que entre el momento en que se notific\u00f3 la providencia atacada -11 de diciembre de 202010- y la fecha de interposici\u00f3n de la presente tutela -14 de julio de 202211-, transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia para acudir a la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2.1. Sobre el particular, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que <\/p>\n
(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026) En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante.12 <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad de los interesados para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras. Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb13. <\/p>\n
2.3. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes de este requisito, pues, aunque el promotor adujo que deb\u00eda tenerse en cuenta la fecha en que le fue notificado el salvamento de voto -febrero del 2022-, dicho argumento no es justificante de la tardanza evidenciada. Dado que, la decisi\u00f3n acusada, como ya se indic\u00f3, es la sentencia de casaci\u00f3n proferida el 21 de octubre de 2020- notificada el 11 de diciembre siguiente-, y para la presentaci\u00f3n del amparo constitucional no era indispensable aguardar por la comunicaci\u00f3n del salvamento de voto respectivo. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 683 a 702 del archivo PDF \u00ab01ExpedienteDigitalizado\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 74 a 91 del archivo PDF \u00ab02Casacion\u00bb. <\/p>\n