STC12281-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12530-2022 <\/p>\n
1. Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01649-01\u202f <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 17 de agosto de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Jim\u00e9nez Cardona, contra la Superintendencia de Sociedades. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que es acreedor al interior del mencionado proceso, en el que la entidad accionada no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 57 de la Ley 1116 de 2006. Ello pues, manifest\u00f3 que por encontrarse una solicitud de reorganizaci\u00f3n no pod\u00eda dar aplicaci\u00f3n a esta, \u00abno obstante, el apoderado de la deudora present\u00f3 memorial solicitando el retiro y desistimiento\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que tal situaci\u00f3n es de conocimiento de la Procuradur\u00eda, quien ha realizado actuaciones a fin de darle impulso al proceso, no obstante, la entidad enjuiciada ha hecho caso omiso a las diversas solicitudes. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene a la Superintendencia de Sociedades dar cumplimiento a la Ley 1116 de 2006, llevando \u00aba cabo la audiencia donde se debe confirmar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n o en su defecto el juez dicte providencia de adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Directora de Procesos de Liquidaci\u00f3n II de la Superintendencia de Sociedades1, luego de narrar sus actuaciones, solicit\u00f3 que se declare la improcedencia del amparo impetrado dado que, no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del accionante. Por el contrario, ha actuado en estricto cumplimiento de las funciones jurisdiccionales que le han sido otorgadas por el r\u00e9gimen concursal. <\/p>\n
2. La Procuradora I Judicial II en Asuntos Civiles2, despu\u00e9s de memorar sus actuaciones, refiri\u00f3 que \u00abel juez goza de las atribuciones suficientes para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades de este (art\u00edculo 5-11 de la Ley 1116 de 2006) y es el competente para adoptar las decisiones conforme a los principios de autonom\u00eda e independencia judicial\u00bb. Pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al no ser responsable de las determinaciones que se adoptan en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, luego de realizar un an\u00e1lisis de los elementos que integran la mora judicial, neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abla Superintendencia ha resuelto en un plazo razonable todas las solicitudes que se le han planteado y en ese orden no se verifica una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante, como acreedor cesionario, ni tampoco de los dem\u00e1s intervinientes del juicio, raz\u00f3n por la cual el argumento principal de la \u2018mora judicial\u2019 y la falta de impulso se queda sin sustento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abHan transcurrido m\u00e1s de doce (12) meses para que se adjudiquen los bienes de la comerciante ANA CECILIA TOLOZA ACEVEDO, sin que ello hubiese ocurrido incumpliendo claramente los plazos establecidos por la norma para adelantar dicha actuaci\u00f3n, a pesar de las suplicas que se han presentado por parte de los acreedores ya ha transcurrido el plazo razonable para que la Superintendencia de Sociedades act\u00fae y salvaguarde el patrimonio de quienes han esperado m\u00e1s que suficiente para recobrar su patrimonio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del gestor, al incurrir en presunta mora Judicial en la resoluci\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de persona natural no comerciante Ana Cecilia Toloza Acevedo. <\/p>\n
2. Del an\u00e1lisis probatorio, se observa que una vez incumplidos los acuerdos concursales del 30 de julio de 2012, reformado el 22 de febrero de 2017, en audiencia del 12 de marzo de 2018, se dispuso la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial obligatoria de la persona natural no comerciante. Tr\u00e1mite en el que est\u00e1 pendiente por resolverse la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de derechos de voto, cr\u00e9ditos y adjudicaci\u00f3n de acuerdo con lo establecido en la ley 1116 de 2006. Motivo de inconformidad del quejoso. <\/p>\n
3. Frente a ello, con relaci\u00f3n a la presunta mora en que habr\u00eda incurrido la autoridad Judicial atacada, se advierte que dicha entidad con escrito allegado el 8 de agosto de 2022, inform\u00f3 lo que viene: <\/p>\n
si bien es cierto, en audiencia celebrada el 28 de abril de 2021, tal como consta en el Acta 2021-01-331809 de 18 de mayo de 2021, se aprob\u00f3 el inventario valorado de la concursada, y en principio deb\u00eda d\u00e1rsele el tr\u00e1mite a lo dispuesto en el art\u00edculo 57 del estatuto de insolvencia, la etapa que regula esta norma, qued\u00f3 pendiente de la aprobaci\u00f3n o no de la solicitud allegada con memorial 2021-01-538716 del 06 de septiembre de 2021, es decir, de la solicitud de reorganizaci\u00f3n dentro del proceso de liquidaci\u00f3n con fundamento a lo establecido en la ley 1116 de 2006. <\/p>\n
3.1. De dicha solicitud expres\u00f3 que, tal como lo se\u00f1al\u00f3 en auto del 17 de febrero del presente a\u00f1o, la misma ocup\u00f3 gran parte de su atenci\u00f3n \u00abdebido a que esta etapa se realizaba en \u201c(\u2026) coordinaci\u00f3n con el liquidador del proceso, quien a su vez ha (hab\u00eda) informado al Despacho que de acuerdo con lo ordenado en el art\u00edculo 32 de la Ley 1429 de 2010, no ha podido establecer el cumplimiento del pago de los gastos de administraci\u00f3n para presentar su versi\u00f3n del acuerdo (\u2026)\u201d\u00bb. Sumado a lo anterior, manifest\u00f3 que resolvi\u00f3 la \u00absolicitud de nulidad incoada por el apoderado de la concursada mediante auto no. 424-014973 del 04 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
3.2. Posteriormente, indic\u00f3 que una vez la deudora alleg\u00f3 la solicitud de desistimiento de la reorganizaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial el 5 de abril de 2022, \u00abcorresponde regresar a la etapa procesal en la que se definir\u00e1n los derechos de voto del proceso con el fin de continuar con el proceso de liquidaci\u00f3n judicial en la etapa de adjudicaci\u00f3n de bienes, actuaci\u00f3n que ya se encuentra en tr\u00e1mite conforme al traslado hecho por esta Superintendencia mediante el consecutivo no. 415-000388 del 22 de julio de 2022. Esto \u00faltimo, incluso ya fue informado a la procuradora 1\u00aa judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3.3. Adicionalmente, resalt\u00f3 que \u00abse ha impulsado por parte de este Despacho el tr\u00e1mite del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, sin embargo, la presentaci\u00f3n de distintos memoriales, as\u00ed como la complejidad misma del asunto, ocasionan que a la fecha no est\u00e9 concluido el tr\u00e1mite de insolvencia en cuesti\u00f3n\u00bb. Seguidamente, hizo referencia al volumen de asuntos que tiene a su cargo. Y destac\u00f3 que \u00abde la informaci\u00f3n que arroja el sistema de informaci\u00f3n documental de esta entidad, desde el 06 de septiembre de 2021 hasta la fecha (25\/07\/2022), este Despacho ha proferido dentro de los asuntos a su cargo 1.076 providencias, a lo cual debe adicion\u00e1rsele, la realizaci\u00f3n de audiencias dentro de los procesos de liquidaci\u00f3n a cargo y las m\u00faltiples diligencias de embargo y secuestro que se han atendido en el periodo en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.4. Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que finalizando el mes de junio e inicios del mes de julio \u00abesta Entidad se vio en la necesidad de suspender los t\u00e9rminos judiciales entre el 24 de junio hasta el 10 de julio del a\u00f1o en curso debido a un incidente en los sistemas inform\u00e1ticos de la Superintendencia (Anexo 8)\u00bb. Por lo tanto, \u00absi bien es cierto una de las prioridades de este Despacho es darle el tr\u00e1mite que corresponde al proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la Sra. Ana Cecilia Toloza Acevedo conforme lo establece la ley 1116 de 2006, lo cierto es que como se expuso arriba, sumado al caudal de asuntos y la complejidad propia del caso, han ocurrido hechos de car\u00e1cter imprevisibles e irresistibles que han retrasado el inicio de la etapa de adjudicaci\u00f3n de bienes\u00bb. <\/p>\n
4. De lo expuesto, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del Juez de conocimiento. Sobre esta tem\u00e1tica, la sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01). <\/p>\n
Por supuesto, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que el juzgador atacado no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
5. En una palabra, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-11. Anexo 12Contestaci\u00f3n Supersociedades.PDF <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-7. Anexo 20226000002193.pdf. OneDrive D110012203000202201229010Recepci\u00f3n memorial2022622225924.zip. Carpeta 013-Recepci\u00f3n memorial. <\/p>\n
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