STC12282-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12282-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2022-00091-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, igualdad, \u00abconfianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcados por las sedes judiciales convocadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto alguno el auto interlocutorio\u2026 del 16 de marzo de 2022\u00bb y \u00abordenar que\u2026 se proceda [a] dar continuidad al incidente de desacato en cumplimiento de la sentencia de tutela\u2026 del 24 (sic) de agosto de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. En la previa acci\u00f3n de tutela que el quejoso propuso contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP, el 25 de agosto de 2020 el Juzgado a-quo accionado concedi\u00f3 el amparo, ordenando a \u00e9sta dar respuesta \u00abde fondo, clara[,] precisa y congruente al derecho de petici\u00f3n elevado por el accionante, el 18 de marzo de 2020, ante dicha entidad\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, al considerar desatendido tal fallo, el actor impuls\u00f3 incidente de desacato, con ocasi\u00f3n del cual, en auto de 12 de noviembre de 2020, el rese\u00f1ado estrado municipal sancion\u00f3 con multa y arresto al director general de la UGPP, determinaci\u00f3n que el 24 de noviembre siguiente, en sede de consulta, confirm\u00f3 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira. <\/p>\n
2.3. Luego, la all\u00ed accionada deprec\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, aduciendo su falta de notificaci\u00f3n, a lo cual, el 16 de marzo de 2022, accedi\u00f3 el estrado municipal convocado, al detectar que todas las comunicaciones dirigidas a aqu\u00e9lla erradamente se remitieron a la cuenta de correo electr\u00f3nico notificacionesjudicialesuggpp@ugpp.gov.co, cuando han debido dirigirse a notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co. <\/p>\n
2.4. Renovada la actuaci\u00f3n, con fallo de 30 de marzo de 2022 el a-quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n, por carencia actual de objeto; decisi\u00f3n que el 13 de mayo posterior confirm\u00f3 el ad-quem atacado. <\/p>\n
2.5. En esta oportunidad, en concreto, el censor critic\u00f3 el referido tr\u00e1mite constitucional aduciendo que con la mentada declaraci\u00f3n de nulidad, irregularmente, se \u00abrevivi\u00f3 un proceso legalmente concluido\u00bb, dando lugar a nuevas decisiones que desconocieron \u00ablos principios de la fuerza de la cosa juzgada y de seguridad jur\u00eddica\u00bb, deneg\u00e1ndole el resguardo que debi\u00f3 conced\u00e9rsele por la ausencia de contestaci\u00f3n de fondo y completa por parte de la UGPP frente a su reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Cerrito histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas; defendi\u00f3 la legalidad de su proceder; adujo que \u00abno ha vulnerado los derecho fundamentales del accionante, en tanto que se ha resuelto su petici\u00f3n, se ha garantizado la debida notificaci\u00f3n de los extremos procesales se ha respetado el debido proceso y las garant\u00edas judiciales, permitiendo el acceso a la justicia en igualdad a los sujetos procesales\u00bb; y pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda porque \u00aben el presente asunto se ha configurado la causal de CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO POR HECHO SUPERADO\u00bb. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo porque el actor \u00abno puede pretender usar la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, despu\u00e9s de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto\u00bb; dicha herramienta \u00abno es el mecanismo judicial id\u00f3neo para el reconocimiento de peticiones prestacionales, m\u00e1xime cuando sobre ello ya fue estudiado en otras instancias\u00bb; y \u00ab[e]n la decisi\u00f3n adoptada por los despachos accionados no se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, f\u00e1ctico, org\u00e1nico o procedimental, que permita viabilizar la acci\u00f3n de tutela en su contra\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira sostuvo que \u00abninguna conducta trasgresora de sus garant\u00edas [le] endilga el demandante\u2026, lo que no podr\u00eda ser de otra manera, pues\u2026 realiz\u00f3 todas las diligencias necesarias para que se diera cumplimiento a lo ordenado\u00bb; de donde, \u00abpor parte de [esa] oficina judicial[,] no se est\u00e1 desplegando ninguna actuaci\u00f3n por medio de la cual se le est\u00e9 vulnerando derecho fundamental alguno\u2026 y [sus] actuaciones se circunscribieron a puntos espec\u00edficos procedimentales\u00bb. <\/p>\n
4. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional porque \u00abel ejercicio de las acciones y\/o omisi\u00f3n descritas como vulneradores de derechos se encuentran por fuera de las funciones que expresamente [le] han sido se\u00f1aladas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Cicer\u00f3n Fernando Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez y al Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 18 de julio (ATC1047-2022), neg\u00f3 la protecci\u00f3n al concluir que la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional fustigado v\u00e1lidamente se ciment\u00f3 en que, efectivamente, el estrado municipal accionado \u00abomiti\u00f3 la notificaci\u00f3n de la\u2026 UGPP\u2026[,] conforme al error presentado en la digitalizaci\u00f3n de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la mencionada Unidad\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, que \u00abla UGPP con oficio No 2022141000631571 del 14 de marzo de 2022, dio respuesta a la petici\u00f3n realizada por el se\u00f1or Mosquera Obando el 18 de marzo de 2020\u2026, a pesar de la vicisitud presentada en la notificaci\u00f3n a la Unidad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el quejoso insistiendo en sus planteamientos iniciales e indagando respecto a si i) es viable que \u00abun juez reviva un proceso legalmente concluido cuando ya existe una sentencia ejecutoriada\u00bb; ii) \u00ab[l]as nulidades por revivir un proceso legalmente concluido ahora son saneables\u00bb y iii) \u00ab[e]n caso de que las anteriores preguntas resulten ser verdaderas, \u00bfcu\u00e1l ser\u00eda el punto de quiebre del principio de la seguridad jur\u00eddica y de la cosa juzgada?\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. Con fundamento en tales premisas y de cara a la impugnaci\u00f3n propuesta, especialmente frente a los interrogantes all\u00ed condensados, de entrada, pertinente se muestra recordar, como lo tiene por sentado esta Sala, que el tr\u00e1mite tutelar \u00abno es de car\u00e1cter consultivo, como tampoco lo tiene esta Corporaci\u00f3n\u00bb, lo que se muestra suficiente para no acceder a la emisi\u00f3n de los conceptos jur\u00eddicos pedidos. <\/p>\n
3. Zanjado lo anterior, advierte la Corte que efectivamente la solicitud de resguardo estaba llamada al fracaso debido a su improcedencia para controvertir asuntos del mismo linaje, atendiendo a que, muy a pesar de las alegaciones del actor en punto a que la vulneraci\u00f3n de sus derechos deriv\u00f3 exclusivamente de la supuesta errada invalidaci\u00f3n que del tr\u00e1mite constitucional reprochado dispuso el juzgador municipal convocado, lo cierto es que, en \u00faltimas, dirigi\u00f3 su queja frente a toda la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida, especialmente porque al renovarse la misma se le deneg\u00f3 la protecci\u00f3n supralegal que inicialmente se le concedi\u00f3. <\/p>\n
3.1. En punto a la improcedencia de esta herramienta supralegal respecto a decisiones adoptadas en actuaciones de la misma naturaleza, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar\u2026 Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos (CSJ STC, 2 oct. 2008, rad. 01619-00; reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
3.2. Con apoyo en lo dicho, es palmario que los inconformes tienen dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una decisi\u00f3n de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente a la dictada por el a-quo y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una decisi\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n aqu\u00ed elevada por el quejoso no podr\u00e1 ser atendida, pues a\u00fan goza de la instancia de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional para exponer sus inconformidades, por lo que es all\u00ed a donde deben acudir. <\/p>\n
Al respecto esa Corporaci\u00f3n ha explicado que: <\/p>\n
La Constituci\u00f3n misma previ\u00f3 un proceso especial contra cualquier falta de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales: la revisi\u00f3n de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2\u00ba C.P.). La revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jur\u00eddico por el \u00f3rgano constitucional encargado de salvaguardar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (Negrilla fuera del texto original, CC T-041\/10, reiterada por esta Corporaci\u00f3n en CSJ STC178, 21 en. 2016). <\/p>\n
4. Ahora bien, no olvida esta Corte que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra tr\u00e1mites de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio…[,] para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (se destac\u00f3 – STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC, 7 abr. 2016, rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
No obstante, aqu\u00ed no se presenta ninguno de esos supuestos si se tiene en cuenta que fue debidamente acreditada la errada remisi\u00f3n de las comunicaciones previas a la UGPP, aunado a que no se dan los supuestos de la sentencia SU-627\/15 del m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional para que se abra paso la protecci\u00f3n excepcional, pues sumado a que el asunto no ha sido excluido de revisi\u00f3n, lo cierto es que no se demostr\u00f3, ni tan siquiera se aleg\u00f3, la presencia de una eventual \u00absituaci\u00f3n de fraude\u00bb sino la disparidad de entendimiento del quejoso entre lo razonado por los acusados en contraposici\u00f3n con su postura; y en ese sentido, lo que ataca es el fondo de lo all\u00ed resuelto, por una mera diferencia de criterio, sin que, se itera, \u00abse demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit)\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Al respecto, pertinente es recordar que en la referida sentencia de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional se exterioriz\u00f3 que: <\/p>\n
4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (se destac\u00f3 – CC SU-627\/15). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Lo consignado impone impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas que no por las del a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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