STC12283-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12283-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por la sede judicial accionada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene a la prenombrada \u00abconceda agencias en derecho a [su] favor en ambas instancias, amparo [en el] art\u00edculo 365 \u2013 1 C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto el accionante sostiene que en la acci\u00f3n popular identificada con radicado \u00ab17174311200120220002701\u00bb le fueron negadas en ambas instancias la agencias en derecho, en contrav\u00eda de la norma procesal arriba citada, y de lo que ha considerado al respecto la Corte Suprema de Justicia en las decisiones \u00abSTC 28 de marzo de 2008, exp. 2008 00384-00\u00bb y \u00abSTC13737-2019\u00bb, <\/p>\n
Afirma que la condena en costas se impone a la parte vencida y a favor del triunfante, seg\u00fan lo ha dicho la doctrina y la Corte Constitucional en sentencia \u00abC-539-1999\u00bb y son diferentes de las agencias en derecho, las que \u00abno requieren comprobaci\u00f3n de gastos, pues constituyen un rubro de origen y naturaleza jur\u00eddica distinta de las costas, que hacen parte de aquellas (\u2026) no son un punto de litigio sino m\u00e1s bien una consecuencia del mismo\u00bb, afirmaciones en sustento de las cuales adjunt\u00f3 un fallo del Consejo de Estado (Rad. 2021-06768, 21 nov. 2021), donde se \u00abaclara que las costas tienen otro componente llamado agencias en derecho\u00bb, que es el que pide se le conceda en las decisiones cuestionadas. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1 remitieron el acceso al expediente del proceso criticado y aquella autoridad, adem\u00e1s, manifest\u00f3 atenerse a lo que all\u00ed decidi\u00f3. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Caldas pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto las quejas del accionante fueron abordadas en sentencia de 16 de agosto de 2022 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 5 de mayo de 2022 del Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1, Caldas, con que se negaron las pretensiones de la acci\u00f3n popular promovida por aquel contra Olga R\u00edos Calder\u00f3n, propietaria del establecimiento de comercio Almac\u00e9n Agropecuario con sede en Palestina, Caldas, por carencia actual de objeto. <\/p>\n
3. Se observa que, en la decisi\u00f3n de segundo grado antes individualizada, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 la discusi\u00f3n sobre la tem\u00e1tica aqu\u00ed propuesta, la Colegiatura accionada precis\u00f3 que \u00abse entrar\u00e1 a proveer acerca del punto de alzada, correspondiendo a esta Superioridad resolver si es procedente la condena en costas en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
Dentro de ese marco tem\u00e1tico observ\u00f3 que \u00aben Inspecci\u00f3n Judicial realizada por el Funcionario de instancia, se constat\u00f3 que el establecimiento comercial objeto de acci\u00f3n, cuenta con una infraestructura que permite la accesibilidad de las personas que se desplazan en sillas de ruedas o tengan limitaciones f\u00edsicas o ps\u00edquicas que les impida movilizarse normalmente; de ah\u00ed que el Juez de instancia neg\u00f3 las pretensiones de la demanda al evidenciarse la existencia de la rampa de acceso reclamada para personas en condici\u00f3n de discapacidad que se movilizan en sillas de ruedas\u00bb <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, a continuaci\u00f3n, consider\u00f3 que, \u00abya en el punto de la alzada, por la falta de condena en costas, debe indicarse que el canon 38 de la Ley 472 de 1998, establece: <\/p>\n
\u00abEl juez aplicar\u00e1 las normas de procedimiento civil relativas a las costas. S\u00f3lo podr\u00e1 condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acci\u00f3n presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podr\u00e1 imponer una multa hasta de veinte (20) salarios m\u00ednimos mensuales, los cuales ser\u00e1n destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las dem\u00e1s acciones a que haya lugar.\u00bb <\/p>\n
En este orden de ideas, aplicando la remisi\u00f3n normativa anterior, se tiene que el art\u00edculo 365 CGP en su numeral 1\u00b0, consagr\u00f3: <\/p>\n
\u00ab1. Se condenar\u00e1 en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n, queja, s\u00faplica, anulaci\u00f3n o revisi\u00f3n que haya propuesto. Adem\u00e1s, en los casos especiales previstos en este c\u00f3digo\u00bb. <\/p>\n
Y a su vez, el numeral 8 \u00eddem estatuy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab8. Solo habr\u00e1 lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Se recuerda que las costas procesales constituyen \u201cla erogaci\u00f3n econ\u00f3mica que debe realizar la parte vencida en un proceso judicial y comprende, tanto los gastos comprobados causados en su tr\u00e1mite, como las agencias en derecho, correspondientes a los egresos econ\u00f3micos efectuados por la parte triunfadora para su defensa judicial\u201d. De los c\u00e1nones precitadas, resulta di\u00e1fano que el Operador Judicial deber\u00e1 condenar en costas a la parte vencida en el proceso, a no ser que no aparezca acreditada su causaci\u00f3n (numeral 8\u00ba art. 365 CGP), caso en el cual deber\u00e1 abstenerse de imponerlas\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en estas premisas, consider\u00f3 que \u00abpara el caso en concreto, se observa que el Juzgador de instancia se abstuvo de condenar en costas por cuanto a diferencia de lo sostenido en la demanda popular, la rampa pretendida, ya estaba construida. Ante esto, se encuentra acertada la decisi\u00f3n adoptada por el Funcionario a quo en tanto la parte pasiva no result\u00f3 vencida en el presente asunto constitucional\u00bb. <\/p>\n
A lo cual agreg\u00f3 que \u00aba\u00fan si de manera hipot\u00e9tica se admitiera la posibilidad de imponer condena en costas en el presente evento, lo cierto es que tampoco existir\u00eda m\u00e9rito para tales efectos, de conformidad con el numeral 8 del art\u00edculo 365 del CGP, ante la falta de intervenci\u00f3n de la parte actora durante a la audiencias de pacto de cumplimiento y de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas, a las cuales no asisti\u00f3, adem\u00e1s de no evidenciarse su causaci\u00f3n a lo largo del tr\u00e1mite, en raz\u00f3n del escaso despliegue de dicha parte en el mismo, dado que su intervenci\u00f3n estuvo limitada exclusivamente a la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n, a la solicitud de remisi\u00f3n de del link contentivo de la acci\u00f3n en repetidas oportunidades y de impulso procesal; empero, ninguna gesti\u00f3n probatoria se adelant\u00f3 por el actor, tendiente a acreditar los hechos que fundamentaron las pretensiones; aunado a que ning\u00fan gasto procesal acreditado se desprende del expediente\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, a\u00f1adi\u00f3 que, \u00aben gracia de discusi\u00f3n, de que se hubiese presentado hecho superado tampoco era posible condenar en costas, ante la inexistencia de una parte vencida, siendo dable traer a colaci\u00f3n el pronunciamiento realizado por el H. Consejo de Estado: <\/p>\n
\u201c\u2026en referencia a la condena en costas, la Sala observa que no se cumplen los presupuestos legales ni con las reglas de unificaci\u00f3n jurisprudencial para su reconocimiento. Esto en consideraci\u00f3n a que el Municipio de Bucaramanga, la EMPAS S.A. y la CDMB no son partes vencidas en el proceso, dado que, al declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, las circunstancias que afectaron los derechos colectivos de la comunidad del Barrio Punta Para\u00edso desaparecieron y por lo tanto, se revocar\u00e1n las ordenes impuestas a dichas autoridades\u201d. <\/p>\n
En igual sentido se pronunci\u00f3 la H. Corte Suprema de Justicia que en sentencia STC7941-2019, sostuvo: <\/p>\n
\u00abDel contraste de tal expresi\u00f3n normativa [numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 ib\u00eddem] con el asunto auscultado, emerge diamantino que al finalizarse el tr\u00e1mite confutado por la superaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n de los derechos colectivos de las personas con movilidad reducida como resultado del actuar aut\u00f3nomo de la entonces justiciada, no existe un extremo de la lid sometido a quien asignar la antelada carga econ\u00f3mica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, expuso \u00aben cuanto al desconocimiento de las sentencias, calendadas cuatro de abril de 2022 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira y la de 24 de noviembre de 2021, emitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Jeric\u00f3, Antioquia, que apoyan la postura del recurrente, ambas aportadas por el impugnante, debe indicarse que no constituyen precedentes para esta Corporaci\u00f3n, m\u00e1xime que la Corte Suprema de Justicia como se indic\u00f3 destaca la improcedencia de la condena en costas ante la superaci\u00f3n de la amenaza de los derechos colectivos durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular. En lo que ata\u00f1e a la sentencia de 24 de octubre de 2019, pronunciada por el Consejo de Estado dentro del radicado 68001233300020130031801 y calendada 24 octubre de 2019 referida por el censor, se resalta que la misma resulta inaplicable teniendo en cuenta la Sentencia de Nuestro Superior Funcional, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, tra\u00edda a colaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis del acontecer procesal y las normas adjetivas que rigen el caso, que no proced\u00eda condenar en costas a favor del aqu\u00ed accionante, ni por ende en las agencias en derecho que hacen parte de las mismas, porque al haberse negado las pretensiones de la demanda por carencia de objeto, no pod\u00eda considerarse que, en rigor, en el litigio result\u00f3 una parte vencedora y otra vencida, situaci\u00f3n establecida porque al momento de realizarse la inspecci\u00f3n judicial sobre el predio objeto de la acci\u00f3n popular, se constat\u00f3 que ya ten\u00eda instalada la rampa reclamada en las pretensiones, situaci\u00f3n f\u00e1ctica \u00e9sta que, resalta la Sala, difiere de la presentada en la decisi\u00f3n STC17383-2017 a que acudi\u00f3 el gestor para fundamentar su solicitud de amparo, lo que por ende no hace aplicable a este caso la conclusi\u00f3n a que all\u00ed se arrib\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior al margen del desafortunado argumento que el Colegiado expuso a continuaci\u00f3n, atinente a que, en todo caso, no estaba probada la causaci\u00f3n de las costas procesales, pues, como se vio, para definir el asunto bastaba con constatar que la parte demandada no result\u00f3 vencida dentro del juicio. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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