STC12285-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01556-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que el accionante formul\u00f3 frente al fallo proferido el 4 de agosto de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra contra los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito y Veintinueve Civil Municipal, ambos de aquella ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abse declare la nulidad de todo lo actuado en desarrollo del proceso 11001400302920170065201 a partir del 15 de diciembre de 2021, fecha en la cual se debi\u00f3 revocar la declaraci\u00f3n de desierto del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de la precitada ejecuci\u00f3n seguida en contra del aqu\u00ed accionante, el 17 de julio de 2019 el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia con que accedi\u00f3 a las pretensiones y sigui\u00f3 adelante con el cobro, decisi\u00f3n que apel\u00f3 aquel exponiendo \u00abbrevemente\u00bb su inconformidad, la cual posteriormente ampli\u00f3 por escrito. <\/p>\n
2.2. La alzada fue asignada al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad, que cit\u00f3 a las partes para el 14 de noviembre de 2019 con el fin de realizar la audiencia de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n y fallo, calenda en la cual se decidi\u00f3 requerir al juzgado de primera instancia para que remitiera el expediente completo, pues faltaban los t\u00edtulos base de cobro originales, actuaci\u00f3n que una vez cumplida, habilit\u00f3 se\u00f1alar el 30 de marzo de 2020 como nueva fecha para evacuar la audiencia antes mencionada. <\/p>\n
2.3. El precitado rito no puedo desarrollarse en la data programada debido a las medidas tomadas con ocasi\u00f3n de la pandemia del Covid 19, por lo cual hasta el 8 de octubre de 2020 se orden\u00f3 correr t\u00e9rmino para sustentar por escrito la alzada, en aplicaci\u00f3n del Decreto 806 de 2020, a lo cual, afirma el accionante, procedi\u00f3 el d\u00eda 15 del mismo mes, desde el correo electr\u00f3nico Adolfo.palma@palmayabadia.com, dirigido a los correos electr\u00f3nicos ccto10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co y nicolas-rosriguez@hotmail.com, \u00faltimo que corresponde al del entonces apoderado de su contraparte. <\/p>\n
2.4. Pese a lo anterior, el 28 de junio de 2021 se declar\u00f3 desierta la alzada por falta de sustentaci\u00f3n y se orden\u00f3 atender una solicitud de desglose de los t\u00edtulos base del cobro elevada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00faltima decisi\u00f3n contra la cual la contraparte del aqu\u00ed accionante, all\u00e1 ejecutante, interpuso el recurso de reposici\u00f3n, y al descorrer el mecanismo, el aqu\u00ed accionante reiter\u00f3 que el 15 de octubre de 2020 envi\u00f3 el memorial sustento de la alzada, por lo cual pidi\u00f3 se revocara la decisi\u00f3n de declarar desierta a la misma. <\/p>\n
2.5. El 15 de diciembre de 2021 el juez cognoscente mantuvo la decisi\u00f3n del 28 de junio anterior, sin manifestarse frente a sus argumentos sobre la sustentaci\u00f3n del mecanismo vertical, por lo cual el expediente regres\u00f3 al juzgado de primera instancia, sin que, por dem\u00e1s, a la fecha se hayan remitido los t\u00edtulos a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Luego de presentada la tutela, el actor inform\u00f3 que por los hechos fundamento de la misma present\u00f3 una queja ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (radicado No. 2022-115228) y solicitud de vigilancia ante el Consejo Superior de la Judicatura (consecutivo No. 2022-02151). <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Equipo de Delitos contra la Fe P\u00fablica y Orden Econ\u00f3mico, se\u00f1al\u00f3 que la investigaci\u00f3n No. 2016-02061, a que aludi\u00f3 el actor en su escrito de tutela, inicialmente correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda 79 Seccional, pero fue remitida a la 7\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior adscrita a la Unidad de Fiscal\u00edas Destacadas ante la Direcci\u00f3n Nacional del Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Iv\u00e1n Alfredo Alfaro G\u00f3mez, ejecutante dentro del proceso cuestionado, pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n por incumplir con el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, porque el actor guard\u00f3 silencio frente a la decisi\u00f3n que ahora cuestiona; as\u00ed mismo aleg\u00f3 incumplido el presupuesto de la inmediatez, porque la vulneraci\u00f3n superior es atribuida por el accionante al prove\u00eddo del 28 de junio de 2021, el cual, resalt\u00f3, \u00e9ste no recurri\u00f3, sino que se manifest\u00f3 frente el mismo al descorrer el traslado del recurso por \u00e9l interpuesto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que lo pretendido por el gestor es inducir en error al juez de tutela y con ello reabrir etapas procesales precluidas, lo cual, dice, amerita una investigaci\u00f3n disciplinaria contra la apoderada de \u00e9ste. <\/p>\n
3. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 corrobor\u00f3 que conoci\u00f3 del decurso objeto de cr\u00edtica, remiti\u00f3 el link de acceso al mismo y narr\u00f3 que, tras varias reprogramaciones, de la audiencia de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n y fallo, el 14 de noviembre de 2019 le dio inicio al rito pero decidi\u00f3 requerir al juez de primera instancia para que allegara completo el expediente, por lo cual reprogram\u00f3 la audiencia primero para para el 22 de enero de 2020 y despu\u00e9s para el 31 de marzo del mismo a\u00f1o, pero como el 16 de marzo de 2020 iniciaron las medidas de aislamiento adoptadas con ocasi\u00f3n de la pandemia del Covid 19, el 8 de octubre de 2020 retom\u00f3 la actuaci\u00f3n y resolvi\u00f3 una solicitud de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y, en aplicaci\u00f3n del Decreto 806 de 2020, concedi\u00f3 el termino para sustentar por escrito la alzada contra el fallo de primer grado. <\/p>\n
Aunque la precitada decisi\u00f3n fue recurrida por la contraparte del aqu\u00ed accionante en cuanto a lo decidido respecto de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, fue mantenida el 1 de marzo de 2021; posteriormente el mismo extremo pidi\u00f3 la ilegalidad de la decisi\u00f3n del 8 de octubre de 2020, solicitud rechazada de plano el 28 de junio de 2021, oportunidad en la cual, adem\u00e1s, se declar\u00f3 desierta la alzada contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
El rechazo de plano fue recurrido por la contraparte del aqu\u00ed interesado, pero la decisi\u00f3n se mantuvo el 15 de diciembre de 2021, por lo que se orden\u00f3 remitir las diligencias al juzgado de primera instancia. <\/p>\n
4. El Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 que el amparo se solicita por actuaciones de su superior. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n, tras constatar incumplido el requisito de la subsidiariedad, porque el actor pudo alegar ante el juzgador accionado, que sustent\u00f3 oportunamente la apelaci\u00f3n, sin que las defensas se agotaran por el hecho de haber descorrido los traslados de los recursos que interpuso su contraparte; adem\u00e1s, si se estimara irregular que en el auto de 15 de diciembre de 2021 el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 nada consider\u00f3 frente a los argumentos que expuso aquel al descorrer el recurso horizontal presentado por su contraparte, en todo caso el an\u00e1lisis sobre dicha decisi\u00f3n escapa a la \u00f3rbita del juez constitucional, por incumplimiento del presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, alegando que sustent\u00f3 la alzada \u00aben dos oportunidades\u00bb, de las cuales resalt\u00f3 que remiti\u00f3 mensaje de correo electr\u00f3nico al superior dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado, en cumplimiento del par\u00e1grafo del art\u00edculo 9 del Decreto 806 de 2020, lo cual puso de presente a dicha autoridad al descorrer el recurso de reposici\u00f3n que su contraparte present\u00f3 contra el auto con que se declar\u00f3 desierta la alzada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que lo cuestionado por el actor, en esencia es la decisi\u00f3n del 28 de junio de 2021, con que el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 desierta la alzada que interpuso contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que, como qued\u00f3 visto, la providencia cuestionada data del 28 de junio de 2021. <\/p>\n
Entonces, entre la fecha de proferida esa decisi\u00f3n y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 22 de julio de 2022 transcurrieron m\u00e1s de 6 meses (1 a\u00f1o), super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, lapso superado incluso si se calculara desde el 15 de diciembre de 2021 cuando el auto de 28 de junio de 2021 adquiri\u00f3 firmeza al resolverse el recurso de reposici\u00f3n que contra el mismo, pero por otros motivos diferentes a la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la alzada, interpuso la contraparte del aqu\u00ed inconforme; lo expuesto, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Adicionalmente, refulge que el quejoso dej\u00f3 de recurrir en reposici\u00f3n el auto de 28 de junio de 2021, por virtud del cual el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dispuso declarar desierta su apelaci\u00f3n de sentencia, sin que la omisi\u00f3n pueda superarse con lo argumentado por aquel al momento de descorrer el recurso que contra dicha decisi\u00f3n interpuso su contraparte, m\u00e1xime porque, ni en el expediente del proceso cuestionado, ni en el del presente tr\u00e1mite constitucional, obra prueba alguna de lo alegado en esa oportunidad, esto es, del mensaje de correo electr\u00f3nico que el actor afirma envi\u00f3 el 15 de octubre de 2020 al juez de segundo grado para sustentar la apelaci\u00f3n, situaci\u00f3n que impide abrir la senda para si quiera poner en duda la decisi\u00f3n de aquella autoridad de declarar desierto dicho mecanismo. <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando no se emplean los instrumentos legales de impugnaci\u00f3n prestablecidos, los extremos contendientes quedan atados a las consecuencias de las decisiones judiciales adversas, por ser el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
Ergo, si la ac\u00e1 actora opt\u00f3 por desaprovecharlos: <\/p>\n
\u2026[N]o (\u2026) puede[n] acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u2026 (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada en STC, 27 may. 2016, rad. 00401-01 y STC8508-2018, rad. 00306-01). <\/p>\n
Y en cuanto a la eficacia del remedio horizontal aqu\u00ed desperdiciado, la Corte ha insistido: <\/p>\n
\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00050-01; reiterada el 15 may., y 17 oct. 2012, rads. 00017-01 y 02127-00; STC12585-2016, 7 sep., rad. 02476-00). <\/p>\n
3.1. Baste con memorar que la postura actual de esta Sala avala, por v\u00eda de amparo, la posibilidad de invalidar autos de deserci\u00f3n de apelaciones de fallos, en casos como el sub examine, pero s\u00f3lo si la parte interesada llegara a formular reposici\u00f3n contra ese tipo de providencias. Situaci\u00f3n que aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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