STC12317-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12317-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 14 de julio de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por William Ricardo Correa Vargas, contra el Tribunal Superior Militar y Policial. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 159328032. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, en su contra se adelanta proceso ante la Justicia Penal Militar, por la presunta comisi\u00f3n del delito de lesiones personales culposas por hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2009, en la v\u00eda que conduce del municipio de Juan de Acosta a Baranoa- Atl\u00e1ntico-. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que, en el curso del proceso referido, present\u00f3 solicitud de nulidad de la actuaci\u00f3n al estimar que la justicia penal militar no es competente para conocer dicho tr\u00e1mite. Pedimento que fue negado por el Juzgado de Primera Instancia de la Inspecci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional con providencia del 10 de julio de 2020. <\/p>\n
2.2. Frente a tal decisi\u00f3n, interpuso recurso de apelaci\u00f3n. El Tribunal Superior Militar y Policial -con auto del 14 de marzo de 2022- se abstuvo de conocer la alzada por considerar que no es segunda instancia en decisiones que versan sobre la competencia de la jurisdicci\u00f3n especializada conforme lo dispone por el art\u00edculo 238 de la ley 522 de 1999. <\/p>\n
2.3. Por otro lado, se\u00f1al\u00f3 que requiri\u00f3 al juzgado de conocimiento para que le suministrara copias del expediente, quien accedi\u00f3 a dicha petici\u00f3n, sin embargo, le pidi\u00f3 la cancelaci\u00f3n de estas. Asunto de inconformidad, toda vez que, no cuenta con los recursos econ\u00f3micos para tal fin. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene remitir por competencia el proceso que se adelanta en su contra a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y se emita una nueva respuesta a su petici\u00f3n donde se acceda a las copias requeridas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal Superior Militar y Policial1, luego de narrar sus actuaciones, asever\u00f3 que no conoce si el actor ha propuesto conflicto de jurisdicciones. Solicit\u00f3 denegar el amparo ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos del promotor. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda S\u00e9ptima Judicial Penal II2, relat\u00f3 que, al interior de la causa, sostuvo que el tr\u00e1mite debe seguir en conocimiento de la jurisdicci\u00f3n penal militar. <\/p>\n
3. El profesional de defensa grado 5 de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial3, manifest\u00f3 que \u00ablo alegado en la solicitud se encuentra totalmente fuera de la \u00f3rbita de competencia de esta entidad\u00bb, por tanto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 26 Judicial Penal II de Bogot\u00e14, luego de relatar las actuaciones al interior del tr\u00e1mite, asever\u00f3 que las autoridades Judiciales no han afectado los derechos invocados por el querellante, pues han respetado en todo momento los principios y garant\u00edas, tanto constitucionales, como legales de los intervinientes en el proceso. <\/p>\n
5. El fiscal 142 de la Inspecci\u00f3n General de Polic\u00eda Nacional5, inform\u00f3 que remiti\u00f3 el proceso al Juzgado de Instancia de la Inspecci\u00f3n General, para lo relacionado a su competencia. <\/p>\n
6. El Juzgado de la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional6, luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales, destac\u00f3 que \u00ablas actuaciones y decisiones adoptadas en el transcurso procesal se emitieron con apego a la constituci\u00f3n y la ley, gozando as\u00ed de la legalidad y publicidad que ameritan\u00bb. Finalmente, en cuanto a la presunta negaci\u00f3n de la expedici\u00f3n de copias, coment\u00f3 que autoriz\u00f3 la expedici\u00f3n de estas, sin embargo, el accionante no sufrag\u00f3 su costo. <\/p>\n
7. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e17, afirm\u00f3 que mediante oficio del 7 de julio de 2022 le inform\u00f3 al peticionario que no pod\u00eda acceder a su requerimiento referente a la vigilancia administrativa, en virtud de que no ejerce dichas funciones sobre autoridades que no pertenecen a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo implorado. Para ello, consider\u00f3 que \u00ablas autoridades judiciales demandadas tuvieron raz\u00f3n en negar la solicitud de nulidad promovida por WILLIAM RICARDO CORREA VARGAS, habida cuenta de que escogi\u00f3 el camino procesal equivocado para discutir la competencia de la jurisdicci\u00f3n penal militar. As\u00ed, estas determinaciones judiciales no se ofrecen arbitrarias o abiertamente caprichosas, porque se estructuran en atenci\u00f3n a las normas que regulan el procedimiento id\u00f3neo y eficaz para que el actor exponga su inconformidad respecto de la jurisdicci\u00f3n que est\u00e1 llamada a juzgar su causa\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, con fundamento en similares argumentos del escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abno le asiste raz\u00f3n al accionado y al A QUO no proceder a su remisi\u00f3n por competencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del gestor con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 14 de marzo de 2022, con la cual se abstuvo de conocer el recurso de apelaci\u00f3n impetrado. As\u00ed como con la referida ausencia de pronunciamiento frente a la solicitud de copias. <\/p>\n
2.1. Para ello, comenz\u00f3 por reiterar lo planteado por el Ministerio P\u00fablico y la Fiscal 142 Penal Militar, en el sentido que: <\/p>\n
este Tribunal no funge como segunda instancia en aquellas decisiones que versen sobre la competencia de la jurisdicci\u00f3n de especializada, situaci\u00f3n contraria que ocurre, cuando se tratan asuntos sobre posibles conflictos de competencia entre los juzgados penales militares que conforman la primara instancia de la justicia penal militar y policial, conforme lo prev\u00e9 el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 238 de la ley 522 de 1999. Art\u00edculo 238. Competencia del Tribunal Superior Militar. Las Salas de decisi\u00f3n del Tribunal Superior Militar conocen: <\/p>\n
4. De los conflictos de competencia que se susciten entre los Juzgados Penales Militares de Primera Instancia. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, frente a los casos en los que existe conflicto de competencia entre jurisdicciones, trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Nacional9 y el 275 de la Ley 522 de 1999, para indicar que: <\/p>\n
cuando existen conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones y se avizora que quien precia la competencia sobre determinado asunto, tr\u00e1tese de la justicia ordinaria o de la justicia penal militar, no es el competente, como se deprende del presente caso, deber\u00e1 agotarse el tr\u00e1mite procesal respectivo mediante incidente procesal, que puede derivar en una colisi\u00f3n positiva o negativa de competencias, la cual, a la fecha, se encarga de dirimir la Honorable Corte Constitucional. <\/p>\n
Conforme a las diferencias se\u00f1aladas, de entrada, ha de referirse que err\u00f3 el Juez de Primera Instancia al conceder el recurso de apelaci\u00f3n a la decisi\u00f3n de objeto de estudio, atendiendo que la misma no es susceptible de recursos, situaci\u00f3n que en reiteradas oportunidades esta Corporaci\u00f3n as\u00ed lo ha deprecado en diversos pronunciamientos. <\/p>\n
Una petici\u00f3n, como la que hoy ocupa el conocimiento de esta Sala, est\u00e1 llamada a resolverse de plano cuando se ostenta la competencia para ello, cuando la norma as\u00ed lo dispone, de lo contrario estar\u00eda atribuyendo a un juez de segunda instancia una competencia que no le fue otorgada, esto es, definir la jurisdicci\u00f3n competente para el conocimiento de determinado asunto. Por ello, el art\u00edculo 275 de nuestro ordenamiento penal castrense prev\u00e9 el tr\u00e1mite procedente cuando cualquiera de las partes en el proceso, si as\u00ed lo considera, solicita se suscite la colisi\u00f3n de competencia\u2026 <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.10 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que: <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, para la Sala es claro que el querellante a\u00fan cuenta con la posibilidad de integrar el conflicto de competencia al interior del tr\u00e1mite debatido, mecanismo viable que tiene a su alcance para ejercer la defensa de los derechos que pretende que le sean amparados por esta v\u00eda constitucional. <\/p>\n
5. Finalmente, en cuanto a la inconformidad planteada, referente a que el Juzgado de la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional no le ha contestado de fondo la solicitud de expedici\u00f3n de copias del proceso de radicado 159328032, se observa que la mencionada autoridad inform\u00f3 que, en correo electr\u00f3nico enviado a ricardocorrea171182@gmail.com, el 23 de junio de 2022, dio respuesta a lo implorado en el sentido que: <\/p>\n
en atenci\u00f3n a la resoluci\u00f3n N\u00b0 00179 del 26\/04\/2022 y la Circular interna N\u00b0 14 del 10\/06\/2022 emitidos por la Unidad Administrativa de Justicia Penal Militar y Policial, [\u2026] de manera atenta y respetuosa me permito informar que el proceso N\u00b0 154 que se adelanta en su contra por el presunto delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS, no se encuentra en medio magn\u00e9tico, por lo tanto, debe cancelar el valor de las copias solicitadas seg\u00fan lo valores fijados para tal fin ($150\u00b0\u00b0 por copia simple). De esta manera se le hace saber que el expediente consta de seis (6) cuadernos originales con un total de 1250 folios, en conclusi\u00f3n, para obtener las copias en menci\u00f3n usted deber\u00e1 cancelar la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($187.000\u00b0\u00b0), dineros que deben ser cancelados en el Banco Agrario de Colombia. FINALMENTE SE EVIDENCIA EN EL PROCESO QUE EL PETICIONARIO OBTUVO COPIAS DEL PROCESO SEG\u00daN CONTANCIA DEL 15\/07\/2020. <\/p>\n
Lo anterior, denota la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos alegados por el actor, pues lo cierto es que la autoridad atendi\u00f3 lo solicitado, independientemente de que se comparta o no, el contenido de la repuesta. No obstante, insiste, en que no cuenta con los recursos para cancelar las copias, por tanto, se aclara que tal situaci\u00f3n debe ser puesta en conocimiento al interior del tr\u00e1mite y no buscar la exoneraci\u00f3n de estas a trav\u00e9s de este medio constitucional. <\/p>\n
6. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-7. Anexo 0001 Respuesta Tribunal Superior Militar y Policial.pdf. Carpeta RESPUESTAS. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-5. Anexo 0002 Respuesta Procurador Septimo Delegado.pdf. Carpeta RESPUESTAS. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-9. Anexo 0004 Respuesta profesional de defensa grado 5 de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial.pdf. Carpeta RESPUESTAS. <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-15. Anexo 0005 Respuesta Procuraduria 26.pdf. Carpeta RESPUESTAS. <\/p>\n
5\u0002 Folio 1-2. Anexo 0006 Respuesta Fiscalia 142.pdf. Carpeta RESPUESTAS. <\/p>\n
6\u0002 Folio 1-7. Anexo 0007 Respuesta Juez de la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional.pdf. Carpeta RESPUESTAS <\/p>\n
7\u0002 Folio 1-2. Anexo 0008 Respuesta Consejo Superior de la Judicatura.pdf. Carpeta RESPUESTAS <\/p>\n
8\u0002 Folio 1-25.Anexo 159328-AUTO NIEGA APELACION PRUEBAS LESIONES PERSONALES CULPOSAS-RRG-14-03-22.PDF. Carpeta 000 ExpedienteRemitido <\/p>\n
9\u0002 Constituci\u00f3n Nacional, art\u00edculo 241, modificado por el Acto Legislativo 002 de 2015. <\/p>\n
10\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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