STC12319-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12319-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00772-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f3 que fue desvinculado del cargo que desempe\u00f1aba en Ecopetrol S.A., por lo que solicit\u00f3 su reintegro ante el Comit\u00e9 de Reclamos USO-Ecopetrol-Gerencia Refiner\u00eda de Barrancabermeja, Comit\u00e9 que, por laudo del 25 de octubre de 2018, orden\u00f3 su reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales, al establecer que dicho despido hab\u00eda desconocido lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo. <\/p>\n
2.1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga dej\u00f3 sin efectos el referido laudo el 21 de agosto de 2020. <\/p>\n
2.2. Adujo que promovi\u00f3 una tutela contra dicha determinaci\u00f3n, pues incurri\u00f3 en defectos procedimental y sustantivo, dado que no tuvo en cuenta las causales de procedencia se\u00f1aladas en el art\u00edculo 163 del Decreto 1818 de 1998 y act\u00fao como juez ordinario, desconociendo la naturaleza del tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.3. El 24 de febrero de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo CSJ STL1924-2021, neg\u00f3 el amparo deprecado, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en providencia CSJ STP7376-2021 del 27 de abril de dicha anualidad. <\/p>\n
2.4. El actor cuestiona que los referidos pronunciamientos desconocieron \u00abla debida carga argumentativa que debe tener todo juez constitucional que dirime un conflicto de trascendencia constitucional\u00bb, toda vez que no se realiz\u00f3 un \u00aban\u00e1lisis congruente, adecuado a las reglas de la experiencia, de la ciencia y de la t\u00e9cnica, cr\u00edtico, consecuente y razonable de los hechos presentados a su conocimiento\u00bb, aunado a que tampoco fueron tenidos en cuenta los derechos de las v\u00edctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado. <\/p>\n
En cuanto a la sentencia de primera instancia, dijo que propuso una nulidad, por \u00abfalta de integraci\u00f3n del contradictorio accionado por pasiva del Tribunal Administrativo de Santander\u00bb, con ocasi\u00f3n del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 2016-00492-00, a pesar de haber solicitado su vinculaci\u00f3n en la tutela; igualmente, por desconocer los precedentes, no decretar las pruebas requeridas y por falta de motivaci\u00f3n, petici\u00f3n que fue desestimada. <\/p>\n
Asever\u00f3 que procede la tutela contra tutela, dado que existi\u00f3 fraude en la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal Superior de Bucaramanga. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, dejar sin efectos las determinaciones de tutela CSJ STL1924-2021 y CSJ STP7376-2021. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral afirm\u00f3 que el actor nuevamente insiste en la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, pero no acredit\u00f3 la existencia de cosa juzgada fraudulenta; adem\u00e1s, que no se acredit\u00f3 el requisito de inmediatez, pues han transcurrido m\u00e1s de 6 meses desde la emisi\u00f3n del \u00faltimo fallo. <\/p>\n
2. La Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 que la actuaci\u00f3n del se\u00f1or Rocha Pedrozo era temeraria, pues previamente hab\u00eda presentado una tutela con el mismo fin. Indic\u00f3 que, frente a las decisiones de tutela, no se demostr\u00f3 la configuraci\u00f3n de alguna situaci\u00f3n de fraude, ni se cumplieron los presupuestos de inmediatez ni de subsidiariedad, pues el amparo se instaur\u00f3 14 meses despu\u00e9s del \u00faltimo fallo y no se demostr\u00f3 que se hubiera acudido al tr\u00e1mite de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal de Bucaramanga solicit\u00f3 negar el resguardo, dado que su decisi\u00f3n se ajust\u00f3 al ordenamiento legal y al material probatorio. A su vez, advirti\u00f3 que el accionante interpuso una tutela anterior por los mismos hechos. <\/p>\n
4. La Directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia, el Ministerio del Trabajo y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas solicitaron declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por no ser las entidades competentes para resolver lo solicitado. <\/p>\n
5. Ecopetrol S.A. aleg\u00f3 temeridad, toda vez que el actor, en el 2021, interpuso una tutela igual, cuya selecci\u00f3n fue negada por la Corte Constitucional, sin que exista registro de solicitud de revisi\u00f3n o insistencia en dicha instancia. <\/p>\n
6. El Secretario del Comit\u00e9 de Reclamos Uso \u2013 Ecopetrol S.A.-, de la Gerencia Complejo Barrancabermeja, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo, dado que \u00abno se ha configurado acci\u00f3n u omisi\u00f3n que configure responsabilidad alguna en el asunto aqu\u00ed debatido\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el amparo, por \u00abtemeridad (\u2026) aunado que (\u2026) no se cumplen con los criterios de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3 la nulidad del fallo de primer grado, con fundamento en la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para tramitar la salvaguarda propuesta y, en caso de no prosperar la anulaci\u00f3n reclamada, pidi\u00f3 que se tramitara la impugnaci\u00f3n, bajo los \u00abmismos hechos y argumentos (\u2026) del primigenio escrito de tutela de fecha 02 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, radic\u00f3 una segunda petici\u00f3n de nulidad de la sentencia del 16 de junio de 2022, con fundamento en que se present\u00f3 una \u00abdualidad de tutelas por error de reparto\u00bb y que la misma acci\u00f3n, decidida por el Despacho de primera instancia, \u00abse encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil bajo el radicado n\u00ba 11001023000020210169300\u00bb. <\/p>\n
2. El Magistrado Ponente, mediante auto del 19 de julio de 2022, se pronunci\u00f3 sobre la nulidad formulada y precis\u00f3 que \u00abel asunto fue repartido por Sala Plena\u00bb, en virtud de lo dispuesto en el \u00abinciso segundo el canon 44\u00ba del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, Acuerdo 006 de 2002, que fija las reglas de reparto de acciones constitucionales dentro de la Corporaci\u00f3n\u00bb; y, dado que el actor pidi\u00f3 que, en caso de no prosperar la nulidad se tramitara la impugnaci\u00f3n, concedi\u00f3 el tr\u00e1mite del recurso interpuesto. Por auto del 22 de julio siguiente, dispuso estarse a lo decidido en la providencia referida. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor pretende el amparo de las garant\u00edas fundamentales reclamadas, que considera vulneradas con la providencia del 21 de agosto de 2020, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, que anul\u00f3 el laudo arbitral del 25 de octubre de 2018, proferido por el Comit\u00e9 de Reclamos USO-Ecopetrol- Gerencia Refiner\u00eda de Barrancabermeja, y con los fallos de tutela CSJ STL1924-2021 y CSJ STP7376-2021, por medio de los cuales se neg\u00f3, en primera y en segunda instancia, el amparo promovido contra la referida Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. <\/p>\n
2. Advierte la Sala que el amparo peticionado no se abre paso, ya que el accionante acudi\u00f3 previamente a esta jurisdicci\u00f3n atacando la decisi\u00f3n proferida el 21 de agosto de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga. <\/p>\n
N\u00f3tese que en los fallos CSJ STL1924-2021 y CSJ STP7376-2021, emitidos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y Penal, se desestimaron los ruegos que, por an\u00e1logos motivos, el gestor propuso contra la actuaci\u00f3n adelantada por el Tribunal Superior de Bucaramanga. El auxilio se neg\u00f3 en primera instancia, pues la Sala de Casaci\u00f3n Laboral consider\u00f3 que la decisi\u00f3n censurada no era arbitraria ni caprichosa y tampoco pod\u00eda considerarse lesiva de las garant\u00edas superiores, dado que \u00abel Colegiado de instancia convocado plante\u00f3 adecuadamente el problema jur\u00eddico, valor\u00f3 las pruebas de conformidad con la sana cr\u00edtica y construy\u00f3 en el marco de su autonom\u00eda una decisi\u00f3n que consult\u00f3 las reglas m\u00ednimas de razonabilidad\u00bb, en la medida en que se estableci\u00f3 que el Comit\u00e9 se equivoc\u00f3 al ordenar el reintegro del trabajador, lo cual era \u00ababiertamente improcedente, dado que el empleador acredit\u00f3 en el tr\u00e1mite arbitral la configuraci\u00f3n de las causales de orden legal que invoc\u00f3 para dar por concluido el v\u00ednculo laboral\u00bb, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que la decisi\u00f3n fue previamente analizada en sede de tutela, cosa distinta es que el actor no comparta la postura bajo la cual se neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, lo cual no viabilizaba la procedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2.1. Sobre el particular, debe recordarse que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que, \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche (Se subraya) (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. Rad. 00294-00 y STC2713-2020, 12 de marzo Rad. 2020-00038-01). <\/p>\n
2.3. Entonces, es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones. En ese orden, no resulta posible volver a estudiar el asunto, dado que ya fue objeto de decisiones previas en sede constitucional, por lo que se impone estarse a lo resuelto en precedencia. <\/p>\n
3. En cuanto a los cuestionamientos relacionados con las sentencias de tutela CSJ STL1924-2021 y CSJ STP7376-2021, debe resaltarse que la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia de este mecanismo para atacar sentencias o actuaciones de la misma naturaleza, habida cuenta de que, para confutar las determinaciones adoptadas en dicha sede, existen como dispositivos de control la impugnaci\u00f3n, la eventual revisi\u00f3n y la solicitud de insistencia ante la Corte Constitucional. En esta direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto (CSJ STC 20 de abr. de 2020, rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
De lo anterior se sigue que esta v\u00eda no es el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en esas actuaciones, puesto que permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
3.1. De otro lado, debe tenerse en cuenta que s\u00f3lo en particulares situaciones es procedente la tutela dirigida contra una decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n, siempre que, habi\u00e9ndose agotado los dem\u00e1s instrumentos, se advierta que las sentencias fueron producto de un hecho de fraude; al respecto, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso, as\u00ed: <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. (\u2026) <\/p>\n
Sin embargo, de las manifestaciones y de las pruebas aportadas no se evidencia que las decisiones constitucionales se profirieran como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una cosa juzgada fraudulenta, pues el reclamo expuesto se sustenta en un disentimiento frente a lo resuelto en forma adversa a los intereses del accionante, lo cual torna improcedente la tutela. <\/p>\n
4. De otra parte, frente a lo manifestado por el actor sobre la supuesta falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para tramitar el amparo en primera instancia, debe reiterarse lo referido por el a quo constitucional, en el sentido que el asunto fue repartido por la Secretar\u00eda de la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n y el tr\u00e1mite fue asignado al magistrado ponente de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 44 del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, Acuerdo 006 de 2002, que fija las reglas de reparto de las acciones constitucionales que se dirijan contra varia Salas, tal y como ocurre en este caso, as\u00ed: <\/p>\n
Art\u00edculo 44. La acci\u00f3n de tutela dirigida contra (\u2026) la Corporaci\u00f3n en pleno o contra Magistrados de distintas Salas ser\u00e1 repartida al Magistrado que se encuentre en turno de la Sala Plena y la conocer\u00e1 la Sala de Casaci\u00f3n Especializada de la cual forma parte dicho Magistrado. La impugnaci\u00f3n ser\u00e1 resuelta por la Sala de Casaci\u00f3n Especializada siguiente, por orden alfab\u00e9tico. <\/p>\n
Y, respecto al cuestionamiento sobre la \u00abdualidad de tutelas por error de reparto\u00bb y que esta misma acci\u00f3n \u00abse encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil bajo el radicado n\u00ba 11001023000020210169300\u00bb, debe precisarse que, revisado el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, se observa que, si bien la tutela fue repartida a esta Sala el 1\u00b0 de julio de 2022, bajo el radicado 2022-02168-00, proveniente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, lo cierto es que, por auto del 11 de julio del a\u00f1o en curso, se propuso el conflicto de competencia y, el 12 de los citados mes y a\u00f1o, se remiti\u00f3 el expediente a la Corte Constitucional, para lo pertinente, por lo que en dicho asunto no se ha emitido decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
5. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Ecopetrol S.A., el Comit\u00e9 de Reclamos Uso \u2013 Ecopetrol S.A. de la Gerencia Complejo Barrancabermeja, la Uni\u00f3n Sindical Obrera \u2013 USO, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuradora Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, el abogado Mart\u00edn Emilio Rocha Pedrozo, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes en el tr\u00e1mite de tutela de radicado interno 62168. <\/p>\n
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STC12319-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12319-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00772-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). I. ANTECEDENTES 1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67217","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67217"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67217\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}