STC12329-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12329-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2022-00727-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de agosto de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por L.M.C.L.1 contra el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura2. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y derecho de defensa, presuntamente conculcadas por la autoridad accionada en el proceso de revisi\u00f3n y disminuci\u00f3n de cuota alimentaria de radicado 2021-00441-00. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 27 de abril de 2019, el Defensor de Familia del Centro Zonal Suba fij\u00f3 provisionalmente la cuota alimentaria integral a cargo del tutelante y a favor de sus dos hijas menores de edad, equivalente a 3 salarios m\u00ednimos. <\/p>\n
2.2. Por su parte, el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia del Circuito de Bogot\u00e1, en el proceso de custodia y fijaci\u00f3n de cuota de radicado 2019-00611-00, promovido por la mam\u00e1 de las ni\u00f1as, D.X.G.M., dict\u00f3 sentencia el 20 de agosto de 2020, decisi\u00f3n en la que, entre otros, orden\u00f3 el cambio de colegio a uno de menos valor. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, ante el mismo Juzgado, el tutelante present\u00f3 demanda de revisi\u00f3n y disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria, asunto que se tramit\u00f3 bajo el radicado 2021-00441-00 y en el que, el 7 de marzo de 2022, se profiri\u00f3 sentencia que modific\u00f3 la mensualidad establecida por el Defensor de Familia del Centro Zonal de Suba a $2.500.000; adicionalmente, le impuso el pago del 50% de los gastos extraordinarios de educaci\u00f3n, correspondientes a matr\u00edculas, \u00fatiles y uniformes, as\u00ed como tres mudas de ropa por un valor de $400.000 por cada ni\u00f1a al a\u00f1o. <\/p>\n
2.4. Al respecto, el actor cuestion\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada adolece de motivaci\u00f3n e incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria de sus gastos e ingresos, sumado a que no detall\u00f3 la forma como calcul\u00f3 la cuota fijada y desconoci\u00f3 el acta de conciliaci\u00f3n del 27 de abril de 2019 del ICBF Centro Zonal Suba, que hab\u00eda fijado una cuota alimentaria integral, la cual \u00abcubr\u00eda los gastos de habitaci\u00f3n, salud, educaci\u00f3n, \u201cColegio Anglo Americano\u201d, vestuario y recreaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n de la decisi\u00f3n atacada, \u00abporque el juez se extralimit\u00f3 en sus funciones fallando m\u00e1s de lo que hab\u00eda sido ya contemplado en el acta de conciliaci\u00f3n de fecha 27 de abril de 2019\u00bb, no obstante, con auto del 25 de mayo de 2022, el Juzgado convocado neg\u00f3 dicho pedimento, pese a que el ICBF, en respuesta a un derecho de petici\u00f3n, le aclar\u00f3 que los \u00abALIMENTOS INTEGRALES\u00bb que quedaron contemplados en el acta de 2019 inclu\u00edan todos los gastos extraordinarios echados de menos en la sentencia cuestionada. <\/p>\n
De otro lado, adujo que actualmente no cuenta con las mismas \u00abcondiciones econ\u00f3micas en las que me encontraba en el momento (27 de abril de 2019) de la suscripci\u00f3n y aceptaci\u00f3n del acuerdo conciliatorio\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 la disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la sentencia proferida el 7 de marzo de 2022 y que se ponga en conocimiento de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el asunto, para que imponga las sanciones correspondientes contra el Juez de conocimiento, pues incurri\u00f3 causal de mala conducta, al emitir la providencia referida. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el enlace para acceder al expediente electr\u00f3nico del juicio rebatido. <\/p>\n
2. El Defensor de Familia vinculado respald\u00f3 la legalidad de la providencia atacada y sostuvo que la fijaci\u00f3n de alimentos ten\u00eda por objeto garantizar los derechos de las ni\u00f1as, lo cuales no fueron vulnerados. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que la decisi\u00f3n del Juzgado Veintid\u00f3s de Familia estaba afianzada en un discernimiento razonable y que la diferencia de criterio expuesta por el tutelante no era suficiente para predicar el quebranto de sus garant\u00edas fundamentales, m\u00e1xime que, \u00abcontrario a lo manifestado por el actor, el Juez convocado s\u00ed tuvo en cuenta todas las pruebas aportadas al proceso de alimentos, las cuales fueron analizadas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, conforme al art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien insisti\u00f3 en los argumentos del escrito de tutela y enfatiz\u00f3 que el juez accionado no valor\u00f3 todas las pruebas, \u00abespecialmente desconoci\u00f3 los antecedentes (\u2026) 146106598 del ICBF y el acta de conciliaci\u00f3n del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Suba de fecha 27 de abril de 2019 que fij\u00f3 la CUOTA INTEGRAL de alimentos\u00bb, tampoco tuvo en cuenta sus gastos y deudas ni los pagos de salud y pensi\u00f3n de los a\u00f1os 2020 y 2021. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor pretende el amparo los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la sentencia emitida en la audiencia del 7 de marzo de 2022, en raz\u00f3n a que, en su criterio, no se motiv\u00f3 adecuadamente y no valor\u00f3, en debida forma, todas las probanzas allegadas ni las condiciones del alimentante. <\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n cuestionada y, en particular, la diligencia del 7 de marzo de 2022 se observa que el Juzgado de conocimiento precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico planteado se concretaba en determinar si, como lo se\u00f1alaba el actor, \u00ablas circunstancias han cambiado del 2019 a la fecha, a tal punto que se haga necesario revisar la cuota alimentaria de sus dos menores hijas\u00bb. <\/p>\n
2.1. Seguidamente, aludi\u00f3 a las responsabilidades alimentarias de los padres, resalt\u00f3 las necesidades de las ni\u00f1as y descendi\u00f3 al an\u00e1lisis de las alegaciones propuestas, indicando el actor adujo que \u00absu capacidad econ\u00f3mica no le da para cubrir esas obligaciones (\u2026), toda vez que tiene unos atrasos en el pago de su apartamento, unos cr\u00e9ditos y que no ha contado con la mejor suerte frente a la contrataci\u00f3n en su labor como abogado\u00bb, por lo cual solicitaba que la cuota se redujera a una suma que oscile entre $1.000.000 y $1.500.000. <\/p>\n
Por su parte, la contraparte pidi\u00f3 mantener la mensualidad prevista, pues a ella le ha \u00abcorrespondido la mayor carga de las necesidades de sus hijas, toda vez que el se\u00f1or no solamente ha incumplido sus obligaciones desde el punto de vista alimentario\u00bb, sino que tuvo que iniciar un proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1, el cual fue allegado al tr\u00e1mite y en el que se prob\u00f3 que el padre de las ni\u00f1as \u00abtiene un contrato con el ICA [\u2026] de tal suerte que desde el punto de vista probatorio ya tenemos todos los elementos de juicio\u00bb. <\/p>\n
2.2. Respecto del asunto surtido ante el ICBF, Centro Zonal de Suba, en el que la defensor\u00eda de familia de conocimiento impuso una cuota alimentaria de 3 salarios m\u00ednimos para el a\u00f1o 2019, resalt\u00f3 que: <\/p>\n
sorprende que la autoridad administrativa se hubiera supeditado \u00fanicamente a se\u00f1alar una cuota alimentaria sin advertir que, era su obligaci\u00f3n y no lo hizo, se\u00f1alar que pasaba con las mudas de ropa de las ni\u00f1as [\u2026] ni tampoco encontr\u00e9 donde est\u00e1n los gastos extraordinarios, lo que normalmente ocurre en las necesidades de ellas frente al tema de las matr\u00edculas, \u00fatiles, frente al tema de los uniformes, pues simplemente se supedit\u00f3 a se\u00f1alar que eran tres salarios m\u00ednimos como si fuera una cuota global, sin atender que hab\u00edan otras necesidades que atender a las ni\u00f1as. <\/p>\n
2.3. A su vez, destac\u00f3 que el accionante ha incumplido con el pago de la cuota alimentaria desde finales del 2019, al punto que actualmente se adelanta un proceso ejecutivo, y desvirtu\u00f3 su dicho, en el sentido que dicho incumplimiento se origin\u00f3 por la falta de un empleo estable, pues qued\u00f3 probado, conforme a la declaraci\u00f3n de renta aportada, que en el a\u00f1o 2020 \u00abtuvo unos ingresos [\u2026] brutos de [\u2026] $105.614.000 [\u2026], lo que significa que tuvo mensualmente como cubrir esas cuotas alimentarias, [\u2026] finalmente de lo l\u00edquido son m\u00e1s o menos $60.953.000 es decir que tuvo que haber tenido m\u00ednimo $5.000.000 mensuales\u00bb. Contrario a la existencia de ingresos, encontr\u00f3 que la obligaci\u00f3n alimentaria de 2020 no fue cancelada en forma completa, lo que indicaba que el padre de las ni\u00f1as se hab\u00eda sustra\u00eddo de su obligaci\u00f3n, pese a contar con recursos para el pago pertinente. <\/p>\n
Realiz\u00f3 el mismo ejercicio con el a\u00f1o 2021 y resalt\u00f3 que, aunque en el interrogatorio el promotor manifest\u00f3 no tener empleo, se aport\u00f3 un contrato firmado con el ICA, \u00aben el que se dice que va a tener unos ingresos de $5.500.000\u00bb. <\/p>\n
Con base en ello, concluy\u00f3 que, pese a lo afirmado por el accionante, lo cierto era que siempre hab\u00eda tenido contratos y, por ende, ingresos, \u00abotra cosa es que no haya querido pagar\u00bb las sumas establecidas para garantizar los derechos y necesidades de sus hijas. <\/p>\n
2.4. Y, partiendo de las necesidades de las ni\u00f1as que determin\u00f3 en un promedio de $5.000.000, modific\u00f3 la cuota alimentaria del padre a $2.500.000 mensuales y le impuso el pago del 50% de los gastos extraordinarios de educaci\u00f3n, as\u00ed como tres mudas de ropa para cada ni\u00f1a al a\u00f1o, por un valor de $400.000. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las argumentaciones de las partes, la obligaci\u00f3n alimentaria conjunta de los padres, las probanzas allegadas y la normatividad que gobierna el asunto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. En efecto, el Despacho accionado estableci\u00f3 que el actor, a\u00fan de manera intermitente, hab\u00eda suscrito contratos que le procuraban mantener su calidad de vida y tener ingresos suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, pero no lo hab\u00eda hecho, cuesti\u00f3n que, sin duda, afectaba las garant\u00edas superiores de sus hijas, quienes, por ser sujetos de especial protecci\u00f3n, deben contar con el sustento econ\u00f3mico de sus padres para cubrir sus necesidades, las cuales no se sujetan a los costos ordinarios o integrales que indica el actor, pues, como lo advirti\u00f3 el Juzgado accionado, por ejemplo, en relaci\u00f3n con la educaci\u00f3n, se generan unos gastos adicionales a la pensi\u00f3n mensual al inicio del a\u00f1o escolar, derivados de la matr\u00edcula, uniformes y \u00fatiles anuales, sumado a los requerimientos de vestuario, lo cual deb\u00eda ser regulado, como en efecto ocurri\u00f3, modificando la suma establecida en 3 s.m.l.m.v. en el acta del 27 de abril de 2019 a la que alude el tutelante, la cual, como all\u00ed mismo se indic\u00f3, tuvo por objeto fijar alimentos \u00abPROVISIONALES\u00bb y no definitivos. <\/p>\n
Lo anterior, en consonancia con lo previsto en el art\u00edculo 24 de la Ley 1098 de 2006, que establece que los alimentos tienen como fin cubrir \u00abtodo lo que es indispensable para el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Se evidencia, entonces, una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el actor, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, (\u2026) \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
En este caso, como se indic\u00f3, la decisi\u00f3n se soport\u00f3 en las distintas probanzas allegadas y se motiv\u00f3 razonadamente, dando primac\u00eda a la obligaci\u00f3n alimentaria del padre frente a sus hijas menores de edad y a los derechos de las ni\u00f1as. <\/p>\n
3.4. Adicionalmente, debe se\u00f1alarse que las determinaciones que se profieren en relaci\u00f3n con la cuota alimentaria no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material4, de manera que, si las condiciones cambian o se presentan otros elementos de juicio, el actor puede intentar nuevamente la revisi\u00f3n o disminuci\u00f3n de estas Lo anterior, resulta relevante, pues el asunto no puede ser definido por el juez de tutela. <\/p>\n
4. Finalmente, en torno a la petici\u00f3n de compulsa de copias, para que se investigue a la autoridad judicial convocada, advierte la Sala que no es procedente, pues el criterio de esta Corte ha sido – de tiempo atr\u00e1s- que, si el interesado <\/p>\n
estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2019 [\u2026] (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01), (Reiterada en CSJ STC6149-2022, 19 may. 2022, rad. 00078-01). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en este caso, se impone confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00095-01; citada el 25 may. 2012, rad. 00139-01; y el 26 abr. 2013, rad. 00032-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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