STC12353-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12353-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03052-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Direcci\u00f3n Territorial de Salud de Caldas frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2019-000261. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Mediccol IPS SAS promovi\u00f3 un proceso para el cobro de unas sumas de dinero, derivadas de la prestaci\u00f3n de servicios de salud a los usuarios del r\u00e9gimen subsidiado, contra la Direcci\u00f3n Territorial de Salud de Caldas ante la justicia ordinaria laboral, que lo remiti\u00f3, por competencia, a reparto de los juzgados civiles del circuito. <\/p>\n
2.2. El 8 de marzo de 2019, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales libr\u00f3 mandamiento de pago sobre 306 facturas y, el 13 de julio de 2020, Mediccol IPS solicit\u00f3 acumulaci\u00f3n de demanda sobre 4709 facturas, por lo que, el 3 de diciembre siguiente, el Despacho cognoscente libr\u00f3 mandamiento de pago frente a algunas de ellas y se abstuvo frente a otras, por no reunir los requisitos pertinentes2. <\/p>\n
2.3. El 27 de mayo de 2021 se dict\u00f3 sentencia, en la que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada inexistencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible respecto de las facturas \u00ab153411, 155409, 155424, 155509, 155517, 155546, 155553, 15555, 155562, 155564, 155568, 155570, 155574 y 155575\u00bb y, en consecuencia, se abstuvo de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n respecto de ellas; tambi\u00e9n modific\u00f3 el mandamiento de pago del 3 de diciembre de 2020, en el sentido de ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en relaci\u00f3n con las facturas enlistadas en el numeral primero de ese prove\u00eddo, salvo sobre las identificadas con n\u00fameros \u00ab153411, 155409, 155424, 155509, 155517, 155546, 155553, 15555, 155562, 155564, 155568, 155570, 155574 y 155575\u00bb, declar\u00f3 no probadas las dem\u00e1s excepciones propuestas y orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.4. El 8 de noviembre de 2021, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales confirm\u00f3 la decisi\u00f3n anterior, providencia que se notific\u00f3 por estado electr\u00f3nico 185 del 9 siguiente. <\/p>\n
2.5. Indica la tutelante que, en cumplimiento de esa determinaci\u00f3n, profiri\u00f3 las resoluciones 1087 del 27 de diciembre de 2021 por $1.226\u00b4684.518, de los cuales $1.209.557.422 obedecen a facturas del proceso rebatido, y la resoluci\u00f3n 0676 del 8 de agosto de 2022 por $592.207.613, referente a la liquidaci\u00f3n de costas y agencias en derecho; no obstante, realizado el an\u00e1lisis contable para viabilizar el pago, advirti\u00f3 que en \u00abla liquidaci\u00f3n efectuada y aprobada por el despacho se encuentra [\u2026] $17.276.929 correspondiente a saldos glosados de 155 facturas que fueron aceptados por MEDICCOL IPS\u00bb, raz\u00f3n por la cual no comparte la decisi\u00f3n de ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n sobre aquellas. <\/p>\n
2.6. Frente a la actuaci\u00f3n surtida, la parte actora cuestiona que las facturas enlistadas en la tutela no re\u00fanen los requisitos exigidos a los t\u00edtulos ejecutivos, que \u00abexiste una ausencia de motivaci\u00f3n en los fallos judiciales para condenar y ordenar un pago [\u2026] por hechos y fundamentos jur\u00eddicos que carecen de respaldo en el ordenamiento y que no resuelven de fondo los planteamientos realizados en las sedes de instancia por esta entidad\u00bb. <\/p>\n
Reproch\u00f3 tambi\u00e9n que se incurri\u00f3 en algunos defectos procedimentales, tales como que no era viable el interrogatorio de parte del Director Territorial de Salud de Caldas, que el proceso debi\u00f3 ser tramitado ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, por tratarse del cobro de obligaciones derivadas del sistema de seguridad social en salud, en indebida acumulaci\u00f3n y que el asunto no se fall\u00f3 en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, \u00aben cuanto a la condena de pago por saldos de facturas de venta de servicios de salud por valor de [\u2026] $17.276.929, que se encuentran glosados por la Direcci\u00f3n Territorial de Salud de Caldas\u00bb. En subsidio, pidi\u00f3 que se declare que las facturas radicadas por Mediccol IPS no cumplen con el requisito general de aceptaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado argument\u00f3 que no se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, espec\u00edficamente el de la inmediatez, aunado a que no concurre ning\u00fan vicio o defecto en las actuaciones surtidas. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales respald\u00f3 la legalidad de sus actuaciones y enfatiz\u00f3 que la promotora cont\u00f3 con las oportunidades procesales para dar a conocer las inconformidades frente a la sentencia de primera instancia, que fue confirmada por el Tribunal accionado; asimismo, precis\u00f3 que frente a los autos que aprobaron la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito del 28 de febrero y 31 de agosto de 2022 no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
3. Mediccol IPS SAS en esencia deprec\u00f3 que en el presente asunto no opera de manera autom\u00e1tica la perdida de competencia por la causal del 121 del CGP y que la parte actora no la reclam\u00f3 en el desarrollo de las audiencias, por lo que las actuaciones realizadas en el proceso gozan de validez. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Regional de Caldas solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la promotora solicita que se revoque la sentencia proferida por el Colegiado accionado el 8 de noviembre de 2021, que confirm\u00f3 la de primera instancia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales, por cuanto en el tr\u00e1mite se incurri\u00f3 en algunos defectos procedimentales y porque se incluyeron en la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n unas facturas que no reun\u00edan los requisitos. <\/p>\n
2. Al respecto, esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se emiti\u00f3 la providencia recriminada -8 de noviembre de 2021- y la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo -1 de septiembre de 2022-, pues se super\u00f3 el plazo de 6 meses que se ha estimado razonable para acudir a esta senda extraordinaria. <\/p>\n
2.1. Frente al citado principio, ha de precisarse que, pese a que no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser. Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez. <\/p>\n
3. Por las razones anotadas, se declarar\u00e1 improcedente la protecci\u00f3n constitucional impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Incluidos el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales y Mediccol IPS S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
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