STC12371-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12371-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Mar\u00eda del Pilar Vargas Malaver le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, al Consejo Seccional de la Judicatura de Quind\u00edo, a Jos\u00e9 Alejandro L\u00f3pez C\u00e1rdenas, Jorge Mario Londo\u00f1o Devia y dem\u00e1s involucrados en el resguardo n.\u00b0 2020-00089. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presunci\u00f3n de inocencia, igualdad, no discriminaci\u00f3n y derecho a la defensa\u00bb, para que \u00abse deje sin efectos el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral, del 1\u00ba de julio de 2020\u00bb y, en su lugar, \u00ab(\u2026) se [le] ordene (\u2026) dictar una nueva sentencia ajustada a derecho, debidamente motivada de conformidad con la normatividad superior y principios constitucionales de presunci\u00f3n de inocencia e in dubio pro disciplinado, absolviendo[la] de todos los cargos endilgados\u00bb. <\/p>\n
En compendio afirm\u00f3 que el 1\u00b0 de diciembre de 2015 se posesion\u00f3 como Juez Quinta Civil Municipal de Armenia Quind\u00edo, y el 4 de mayo de 2018 la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la misma ciudad la sancion\u00f3 con \u00ab(\u2026) destituci\u00f3n del cargo e inhabilidad general para el ejercicio de cargos p\u00fablicos por el t\u00e9rmino de diez (10) a\u00f1os, por la conducta de acoso laboral\u2026\u00bb en el disciplinario que en su contra promovi\u00f3 el Presidente de ese organismo, al cual fueron vinculados Jorge Mario Londo\u00f1o Devia y otros (n\u00b0 2016-00282); decisi\u00f3n que apel\u00f3 y el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria confirm\u00f3 (22 en. 2020). <\/p>\n
Sostuvo que inco\u00f3 \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb (n\u00ba 2020-00089-00) contra esa directriz, a fin de acreditar \u00ab(\u2026) los graves defectos contenidos en la providencia judicial sancionadora (material o sustantivo, f\u00e1ctico, desconocimiento del precedente judicial, falta de motivaci\u00f3n, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, debido proceso y defecto procedimental)\u00bb, concedida por esta Sala, en tanto \u00ab(\u2026) la determinaci\u00f3n del Juzgador de segundo grado merece reproche en sede de \u201ctutela\u201d, ya que los postulados torales que esgrimi\u00f3 para avalar la postura del sentenciador de instancia se muestran distantes de los lineamientos normativos que rigen la materia y de los medios de convicci\u00f3n adosados por los implicados en ese asunto, cuya escueta valoraci\u00f3n no se compadece con la naturaleza correctiva de la acci\u00f3n que se adelant\u00f3 contra Vargas Malaver y la trascendente sanci\u00f3n que le fue impuesta\u2026\u00bb (STC3454-2020, 27 may.), veredicto que la Sala de de Casaci\u00f3n Laboral infirm\u00f3 ante la impugnaci\u00f3n de Londo\u00f1o Devia y otros (STL4229-2020, 1\u00b0 jul.). <\/p>\n
Aleg\u00f3 que la Magistratura confutada incurri\u00f3 en las siguientes v\u00edas de hecho: <\/p>\n
a)- \u00abDefecto sustantivo por insuficiencia de motivaci\u00f3n\u00bb, toda vez que, \u00abno realiz\u00f3 ning\u00fan an\u00e1lisis de las pruebas obrantes en el proceso disciplinario, ni de las v\u00edas de hecho o defectos se\u00f1alados de manera extensa por el Juez de Primera Instancia de tutela. No expres\u00f3 los fundamentos de dicha decisi\u00f3n, ni las razones por las cuales estaba en desacuerdo con la decisi\u00f3n revocada (\u2026)\u00bb lo que, en su sentir, constituye \u00abfraude a la ley\u00bb por la indebida valoraci\u00f3n probatoria realizada por la convocada, ya que \u00abdeb\u00eda efectuarse un an\u00e1lisis concreto de cada uno de los defectos advertidos por el juez de tutela de primera instancia y se\u00f1alados en el escrito de tutela, as\u00ed como los argumentos de la parte recurrente, que en ninguno de sus apartes siquiera es mencionado, por lo que la Corte Suprema de Justicia incurre en defecto sustantivo por decisi\u00f3n inmotiva (\u2026)\u00bb; <\/p>\n
b)- \u00abDefecto f\u00e1ctico\u00bb por cuanto (i) \u00abLa Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral efect\u00fao un an\u00e1lisis incoherente de las pruebas practicadas dentro del proceso disciplinario\u00bb; (ii) \u00abLa decisi\u00f3n sancionatoria se bas\u00f3 en la versi\u00f3n de los hechos de testigos indirectos (no presenciales de los hechos quienes obtuvieron su conocimiento de los comentarios de los quejosos) de acuerdo a la jurisprudencia una sanci\u00f3n no puede imponerse con base en testimonios indirectos\u00bb; y (iii) \u00abNo aplicaci\u00f3n del principio de presunci\u00f3n de inocencia \u2013 ausencia de prueba de responsabilidad \u2013 presunci\u00f3n de responsabilidad\u00bb al basar la sentencia sancionatoria exclusivamente en el dicho de los quejosos; <\/p>\n
c)- \u00abDesconocimiento del precedente judicial\u00bb al no tener en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional \u00aben sentencia SU-635\/15, estableciendo la falta de motivaci\u00f3n como causal especifica de procedencia de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales estableciendo que \u201ctiene como finalidad proteger los derechos de los ciudadanos de obtener respuestas razonadas de la administraci\u00f3n de justicia, permitiendo de esta manera, ejercer efectivamente el derecho de contradicci\u00f3n. Por lo tanto, el juez de tutela debe tener en cuenta, que la falta de motivaci\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, supone una clara vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales, el cual tiene que presentar las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que sustentan el fallo, acci\u00f3n que se genera en virtud de un principio base de la funci\u00f3n judicial.\u201d\u00bb; y, <\/p>\n
d)- \u00abDefecto material o sustantivo\u00bb, porque aplic\u00f3 \u00aben indebida forma la normatividad consagrada en la Ley 1010 de 2006, con las consecuentes consecuencias jur\u00eddicas y normativas, y haberse proferido dicha decisi\u00f3n en abierta vulneraci\u00f3n a los principios constitucionales y probatorios\u00bb, m\u00e1xime cuando omiti\u00f3 analizar las normas \u00abdel acoso laboral tales como – la ocurrencia repetida y p\u00fablica de tales conductas y su demostraci\u00f3n \u2013 inclusive de las conductas privadas- por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil, las cuales para ser objeto de sanci\u00f3n deben estar encaminadas a infundir miedo, intimidaci\u00f3n, terror y angustia, as\u00ed como la existencia de una intenci\u00f3n de infringir un da\u00f1o (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral remiti\u00f3 la providencia STL4229-2020 discutida. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial destac\u00f3 que la ayuda \u00abdebe declararse improcedente en la medida que no se acredita una de las causales generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial, al tratarse el presente asunto de una acci\u00f3n de tutela contra fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
La Presidencia del Tribunal Superior de Armenia dijo abstenerse de \u00ab(\u2026) efectuar un pronunciamiento en torno al amparo solicitado, ya que la Colegiatura convocada (\u2026) solo acat\u00f3 y dio cumplimiento a la decisi\u00f3n de 22 de enero de 2020, que fue expedida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual a la solicitante se le destituy\u00f3 del cargo de jueza en el Juzgado Quinto Civil Municipal de la ciudad\u00bb. <\/p>\n
Alfonso Alirio Vargas Sandoval coadyuv\u00f3 las pretensiones de la actora, al \u00absuponer que en el tr\u00e1mite del proceso disciplinario radicado con el numero 63001110200020160028201 adelantado en contra de la funcionaria MARIA DEL PILAR VARGAS MALAVER, se incurri\u00f3 en varias irregularidades, al no percatarse que el Consejo Superior de la Judicatura efectu\u00f3 \u00abuna valoraci\u00f3n parcializada de las pruebas allegadas\u00bb, y al no desvirtuarse la presunci\u00f3n de inocencia, ni realizarse \u00abun an\u00e1lisis de los presupuestos legales de la ley 1010 de 2006\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego al no satisfacerse el requisito de la inmediatez; dado que, <\/p>\n
(\u2026) la decisi\u00f3n contra la cual se dirige la demanda, fue proferida el 1 de julio de 2020. Es decir que, durante m\u00e1s de quince (15) meses, la accionante se abstuvo de acudir al amparo constitucional, sin que mencione el motivo de su inacci\u00f3n durante tanto tiempo, o se pueda evidenciar alguna circunstancia que justifique su inactividad. Esta situaci\u00f3n, desdibuja el car\u00e1cter inmediato de la protecci\u00f3n que se alega en esta oportunidad y excluye la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Recalc\u00f3 tambi\u00e9n, la inviabilidad del auxilio, al encontrar que \u00abEn efecto, los reparos a la decisi\u00f3n se limitan a exponer un desacuerdo con el criterio jur\u00eddico acogido por el ad quem\u00bb, por lo que \u00ab(\u2026) la procedencia en estos casos no se ci\u00f1e a una mera discrepancia de criterios con la decisi\u00f3n censurada, por el contrario, es necesario el cumplimiento de unos rigurosos requisitos, que exigen una considerable carga argumentativa y probatoria del interesado, con el fin de prevenir eventos que constituyan una vulneraci\u00f3n a la seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 la gestora iterando los argumentos esbozados en el escrito genitor, agregando, en torno de la exigencia de la \u00abinmediatez\u00bb que \u00abel plazo dentro del cual se interpuso la presente acci\u00f3n, es razonable, en atenci\u00f3n a que no transcurrieron m\u00e1s de 6 meses desde la fecha en que fue excluida de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional -treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021)- , pues se trata de un tr\u00e1mite obligatorio que determina la ejecutoria formal y material de la decisi\u00f3n o cosa juzgada\u00bb y, por ende \u00ab(\u2026) se cumple con el presupuesto de inmediatez, pues s\u00f3lo pod\u00eda acudirse a este mecanismo de tutela una vez culminado el procedimiento previo, como efectivamente se hizo dentro del t\u00e9rmino razonable de seis (6) meses establecidos por la misma Corte\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, asever\u00f3 que en el presente asunto se configuraron los presupuestos de la cosa juzgada fraudulenta, con base en la sentencia T- 073 de 2019, aplicable al sub-examine porque se desatendieron \u00abreglas y principios b\u00e1sicos del derecho\u00bb, tales como: <\/p>\n
a).- \u00abDebido proceso, Se vulnera por: (i) desconocimiento de los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026); (ii) no se realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el expediente y apreciadas por la primera instancia dentro sus consideraciones y decisi\u00f3n; (iii) omisi\u00f3n del an\u00e1lisis de los elementos b\u00e1sicos de la norma aplicable; (iv) desconocimiento de los argumentos de impugnaci\u00f3n (no aparecen consignados en ning\u00fan aparte de la providencia); (v) inexistencia de argumentos de inconformidad que determinen la revocatoria de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b).- \u00abCongruencia, no se citan los argumentos de impugnaci\u00f3n que conforme al Decreto 2591 de 1991, determinan la competencia del juez de segunda instancia y constituyen la base de la decisi\u00f3n; (…) est\u00e1 delimitada por ley solo a los aspectos impugnados, los cuales son desconocidos en el presente caso (\u2026) los vicios evidenciados, probados y declarados por la primera instancia (sustantivo, factico, desconocimiento de principios b\u00e1sicos del derecho), no son objeto de pronunciamiento alguno por la segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
c).- \u00abDerecho a la defensa, la sentencia impugnada desconoce sin fundamento los argumentos planteados en la tutela y acogidos por la primera instancia, siendo su deber constitucional y legal pronunciarse jur\u00eddicamente sobre los mismos, pues se revoca integralmente la decisi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
d).- \u00abPresunci\u00f3n de inocencia y el indubio pro disciplinada, la vulneraci\u00f3n de estos principios fue reconocida por el juez de primera instancia despu\u00e9s de la valoraci\u00f3n de los hechos, las pruebas y la norma aplicable; en la providencia que revoca la protecci\u00f3n tutelar no fueron objeto de pronunciamiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
e).- \u00abViolaci\u00f3n de los deberes del servidor judicial (\u2026) que se\u00f1alan los deberes de: motivar las decisiones judiciales, de guardar buena fe en sus actuaciones, de actuar con probidad y lealtad, fueron desconocidos en la providencia de impugnaci\u00f3n, pues no se valoraron siquiera someramente los argumentos y la decisi\u00f3n de protecci\u00f3n de un derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, reliev\u00f3 que \u00abLos argumentos expuestos en el escrito de tutela no constituyen un desacuerdo con el criterio jur\u00eddico acogido por el ad quem, sino FALENCIAS DE ORDEN SUSTANCIAL QUE OBEDECEN AL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES B\u00c1SICOS DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES Y QUE CONSTITUYEN GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, la no motivaci\u00f3n de una providencia de ninguna manera es una discrepancia con un criterio jur\u00eddico\u00bb, ya que \u00ablos argumentos de motivaci\u00f3n y razonabilidad derivados de la independencia judicial se\u00f1alados por la Sala Laboral son s\u00f3lo apariencia de legalidad para desconocer un derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, advierte la Sala que, contrario a lo afirmado por el a quo, aunque la presente \u00abtutela\u00bb se radic\u00f3 el 13 de octubre 2021 y la directriz combatida data del 1\u00b0 julio de 2020, Vargas Malaver insisti\u00f3 en la revisi\u00f3n de aquella determinaci\u00f3n y la Corte Constitucional la excluy\u00f3 de dicho tr\u00e1mite el 31 de mayo de este a\u00f1o, esto es, que la cl\u00e1usula de oportunidad establecida en la jurisprudencia (STC1936-2022), que consiste, por regla general, en que el medio tuitivo se ejerza en un periodo no mayor a los seis (6) meses despu\u00e9s de que se produjo la \u00abaparente trasgresi\u00f3n\u00bb, se encuentra cumplida en este evento. <\/p>\n
2.- No obstante, se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y, por ende, la convalidaci\u00f3n del fallo de primer grado, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n
2.1.- De acuerdo con el reiterado precedente de esta Colegiatura, \u00fanicamente es viable el examen de las \u00abtutelas\u00bb dirigidas contra el decurso de otra guarda, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC16306-2021 y STC16306-2021). <\/p>\n
2.2.- La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015, acept\u00f3 la \u00abviabilidad de acciones\u00bb como la presente, cuando la resoluci\u00f3n adoptada en la ayuda es producto de un \u00abfraude\u00bb o si se reprochan \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb. As\u00ed lo anot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
El mismo Alto Tribunal en prove\u00eddo T- 218\/2012 precis\u00f3, frente al fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, que \u00e9ste \u00abse predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a trav\u00e9s de medios procesales, que implica un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad (\u2026)\u00bb. As\u00ed lo esgrimi\u00f3: <\/p>\n
En el fraude puede actuar solo una de las partes, ambas o incluso el juez. Tambi\u00e9n puede cometerse contra una de las partes o contra un tercero, contra el orden jur\u00eddico, caso en el cual se le denomina fraus legi o contra el inter\u00e9s p\u00fablico. Sin embargo para que se configure el dolo y la actuaci\u00f3n que de \u00e9l se deriva deben tener la potencia de generar el efecto buscado. Por lo mismo, sin que de ello pueda desprenderse una comprensi\u00f3n indulgente, la cosa juzgada fraudulenta resulta m\u00e1s grave cuando es cometida directamente por el juez o mediante su anuencia, pues la autoridad judicial representa la confianza social en la administraci\u00f3n de justicia y su actuaci\u00f3n consciente permitir\u00eda de manera mucho m\u00e1s f\u00e1cil que la situaci\u00f3n fraudulenta \u2013revestida de la calidad de cosa juzgada- fuera coercitivamente exigible. <\/p>\n
2.3.- Con ese marco jurisprudencial, descendiendo al sub lite, emerge que, el amparo no puede salir avante, puesto que se dirige contra otra \u00abacci\u00f3n\u00bb de igual linaje, centrando la querellante su descontento con el fondo del veredicto de segunda instancia (STL4229-2020, 1\u00b0 jul.), al que enrostr\u00f3 \u00abdefectos material, procedimental, sustantivo, f\u00e1ctico, desconocimiento del precedente judicial, falta de motivaci\u00f3n, y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb; lo que torna \u00abimprocedente\u00bb la injerencia supralegal suplicada. <\/p>\n
Como lo ha expuesto la Guardiana de la Constituci\u00f3n, es \u00abinaceptable que las partes que integran un proceso de acci\u00f3n de tutela (\u2026) controviertan los argumentos, razones, reglas, pruebas o dem\u00e1s elementos que fundamentaron una decisi\u00f3n por medio de la interposici\u00f3n de una nueva solicitud de amparo\u00bb (C.C. SU- 1219 de 2001 reiterada en T-470\/18); debido a que esa Corporaci\u00f3n \u00ab(\u2026) tiene la misi\u00f3n institucional de impedir que ello ocurra porque lo que est\u00e1 en juego no es nada menos que la efectividad de todos los derechos constitucionales, la cual quedar\u00eda indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posici\u00f3n coincida con la opini\u00f3n de alg\u00fan juez\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
2.3.1- Tampoco se observa la ocurrencia del \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, que de manera excepcional\u00edsima autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de \u00abtutela\u00bb, toda vez que los reproches a la Magistratura cuestionada no encajan en dicho concepto. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que las inconformidades de Vargas Malaver con el pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, se circunscriben a la \u00abinsuficiencia de motivaci\u00f3n\u00bb, \u00abincongruencia\u00bb, \u00abla sentencia impugnada desconoce sin fundamento los argumentos planteados en la tutela y acogidos por la primera instancia\u00bb, \u00abno pronunciamiento sobre la presunci\u00f3n de inocencia y el indubio pro\u00bb y al desconocimiento de \u00ablos deberes de: motivar las decisiones judiciales, de guardar buena fe en sus actuaciones, de actuar con probidad y lealtad (\u2026), pues no se valoraron siquiera someramente los argumentos y la decisi\u00f3n de protecci\u00f3n de un derecho fundamental\u00bb, esto es, ning\u00fan ataque enarbol\u00f3 y, menos acredit\u00f3, relacionado con la existencia de \u00abun negocio fraudulento a trav\u00e9s de medios procesales, que implica un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad\u00bb, \u00fanico evento capaz de viabilizar esta herramienta especial\u00edsima, como tambi\u00e9n lo determin\u00f3 la Corte Constitucional en la T-073 de 2019, citada por la precursora. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los argumentos esbozados por la censora, en palabras de la Corte Constitucional, <\/p>\n
(\u2026) versan sobre una interpretaci\u00f3n de derecho que (\u2026) no comparte, y sobre el juicio de procedencia de la acci\u00f3n como elemento constitutivo e inescindible del fallo, situaci\u00f3n que a todas luces no denota por parte del juez que decidi\u00f3 el proceso, una conducta motivada con un prop\u00f3sito ilegal, doloso, o fraudulento, que atente contra el ideal de justicia presente en el derecho, y sobre el cual, adem\u00e1s, no aporta prueba suficiente para que se acredite el principio de fraus omnia corrumpit, pues la (\u2026) accionante no present\u00f3 siquiera sumariamente, el resultado de alguna investigaci\u00f3n (disciplinaria, penal, fiscal, etc.) adelantada contra el funcionario judicial, las partes o la decisi\u00f3n que se profiri\u00f3 en ese fallo. Por el contrario, lo que s\u00ed se hace evidente es el prop\u00f3sito con el que (\u2026) pretende revivir una situaci\u00f3n jur\u00eddica ya consolidada (Negrilla Adrede), T- 218\/2012. <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 la resoluci\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
EDGAR JAVIER MUNEVAR ARCINIEGAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
MIQUELINA OLIVIERI MEJ\u00cdA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
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STC12371-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC12371-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de noviembre de 2021 por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67231\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}