STC12372-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12372-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01758-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista, en t\u00e9rminos un tanto abstractos, relat\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSoy el ciudadano actor popular dentro de la acci\u00f3n constitucional de t\u00e9rminos perentorios de tiempo, nunca cumplidos por el tutelado, acci\u00f3n radicada 6682310300120210022001, acci\u00f3n esta donde el tutelado pretende inaplicar [el] art. 37 [de la] ley 472 de 1998, desconocer t\u00e9rminos perentorios que le impone la ley especial 472 de 1998 y sobreponer el art. 121 CGP, olvidando como suele hacer, que en la ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, [raz\u00f3n por la cual] se aplica el C\u00f3digo General del Proceso (…) solo en asuntos no regulados, siempre y cuando no se opongan a la naturaleza y finalidad de tales acciones, y el t\u00e9rmino para fallar no es un asunto sin regulaci\u00f3n en la ley especial y aut\u00f3noma (…). <\/p>\n
Es m\u00e1s, en la misma ley 472 de 1997 (sic), existe el art. 84 que es claro en ordenar que el incumplimiento de t\u00e9rminos perentorios por el funcionario judicial, incurrir\u00e1 (sic) en causal de mala conducta sancionable con destituci\u00f3n del cargo, sin embargo este articulo solo es un art\u00edculo sin aplicaci\u00f3n alguna, pues solo es aparentemente de adorno, solo simb\u00f3lico, m\u00e1s nada (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Con apoyo en esos argumentos, solicit\u00f3 que \u00abse ordene al tutelado no dilatar m\u00e1s mi acci\u00f3n y cumplir art. 37 ley 472 de 1998 fallando la acci\u00f3n en t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone art. 37 ley 472 de 1998\u00bb, y que \u00abse ordene al Consejo Superior [de la] Judicatura informe la suerte de las quejas existentes contra el magistrado tutelado y consigne si son por aparente mora judicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La corporaci\u00f3n accionada adujo que \u00abcorrespondi\u00f3 a este despacho, por reparto del 8 de noviembre de 2021, desatar el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la sentencia de primera instancia proferida en la acci\u00f3n popular (…) instaurada por el aqu\u00ed tutelante contra el Centro Veterinario La Granjita\u00bb; y que \u00abpor auto del 6 de mayo pasado, admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que interpusieron el accionante y la coadyuvante (…) frente a la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 12 de octubre de 2021, y (…) en aplicaci\u00f3n del inciso 5\u00ba, art\u00edculo 121 C\u00f3digo General del Proceso, se dispuso prorrogar el t\u00e9rmino para resolver la segunda instancia en ese asunto hasta por seis (6) meses m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, explic\u00f3 que esa oficina judicial cursan \u00abasuntos tambi\u00e9n de raigambre constitucional y tr\u00e1mite preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacatos, etc.), cuyo volumen es notable; adem\u00e1s del estudio y discusi\u00f3n de proyectos de providencias sustanciadas por los dem\u00e1s magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n, [que] se convierten en limitantes de tiempo que permitan dictar el fallo con mayor celeridad\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, estim\u00f3 que la tutela no puede abrirse paso dado que no se cumple el criterio de subsidiariedad, en la medida que \u00abel accionante omiti\u00f3 ejercitar los mecanismos judiciales ordinarios con que contaba al interior del proceso, acudiendo directamente a la acci\u00f3n de tutela; aunado a que el asunto est\u00e1 en tr\u00e1mite, pendiente de desatar la alzada, para lo cual se reitera, no ha vencido el t\u00e9rmino de ley, con sustento en lo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Superior de la Judicatura pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite, tras se\u00f1alar que \u00abno es el llamado a responder o cumplir las \u00f3rdenes que se expidan con el fin de amparar las garant\u00edas constitucionales del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial indic\u00f3 que \u00abno se encontraron en nuestros registros ning\u00fan proceso disciplinario en contra del doctor Edder Jimmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s, en su condici\u00f3n de Magistrado del Tribunal Superior de Pereira, con relaci\u00f3n al tr\u00e1mite del proceso radicado con el n\u00famero 66682-31-03-001-2021-00220-01, as\u00ed como tampoco se encontr\u00f3 ning\u00fan proceso en contra del Magistrado en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
La Sala debe determinar si el hecho de no haberse proferido sentencia de segunda instancia durante el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 (a cuyo tenor: \u00abEl recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y deber\u00e1 ser resuelto dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente\u00bb), comporta, per se, una transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales de las partes de una acci\u00f3n popular. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00abToda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
El texto trasuntado, interpretado seg\u00fan su sentido literal, sugiere que la acci\u00f3n de tutela procede contra las acciones u omisiones de todos los funcionarios estatales, incluyendo a los que hacen parte de la Rama Judicial del Poder P\u00fablico, en tanto \u00abautoridades\u00bb, facultadas por el ordenamiento para ejercer una funci\u00f3n p\u00fablica: la de administrar justicia en el territorio nacional. <\/p>\n
Ahora bien, es preciso considerar que los jueces y magistrados desarrollan esa tarea en el marco de procedimientos judiciales, dise\u00f1ados por el legislador como un m\u00e9todo para alcanzar soluciones racionales y definitivas a los conflictos intersubjetivos, y en los que est\u00e1n establecidos distintos mecanismos para que los interesados controviertan las decisiones de los funcionarios que adelantan las causas. <\/p>\n
La existencia de esos remedios procesales, sumada a la funci\u00f3n de composici\u00f3n definitiva que asigna el Estado Social de Derecho a las sentencias en firme, implican reconocer una procedencia restringida de la acci\u00f3n de tutela contra acciones u omisiones de autoridades judiciales, pues de no ser as\u00ed, todas las disputas jur\u00eddicas terminar\u00edan zanj\u00e1ndose en sede constitucional, pretermitiendo las reglas propias de cada juicio, y comprometiendo la eficacia de la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
De ah\u00ed que la Sala haya insistido en que, por v\u00eda general, los jueces de tutela no deben inmiscuirse en los debates propios de los procedimientos ordinarios. Sin embargo, para evitar que esa regla se convierta en una barrera infranqueable para la realizaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de los derechos fundamentales, de ella se except\u00faan los casos en los que el funcionario judicial accionado ha incurrido en un proceder arbitrario, opuesto por tanto a la Constituci\u00f3n, y que no pudo corregirse oportunamente al interior del tr\u00e1mite, siguiendo las reglas dispuestas para ello. <\/p>\n
Para garantizar que esas condiciones se cumplan, y satisfacer tambi\u00e9n los requerimientos formales establecidos en el citado precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la excepcional mediaci\u00f3n del juez de tutela requiere la confluencia de seis requisitos gen\u00e9ricos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales: (i) que el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos a su alcance; (iii) que la petici\u00f3n cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) en el evento de fundamentarse la solicitud de tutela en una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisi\u00f3n de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales del actor; (v) que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneraci\u00f3n; y (vi) que no se trate de tutela contra tutela. <\/p>\n
Con la misma finalidad, el yerro endilgado a la jurisdicci\u00f3n debe poder subsumirse en alguna de las causas espec\u00edficas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, a saber: (i) defecto org\u00e1nico por carencia absoluta de competencia del funcionario judicial que dicta la providencia judicial; (ii) defecto sustantivo; (iii) defecto procedimental; (iv) defecto f\u00e1ctico; (v) error inducido; (vi) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; y (viii) violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Verificaci\u00f3n de los requisitos generales y metodolog\u00eda de abordaje del caso. <\/p>\n
Las exigencias gen\u00e9ricas que se citaron en el ac\u00e1pite precedente se encuentran satisfechas. La discusi\u00f3n que propone el accionante versa sobre la eventual tardanza del tribunal para resolver un recurso de apelaci\u00f3n en el curso de una acci\u00f3n popular, tem\u00e1tica relacionada con valores constitucionales como el debido proceso, el acceso a la justicia y la afirmaci\u00f3n de los derechos colectivos. <\/p>\n
A ello se agrega que la naturaleza de la omisi\u00f3n que se endilga al tribunal \u2013no haber resuelto un recurso de apelaci\u00f3n en el t\u00e9rmino legal de 20 d\u00edas\u2013, impide exigir el agotamiento de remedios endoprocesales previos, as\u00ed como establecer un hito inicial para el c\u00f3mputo del plazo de inmediatez. Adem\u00e1s, la solicitud no versa sobre asuntos de procedimiento; no se cuestiona un fallo de tutela, y si bien los hechos de la demanda se redactaron de forma lac\u00f3nica e imprecisa, permiten identificar razonablemente el sentido del argumento del se\u00f1or Herrera Hoyos. <\/p>\n
En tal virtud, es procedente analizar los reparos que plante\u00f3 el accionante, para lo cual resulta imperativo establecer (i) si el tribunal se encuentra en mora de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de primera instancia, dictado en el curso de una acci\u00f3n popular; y (ii) en caso de ser as\u00ed, si esa mora es injustificada, de forma tal que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, en defensa de los derechos fundamentales de las partes. <\/p>\n
Sin embargo, para resolver la primera cuesti\u00f3n es menester desentra\u00f1ar previamente otra de singular complejidad, que se origina en un muy particular modo de articulaci\u00f3n de los preceptos 37 de la Ley 472 de 1998 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso, en el marco de las acciones populares \u2013reguladas por la primera normativa\u2013. <\/p>\n
4. Interacci\u00f3n entre los art\u00edculos 37 de la Ley 472 de 1998 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.1. En CSJ STC8486-2018, 4 jul., la Corte conoci\u00f3 una demanda de tutela presentada por otro actor popular, en la que se pidi\u00f3 que se ordenara al juez de la causa reconocer su p\u00e9rdida de competencia, por cuanto hab\u00eda transcurrido un lapso superior al previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso como l\u00edmite de duraci\u00f3n de la primera instancia, sin que hubiera proferido sentencia. <\/p>\n
Esa pretensi\u00f3n fue desestimada, tras concluirse que el citado precepto del estatuto procesal civil no resulta aplicable al tr\u00e1mite especial que regula la Ley 472 de 1998: <\/p>\n
\u00ab[E]n cuanto a los reparos que el gestor de la queja expone en torno a que el juzgador accionado mediante autos fechados 16 de abril y 3 de mayo de 2018 neg\u00f3 su solicitud de aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, es necesario precisar dicha normatividad estipula el t\u00e9rmino que tienen los jueces de la especialidad civil y familia para emitir sentencia que ponga fin al proceso, de ah\u00ed que, con excepci\u00f3n de fen\u00f3menos como la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del litigio, por regla general no podr\u00e1 superarse un (1) a\u00f1o \u2013prorrogables por seis mes m\u00e1s\u2013, en trat\u00e1ndose de asuntos de primera o \u00fanica instancia. <\/p>\n
(…) No obstante, en trat\u00e1ndose de acciones populares, cumple recordar que por su estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades, lo que hace que su naturaleza sea de car\u00e1cter especial y prevalente, no resulta aplicable dicha disposici\u00f3n, toda vez que la Ley 472 de 1998 consagr\u00f3 de manera expresa la duraci\u00f3n de cada escenario procesal a partir de plazos perentorios, as\u00ed como las sanciones por desconocer tales t\u00e9rminos. Es as\u00ed que el art\u00edculo 34 de esa reglamentaci\u00f3n prev\u00e9 que \u00abvencido el t\u00e9rmino para alegar, el juez dispondr\u00e1 de veinte (20) d\u00edas para proferir sentencia\u00bb. De igual forma, esa legislaci\u00f3n estableci\u00f3 en su art\u00edculo 84 ibidem que si el funcionario judicial desatiende dicho t\u00e9rmino, al igual que cualquier otro contenido en la norma, incurrir\u00e1, \u00aben causal de mala conducta sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb, pero no introdujo disposici\u00f3n alguna que se\u00f1alara como consecuencia la p\u00e9rdida de la competencia para continuar conociendo del asunto. <\/p>\n
Sin que sea posible, tal como lo pretende el actor, aplicar tal efecto jur\u00eddico por analog\u00eda o remisi\u00f3n del art\u00edculo 44 de la Ley estatutaria, pues lo cierto es que tal precepto establece que solo se emplear\u00e1 la ley adjetiva civil o contencioso administrativa \u00ab\u2026en los aspectos no regulados en la presente Ley, mientras no se oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones\u00bb, y el t\u00e9rmino para fallar no es un asunto sin regulaci\u00f3n en la norma especial. En ese orden de ideas, se concluye que en materia de acciones populares no aplica el inciso 6 del art\u00edculo 121 de la Ley 1564, por lo que la determinaci\u00f3n del funcionario accionado relativa a negar la p\u00e9rdida de competencia no puede calificarse de irrazonable, ya que se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad a favor del inter\u00e9s superior que el ordenamiento constitucional ha previsto\u00bb. <\/p>\n
4.2. Algunos meses m\u00e1s tarde, esta Corporaci\u00f3n estudi\u00f3 otra s\u00faplica constitucional semejante, pero ahora dirigida contra la sala del Tribunal Superior que conoc\u00eda una acci\u00f3n popular en segunda instancia, y que, con apoyo en la jurisprudencia previamente transcrita, se abstuvo de declarar su p\u00e9rdida de competencia, a pesar de que el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n a su cargo se hab\u00eda extendido por un per\u00edodo superior a un a\u00f1o. <\/p>\n
\u00abLa deducci\u00f3n reproducida (STC8486-2018) se afinc\u00f3 en 2 razones fundamentales: (i) las acciones populares tienen un car\u00e1cter especial y prevalente, en tanto la ley 472 de 1998 consagr\u00f3 de forma particular los tiempos en que se desarrollan las \u201cetapas y actos procesales\u201d, de suerte que se deben cumplir aquellos y su inobservancia contrae \u201csanciones disciplinarias\u201d pero no la p\u00e9rdida de competencia; y (ii) no es admisible aplicar el art\u00edculo 44 de esa misma ley, por cuanto el intervalo para \u201cresolver\u201d es un asunto reglado, de manera que no es viable acudirse en subsidio al C.G.P. <\/p>\n
Pues bien, no es factible desmentir que el \u201cproceso constitucional\u201d aludido tiene una \u201cnaturaleza jur\u00eddica distintiva\u201d, as\u00ed como que est\u00e1 suficientemente rituado por la ley estatutaria pluricitada, de modo que los ciclos por los que se tiene que atravesar para llegar a una \u201cdecisi\u00f3n final\u201d est\u00e1n prescritos con contenido y vencimiento, y el no acatar lo \u00faltimo genera consecuencias adversas; no obstante, ello no es \u00f3bice para que se afirme que aqu\u00e9l no tiene una \u201cduraci\u00f3n m\u00e1xima\u201d. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, es natural que el legislador dise\u00f1e las fases de todos los procesos y que a cada una de ellas les imponga un \u201ctiempo\u201d en que se deben desarrollar, pero ello no significa que el \u201cjuicio\u201d, como un todo, est\u00e9 desprovisto de un \u201cl\u00edmite temporal\u201d. No se olvide que el \u201cproceso civil\u201d tambi\u00e9n establece topes, como ocurre con el \u201ctiempo para admitir la demanda\u201d (Art. 90), o \u201c[e]n las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas y las sentencias en el de cuarenta (40)\u201d (Art. 120), lo que en audiencia debe acontecer inmediatamente, luego de escuchadas las partes, o dentro de los 10 d\u00edas sucesivos a dar a conocer el \u201csentido del fallo\u201d (Art 373); y aun as\u00ed, nadie rebate que lo estipulado en el art\u00edculo 121 ibidem le es propio. Quiere decir lo anterior que una cosa es el \u201ct\u00e9rmino para dictar las providencias judiciales\u201d y otra la \u201cduraci\u00f3n del proceso\u201d. Por eso, aunque los \u201cactos del juez\u201d en las \u201cacciones populares\u201d tengan demarcaciones en su duraci\u00f3n, aquellos est\u00e1n compelidos a finiquitar la pol\u00e9mica conforme a las directrices otorgadas en la \u00faltima disposici\u00f3n referida. <\/p>\n
Y no se diga que la raz\u00f3n para desconocer esa obligaci\u00f3n radica en que la esencia de la \u201ctrama judicial\u201d examinada difiere de la que se presenta entre privados, por cuanto en ella se debaten \u201cderechos colectivos\u201d y en la otra particulares, toda vez que el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 472 de 1998 recalca que \u201c[e]l tr\u00e1mite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollar\u00e1 con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia. <\/p>\n
Se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones\u201d, de modo que al ser \u201cel plazo razonable\u201d un principio en el actual compendio adjetivo e, inclusive, una ordenanza constitucional y supranacional, desconocer su aplicabilidad e importancia para los justiciables se revela como un desatino. Fluye como corolario que la judicatura deber\u00e1 respetar y garantizar que las controversias ligadas a la \u201cprotecci\u00f3n de los derechos colectivos\u201d finiquitar\u00e1n con irrestricta obediencia del \u201ct\u00e9rmino\u201d otorgado en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ STC001-2019, 11 ene.). <\/p>\n
4.3. Aunque estas dos decisiones judiciales antag\u00f3nicas se concentraron en esclarecer si los jueces que tramitan una acci\u00f3n popular pod\u00edan perder competencia \u2013en los t\u00e9rminos del canon 121 del estatuto procesal civil vigente\u2013, en la m\u00e1s reciente se vincul\u00f3 tambi\u00e9n esa cuesti\u00f3n con la tardanza injustificada del funcionario cognoscente para proferir sentencia, al afirmarse que \u00abla judicatura deber\u00e1 respetar y garantizar que las controversias ligadas a la \u201cprotecci\u00f3n de los derechos colectivos\u201d finiquitar\u00e1n con irrestricta obediencia del \u201ct\u00e9rmino\u201d otorgado en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que en el fallo CSJ STC001-2019, 11 ene., se argument\u00f3 que \u00abuna cosa es el \u201ct\u00e9rmino para dictar las providencias judiciales\u201d y otra la \u201cduraci\u00f3n del proceso\u201d\u00bb, propuesta de clasificaci\u00f3n que buscaba posibilitar la coexistencia de las reglas especiales de la Ley 472 de 1998, referidas bajo esa \u00f3ptica al plazo conferido para que el juez profiriera sentencia1, con el art\u00edculo 121 del estatuto procesal civil, que versar\u00eda sobre el plazo que se considera razonable para adelantar la totalidad de la instancia, hasta el fallo. <\/p>\n
Tal distinci\u00f3n, sumada a la insistencia en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso como \u00fanico mecanismo para obtener sentencias oportunas, dio a entender que el fallo del tribunal lo ser\u00eda, siempre y cuando se emitiera durante del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n razonable del proceso; y esto a su vez permiti\u00f3 deducir que el fenecimiento del \u00abt\u00e9rmino para dictar\u00bb la sentencia de segunda instancia no amenazaba o vulneraba de ninguna forma los derechos fundamentales de las partes. <\/p>\n
Dos hechos refuerzan esa interpretaci\u00f3n: De un lado, en la sentencia de tutela que se viene comentando no se hizo ninguna alusi\u00f3n al art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, lo que solo se explicar\u00eda bajo el entendido de que el vencimiento del t\u00e9rmino de veinte d\u00edas all\u00ed previsto no tuviera consecuencias jur\u00eddicas, torn\u00e1ndose irrelevante para determinar la mora injustificada del ad quem (que constitu\u00eda el n\u00facleo de la reclamaci\u00f3n del entonces accionante). <\/p>\n
Y de otro, en lo resolutivo de aquel fallo se concedi\u00f3 el amparo y se orden\u00f3 a la corporaci\u00f3n querellada verificar la realizaci\u00f3n del supuesto de p\u00e9rdida de competencia que consagra el art\u00edculo 121, lo que sugiere que esa soluci\u00f3n institucional \u2013y no la expedici\u00f3n de la providencia pendiente\u2013 fue valorada como suficiente de cara a conjurar cualquier amenaza a los derechos de las partes de una acci\u00f3n popular, derivada de la tardanza del tribunal para resolver la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado. <\/p>\n
4.4. Con apoyo en este giro jurisprudencial, el tribunal accionado ha venido sosteniendo, de forma expl\u00edcita e impl\u00edcita, que no es posible incurrir en mora de dictar la sentencia de segunda instancia antes del vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de esa misma instancia, lo que dejar\u00eda sin piso alegaciones como las que expuso el se\u00f1or Herrera Hoyos en su demanda de tutela. <\/p>\n
Aunque esa consecuencia fuera indeseada, lo cierto es que aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso a las acciones populares implica que el plazo para \u00abresolver la segunda instancia\u00bb sea de seis meses, prorrogables por otros tantos m\u00e1s, \u00abcontados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal\u00bb. Y siendo ese el lapso razonable de duraci\u00f3n de la instancia, no luce descabellado afirmar que antes de su expiraci\u00f3n no podr\u00eda producirse la mora del ad quem en la resoluci\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
Para decirlo de otro modo, el argumento del tribunal consiste en que: (i) el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso es aplicable a las acciones populares (de acuerdo con la jurisprudencia citada); y que (ii) en esa norma se establece que \u00abel plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis meses contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal\u00bb, prorrogables excepcionalmente \u00abhasta por seis meses m\u00e1s\u00bb. Por consiguiente, (iii) mientras ese plazo no expire, queda descartada la existencia de un evento de mora judicial en la definici\u00f3n de la segunda instancia2. <\/p>\n
Cabe anotar que ese silogismo es improcedente \u2013como se demostrar\u00e1 en las l\u00edneas subsiguientes\u2013, pero resulta tan persuasivo, que incluso fue acogido por la propia Sala en varias providencias, tales como la sentencia CSJ STC5169-2020, 6 ago., en la que se descart\u00f3 la tardanza denunciada, al considerarse que <\/p>\n
\u00ab(…) una vez se admiti\u00f3 la alzada, esto es, el 16 de septiembre de 2019, el colegiado censurado tuvo que ocuparse de atender un buen n\u00famero de solicitudes enarboladas por [el] coadyuvante en la acci\u00f3n popular entablada por el suplicante. Asimismo, se advierte que dentro de los seis (6) meses siguientes al recibo del expediente para desatar la alzada materia de disenso, la autoridad convocada prorrog\u00f3 el plazo para definirla, seg\u00fan auto de 25 de febrero de 2020\u00bb. <\/p>\n
4.5. Lo expuesto evidencia que, en la pr\u00e1ctica actual, la tempestividad de las actuaciones del ad quem se juzga a partir de las previsiones del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, esa soluci\u00f3n ri\u00f1e abiertamente con el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, que consagra que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia (…) y deber\u00e1 ser resuelto dentro de los veinte d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que, tanto en el primero como en el segundo precepto, se establece un t\u00e9rmino que inicia con la radicaci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del tribunal, y finaliza con la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n correspondiente; pero como ese plazo no se determin\u00f3 de forma homog\u00e9nea, las normas no pueden operar en simult\u00e1neo. De ah\u00ed que haya tenido que dejarse de lado una (el art\u00edculo 37), para poder dar aplicaci\u00f3n a la otra (el canon 121). <\/p>\n
Expresado de otra forma, la coexistencia de ambas reglas es inviable, porque disponen un t\u00e9rmino m\u00e1ximo distinto entre hitos objetivos id\u00e9nticos. Y siendo ello as\u00ed, queda en evidencia el conflicto normativo que descart\u00f3 la Sala al variar su postura en punto a la aplicabilidad del art\u00edculo 121 en las acciones populares. <\/p>\n
4.6. Es pertinente se\u00f1alar que la aludida antinomia hab\u00eda pasado inadvertida, porque para refutar la incompatibilidad entre el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y la normativa especial en materia de acciones populares, solamente tuvo en cuenta la regulaci\u00f3n de la primera instancia, lo que permiti\u00f3 postular la anunciada separaci\u00f3n conceptual entre el \u00abt\u00e9rmino para dictar las providencias judiciales\u00bb, que regular\u00eda el art\u00edculo 34 de la Ley 472 de 1998, y la \u00abduraci\u00f3n del proceso\u00bb, a la que se referir\u00eda el 121. <\/p>\n
Pero esa teorizaci\u00f3n no es procedente, porque obvia las particularidades de la segunda instancia. En efecto, durante la instancia inicial es viable distinguir entre el plazo conferido al juez para dictar el fallo, que es de veinte d\u00edas contados a partir de que finalice la etapa de alegatos de conclusi\u00f3n \u2013de acuerdo con el citado art\u00edculo 34\u2013, y el plazo razonable para adelantar todas las fases que componen la instancia, hasta la emisi\u00f3n de aquella providencia conclusiva \u2013que ser\u00eda de un a\u00f1o, prorrogable por seis meses m\u00e1s\u2013. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 37, ejusdem, al concebir el procedimiento de segunda instancia en acciones populares, no reprodujo esa estructura, sino que se refiri\u00f3 a todo el iter de la instancia, desde \u00abla radicaci\u00f3n del expediente en [su] Secretar\u00eda\u00bb, hasta la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, mediante sentencia. Es decir, all\u00ed no se se\u00f1al\u00f3 un \u00abt\u00e9rmino para dictar\u00bb esa sentencia, sino un plazo para la \u00abduraci\u00f3n del proceso\u00bb en segunda instancia, mismo objeto al que se refiere el inciso 1.\u00ba del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.7. En conclusi\u00f3n, debe descartarse la tesis que pretend\u00eda diferenciar el objeto del citado art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, de la regulaci\u00f3n que, en t\u00e9rminos similares, incluye el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; y dada la consecuente imposibilidad de que esas normas coexistan en el ordenamiento, se impone plantear una soluci\u00f3n alternativa a la que se postul\u00f3 en sentencia CSJ STC001-2019, 11, ene. <\/p>\n
5. La prevalencia del art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, como v\u00eda para solucionar el conflicto normativo. <\/p>\n
5.1. Las acciones populares, consagradas en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Nacional como herramienta para hacer efectivos los derechos e intereses colectivos, fueron reguladas en la citada Ley 472 de 1998, donde se estableci\u00f3 un procedimiento especial, que desarrolla exhaustivamente herramientas e instituciones jur\u00eddicas propias, adaptadas tanto a la naturaleza colectiva de los derechos en debate, como a la informalidad y celeridad que caracteriza a las acciones constitucionales3. <\/p>\n
Por supuesto que, ante las innumerables vicisitudes que puede afrontar un proceso judicial, se cuid\u00f3 el legislador de que los vac\u00edos de ese estatuto especial fueran llenados por los c\u00f3digos procesales que regularmente emplean los jueces que conocen las acciones populares (el C\u00f3digo General del Proceso y el CPACA, seg\u00fan el caso). Pero esa integraci\u00f3n normativa debe realizarse con prudencia, cuidando siempre que las reglas de los tr\u00e1mites comunes no terminen vaciando de contenido a la normativa especial. <\/p>\n
Es pertinente, pues, distinguir cu\u00e1les silencios de la Ley 472 de 1998 pueden considerarse propiamente como vac\u00edos, que deben ser llenados con las reglas supletivas de los c\u00f3digos procesales civil y administrativo, y cu\u00e1les corresponden una decisi\u00f3n consciente, orientada a no replicar pautas generales de procedimiento que no son adaptables o consistentes con los rasgos esenciales de la acci\u00f3n popular. No se olvide que, al consagrar el referido reenv\u00edo, se dej\u00f3 sentado que este operaba \u00aben los aspectos no regulados en la presente ley [y] mientras no se oponga a la naturaleza y la finalidad\u00bb de la acci\u00f3n popular (art\u00edculo 44). <\/p>\n
Esa pauta de duraci\u00f3n de la segunda instancia en las acciones populares impide considerar como plazo razonable para esa fase del proceso el consagrado en el art\u00edculo 121 del estatuto adjetivo (seis meses, prorrogables por otros seis), pues de conformidad con el art\u00edculo 5-1 de la Ley 57 de 1887 \u00absi en los C\u00f3digos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre s\u00ed, se observar\u00e1n en su aplicaci\u00f3n las reglas siguientes: 1\u00aa La disposici\u00f3n relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga car\u00e1cter general\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, la vigencia de la obligaci\u00f3n del ad quem de resolver la apelaci\u00f3n en el t\u00e9rmino de veinte d\u00edas, contados a partir del umbral de la segunda instancia (\u00abla radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente\u00bb), no puede armonizarse con la posibilidad de que esa instancia se prolongue hasta por doce meses (seis meses, prorrogables por seis meses m\u00e1s), contabilizados desde el mismo hito de inicio. Se trata de reglas incompatibles, siendo del caso aplicar la primera, en aplicaci\u00f3n del principio generalia specialibus non derogant. <\/p>\n
5.3. Previamente se rebati\u00f3 el pilar principal del argumento empleado para justificar el cambio de jurisprudencia de la Sala, en punto a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en acciones populares. Y tambi\u00e9n se demostr\u00f3 que la variable relacionada con el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la segunda instancia en esas acciones puede despejarse de una manera si se aplica la Ley 472 de 1998, y de otra si se acude al primer inciso del citado canon 121, debi\u00e9ndose optar por la primera soluci\u00f3n, por tratarse de una regulaci\u00f3n especial. <\/p>\n
Y si la regla del art\u00edculo 5-1 de la Ley 57 de 1887 no fuera suficiente para justificar esa conclusi\u00f3n, cabr\u00eda destacar que el resultado opuesto, esto es, dar prevalencia del art\u00edculo 121, ha generado que las autoridades consideren en la pr\u00e1ctica \u2013cfr. numeral 4.4., supra\u2013 que un a\u00f1o es el t\u00e9rmino razonable para resolver la segunda instancia de una acci\u00f3n popular, obviando el improrrogable lapso de veinte d\u00edas, que consagra el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
En ese sentido, adem\u00e1s de contrariar las pautas de prelaci\u00f3n normativa, la aplicaci\u00f3n del mencionado precepto del C\u00f3digo General del Proceso se ha traducido en una inapropiada e inadmisible ampliaci\u00f3n de los plazos para fallar la acci\u00f3n constitucional que consagra el art\u00edculo 88 de la Carta Pol\u00edtica de 1991, que vulnera el principio de celeridad que le es propio. <\/p>\n
5.4. Con todo, cabr\u00eda preguntarse qu\u00e9 ocurre con el contenido normativo restante del art\u00edculo 121, pues conforme a su texto actual4, all\u00ed se regula tanto el plazo m\u00e1ximo de duraci\u00f3n de las instancias ordinarias (que es en lo que coincidir\u00eda con el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998), como la p\u00e9rdida de competencia del juez de conocimiento, y la anulabilidad de los actos procesales que tengan lugar luego de que se produzca (entre otras consecuencias). <\/p>\n
Es obvio que en esos casos no existe coincidencia, pues tales aspectos no est\u00e1n regulados en la normativa especial. Sin embargo, ello no puede entenderse como una habilitaci\u00f3n para llevar a cabo integraciones normativas improcedentes, sino como una decisi\u00f3n consciente del legislador, dirigida a que el fenecimiento del breve t\u00e9rmino para resolver la apelaci\u00f3n de la sentencia en las acciones populares comprometa \u2013potencialmente\u2013 la responsabilidad personal del juez de la causa, y no su competencia institucional para resolver el recurso. <\/p>\n
Es decir, en punto a la duraci\u00f3n razonable de la segunda instancia, la Ley 472 de 1998 estableci\u00f3 un plazo, y tambi\u00e9n fij\u00f3 una consecuencia por su incumplimiento, que es la prevista en su art\u00edculo 84 (\u00abLa inobservancia de los t\u00e9rminos procesales establecidos en esta ley, har\u00e1 incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb). Y estando la cuesti\u00f3n cabalmente normada en la legislaci\u00f3n especial, resulta innecesario acudir al C\u00f3digo General del Proceso en b\u00fasqueda de un criterio supletivo. <\/p>\n
5.5. Lo anterior no debe interpretarse como una renuncia a obtener pronta justicia, pues las pautas del art\u00edculo 121 no son las \u00fanicas que permiten asegurar aquel prop\u00f3sito. En la acci\u00f3n de tutela, por citar solo un ejemplo en el que tal norma no suele aplicarse, los t\u00e9rminos suelen ser cumplidos con estrictez, al punto que resulta casi imposible imaginar un tr\u00e1mite de aquella \u00edndole en el que acaezca alguno de los supuestos que prev\u00e9 el aludido precepto del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La misma cultura jur\u00eddica debe replicarse en las acciones populares. Estas deben adelantarse \u00abcon preferencia a las dem\u00e1s que conozca el juez competente, excepto el recurso de Habeas Corpus, la Acci\u00f3n de Tutela y la Acci\u00f3n de cumplimiento\u00bb, es decir, con premura y diligencia, lo que exige de los jueces un importante compromiso, y alta dedicaci\u00f3n. De no hacerlo, se exponen a las sanciones que el legislador previ\u00f3 para la tardanza en resolver un litigio relacionado con derechos colectivos. <\/p>\n
6. La mora judicial injustificada. <\/p>\n
6.1. En la actualidad, es innegable la relaci\u00f3n que existe entre el acceso a la justicia y el ejercicio oportuno de la funci\u00f3n judicial. La tardanza de los funcionarios encargados de dirimir derechos sustanciales en disputa pone en entredicho el contenido mismo de esos derechos, y por lo mismo, compromete la realizaci\u00f3n de los valores y principios de convivencia que defiende y promueve el Estado Social de Derecho a trav\u00e9s del poder jurisdiccional. <\/p>\n
Ahora bien, definir cu\u00e1l es el t\u00e9rmino adecuado para que una actuaci\u00f3n judicial se lleve a cabo es una tarea delegada al legislador, quien con mayor o menor abstracci\u00f3n, ha fijado t\u00e9rminos perentorios para decidir ciertas solicitudes, o cuando menos para emitir el fallo que definir\u00e1 la disputa. En consecuencia, para determinar si se presenta un evento de mora judicial, basta con verificar una variable objetiva: el vencimiento del t\u00e9rmino legal para realizar la actuaci\u00f3n pendiente. <\/p>\n
6.2. Sin embargo, no cualquier situaci\u00f3n de mora compromete los derechos fundamentales de las partes, ni habilita la intervenci\u00f3n de los jueces constitucionales. Debido a que la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia no cuenta con recursos ilimitados, es posible \u2013especialmente en un pa\u00eds en transici\u00f3n hacia el pleno desarrollo\u2013 que el presupuesto de la jurisdicci\u00f3n sea insuficiente para crear tantas sedes judiciales como se requieran para atender las crecientes necesidades de justicia de todas la sociedad. Y, por esa v\u00eda, tambi\u00e9n puede ocurrir que, a pesar de imprimir en ello todos los esfuerzos que razonablemente caben exigir a un ser humano, el fallador tampoco pueda evacuar a tiempo toda la carga que tiene asignada. <\/p>\n
Estas situaciones, por supuesto, se deben entender excepcionales, y ha de procurarse con celo que no se conviertan en la regla, como ocurrir\u00eda si se toleran excusas infundadas para no realizar a tiempo las tareas que le competen a cada juez o magistrado, como director de los procesos a su cargo. Pero si, analizadas las circunstancias, se evidencia que la mora tiene explicaci\u00f3n justificada, la tutela no puede abrirse paso, tal como lo tiene decantado el precedente constitucional consolidado, que sobre el particular, explica: <\/p>\n
\u00ab(…) el derecho al debido proceso supone el cumplimiento de t\u00e9rminos judiciales no como un fin en s\u00ed mismo, sino como medio para \u201casegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia\u201d. Por ende, quien adelanta cualquier actuaci\u00f3n judicial dentro de los t\u00e9rminos previstos, ostenta el derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro del tiempo consagrado para ello, pues de no ser as\u00ed se desconocer\u00edan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u201ccomoquiera que no se brinda una respuesta oportuna frente a las pretensiones invocadas en su momento y se torna ilusoria la realizaci\u00f3n efectiva de la justicia material en el caso concreto\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que existen fen\u00f3menos como la mora, la congesti\u00f3n y el atraso judiciales, que afectan estructuralmente la administraci\u00f3n de justicia, por lo que en ciertos casos el incumplimiento de t\u00e9rminos procesales no es directamente imputable a los funcionarios judiciales, m\u00e1s si se tienen en cuenta la complejidad de los casos que pueden derivar en la pr\u00e1ctica de pruebas, el cumplimiento de tr\u00e1mites, lo que deriva en el aumento del tiempo previsto por el legislador para la el agotamiento de las etapas o la totalidad del proceso. <\/p>\n
Es por esta raz\u00f3n que la jurisprudencia constitucional ha determinado criterios para establecer si la mora en la decisi\u00f3n de las autoridades judiciales es justificada o injustificada. Al respecto (…) en la decisi\u00f3n SU-333 de 2020, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 el precedente jurisprudencial respecto de la mora judicial y la configuraci\u00f3n de una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. En ella se unificaron las siguientes reglas jurisprudenciales: (…) En caso de omisi\u00f3n de respuesta, se incurre en una vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, salvo que la dilaci\u00f3n est\u00e9 v\u00e1lidamente justificada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con estas omisiones judiciales, la acci\u00f3n de tutela resulta formalmente procedente cuando (i) no se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el proceso (como consecuencia de un estado de indefensi\u00f3n, entre otras razones); (ii) el ciudadano se ha comportado activamente y ha impulsado el avance del proceso, y (iii) la omisi\u00f3n judicial no se debe a conductas dilatorias, o no es atribuible al incumplimiento de cargas procesales. <\/p>\n
Se presenta una mora judicial injustificada si: (i) es fruto de un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisi\u00f3n en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial\u00bb (CC, SU-453 de 2020). <\/p>\n
6.3. Decantado lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de corregir el anterior criterio de la Sala, para dar aplicaci\u00f3n exclusivamente a la norma especial prevista en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, emerge evidente que el supuesto de mora alegado se verific\u00f3, porque el t\u00e9rmino de veinte d\u00edas con que contaba el tribunal para resolver la segunda instancia se encontraba fenecido para la fecha de interposici\u00f3n de la demanda de tutela, y a la fecha no se ha proferido la sentencia que desate la alzada interpuesta por el actor popular. <\/p>\n
No obstante, en este caso la corporaci\u00f3n accionada explic\u00f3 con detalle las razones por las que no ha podido cumplir su tarea en el plazo de veinte d\u00edas que consagra la norma en cita, las cuales est\u00e1n relacionadas con un significativo c\u00famulo de causas constitucionales, especialmente acciones populares y de tutela, que se han desarrollado de manera especialmente conflictiva, y han hecho materialmente imposible que, por ahora, se cumplan a cabalidad los tiempos estipulados por el legislador. <\/p>\n
Este motivo razonable impide que se califique de injustificada la mora del tribunal, y por lo mismo, frustra la acci\u00f3n constitucional incoada. Con todo, se exhortar\u00e1 a esa colegiatura para que, a la mayor brevedad posible, defina la segunda instancia del tr\u00e1mite que interesa al se\u00f1or Herrera Hoyos, en el entendido de que la acci\u00f3n popular tiene un tr\u00e1mite prevalente, que debe adelantarse con particular celeridad y eficiencia, en procura de garantizar los derechos colectivos de todos los miembros de la sociedad. <\/p>\n
7. Conclusiones. <\/p>\n
7.1. Despu\u00e9s de un an\u00e1lisis reposado, emerge que no es posible aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso al tr\u00e1mite de segunda instancia de las acciones populares, ya que el t\u00e9rmino razonable de duraci\u00f3n de esa segunda instancia, as\u00ed como las consecuencias derivadas de su fenecimiento, est\u00e1n se\u00f1alados en la Ley 472 de 1998. Por tanto, ante la inexistencia de un verdadero vac\u00edo sobre el particular, no cabe acudir como pauta supletiva al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
7.2. Aunque el t\u00e9rmino para dictar el fallo de segunda instancia (de veinte d\u00edas, contados a partir de que el expediente fue radicado en la secretar\u00eda del tribunal) se encuentra vencido en el asunto sometido al escrutinio de la Corte, lo cierto es que la entidad accionada ofreci\u00f3 explicaciones razonables para esa situaci\u00f3n, lo que, a voces de la jurisprudencia consolidada, impide que los jueces de tutela se inmiscuyan en el asunto. <\/p>\n
8. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
En su demanda de tutela, el accionante pretendi\u00f3 que se ordenara a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial que \u00abinforme\u00bb sobre los procesos disciplinarios que cursan contra el magistrado Edder Jimmy S\u00e1nchez Calamb\u00e1s, de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sin embargo, tal solicitud no se encuentra relacionada con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de aquella autoridad, ni se vincul\u00f3 tampoco a la transgresi\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental, por lo que es extra\u00f1a a la competencia de esta Sala, como juez de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos. <\/p>\n
SEGUNDO. Atendiendo a la naturaleza constitucional de las acciones populares, se exhorta a la corporaci\u00f3n accionada para que, a la mayor brevedad que sea posible, defina la segunda instancia de la causa que motiv\u00f3 la s\u00faplica constitucional del se\u00f1or Herrera Hoyos. <\/p>\n
COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes, por el medio m\u00e1s expedito. De no ser impugnada esta decisi\u00f3n, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su competencia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2022-01758-00 <\/p>\n
Comparto la negativa a conceder el amparo frente al Tribunal convocado, por cuanto la mora en definir la apelaci\u00f3n de la sentencia emitida en la acci\u00f3n popular 2021-00220-00 est\u00e1 justificada en argumentos objetivos y razonables. Pero difiero de varias de las razones que soportaron la soluci\u00f3n del caso, concretamente de aquellas que sirvieron de apoyo para variar la regla jurisprudencial trazada en la providencia STC001-2019, seg\u00fan la cual, el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del proceso establecido en el art\u00edculo 121 del estatuto adjetivo es aplicable a las acciones populares, por los motivos que expongo a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Corporaci\u00f3n consider\u00f3 que dicha postura deb\u00eda ser revaluada para retornar a la tesis que defiende la inoperancia de esa pauta en tales asuntos, ante la existencia de los plazos consagrados en la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Para ello, se adujo, en primer lugar, que la hermen\u00e9utica trazada en 2019 hab\u00eda conducido a una \u00abconsecuencia indeseada\u00bb: la interpretaci\u00f3n conforme a la cual, la mora del ad quem para resolver apelaciones de sentencias deb\u00eda juzgarse a la luz de los tiempos consagrados en el art\u00edculo 121 (6 meses, prorrogables por otros tantos m\u00e1s), cuando, por mandato del canon 37 de la Ley 472 de 1998, el remedio vertical deb\u00eda dirimirse \u00abdentro de los veinte d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente\u00bb. Luego, se indic\u00f3 que la Corte, en la pasada ocasi\u00f3n, arrib\u00f3 a la inferencia reexaminada porque no advirti\u00f3 contradicci\u00f3n entre tales normas; destac\u00f3 que as\u00ed lo hizo al diferenciar entre el \u00abt\u00e9rmino para dictar las providencias judiciales\u00bb y el de \u00abduraci\u00f3n del proceso\u00bb, sin parar mientes en que ambos c\u00e1nones regulaban la \u00abduraci\u00f3n razonable de la segunda instancia\u00bb. Seguidamente, y tras destacar que dicha incompatibilidad deb\u00eda ser superada dando prevalencia a la norma especial, am\u00e9n de la necesidad de conjurar el mencionado resultado, esboz\u00f3 que la idea de aplicar el canon 121 general deb\u00eda abandonarse. <\/p>\n
2.- Soy partidario de los cambios jurisprudenciales, por ser necesarios y \u00fatiles para ajustar el derecho vigente a las nuevas realidades, las cuales, como se sabe, se transforman velozmente. Pero, eso s\u00ed, considero que para hacerlos se necesitan razones suficientes, que permitan justificar por qu\u00e9 la Corte puede ofrecer distintas soluciones, en diferentes \u00e9pocas, a un mismo problema jur\u00eddico. Esto, porque est\u00e1n de por medio el derecho a la igualdad de los usuarios de la administraci\u00f3n, la seguridad jur\u00eddica y la coherencia del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
2.1.- A mi juicio, en el caso, no hab\u00eda motivos que permitieran a la Sala sostener que, contrario a lo expuesto en STC001-2019, el art\u00edculo 121 no debe operar en las acciones populares. Dicho en breve: el debate y los ingredientes normativos para resolverlo son los mismos, esto es, la existencia de dos reglas que prev\u00e9n plazos distintos para la definici\u00f3n de las controversias sometidas a composici\u00f3n judicial, una general, la del art\u00edculo 121, y otra de car\u00e1cter especial, la del art\u00edculo 37 de la Ley 472. Cosa distinta es que, ahora, en virtud de aspectos que mal o bien fueron sopesados en su oportunidad, se le d\u00e9 al conflicto una mirada diferente. <\/p>\n
2.2.- Ahora, la \u00abconsecuencia indeseada\u00bb a la que alude los razonamientos de los que me aparto, no puede ser catalogada como suficiente para mutar un criterio consolidado hace m\u00e1s de dos a\u00f1os. <\/p>\n
En efecto, la afirmaci\u00f3n, seg\u00fan la cual, la aplicaci\u00f3n del precepto 121 aludido implica admitir que antes de la expiraci\u00f3n de los seis meses all\u00ed consignados, o de su pr\u00f3rroga, \u00abno podr\u00eda producirse la mora del ad quem en la resoluci\u00f3n de la alzada\u00bb, es infundada. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que dicha conclusi\u00f3n se edifica, exclusivamente, en la actitud del juez plural aqu\u00ed convocado, quien escud\u00f3 su tardanza en esos t\u00e9rminos, y en el fallo STC5169-2020, dejando de lado, en primer lugar, que la referida conducta es aislada y, por tanto, a partir de ella no se pueden hacer generalizaciones; as\u00ed como, en segunda medida, que en dicha sentencia en momento alguno se sostuvo la tesitura en cuesti\u00f3n. Si bien, se aludi\u00f3 al plazo de los seis meses del art\u00edculo 121, ello ocurri\u00f3 para reforzar la deducci\u00f3n relativa a que la tardanza en decidir el remedio vertical estaba debidamente justificada, lo que es distinto a defender que el juez de segundo grado solo incurre en mora judicial verificado el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la respectiva instancia. En ese sentido, se dijo: <\/p>\n
Proyectadas las anteriores premisas en el caso objeto de estudio, no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada, pues, de un lado, una vez se admiti\u00f3 la alzada, esto es, el 16 de septiembre de 2019, el colegiado censurado tuvo que ocuparse de atender un buen n\u00famero de solicitudes enarboladas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, coadyuvante en la acci\u00f3n popular entablada por el suplicante. <\/p>\n
Asimismo, se advierte que dentro de los seis (6) meses siguientes al recibo del expediente para desatar la alzada materia de disenso, la autoridad convocada prorrog\u00f3 el plazo para definirla, seg\u00fan auto de 25 de febrero de 2020. <\/p>\n
Y, si bien esa corporaci\u00f3n hab\u00eda fijado para el 17 de marzo siguiente, la realizaci\u00f3n de la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, la misma no se surti\u00f3 ante la emergencia sanitaria causada por la \u201cCOVID19\u201d; en esa medida, no hay una tardanza inexcusable para la resoluci\u00f3n del recurso en cuesti\u00f3n, por el contrario, existen motivos razonados que justifican, para este momento, la falta de soluci\u00f3n de la controversia (se enfatiza). <\/p>\n
Finalmente, revisados los fallos emitidos por la Corporaci\u00f3n en las acciones de tutela impulsadas para conjurar la mora judicial en asuntos colectivos, se descarta la inferencia anotada, si en cuenta se tiene que, en todos ellos, la mora fue analizada a la luz de los plazos se\u00f1alados en la Ley 472 de 1998 (STC11309-2020, STC10755-2020, STC9014-2020, STC10321-2020, STC9720-2020, STC9367-2020, entre muchos otros). <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, en STC93672020 se expuso: <\/p>\n
Con esa perspectiva, la detallada revisi\u00f3n del cartapacio sometido al escrutinio de esta Sala pone en evidencia la necesidad de conceder la protecci\u00f3n, vencido como se encuentra el lapso de \u00abveinte (20) d\u00edas\u00bb que el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 le confer\u00eda al Tribunal convocado para definir la \u00abapelaci\u00f3n\u00bb formulada contra la \u00absentencia del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal\u00bb (15 ag. 2019 \u2013 Exp. 666823103001-2019-00028-01). <\/p>\n
En STC9720-2020, se apunt\u00f3: <\/p>\n
La revisi\u00f3n del paginario sometido al escrutinio de esta Corte pone en evidencia la necesidad de conceder el amparo, pues se infiere en grado de certeza que el lapso de \u00abveinte (20) d\u00edas\u00bb que el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 le confer\u00eda al Tribunal denunciado para definir la alzada formulada contra la sentencia dictada por el Juzgado \u00danico Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda el 10 de febrero del a\u00f1o que avanza (Exp. 66594 31 89 001 2019 01241 01), se halla vencido. <\/p>\n
En suma, en mi criterio, no hab\u00eda razones de peso que ameritaran cambiar la jurisprudencia de la Sala en torno a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso en las acciones populares, y m\u00e1s, espec\u00edficamente, al tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de las sentencias emitidas en primera instancia. <\/p>\n
3.- Pero hay m\u00e1s. Si se trata de analizar la situaci\u00f3n en la que quedaron los part\u00edcipes de dichas contiendas en relaci\u00f3n con la garant\u00eda a un proceso de duraci\u00f3n razonable, lo cierto es que la variaci\u00f3n tampoco se justifica, debido al despoj\u00f3 de varias de las herramientas que ten\u00edan para hacerlo valer. <\/p>\n
No debe perderse de vista que la regla jurisprudencial reevaluada se sent\u00f3 con el prop\u00f3sito de dotar a dichos sujetos de los instrumentos contemplados en el art\u00edculo 121 del estatuto adjetivo para que la aludida garant\u00eda se materializara, esto es, la p\u00e9rdida de competencia del fallador, as\u00ed como la nulidad de la actuaci\u00f3n en caso de que el juzgador act\u00fae con posterioridad a su alegaci\u00f3n. Todo, a fin de que otro sentenciador finiquite r\u00e1pidamente la controversia. No en vano, la protecci\u00f3n brindada al entonces accionante consisti\u00f3 en ordenarle al Tribunal la resoluci\u00f3n impulsada por el actor con miras a obtener dichas consecuencias. <\/p>\n
Empero, ahora, privados como se encuentran los citados sujetos de la posibilidad de invocar el canon 121 del estatuto adjetivo, no pueden hacer uso de tales caminos, teniendo \u00fanicamente a su alcance la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
4.- Por otra parte, tampoco comparto que se diga que el precepto 121 y el art\u00edculo 37 de la Ley 472 no pueden coexistir y, por tanto, deba optarse por uno o por otro en materia de acciones populares. Esto, porque nada hay de contradictorio en decir que el juez plural debe resolver la alzada de las sentencias \u00abdentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente\u00bb, y que, en todo caso, el plazo m\u00e1ximo para resolverla ser\u00e1n seis meses, prorrogable por otro semestre adicional. Esto \u00faltimo, con el fin de que el interesado pueda alegar las mencionadas secuelas. <\/p>\n
5.- En conclusi\u00f3n, considero que la hermen\u00e9utica planteada en el fallo STC001-2019, respecto a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso a las acciones populares no debi\u00f3 variarse. <\/p>\n
6.- De esta forma, y con el mayor respeto a la postura mayoritaria, dejo planteadas las razones que me llevan a aclarar mi voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 De ah\u00ed la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abEn las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas y las sentencias en el de cuarenta, contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin\u00bb) en la motivaci\u00f3n de la citada tutela. <\/p>\n
2\u0002 En l\u00ednea con esa postura, al pronunciarse sobre la demanda de tutela de la referencia el Magistrado sustanciador accionado adujo como defensa que \u00abel plazo para desatar la instancia no ha vencido\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 En esa l\u00ednea, el art\u00edculo 5 de esa normativa prev\u00e9: \u00abEl tr\u00e1mite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollar\u00e1 con fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia. Se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [l\u00e9ase, en la hora actual, C\u00f3digo General del Proceso], cuando \u00e9stos no se contrapongan a la naturaleza de dichas acciones\u00bb <\/p>\n
4\u0002 Esta precisi\u00f3n viene al caso porque, para la \u00e9poca de la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, el citado art\u00edculo 121 ten\u00eda una redacci\u00f3n distinta, que pod\u00eda llevar a interpretar que los tres fen\u00f3menos antes rese\u00f1ados eran realmente uno solo \u2013como lo entendi\u00f3 un amplio sector de la jurisprudencia y la doctrina\u2013. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la finalizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia implicaba necesariamente la p\u00e9rdida de competencia del juez de la causa (\u00abVencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia…\u00bb), y esa situaci\u00f3n a su vez predeterminaba la invalidaci\u00f3n de todo el tr\u00e1mite subsiguiente (\u00abSer\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia\u00bb). <\/p>\n
Sin embargo, mediante sentencia C-443 de 2019, la Corte Constitucional puso fin a esa fuerte dependencia\u0002, en la medida que condicion\u00f3 la exequibilidad del inciso 2 del art\u00edculo 121, \u00aben el entendido de que la p\u00e9rdida de competencia del funcionario judicial correspondiente s\u00f3lo ocurre previa solicitud de parte\u00bb \u2013es decir, en tanto se entienda que no opera de forma autom\u00e1tica\u2013; y declar\u00f3 inexequible la frase \u00abde pleno derecho\u00bb, advirtiendo que \u00abla nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y (…) es saneable\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que, al supeditar la p\u00e9rdida de competencia al alegato de parte, el vencimiento objetivo del plazo m\u00e1ximo de duraci\u00f3n de la instancia deja de ser el hecho determinante de la p\u00e9rdida de competencia, para ser tan solo su presupuesto; por tanto, en ausencia de alegato de parte, el t\u00e9rmino para fallar puede fenecer sin que acaezca la p\u00e9rdida de competencia. Algo similar ocurre con la posibilidad de anular lo actuado posteriormente a ese fen\u00f3meno, como se explic\u00f3, a espacio, en CSJ SC845-2022, 25 may. <\/p>\n
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STC12372-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12372-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01758-00 (Aprobado en Sala de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67232","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67232"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67232\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}