STC12502-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12502-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03071-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cC\u201d contra la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia (\u2026) de \u201cX\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00b0 \u201c000-2021\u201d. <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de las menores involucradas en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y de la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, \u00abpor inacci\u00f3n\u00bb y no haber respondido las solicitudes elevadas dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que \u00abel 30.12.2020 radiqu\u00e9 un derecho de petici\u00f3n dando constancia de la terminaci\u00f3n unilateral [por parte de \u201cG\u201d]\u00bb de la \u00abcoordinaci\u00f3n parental\u00bb respecto de sus menores hijas \u201cS\u201d y \u201cL\u201d [14 y 10 a\u00f1os de edad], \u00aby pidiendo la intervenci\u00f3n de la Comisaria (\u2026) de Familia\u00bb. <\/p>\n
Que \u00ab03.03.2022 radiqu\u00e9 un derecho de petici\u00f3n y solicitud de una medida urgente en el marco de la Medida de Protecci\u00f3n \u201c000-2021\u201d\u00bb, y \u00abel 08.08.2022 radiqu\u00e9 otro derecho de petici\u00f3n para que se diera impulso procesal\u00bb, advirtiendo sobre \u00abel desacato e incumplimiento continuo y sistem\u00e1tico de la Sra. \u201cG\u201d de los acuerdos conciliatorios y la Medida de Protecci\u00f3n \u201c000-2021\u201d provisional otorgado el 15.06.2021 [y] el reinicio de la Coordinaci\u00f3n Parental que fue exitoso en gestionar y controlar el conflicto entre los adultos\u00bb. <\/p>\n
Que tales peticiones \u00absiguen siendo sin contestaci\u00f3n y sin acci\u00f3n, a pesar de han pasado 610 d\u00edas calendario en el primer caso, 182 d\u00edas calendario en el segundo caso y 16 d\u00edas laborales en el segundo caso, por lo cual se siguen vulnerando mis derechos fundamentales y constitucionales [a] presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de inter\u00e9s particular y a obtener pronta resoluci\u00f3n [y se] ha vulnerado mi derecho fundamental (y el de mis hijas) de tener una familia y a no ser separado de ella. Mi familia son mis hijas y la incompetencia de la Comisar\u00eda de Familia que ha omitido su obligaci\u00f3n de contestar desde mi primera petici\u00f3n del 30.12.2020, ha vulnerado flagrantemente este derecho\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene a la Comisar\u00eda de Familia \u00abme env\u00ede por escrito una respuesta completa y oportuna dentro de 48 horas, contestando de fondo mis solicitudes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia (\u2026), remiti\u00f3 los enlaces para acceder a los expedientes correspondientes a los asuntos con radicados \u00abMP \u201c000-2020\u201d\u00bb, \u00abMP \u201c000-2021\u201d \u201c0000\u201d\u00bb y \u00abRUG \u201c0000-2019\u201d\u00bb, los cuales est\u00e1n relacionados con la actuaci\u00f3n objeto de reproche. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia del Centro Zonal (\u2026) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de la presente acci\u00f3n, aduciendo que de sus hechos \u00abno se evidencia que alguno de ellos involucre omisi\u00f3n por parte del Centro Zonal (\u2026) en dar respuesta a derechos de petici\u00f3n radicados por el accionante (\u2026), puesto que todos ellos fueron dirigidos y radicados ante la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia de (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda de \u201cX\u201d, manifest\u00f3 que \u00abdurante el procedimiento que adelant\u00f3 el accionante, ejerci\u00f3 su funci\u00f3n de Ministerio P\u00fablico a trav\u00e9s del agente (\u2026)\u00bb, empero, la entidad \u00abno ha causado vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno\u00bb, por lo que pidi\u00f3 declarar a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia (\u2026) de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas derivadas del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia reclamadas por el accionante, porque supuestamente no ha otorgado el impulso pertinente al proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00b0 \u201c000-2021\u201d. <\/p>\n
Esto, porque al invocarse la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, debe precisarse que a tono con el precedente constitucional (sentencia T-290\/93), esta Sala ha sostenido que cuando se impetra para que el juez haga o deje de hacer determinada actividad jurisdiccional, o para que impulse y resuelva el asunto bajo su actual conocimiento, el tratamiento no se sujeta a los t\u00e9rminos consagrados para las peticiones de car\u00e1cter administrativo, sino que \u00abse rigen por principios, reglas y normas determinadas previamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, leyes y c\u00f3digos, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, especialidad y procedimiento a las cuales deba sujetarse el conflicto, los cuales deben ser acatados por el juez y los intervinientes\u00bb (CSJ STC, 22 jun. 2004, rad. 00012-01). <\/p>\n
En ese mismo sentido ha dicho que: \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (fallos de 20 y 31 de marzo de 2000, exp. T-4822 y T-4867)\u201d\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 01784-01, citada entre otras en STC11347-2020, 10 nov. 2020, rad. 00330-01). <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del presente reclamo y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales de que dan cuenta los respectivos expedientes digitales enunciados como \u00abMP \u201c000-2020\u201d\u00bb, \u00abMP \u201c000-2021 \u201c0000\u201d\u00bb y \u00abRUG \u201c0000-2019\u201d\u00bb, la Sala desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n implorada en virtud a su improcedencia, comoquiera que en el presente asunto se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al motivar esta reclamaci\u00f3n la supuesta dilaci\u00f3n injustificada por parte de la Comisar\u00eda \u201c00\u201d de Familia (\u2026) de \u201cX\u201d, en el tr\u00e1mite de un proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, al no contrarrestar el \u00abincumplimiento continuo y sistem\u00e1tico de la Sra. \u201cG\u201d de los acuerdos conciliatorios y la Medida de Protecci\u00f3n \u201c000-2021\u201d provisional otorgado el 15.06.2021, [y tras ello disponer] el reinicio de la Coordinaci\u00f3n Parental que fue exitoso en gestionar y controlar el conflicto entre los adultos\u00bb, se establece que la accionada, ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n ha afectado los derechos fundamentales del demandante ni de sus hijas, y contrario al dicho del querellante, no ha desatendido las peticiones elevadas en relaci\u00f3n con el asunto a su cargo. <\/p>\n
3.1. Ciertamente, de los expedientes en comento se extrae que el conflicto familiar entre el accionante y la madre de sus dos menores hijas, particularmente en relaci\u00f3n con la custodia y visitas respecto de estas, se ha canalizado a trav\u00e9s de sendas solicitudes de medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar y una conciliaci\u00f3n extrajudicial, tramitadas por la comisar\u00eda accionada, resumi\u00e9ndose que el 24 de enero de 2020, se neg\u00f3 la medida de protecci\u00f3n deprecada por la se\u00f1ora \u201cG\u201d (rad. \u00abM.P. \u201c000-2019\u201d\u00bb), pero se orden\u00f3 \u00abtratamiento terap\u00e9utico cognitivo conductual a [los padres y a las ni\u00f1as], el cual deber\u00e1 realizarse por un profesional de la psicolog\u00eda cl\u00ednica especializado en relaciones familiares\u00bb. <\/p>\n
En la misma data y ante la misma autoridad, esta vez en el marco de una audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial (rad. \u00abR.U.G. No. \u201c0000\/19\u201d\u00bb, las partes, con mediaci\u00f3n del despacho accionado, adem\u00e1s de la \u00abresidencia separada de los c\u00f3nyuges\u00bb, acordaron que \u00abla custodia de las ni\u00f1as seguir\u00e1 siendo compartida por los progenitores [y que] teniendo en cuenta la valoraci\u00f3n pisco forense a la familia practicada por el perito experto (\u2026), se otorga la tenencia y cuidado personal de las ni\u00f1as \u201cS\u201d y \u201cL\u201d a su progenitora \u201cG\u201d (\u2026)\u00bb. En cuanto a alimentos, en sus distintos conceptos, se fijaron las sumas de dinero que el se\u00f1or \u201cC\u201d se oblig\u00f3 a proporcionar a favor de sus hijas, y se estableci\u00f3 un detallado r\u00e9gimen de visitas por parte del padre a sus hijas, incluyendo fechas especiales y vacaciones, comprometi\u00e9ndose ambos padres en ser \u00absolidarios en la garant\u00eda de derechos de las ni\u00f1as, por lo que atender\u00e1n sus necesidades y garantizaran sus bienestar, evitando cualquier conducta propia o ajena que pueda afectar[las]\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, sobre esa actuaci\u00f3n administrativa, el expediente muestra que el 19 de mayo de 2020, a petici\u00f3n del se\u00f1or \u201cC\u201d, quien se quej\u00f3 del incumplimiento de lo acordado respecto de sus derechos como padre, las partes fueron convocadas a audiencia al cabo de la cual se ratific\u00f3 que la custodia de las ni\u00f1as ser\u00e1 \u00abcompartida\u00bb, y se modific\u00f3 \u00abprovisionalmente\u00bb la tenencia y las visitas pactadas, indic\u00e1ndose que \u00abuna vez superada la situaci\u00f3n de salud p\u00fablica [derivada de la pandemia del COVID-19], si as\u00ed lo desean [las partes] podr\u00e1n acudir ante la autoridad judicial para dirimir sus diferencias en cuanto al r\u00e9gimen de cuidado personal de sus dos menores hijas\u00bb. <\/p>\n
Comoquiera que la decisi\u00f3n anterior fue reprochada por la madre de las menores en sede de tutela, mediante fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado (\u2026) Civil del Circuito de \u201cX\u201d el 21 de julio de 2020, se orden\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia que \u00abdeje sin efecto las medidas adoptadas en audiencia del 19 de mayo de 2020, y disponga lo pertinente para llevar a cabo la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial que dispuso tramitar a solicitud del se\u00f1or \u201cC\u201d (\u2026), quedando claro en todo caso, que la adopci\u00f3n de medidas provisionales (\u2026), s\u00f3lo podr\u00e1n disponerse si se cumplen los requisitos de urgencia, originada en la necesidad de protegerle a las menores de edad sus derechos por halarse en peligro, y si advierte la necesidad de su permanencia m\u00e1s all\u00e1 del t\u00e9rmino legalmente establecido, deber\u00e1 gestionar de forma inmediata la refrendaci\u00f3n por el juez de familia\u00bb. <\/p>\n
Luego se observa que al interior de la medida de protecci\u00f3n con radicado \u201c000-2019\u201d, en audiencia del 6 de julo de 2020 celebrada ante los reclamos mutuos de las partes, \u00e9stas asistieron nuevamente a la Comisar\u00eda asistidas jur\u00eddicamente por sus apoderados, y en presencia de un psic\u00f3logo y la Defensora de Familia del ICBF, se plasmaron \u00abpropuestas de acuerdo conciliatorio\u00bb que propon\u00edan \u00abterapias familiares del padre para con sus menores hijas\u00bb de manera separada y \u00absemanalmente por cuatro semanas, al cabo de las cuales las ni\u00f1as estar\u00e1n en condiciones de cumplir la tenencia y cuidado compartido entre progenitores\u00bb. <\/p>\n
3.2 Ante la comisar\u00eda acusada, tambi\u00e9n se adelant\u00f3 una solicitud de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar promovida \u201cC\u201d -a favor suyo y de sus dos menores hijas-, en cuyo expediente identificado con la radicaci\u00f3n \u00abM.P. \u201c000 de 2020\u201d\u00bb, se destaca la realizaci\u00f3n de sus primeras etapas procesales en audiencia del 5 de agosto de 2020 y su culminaci\u00f3n con fallo del 12 de enero de 2021, donde la funcionaria -hoy querellada- resolvi\u00f3 \u00abdeclarar no probados los hechos materia de la presente medida [y], dejar sin efecto las medidas de protecci\u00f3n provisionales adoptadas por este despacho mediante auto de fecha 17 de junio de 2020\u00bb. Este fallo fue confirmado en sede de apelaci\u00f3n por el Juzgado (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d el 8 de marzo de 2021. <\/p>\n
Ahora, por cuanto en sentir del ac\u00e1 accionante la problem\u00e1tica familiar continu\u00f3, el \u00faltimo expediente abierto en la Comisar\u00eda encartada corresponde a la solicitud de medida de protecci\u00f3n radicada y admitida el 15 de junio de 2021 bajo el n\u00b0 \u00abM.P. \u201c000-2021\u201d\u00bb, a la que tambi\u00e9n se anex\u00f3 lo atinente a la audiencia de conciliaci\u00f3n \u00abRUG No. \u201c0000-2019\u201d\u00bb. En ese asunto, la funcionaria imparti\u00f3 medida provisional de protecci\u00f3n consistente en ordenar a \u201cG\u201d \u00abque se abstenga de ejercer actos de violencia\u00bb contra el peticionario, advirtiendo las sanciones legales que conlleva su incumplimiento; el 13 de julio de 2021 se inici\u00f3 la audiencia de tr\u00e1mite, siendo suspendida para el 17 de agosto y luego para 6 de octubre de 2021, y en esta se instal\u00f3 con la concurrencia de las partes y sus apoderados, dej\u00e1ndose constancia en el sentido de que se hizo \u00abllamado de atenci\u00f3n al accionante y su apoderada (\u2026), toda vez que en diferentes ocasiones y momento propiciaron indisciplina y falta de preparaci\u00f3n para dilatar la presente diligencia\u00bb, para finalmente suspenderla de nuevo, esta vez para el 29 de noviembre de 2021, pues se adujo \u00ablo avanzado de la hora y la complejidad del caso\u00bb. <\/p>\n
Se evidencia que la audiencia prevista para el 29 de noviembre de 2021 no se adelant\u00f3, \u00abteniendo en cuenta que la se\u00f1ora \u201cG\u201d, presenta excusa y solicitud de aplazar dicha diligencia por encontrarse la apoderada de ella en calamidad dom\u00e9stica con su hija hospitalizada\u00bb, y para tal efecto se fij\u00f3 el 25 de enero de 2022, fecha en la que nuevamente se suspendi\u00f3 porque, tras escuchar a las partes, \u00abconsidera el despacho necesario escuchar en entrevista por psicolog\u00eda a las ni\u00f1as \u201cL\u201d y \u201cS\u201d con el fin de establecer factores de riesgo y protecci\u00f3n, relaci\u00f3n materno y paterno filial y establecer lo relacionado con posibles hechos de violencia intrafamiliar para lo cual se fija el d\u00eda 7 de febrero del 2022 a las 9:30 a.m.\u00bb. <\/p>\n
Efectuada esa diligencia, en los informes rendidos por la psic\u00f3loga de las Comisar\u00eda el 21 de febrero de 2022, recomend\u00f3 \u00abremitir al se\u00f1or \u201cC\u201d, a un proceso de apoyo terap\u00e9utico en el que se trabaje en el fortalecimiento de autoestima y autoconcepto, control de la ira y comunicaci\u00f3n asertiva y pautas de crianza positiva\u00bb, y frente a cada una de las ni\u00f1as, \u00abremitir[las] a proceso psicoterap\u00e9utico a fin de intervenir en las posibles consecuencias emocionales derivadas del maltrato infantil del cual ha sido v\u00edctima\u00bb. Seguidamente, en audiencia del 22 de febrero de 2022, la autoridad accionada decret\u00f3 las pruebas aportadas por las partes y las que de oficio consider\u00f3 necesarias, entre ellas \u00ablas valoraciones psicol\u00f3gicas que se realizaron a las ni\u00f1as\u00bb, y suspendi\u00f3 la diligencia para el 5 de abril, fecha esta en la que se puso en conocimiento \u00abdocumento presentado por el accionante [el 3 de marzo de 2022] y se recuerda los compromisos asumidos en diligencia de 22 de febrero de 2022, al decretar las pruebas solicitadas\u00bb; luego, tras dos aplazamientos, uno por \u00abincapacidad [m\u00e9dica]\u00bb de la funcionaria y otro por solicitud del demandante, el 18 de julio de 2022 se retoma la audiencia. <\/p>\n
En dicha oportunidad, la Comisaria indic\u00f3 que \u00abprevio a proferir el respectivo fallo se considera necesario decretar pruebas de oficio teniendo en cuenta la situaci\u00f3n que se ha presentado entre las partes desde el 2019 lo cual se ve evidenciado dentro de las medidas de protecci\u00f3n Nos. \u201c000-19\u201d, \u201c000-20\u201d y el RUG No. \u201c0000-19\u201d\u00bb. En ese sentido, relacion\u00f3 para su valoraci\u00f3n, piezas procesales, estudios de trabajo social y psicolog\u00eda practicados por profesionales particulares y tambi\u00e9n por el ICBF \u2013 Centro Zonal (\u2026), entre otros documentos, y considerando que \u00ablas menores podr\u00edan estar expuestas a la conflictiva relacional de sus padres, la cual no han logrado resolver en el transcurrir del tiempo (\u2026), se hace necesario recurrir a expertos en el comportamiento humano, buscando una explicaci\u00f3n para determinar las razones por las cuales persiste esa conducta problematizada\u00bb, solicit\u00f3 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, \u00absu conocimiento cient\u00edfico relativo a las enfermedades mentales, aspectos ps\u00edquicos o comportamentales que puedan estar asociados a la problem\u00e1tica presentada [por las partes] y que d\u00e9 cuenta de su capacidad y estabilidad mental y emocional en el ejercicio de su rol parental con sus hijas y con el otro padre. As\u00ed como para que las ni\u00f1as sean valoradas para establecer, si la hubiere, la afectaci\u00f3n por estar expuestas a tal conflictiva y entender presunto rechazo a la figura paterna\u00bb. <\/p>\n
Aunado a las actuaciones procesales descritas, encuentra la Corte que tambi\u00e9n de manera separada la Comisaria de Familia ha contestado las peticiones presentadas por el actor, concretamente mediante misivas fechadas el 9 de noviembre de 2021, refiriendo \u00abrespuesta a la solicitud radicada el 15\/10\/2021\u00bb, y \u00abrespuesta a la solicitud radicada el 08\/01\/2021\u00bb y a la elevada el \u00ab28\/09\/2021\u00bb, resaltando lo prevenido en el art\u00edculo 19 de la Ley 1755 de 2015, sobre \u00abpeticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas\u00bb, obrando constancia de su env\u00edo al correo electr\u00f3nico del solicitante el 10 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Asimismo, la titular del despacho -ac\u00e1 convocado-, respondi\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n [del] 29 de noviembre de 2021\u00bb, reiter\u00e1ndole al se\u00f1or \u201cC\u201d, que la documentaci\u00f3n y manifestaciones por \u00e9l realizadas, \u00abser\u00edan tenidos en cuenta en la etapa procesal correspondiente a pruebas donde se realizar\u00e1 la respectiva valoraci\u00f3n de las mismas\u00bb, en tanto que el proceso se desarrolla en audiencias \u00abconforme a la ley 294 de 1996 modificada parcialmente por la ley 575 de 2000, la ley 1257 de 2008 y decretos reglamentarios 4799 de 2001 y 2734 de 2012\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el plenario da cuenta de que el 25 de agosto de 2022, esto es, antes de que fuera incoada esta querella, la encartada respondi\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb elevado por el se\u00f1or \u201cC\u201d, record\u00e1ndole la inviabilidad de \u00abiniciar un tr\u00e1mite de incidente de incumplimiento\u00bb respecto de lo acordado en audiencia extrajudicial de conciliaci\u00f3n, y que en aras a su ejecuci\u00f3n pod\u00eda iniciar las pertinentes \u00abacciones ordinarias\u00bb, y en lo dem\u00e1s, que sus peticiones \u00abest\u00e1n orientadas al objeto del proceso y del tr\u00e1mite que aqu\u00ed se adelanta\u00bb. Lo anterior tambi\u00e9n fue reiterado al querellante mediante comunicaci\u00f3n remitida el 13 de septiembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
3.3. Como acaba de verse, la actividad desplegada por la autoridad encartada, de cara al conflicto familiar que involucra al ac\u00e1 demandante, su ex esposa y sus dos menores hijas, no solo ha sido ardua y constante -desde el primer pleito en 2019-, sino que se enmarca dentro del ordenamiento jur\u00eddico que rige la tem\u00e1tica bajo examen, y pese a las distintas vicisitudes que se han generado por la complejidad evidenciada en la actuaci\u00f3n someramente descrita en precedencia, no muestra vulneraci\u00f3n a las prerrogativas superiores que invoca el accionante. <\/p>\n
Espec\u00edficamente en lo que refiere a la falta de definici\u00f3n del proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00b0 \u201c000-2021\u201d, se advierte que la tardanza no es atribuible a la autoridad convocada, sino que obedece a la complejidad de la problem\u00e1tica familiar, al punto que, como lo se\u00f1al\u00f3 la funcionaria cognoscente en audiencia del 18 de julio de 2022, las medidas que llegaren a decretarse, deber\u00e1n propender, en lo posible, por una soluci\u00f3n de fondo en provecho de todos los intervinientes; de ah\u00ed que al ordenar pruebas de oficio adujera que su finalidad es la de \u00abencontrar razones cient\u00edficas que coadyuve a clarificar el comportamiento asociado a los hechos de presunta violencia intrafamiliar investigados y orientar las medidas pertinentes a la garant\u00eda de los derechos de todos los miembros de la familia y en especial de las menores de edad\u00bb. <\/p>\n
Lo antedicho est\u00e1 a tono con la reiterada postura de esta Sala al enfatizar que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991 (art\u00edculo 44), y posteriormente con el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
Haciendo precisi\u00f3n sobre el punto, el art\u00edculo 9\u00ba ibidem, se\u00f1ala que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
De la misma manera se descarta afectaci\u00f3n respecto a las peticiones que el quejoso alude fueron desatendidas, porque como se describi\u00f3 en precedencia, se demostr\u00f3 que, independientemente del sentido, la funcionaria accionada no s\u00f3lo le brind\u00f3 respuesta a trav\u00e9s de los pronunciamientos realizados al interior del juicio, incorporando sus manifestaciones y pruebas para su valoraci\u00f3n en la oportunidad y conforme al tr\u00e1mite previsto legalmente para esa clase de asuntos, sino que tambi\u00e9n las contest\u00f3 en forma directa e individual mediante misivas dirigidas a su correo electr\u00f3nico, en los t\u00e9rminos y condiciones antes rese\u00f1ados. <\/p>\n
Sobre la ausencia de vulneraci\u00f3n como criterio acogido en esta oportunidad para desestimar el auxilio, la decantada jurisprudencia de esta Sala ha sostenido: \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022, 2 jun. 2022, rad. 00297-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha dicho y reiterado que para la prosperidad del resguardo, \u00abse requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se declarar\u00e1 la improcedencia del ruego tuitivo, porque, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n a prerrogativas superiores por parte de la convocada, no se justifica la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE el amparo solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC12502-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12502-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03071-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cC\u201d contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67241","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67241","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67241"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67241\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67241"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67241"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67241"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}