STC12527-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12527-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01662-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 17 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Pedro Vicente Blanco Mel\u00e9ndez contra los Juzgados Cuarenta y Nueve y Cincuenta Civiles del Circuito de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Mar\u00eda Gladys Blanco Ortega y las partes e intervinientes en los procesos objeto de censura. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vivienda digna, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, en el juicio reivindicatorio de radicado 11001310303220120065800 y en el de simulaci\u00f3n 11001310302320130061700. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que Margarita Ortega de Blanco promovi\u00f3 un proceso reivindicatorio contra Laureano y Eva Esperanza Blanco Ortega y Pedro Vicente Blanco Mel\u00e9ndez, ante el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e11, en el que Mar\u00eda Gladys Blanco Ortega, hija de la demandante, se convirti\u00f3 en cesionaria de los derechos litigiosos de esta2. <\/p>\n
En sentencia de primera instancia del 28 de febrero de 20183 se neg\u00f3 la reclamaci\u00f3n de usucapi\u00f3n incoada en la demanda de reconvenci\u00f3n, se declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de Laureano Blanco Ortega y Pedro Vicente Blanco Mel\u00e9ndez, por no ser poseedores; asimismo, se declar\u00f3 que el inmueble con FMI No. 50S-1159436 pertenece en dominio pleno y absoluto a la demandante cesionaria y, en consecuencia, se orden\u00f3 a la demandada Eva Esperanza Blanco Ortega que lo restituyera a Mar\u00eda Gladys Blanco Ortega, decisi\u00f3n que el Tribunal Superior del Distrito de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 el 28 de junio de 2019 y, por auto del 8 de abril de 2021, declar\u00f3 improcedente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n4. <\/p>\n
Como la parte activa solicit\u00f3 librar despacho comisorio para la entrega del inmueble, el 9 de febrero de 2022, el ac\u00e1 accionante pidi\u00f3 al Juzgado de conocimiento suspender dicha medida, hasta la culminaci\u00f3n del proceso de simulaci\u00f3n 2013-00617, para que se garantizaran sus derechos como persona de la tercera edad5. <\/p>\n
El 11 de julio de 20226, de conformidad con lo reglado en los art\u00edculos 37 a 41 y 308 del CGP, se orden\u00f3 realizar la entrega del inmueble objeto de litigio, para lo cual se comision\u00f3 al alcalde \u00abde la Zona Respectiva\u00bb y se se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es posible acceder a la suspensi\u00f3n referida (\u2026) en tanto la orden de entrega se encuentra contenida en una decisi\u00f3n ejecutoriada y sumado a ello no se dan los presupuestos del art\u00edculo 161 del C.G.P. En tanto que este asunto ya cuenta con sentencia\u00bb. <\/p>\n
2.1. Paralelamente, el tutelante promovi\u00f3 un proceso contra Mar\u00eda Gladys Blanco Ortega y los herederos determinados e indeterminados de Margarita Ortega de Blanco, que adelanta el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, bajo el radicado 11001310302320130061700, para que se declarara la simulaci\u00f3n del contrato de compraventa del mismo inmueble, suscrito el 28 de enero de 2013 entre la demandada como compradora y Margarita Ortega de Blanco como vendedora. <\/p>\n
Concluida la etapa probatoria, se dispuso que, el 6 de mayo de 2020, se escuchar\u00edan los alegatos de conclusi\u00f3n y se emitir\u00eda el fallo, fecha que debi\u00f3 ser reprogramada, por la declaratoria de emergencia sanitaria. El 26 de noviembre de 20207, como medida de saneamiento, se orden\u00f3 citar y emplazar a los herederos indeterminados de Margarita Ortega de Blanco y \u00absuspender el tr\u00e1mite del proceso, hasta cuando comparezcan los emplazados\u00bb. <\/p>\n
Por auto del 9 de agosto de 20228 se tuvo por notificado en debida forma al curador ad litem, \u00abquien de manera oportuna da contestaci\u00f3n a la demanda\u00bb, la cual se puso en conocimiento de los interesados por el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas. <\/p>\n
3. La parte actora sostiene que, aunque result\u00f3 vencido en el proceso reivindicatorio, se debe considerar que tiene 94 a\u00f1os y se encuentra en delicado estado de salud, de modo que se le debe garantizar la vivienda como derecho fundamental, en conexidad con la vida y la dignidad humana, pues, a pesar de que considera que el proceso de simulaci\u00f3n va terminar con sentencia favorable, \u00abno hay se\u00f1al de que este asunto termine pronto\u00bb. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al accionado abstenerse de librar el despacho comisorio para la entrega del inmueble, hasta que se resuelva la demanda de simulaci\u00f3n; se ordene al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u00abotorgar celeridad al proceso de simulaci\u00f3n\u00bb, para que se defina pronto y, subsidiariamente, se condicione la entrega referida a que se le garantice una vivienda en igualdad de condiciones. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo que, si bien no ha proferido sentencia en el proceso de simulaci\u00f3n, ello se debe inicialmente a la falta del tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n a cargo de la parte demandante, a pesar de los 3 requerimientos que se le hicieron, as\u00ed como a la medida de saneamiento para evitar futuras nulidades (que no fue controvertida) y a la emergencia sanitaria. Justific\u00f3 la duraci\u00f3n del juicio, por la excesiva carga laboral y la falta de recursos humano y t\u00e9cnico. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de la misma ciudad inform\u00f3 que contra el auto del 11 de julio de 2022 no se present\u00f3 recurso alguno y, en tal medida, el ruego no cumple con el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Oscar Ramiro Benavides Villota sostuvo que actu\u00f3 como perito en el proceso 2012-00568 y que su intervenci\u00f3n se limit\u00f3 a presentar el aval\u00fao del inmueble en disputa. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Mar\u00eda Gladys Blanco Ortega y Andr\u00e9s Jim\u00e9nez Leguizam\u00f3n alegaron que no es posible suspender el proceso reivindicatorio, por prejudicialidad, dado que se encuentra terminado con sentencia en firme, y que contra el auto que orden\u00f3 comisionar la entrega del bien no se interpuso recurso alguno. Destacaron que en el juicio de simulaci\u00f3n no se solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n de procesos ni se present\u00f3 recurso contra el auto del 26 noviembre de 2020, que orden\u00f3 suspenderlo; adem\u00e1s, que la mora en el tr\u00e1mite es imputable al accionante, por falta de diligencia en su impulso. <\/p>\n
Afirmaron que en la sentencia reivindicatoria se orden\u00f3 a la se\u00f1ora Eva Esperanza Blanco Ortega hacer la entrega del predio y no al aqu\u00ed accionante, pues la intenci\u00f3n de la demandante \u00abnunca ha sido dejar a su se\u00f1or padre sin un sitio donde vivir, solamente est\u00e1 solicitando se le haga entrega de su predio, y si \u00e9l desea continuar viviendo lo puede hacer\u00bb, pero definiendo la calidad en que \u00e9l y sus cuidadores lo habitar\u00edan. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, tras considerar, por un lado, que la entrega del inmueble pretende materializar el mandato del fallo proferido en el juicio, sin que la tutela se erija como un mecanismo id\u00f3neo para obtener su interrupci\u00f3n y, por otro, por ausencia del presupuesto de subsidiariedad, dado que no se formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 11 de julio de 2022, que neg\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n de entrega del inmueble. <\/p>\n
Frente al proceso de simulaci\u00f3n, estableci\u00f3 que se est\u00e1 adelantando de acuerdo con las ritualidades del caso, sin que se advierta trasgresi\u00f3n a sus garant\u00edas, pues, por auto del 9 de agosto de 2022, se tuvo por notificado al curador ad litem. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, argumentando que no se tuvieron en cuenta sus condiciones especiales y se priorizaron los formalismos, aunado a que \u00abNada pod\u00eda hacer respecto al auto\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considerada vulnerados con el auto del 11 de julio de 2022, mediante el cual el Juzgado accionado libr\u00f3 despacho comisorio, para adelantar la entrega del inmueble objeto de restituci\u00f3n, y neg\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite, hasta que se desatara el proceso de simulaci\u00f3n que promovi\u00f3 sobre el mismo bien. <\/p>\n
2. Vistas las actuaciones procesales surtidas en el proceso objeto de litis, se advierte que el accionante elev\u00f3 ante el Juzgado que conoce del proceso reivindicatorio 2012-00658 una petici\u00f3n fundamentada en los mismos hechos y pretensiones expuestos en el escrito de tutela, esto es, la suspensi\u00f3n del proceso y la diligencia de entrega del inmueble, hasta que se resuelva el juicio de simulaci\u00f3n 2013-00617, lo cual fue denegado mediante auto del 11 de julio de 2022, notificado por estado electr\u00f3nico del d\u00eda siguiente, frente a lo cual el interesado no interpuso el recurso procedente. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias y, por tanto, impone el agotamiento previo de los instrumentos procedentes. Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (ver recientemente en CSJ STC3846-2022). <\/p>\n
2.1. De igual forma, en casos como el rese\u00f1ado, la Sala ha sostenido que, <\/p>\n
la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u2019. (Sentencia de 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01)\u00bb (Postura reiterada en CSJ, STC16630-2015 y en CSJ, STC038-2020, entre otras). <\/p>\n
2.2. De otra parte, en cuanto a lo manifestado por el actor, respecto de su especial situaci\u00f3n, ha de se\u00f1alarse que ello no resulta suficiente para otorgar la salvaguarda en la forma pretendida, toda vez que, acorde con la jurisprudencia de la Sala, \u00ablas condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, rad. 2011-00412.01, reiterada en STC9955-2022); adem\u00e1s, que ese tipo de alegaciones no tornan per se ilegal la sentencia que defini\u00f3 el juicio reivindicatorio (CSJ STC247-2022, reiterada en STC9955-2022). <\/p>\n
3. Ahora bien, de acuerdo con el informe del Juzgado cognoscente y verificado el expediente de simulaci\u00f3n 2013-00617, no se advierte dilaci\u00f3n injustificada, dadas las actuaciones que se han surtido, entre estas, los requerimientos que, en tres oportunidades diferentes, se hicieron a la parte activa (ac\u00e1 quejosa), para efectos del art\u00edculo 317 del CGP, la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia y la medida de saneamiento que se dispuso el 26 de noviembre de 2020, para evitar nulidades, cuando el asunto se encontraba pendiente de alegatos de conclusi\u00f3n y de proferir fallo, decisi\u00f3n que no fue recurrida por el interesado, a lo cual se suman, por una parte, las actuaciones recientes en desarrollo de tal medida y, por otra, que la autoridad judicial accionada dio cuenta de las especiales condiciones de carga laboral que atraviesa el Despacho. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la mora judicial, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n tiene establecido que los escenarios que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb9, lo cual no ocurre en el asunto estudiado y, por tanto, se itera, el ruego deviene improcedente. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dado que, en previa oportunidad, Margarita Ortega de Blanco adelant\u00f3 el proceso 2010-00335, en el que se profiri\u00f3 sentencia el 14 de diciembre de 2011, confirmada el 2 de agosto de 2012, declarando simulada la venta que realiz\u00f3 sobre el mismo inmueble a su hija Eva Esperanza Blanco Ortega como compradora; sin embargo, como no se orden\u00f3 la entrega del predio, inici\u00f3 el tr\u00e1mite reivindicatorio 2012-00658. <\/p>\n
2\u0002 Folio 124 y 149, Cuaderno 1, expediente 2012-00658. <\/p>\n
4\u0002 Carpeta Apelaci\u00f3n, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Documento 07, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Documento 08, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 291, Cuaderno Principal, expediente 2013-00617. <\/p>\n
8\u0002 Folio 314, Cuaderno Principal, expediente 2013-00617. <\/p>\n
9\u0002 Ver CSJ, STC6772-2019, CSJ, STC5633-2021, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
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