STC12529-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12529-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03146-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jairo Enrique Acero contra, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, los Juzgados Primero Penal del Circuito, Primero Civil del Circuito, Segundo Civil del Circuito, Primero y Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y Primero y Segundo Promiscuos de Familia, todos de La Dorada y el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, los Ministerios de Defensa, de Salud y Protecci\u00f3n Social y Justicia y del Derecho, la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, y la Nueva EPS SA, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en las acciones de tutela y desacatos que inici\u00f3 el actor ante las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y salud, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En apoyo de su queja, expuso, que estuvo vinculado a la Polic\u00eda Nacional y con ocasi\u00f3n de sus actividades fue calificado con p\u00e9rdida de la capacidad laboral en un 78,9%, puesto que padece \u00abde artrosis erosiva severa por reconstrucci\u00f3n de la rodilla izquierda mencionada como enfermedad base, causado en accidente laboral, hipo acucia bilateral severa del 83,75%, por los disparos de fusil, pistola y granadas, adem\u00e1s de la explosi\u00f3n de una llanta de un tractocami\u00f3n, dermatitis de fotocontacto en la piel causada por el sol o el frio que coagula la sangre cuando fung\u00eda como polic\u00eda de tr\u00e1nsito Bogot\u00e1, sufro de gastritis progresiva atr\u00f3fica por comer a deshoras y una hernia discal\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en raz\u00f3n a su dif\u00edcil situaci\u00f3n de salud, ha debido presentar \u00ab12 tutelas a favor falladas por diferentes despachos judiciales de Caldas la Dorada, Manizales y el Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Penal\u00bb, autoridades que, \u00aben su momento\u00bb protegieron sus derechos, no obstante, \u00abde un momento a otro, en 2021, en pleno (\u2026) Covid-19\u00bb, le revocaron \u00ablas \u00f3rdenes de tutela\u00bb proferidas contra la Polic\u00eda Nacional y le indicaron que no \u00abtiene derecho a la vida digna e integridad f\u00edsica mucho menos a la salud y derecho a recibir la indemnizaci\u00f3n seg\u00fan el Decreto 1796 de 2000\u00bb. <\/p>\n
Expuso que con el prop\u00f3sito de lograr el pago de la referida indemnizaci\u00f3n present\u00f3 demanda ante el Juzgado Primero Administrativo de Manizales frente a un \u00abacto ficto presunto y nulidad u restablecimiento del derecho, cuando falsificaron la junta (\u2026) [de calificaci\u00f3n]\u00bb, asunto que a\u00fan no ha sido decidido. <\/p>\n
Tras relatar in extenso su experiencia como miembro de la Polic\u00eda Nacional, los accidentes sufridos, la condena penal que le fue impuesta y los amparos constitucionales que promovi\u00f3 para lograr la calificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral, se\u00f1al\u00f3 que como en las \u00f3rdenes de tutela se dispuso su \u00abatenci\u00f3n integral\u00bb, sigui\u00f3 siendo atendido por la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, no obstante, la deficiencia en la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico, agrav\u00f3 sus patolog\u00edas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que como en el a\u00f1o 2020 comenz\u00f3 a neg\u00e1rsele la atenci\u00f3n m\u00e9dica por parte de la citada entidad y se le inform\u00f3 que ya no ser\u00edan cumplidas las \u00f3rdenes de tutela, durante el 2021 promovi\u00f3 distintos incidentes de desacato, sin embargo, en esos tr\u00e1mites se estableci\u00f3 que se encontraba afiliado a la Nueva ESP, cuando \u00abnunca tuvo v\u00ednculo\u00bb con esa entidad, y se \u00abcerraron\u00bb las actuaciones incidentales. <\/p>\n
Anot\u00f3 que los funcionarios judiciales accionados decidieron \u00abdesvincularlo\u00bb del sistema de salud de la Polic\u00eda Nacional y \u00abrevocar\u00bb las diferentes acciones de tutelas falladas a su favor, con lo que desconocen la jurisprudencia constitucional, as\u00ed como sus precarias condiciones econ\u00f3micas, ya que no cuenta con trabajo, pensi\u00f3n o ingresos y, adem\u00e1s, a\u00fan no le ha sido pagada la indemnizaci\u00f3n a la que tiene derecho. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que solamente el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada decidi\u00f3 sancionar a la Direcci\u00f3n de Sanidad mencionada en el 2019, sin embargo, el Tribunal de Cundinamarca (sic) revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que acudi\u00f3 a la EPS donde le dijeron que estaba vinculado, para pedir las citas correspondientes con \u00abotorrinolaringolog\u00eda, ortopedia, dermatolog\u00eda, medicina interna, psiquiatr\u00eda y oftalmolog\u00eda, pero all\u00ed manifiestan que debo realizar aportes para mi atenci\u00f3n m\u00e9dica, desconociendo que desde que me retiraron de la polic\u00eda y me dejaron sin trabajo no he podido trabajar y menos cotizar salud en otra agencia\u00bb. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3: <\/p>\n
ORDENAR a los tribunales en menci\u00f3n y los juzgados como Litisconsorcio necesario mencionados hacer cumplir las \u00f3rdenes de tutela de la judicatura nacional en contra de la Polic\u00eda Nacional adem\u00e1s de ser el caso sancionar por incidente desacato seg\u00fan el art\u00edculo 27, 52, 53 dec. 2591\/91, el actuar doloso de la direcci\u00f3n de sanidad de la Polic\u00eda Nacional e investigar el por qu\u00e9 los despachos judiciales no hacen cumplir sus \u00f3rdenes de tutela por incidentes de desacato, en el mismo sentido solicito (\u2026) ordenar investigar el tribunal superior de Manizales caldas sala penal, sobre el por qu\u00e9 revoco la sanci\u00f3n por incidente de desacato en contra de la polic\u00eda nacional del que enviar\u00e9 constancia en 2019 y ahora archivan los incidentes (sic). <\/p>\n
3. Mediante providencia ATC1322-2022, se declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal y se dispuso que se asignara a esta Sala en primera instancia, en tanto que la queja involucraba \u00aba la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, pues seg\u00fan (\u2026) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada (\u2026), dicha autoridad fue la que el 9 de septiembre de 2019 revoc\u00f3 la sanci\u00f3n por desacato impuesta por el mencionado Juzgado el 30 de agosto de 2019\u00bb y, respecto de esa Corporaci\u00f3n, es la Sala de Casaci\u00f3n Civil quien funge como su superior. <\/p>\n
4. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada relacion\u00f3 las distintas actuaciones que ha impulsado Jairo Enrique Acero en ese despacho. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 de un habeas corpus que fue desestimado, una acci\u00f3n de tutela en segunda instancia contra la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Puerto Salgar, la cual neg\u00f3; tres (3) amparos constitucionales en primera instancia, bajo los radicados 2013-00380-00, contra el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada que concedi\u00f3; 2016-00116-00 frente a la Polic\u00eda Nacional, la cual neg\u00f3; y 2018-00244-00 contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, mediante la cual se ampar\u00f3 el derecho a la salud del accionante. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, respecto de ese \u00faltimo amparo, el solicitante ha impulsado doce (12) incidentes de desacato, de los cuales se desestimaron once (11) durante los a\u00f1os 2018, 2019, 2020 y 2021, y s\u00f3lo en una ocasi\u00f3n, mediante auto de 30 de agosto de 2019 resolvi\u00f3 sancionar a la citada Direcci\u00f3n, determinaci\u00f3n fue revocada en sede de consulta por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales el 9 de septiembre de 2019. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Manizales se\u00f1al\u00f3 que no ha proferido decisiones relacionadas con el derecho a la salud del accionante. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que si bien el actor inici\u00f3 ante su despacho el proceso con radicado N\u00ba 2019-00172-00 contra el Ministerio de Defensa Nacional y la Polic\u00eda Nacional, en el mismo mediante auto de 24 de febrero de 2022, declar\u00f3 su falta de competencia territorial y remiti\u00f3 las diligencias para que se sometieran a reparto entre los Jueces Administrativos del Departamento de Cundinamarca. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales inform\u00f3 que ante esa Corporaci\u00f3n el actor ha actuado como accionante en 14 amparos constitucionales en los a\u00f1os 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, y refiri\u00f3 que como el accionante no determin\u00f3 contra cu\u00e1l de dichos tr\u00e1mites dirig\u00eda su censura, se dificulta realizar un pronunciamiento sobre el particular. <\/p>\n
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho advirti\u00f3 que los hechos que motivan la solicitud de tutela no se relacionan con sus funciones y competencias, por lo que pidi\u00f3 negar el amparo frente a esa autoridad por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social manifest\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, en tanto que en su competencia no se encuentra la efectiva prestaci\u00f3n de los servicios de salud que reclama el actor. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que como \u00abel accionante hace parte del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n del S.G.S.S.S.\u00bb resulta improcedente el amparo contra dicha entidad. <\/p>\n
6. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca se opuso a la prosperidad del amparo, toda vez que no ha vulnerado los derechos del actor, ya que s\u00f3lo tuvo conocimiento de una acci\u00f3n de tutela formulada por el se\u00f1or a Jairo Enrique Acero, la cual concedi\u00f3 el 12 de febrero de 2016, fallo que no fue impugnado, siendo excluida de revisi\u00f3n, con posterioridad, por la Corte Constitucional. <\/p>\n
7. La Nueva EPS SA expres\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, en raz\u00f3n a que el actor reprocha decisiones judiciales que no est\u00e1n bajo su competencia. <\/p>\n
8. El Juzgado Penal del Circuito de La Dorada indic\u00f3 que en la tutela N\u00ba 2019-00036-00 concedi\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho a la salud del accionante frente a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, Jefatura Regional de Ibagu\u00e9 y ESPAB en La Dorada para que se autorizaran, programaran y perfeccionaran los procedimientos prescritos al actor y el tratamiento integral para sus patolog\u00edas de \u00abconjuntivitis no especificada, artrosis erosiva y astigmatismo hipermetr\u00f3pico\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el actor present\u00f3 incidente de desacato respecto de dicho fallo, que en auto de 24 de abril de 2019 decidi\u00f3 archivarlo porque las accionadas demostraron el cumplimiento de sus \u00f3rdenes. Agreg\u00f3 que el actor tambi\u00e9n impuls\u00f3 las tutelas con radicados N\u00ba 2014-00120-01 y 2019-00129-00, pero ambos amparos se negaron por improcedentes. <\/p>\n
9. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales se\u00f1al\u00f3 que en la acci\u00f3n de tutela propuesta por el accionante contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y el \u00c1rea de Sanidad del Departamento de Tolima, radicada con N\u00ba 2018-00368-01, en sentencia de 30 de octubre de 2018, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado adoptada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de La Dorada, para, en su lugar, conceder el amparo y ordenarle a los accionados que adelantaran las gestiones del caso para que el actor fuese valorado \u00abpor las especialidades de otorrinonaringolog\u00eda, optometr\u00eda y odontolog\u00eda\u00bb, diligencias enviadas a la Corte Constitucional el 3 de diciembre de 2018. <\/p>\n
10. La Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, indic\u00f3 que ante esa Sala el actor ha impulsado m\u00e1s de catorce (14) acciones de tutela, y destac\u00f3 que en esa Corporaci\u00f3n no se han adelantado incidentes de desacato en primer grado ni en consulta. Asimismo, resalt\u00f3 que dentro de uno de los amparos se\u00f1alados, en sentencia de 20 de mayo de 2019 se \u00abconfirm\u00f3 parcialmente el fallo proferido el 19 de marzo de 2019 por el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada (Caldas), revocando la protecci\u00f3n otorgada al derecho a la salud del actor al considerar que a las accionadas no les asist\u00eda el deber de garantizar la atenci\u00f3n m\u00e9dica y, en cambio el actor deb\u00eda adelantar las gestiones necesarias para afiliarse al sistema general de salud\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, agreg\u00f3 que, recientemente, en fallo de tutela de 7 de febrero de 2022, en el radicado 2022-00025-00 propuesto contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y la Nueva EPS, neg\u00f3 el amparo reclamado reiter\u00e1ndole al actor que \u00abdeb\u00eda adelantar las gestiones necesarias para lograr su afiliaci\u00f3n al sistema general de salud\u00bb. <\/p>\n
11. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
1. Si bien, la Corte ha considerado improcedente una nueva revisi\u00f3n a las diligencias que se surten a prop\u00f3sito del incidente que se origina por el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (Ver CSJ. 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterado en STC12762-2021, STC 16684-2021, STC5402-2022 y, 11408-2022 entre muchos), tambi\u00e9n se ha establecido que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo cuando en la tramitaci\u00f3n del desacato se ha desconocido de manera flagrante el debido proceso de los intervinientes, <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia (\u2026) En este caso, el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso\u00bb (Ver CSJ. STC5619-2020, STC6817-2020, STC1518-2021, STC2446-2021, STC4724-2021, STC10540-2021, STC12762-2021, STC3807-2022 y, STC5402-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
As\u00ed, seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (Ver CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. En el presente asunto, el se\u00f1or por Jairo Enrique Acero reprocha la negativa de las autoridades judiciales accionadas de adelantar los m\u00faltiples \u00abincidentes de desacato\u00bb que promovi\u00f3 y a sancionar a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, pues considera que con esa postura se est\u00e1n \u00abrevocando\u00bb las \u00f3rdenes constitucionales que se profirieron en su favor. <\/p>\n
2.1 Fijado lo anterior, pronto se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada, pues si bien la censura se encuadra en una de las \u00abexcepciones\u00bb que la jurisprudencia constitucional ha previsto en cuanto a la procedencia de la tutela contra decisiones en asuntos de igual linaje, puesto que en este caso se trata de providencias proferidas con posterioridad a las sentencias y para lograr su acatamiento, lo cierto es que no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, requisito general que le impone a los interesados acudir a esta jurisdicci\u00f3n tempestivamente. <\/p>\n
2.2 En efecto, revisados los soportes allegados, se encuentra que los Juzgados aqu\u00ed involucrados \u2013con excepci\u00f3n del Juzgado Primero Administrativo de Manizales- negaron el impulso de los desacatos pretendidos por el actor hasta el a\u00f1o 2019 e, incluso, se constata que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, en auto de 9 de septiembre de 2019, revoc\u00f3 la sanci\u00f3n otrora propuesta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada -decisi\u00f3n que expresamente cuestion\u00f3 el actor-; no obstante, como se indic\u00f3, frente a esas providencias no se satisface el requisito de la oportunidad, ya que entre la \u00faltima determinaci\u00f3n mencionada y la interposici\u00f3n de este amparo -21 de noviembre de 2021- han transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os. <\/p>\n
T\u00e9rmino que supera con holgura el plazo de seis (6) meses establecido por esta Sala como suficiente para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, con el objeto de que aquella no pierda su raz\u00f3n de ser (Ver CSJ. STC. 14 septiembre 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC4535-2020, STC3457-2021, STC6331-2022, STC6747-2022 y STC9625-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
Por tanto, si el peticionario se demor\u00f3 en proponer este amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular en los tr\u00e1mites incidentales reprochados y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales, m\u00e1xime si no adujo razones para justificar su tardanza. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s de lo anterior, debe indicarse que de la queja constitucional tambi\u00e9n se concluye que el actor reprocha las actuaciones de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y de la Nueva EPS SA, toda vez que se han negado a prestarle los servicios de salud, a pesar de estar acreditada su p\u00e9rdida de la capacidad laboral y las m\u00faltiples patolog\u00edas que lo aquejan. <\/p>\n
3.1 Sobre lo anterior, la protecci\u00f3n propuesta tampoco sale avante, pues de acuerdo con los soportes aportados, se observa que el accionante, recientemente, formul\u00f3 un amparo en similares t\u00e9rminos que fue negado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, providencia confirmada en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en STP3368 de 22 de marzo de 2022. <\/p>\n
Se advierte que el citado Tribunal, en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n planteada por el actor, se\u00f1al\u00f3 que \u00e9ste trataba de \u00abdesconocer que en diferentes ocasiones se le ha explicado tanto por la autoridad administrativa como por varios Despachos judiciales que en la actualidad encuentra retirado de la Polic\u00eda Nacional y que ya cuenta con un acta expedida por la junta m\u00e9dico laboral N\u00b0 6668 del 04 agosto 2017 razones por las cuales, y hasta tanto judicial o administrativamente no se expida orden para el goce de asignaci\u00f3n de retiro con pensi\u00f3n o reintegro a la instituci\u00f3n la DISAN no est\u00e1 obligada a prestarle servicios de salud\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, resalt\u00f3 que igualmente al accionante se le hab\u00eda indicado en m\u00faltiples oportunidades en los tr\u00e1mites constitucionales impulsados, que \u00abpara obtener acceso a los servicios de salud deb\u00eda afiliarse al r\u00e9gimen contributivo o subsidiado\u00bb, y, que, adem\u00e1s, estaba probado que aqu\u00e9l se hab\u00eda afiliado a la Nueva EPS \u00aben el r\u00e9gimen contributivo\u00bb, pero ante la falta de pago de esa afiliaci\u00f3n se le hab\u00eda desvinculado. <\/p>\n
En cuanto a la aducida ausencia de capacidad econ\u00f3mica, determin\u00f3 el Tribunal que nada imped\u00eda que accediera \u00aba los servicios de salud a trav\u00e9s del r\u00e9gimen subsidiado que est\u00e1 dise\u00f1ado para satisfacer las necesidades de la poblaci\u00f3n econ\u00f3micamente vulnerable\u00bb. <\/p>\n
3.2 As\u00ed las cosas, los reclamos rese\u00f1ados, formulados contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional y la Nueva EPS SA, tampoco tienen vocaci\u00f3n de prosperidad porque ya fueron resueltos en el amparo que viene de citarse, por tanto, es evidente el fracaso de esta nueva acci\u00f3n de tutela, porque el accionante activ\u00f3 este mecanismo extraordinario para censurar una actuaci\u00f3n que previamente hab\u00eda puesto en conocimiento de esta jurisdicci\u00f3n extraordinaria, siendo aplicable, por tanto, lo reglado en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone: \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente, y como quiera que el solicitante demanda expresamente la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la salud, es del caso indicar que se encuentra acreditada su p\u00e9rdida de capacidad laboral, las enfermedades que padece y que, en la actualidad, est\u00e1 afiliado en el \u00abr\u00e9gimen subsidiado\u00bb a la Nueva EPS SA, como se constata de la consulta en el sistema Adres, donde se reporta lo siguiente: <\/p>\n
No obstante, como no hay prueba de que la citada EPS le hubiese negado al accionante la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico o las autorizaciones del caso para acudir con especialistas, s\u00f3lo se exhortar\u00e1 a dicha entidad para que previa solicitud del accionante, adelante todas las gestiones del caso, en aras de brindarle la atenci\u00f3n m\u00e9dica que requiera conforme a lo prescrito por su m\u00e9dico tratante. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Enrique Acero contrala Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, los Juzgados Primero Penal del Circuito, Primero Civil del Circuito, Segundo Civil del Circuito, Primero y Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y Primero y Segundo Promiscuos de Familia, todos de La Dorada y el Juzgado Primero Administrativo de Manizales, los Ministerios de Defensa, de Salud y Protecci\u00f3n Social y Justicia y del Derecho, la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, y la Nueva EPS SA. <\/p>\n
Exhortar a la Nueva EPS SA para que, previa solicitud del accionante, adelante las gestiones necesarias en aras de prestarle los servicios m\u00e9dicos que requiere conforme a lo prescrito por su m\u00e9dico tratante, teniendo en cuenta su afiliaci\u00f3n al sistema a trav\u00e9s del \u00abr\u00e9gimen subsidiado\u00bb. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12529-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12529-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03146-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jairo Enrique […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67264","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67264","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67264"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67264\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67264"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67264"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67264"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}