STC12542-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12542-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2022-00417-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga de 31 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Marcelino Angarita \u00c1ngel contra los Juzgados Tercero y Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, y, Tercero y Diecisiete Civil Municipal de Floridablanca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el hipotecario n\u00ba 2003-01009. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales a la igualdad, debido proceso, vivienda digna, \u00abpropiedad privada\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades convocadas en el curso del proceso coercitivo con garant\u00eda real seguido en su contra. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
Ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, la Corporaci\u00f3n Cafetera de Ahorro y Vivienda Concasa adelant\u00f3 hipotecario contra Marcelino Angarita \u00c1ngel, quien contest\u00f3 la demanda y present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito. Encontr\u00e1ndose el asunto en etapa probatoria, fue conocido por varios juzgados, correspondiendo finalmente al Diecisiete Civil Municipal de esa ciudad, quien avoc\u00f3 conocimiento. <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales correspondientes, se orden\u00f3 seguir adelante con el cobro compulsivo, y luego de aceptarse varias cesiones del cr\u00e9dito, la \u00faltima aprobada fue a favor de Mar\u00eda Viviana Mu\u00f1oz Quintero. <\/p>\n
Mediante auto del 21 de enero de 2013, el Juzgado de conocimiento en cumplimiento de una medida administrativa dispuso el env\u00edo del expediente al Juzgado Tercero Civil Municipal de Floridablanca, quien asumi\u00f3 el conocimiento el 24 de junio de ese a\u00f1o, providencia en la cual tambi\u00e9n orden\u00f3 el remate del inmueble materia de garant\u00eda, diligencia que tuvo lugar el d\u00eda 13 de agosto de 2013. <\/p>\n
Superado el tr\u00e1mite incidental, donde se objet\u00f3 el dictamen allegado por el experto y se cuestionaron todas y cada una de las decisiones adoptadas, en prove\u00eddo del 22 de febrero de 2022 se declar\u00f3 infundado el incidente y, en consecuencia, se actualiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a la fecha. As\u00ed mismo, en auto del 22 de marzo siguiente se aprob\u00f3 en todas sus partes la subasta y se dispuso registrar la adjudicaci\u00f3n en favor de la cesionaria. Finalmente, el 10 de junio pasado se comision\u00f3 la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble rematado y adjudicado. <\/p>\n
Inconforme con lo dispuesto, el actor acude al presente mecanismo excepcional, alegando que \u00abante la falta del HISTORICO DE PAGOS [y que] la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA no elabor\u00f3 el experticio de la Liquidaci\u00f3n de la Obligaci\u00f3n Hipotecaria\u00bb, la juez cognoscente no pod\u00eda resolver el incidente, incurriendo as\u00ed en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, dado que \u00abno se puede tener certeza de d\u00f3nde proceden los valores en los cuales se fundament\u00f3 la Se\u00f1ora Juez para elaborar la liquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y establecer cu\u00e1ntas cuotas pag\u00f3 (\u2026), lo que conlleva a que el saldo total de la obligaci\u00f3n capital m\u00e1s intereses del valor de $121.675.903,42, sea presunto\u00bb, lo que conlleva a que \u00abel TITULO EJECUTIVO NO SEA Claro, Expreso y Exigible\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, se\u00f1al\u00f3 que \u00abante la carencia de t\u00edtulo ejecutivo por no estar debidamente integrado por su falta de restructuraci\u00f3n (sic)\u00bb, todo lo actuado a partir del auto proferido el 22 de febrero de los corrientes, carece de validez. <\/p>\n
3. En tal virtud, solicit\u00f3, en lo fundamental, que se ordene al Juzgado Tercero Civil Municipal de Floridablanca \u00abse sirva proceder a DEJAR SIN EFECTOS JURIDICOS TODO LO ACTUADO dentro del proceso ejecutivo, radicado 68001-40030-17-2003- <\/p>\n
01009-00, a partir de la Providencia de Mandamiento de Pago de fecha 20 de septiembre de 2000, y TODO LO ACTUADO CON POSTERIORIDAD, hasta tanto el demandante agote el REQUISITO DE RESTRUCTURACI\u00d3N (sic) de la obligaci\u00f3n que es sine qua Non, para INICIAR LA DEMANDA COMPULSIVA contra el deudor de la obligaci\u00f3n en litigio dentro del precitado proceso\u00bb; y de manera subsidiaria, \u00abproceder a compulsar copias\u00bb para que se investigue a la titular del citado despacho judicial. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Floridablanca, luego de detallar las actuaciones desplegadas al interior del asunto revisado, solicit\u00f3 denegar el amparo, por cuanto las mismas \u00abse ajustan a los par\u00e1metros procesales pertinentes y no existe vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la persona jur\u00eddica accionante; de otra parte, la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en una instancia m\u00e1s para controvertir las decisiones con las que no est\u00e9n de acuerdo las partes o terceros, como lo es el presente caso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil Municipal de esa urbe solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, porque en ese despacho no se sigue proceso alguno donde el actor funja como parte procesal. <\/p>\n
3. La Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S. en liquidaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que el cr\u00e9dito a cargo del inconforme fue cedido en su momento a Armando Miguel Castellanos Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
4. El Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bucaramanga inform\u00f3, que el 21 de enero de 2013 perdi\u00f3 competencia sobre la ejecuci\u00f3n criticada, al haber sido devuelta a la sede judicial de origen, lo que le impide efectuar pronunciamiento frente a las quejas presentadas. <\/p>\n
5. El Juez Quinto Civil del Circuito de ese municipio pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda, tras se\u00f1alar que se atiene a lo decidido por ese despacho en segunda instancia frente a las determinaciones que han sido apeladas dentro del asunto endilgado. <\/p>\n
6. El director del Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma urbe, peticion\u00f3 negar la protecci\u00f3n reclamada \u00abpor falta de INMEDIATEZ, SUBSIDIARIEDAD y no agotar los recursos ordinarios al interior de la lid, o en su defecto desvincular a este estrado judicial, teniendo en cuenta que las actuaciones proferidas dentro del proceso se encuentran ajustadas a la normatividad vigente\u00bb. <\/p>\n
7. Finalmente, la curadora ad litem designada para garantizar los intereses de Carmen Dolores Garc\u00eda D\u00edaz y Armando Miguel Castellanos Hern\u00e1ndez, se opuso \u00aba todas y cada una de las pretensiones solicitadas en el escrito de la Acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo por incumplir con el presupuesto general de la subsidiariedad, luego de advertir que el actor no cuestion\u00f3 ninguna de las decisiones que ahora considera como vulneradoras de sus garant\u00edas esenciales. As\u00ed mismo se\u00f1al\u00f3, respecto a las pretensiones enfiladas a la compulsa de copias contra la juez cognoscente de la ejecuci\u00f3n criticada, que \u00abesa gesti\u00f3n la puede adelantar directamente el gestor, a trav\u00e9s de denuncias y quejas disciplinarias\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la Juez Tercera Civil Municipal de Floridablanca incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el hipotecario promovido en contra del gestor del amparo (n.\u00ba 2003-01009), al resolver el incidente de excepci\u00f3n de pago por \u00e9ste formulado, aprobar la liquidaci\u00f3n actualizada del cr\u00e9dito, y, ordenar la entrega del inmueble rematado y adjudicado. <\/p>\n
2. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, \u00e9sta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido: \u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, reiterada, entre otras, en CSJ STC6149-2022, 19 may. 2022, rad. 00078-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el pretensor no ejerci\u00f3 ning\u00fan medio de defensa (iii) frente al prove\u00eddo del pasado 10 de junio a trav\u00e9s de la cual se comision\u00f3 la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega del inmueble, ni (iv) frente al auto de la misma data que le neg\u00f3 la \u00absolicitud de darle cumplimiento al art\u00edculo 43 de la Ley 546 de 1996, esto es, la excepci\u00f3n de pago planteada\u00bb, pese a las inconformidades que arguye en esta sede excepcional, en relaci\u00f3n con lo all\u00ed dispuesto. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. En consecuencia, las prenotadas omisiones en el uso de los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por el recurrente, pues, se itera, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente del interesado, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
4.1. No habr\u00e1 lugar a acceder a la solicitud del accionante relacionada con la compulsa de copias para que se investigue el comportamiento de la Juez Tercera Civil Municipal de Floridablanca, pues sobre el punto, el criterio de esta Corte ha sido de tiempo atr\u00e1s, que si el interesado \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01). <\/p>\n
4.2. Por \u00faltimo, en lo ata\u00f1edero al reproche elevado por el libelista respecto al desconocimiento de la decisi\u00f3n zanjada favorablemente por esta Sala de Decisi\u00f3n en sentencia STC5248-2021, en un reclamo constitucional, se pone de presente que por tratarse de una determinaci\u00f3n emitida en sede de tutela, \u00e9sta tiene efectos inter partes, por tanto, lo all\u00ed dispuesto no se extiende a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Nunca los efectos de la decisi\u00f3n de tutela son erga omnes; en todos los casos, aun en aquellos en que la decisi\u00f3n de tutela rebasa los efectos estrictamente inter partes del proceso, \u00e9ste se traba entre una persona o personas que denuncian la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, y otra u otras a quien o quienes se imputa dicha violaci\u00f3n. Por ello el examen del juez de tutela no puede prescindir del estudio relativo a si la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de la persona o personas concretamente demandadas conduce a la violaci\u00f3n de derechos fundamentales del o los demandantes. Es decir, los efectos de la decisi\u00f3n primeramente se producen siempre entre las partes del proceso, sin perjuicio de que, en eventos especial\u00edsimos, como los que se acaban de comentar, puedan extenderse a terceras personas en virtud de las figuras de efectos inter pares o inter comunis. Nunca, se repite, tales efectos son erga omnes. En consecuencia, no es posible al juez de tutela verificar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales en abstracto, a fin de proferir una decisi\u00f3n erga omnes o de car\u00e1cter general (\u2026)\u201d(CSJ STC3853-2021, 15 abr. 2021, rad. 00113-01, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, en tanto el resguardo invocado no alcanza a superar el esencial requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12542-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12542-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2022-00417-01 (Aprobado en Sala de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67273","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67273"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67273\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}