STC12544-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC12544-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00212-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintiuno de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 11 de agosto de 2022, con la cual se deneg\u00f3 el amparo reclamado por Javier Arias contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado accionado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 2016-00508-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que act\u00faa dentro de la acci\u00f3n popular referida, en la cual la autoridad cuestionada no ha proferido auto fijando y liquidando las agencias en derecho a su favor. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que la accionada no le comparte el enlace del expediente digital del proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se le ordene al juzgado para que en el \u00abtermino de 24 horas (\u2026) RESUELVA y profiera auto fijando y liquidando agencias en derecho y (\u2026) comparta el link de la acci\u00f3n popular completo\u00bb. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 que se le imponga compartir todos los enlaces de las acciones populares que actualmente se tramitan al interior de ese despacho. Y, por \u00faltimo, pidi\u00f3 que \u00abse solicite y ordene a la tutelada consigne cuanto tarda en promedio una acci\u00f3n popular para tener fallo en ese despacho y as\u00ed probar la presunta mora judicial\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira inform\u00f3 que en ese proceso se \u00abest\u00e1 pendiente de dar tr\u00e1mite a un recurso de reposici\u00f3n y a unas peticiones, lo que no ha sido posible realizarse por el c\u00famulo de trabajo que existe actualmente en la secretar\u00eda del despacho y la constante falla en la conectividad lo que ha retrasado el trabajo\u00bb2. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que \u00ab(\u2026) el accionante no ha presentado (\u2026) ninguna solicitud, queja o reclamo a fin con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional (\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Medell\u00edn manifest\u00f3 que se opone a la prosperidad de esta acci\u00f3n, pues \u00absi bien es cierto que el distrito de Medell\u00edn no es parte dentro de la acci\u00f3n popular, considera que las actuaciones realizadas por el despacho judicial se han apegado a la ley y la constituci\u00f3n\u00bb4. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 el amparo solicitado. Sobre las agencias en derecho sostuvo que, estas \u00abya est\u00e1n fijadas, y si bien no se han liquidado las costas procesales, ello obedece a que la sentencia de primera instancia a\u00fan no est\u00e1 ejecutoriada, tal y como fue objeto de decisi\u00f3n al interior del proceso, situaci\u00f3n que a la fecha de esta tutela se mantiene (\u2026)\u00bb. Adem\u00e1s, en torno a la pretensi\u00f3n de que se remita el enlace del expediente digital indic\u00f3 que \u00abno se evidencia solicitud reciente sobre el particular por parte del tutelante\u00bb5. <\/p>\n
IV. LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. Por una parte, la impuls\u00f3 el promotor quien solicit\u00f3 que se \u00abaclare en derecho si UN SIMPLE COADYUVANTE PUEDE APELAR, PESE A NO SER PARTE (\u2026) Adem\u00e1s de ello, nada se ordena a la tutelada a fin de que comparta el link\u00bb. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que se \u00abampare mi acci\u00f3n, amparado STC11309-2020\u00bb. Por \u00faltimo, requiri\u00f3 que se le \u00abinforme por que el impedimento del ciudadano magistrado (\u2026) se resuelve inmediatamente y en mis acciones populares se declara el impedimento a los 6 0 7 meses\u00bb6. <\/p>\n
2. Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez -vinculado al proceso- tambi\u00e9n alleg\u00f3 escrito donde expres\u00f3: \u00abAPELO\u00bb7. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Temprano se advierte la improcedencia del amparo constitucional deprecado. Y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a que el ruego deviene prematuro. En efecto, escrutado el material probatorio, se observa que la autoridad cuestionada -con sentencia del 26 de julio de 20218- fij\u00f3 las agencias en derecho en favor del accionante y coadyuvantes del proceso. Sin embargo, uno de esos terceros y la accionada -en ese tr\u00e1mite- presentaron recurso de apelaci\u00f3n9, el cual, a\u00fan est\u00e1 pendiente de ser resuelto por el Tribunal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo el proceso cuestionado se encuentra en curso, espec\u00edficamente, est\u00e1 pendiente de que se resuelva el recurso de apelaci\u00f3n planteado. En este sentido, resulta menester se\u00f1alar que al no existir un pronunciamiento de fondo en el sub judice no puede aducirse la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, lo que da cuenta de las herramientas procesales con que aun cuenta el gestor para ejercer su defensa. <\/p>\n
De este modo, el reclamante no puede aspirar a que, por esta senda excepcional, el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa; pues, admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes. <\/p>\n
3. De cara a la presunta mora en que ha incurrido la autoridad cuestionada al liquidar las agencias en derecho, se advierte que esta circunstancia se debe a que a\u00fan est\u00e1 pendiente de ser resuelto el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, por lo que no es dable a juez liquidarlas sin conocer el devenir del proceso. Corolario de lo anterior, se le pone de presente al actor que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez. Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha expresado que: <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe algunas de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada. (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 de febrero de 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya)10. Por supuesto, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que la autoridad atacada no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrato, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
4. Finalmente, en torno a la pretensi\u00f3n de ordenar al juzgado que remita el enlace de la acci\u00f3n popular en cuesti\u00f3n, se evidencia que el motivo de descontento expresado se extingui\u00f3 durante el curso de esta impugnaci\u00f3n. Ello pues, la autoridad cuestionada resolvi\u00f3 lo pretendido sobre este punto11 y, por tanto, es dable declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Referente a esta figura, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que la tutela carece de objeto \u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constituida desconocimiento de este, por lo que como \u201cse pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo\u201d\u00bb12. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c02Tutela.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c10Contestacio\u0300nProcuraduri\u0300a.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c12Contestacio\u0301nAlcaldi\u0301aDeMedelli\u0301n.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c21fallo.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c24Impugnacio\u0301nAccionante.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c25Impugnacio\u0301nSebastia\u0301nRami\u0301rez.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c44Auto.pdf\u201d del expediente de la acci\u00f3n popular de rad. 2016-00508-00. <\/p>\n
9\u0002 Archivo \u201c48Auto.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n
10\u0002 CSJ STC abril 29 de 2011, rad. 00094-01; reiterado, entre otros, en STC6772-2019, 30 de mayo de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021, rad. 2021-0030-01. <\/p>\n
11\u0002 Archivo \u201c63ConstanciaEnlace.pdf\u201d del expediente de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
12\u0002 CSJ STC 21 de junio de 2012, rad. 00121-01; citada en CSJ STC2539-2016, 2 de marzo de 2016, rad. 2016-00355-00 y STC9981-2022, 3 de agosto de 2022, rad. 2022-00423-01. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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