STC12551-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12551-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03142-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Dirime la Corte la tutela que la Sociedad Urue\u00f1a Zuccardi S.A.S. le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad; extensiva al Edificio Uransa 1 Propiedad Horizontal y dem\u00e1s involucrados en el coercitivo n\u00ba 2021-00326-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad de las partes ante la ley y a la propiedad privada\u00bb, para que se dejaran sin efecto \u00ablas sentencias calendadas del 4 de mayo de 2022, la cual fuera proferida por el Juzgado Primero (1) Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y la sentencia calendada del 28 de julio de 2022, la cual fuera proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Civil de Decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En respaldo, adujo que adquiri\u00f3 el local comercial ubicado en la Avenida Calle 28 n\u00ba 21-19 y Carrera 22 n\u00ba 27 \u2013 44 del Edificio Uransa 1 P.H., el cual fue sometido a r\u00e9gimen de Propiedad Horizontal de conformidad con la Ley 182 de 1948 (E.P. 191, 13 feb. 1982), y aun cuando esa normatividad \u00ab(\u2026) no contemplaba la figura de Copropiedades mixtas, al momento de la constituci\u00f3n de dicho reglamento se establecieron dos m\u00f3dulos de contribuci\u00f3n uno para el local comercial y otro para el \u00e1rea residencial, el cual est\u00e1 compuesto por 24 aparta estudios, dichas normas fueron plasmadas en el art\u00edculo 10 y 11 del reglamento de propiedad horizontal\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el \u00abreglamento recoge plenamente el alcance del art\u00edculo 31 de la ley 675 de 2001, ya que, de acuerdo con la norma vigente para la constituci\u00f3n del reglamento de Propiedad Horizontal, los coeficientes fueron calculados, teniendo en cuenta la localizaci\u00f3n del local comercial\u00bb; adem\u00e1s, que en \u00e9l se crearon el \u00abSector 1: \u201cConjunto del local\u201d, donde dichos gastos se distribuyen \u00fanicamente en las necesidades del local, mantenimiento de servicios de ese sector en particular [y el] Sector 2: \u201cConjunto de los apartamentos\u201d donde los gastos de ese sector, se distribuyen exclusivamente entre los apartamentos\u00bb por lo que, en su opini\u00f3n, \u00abal local comercial solo le correspond\u00eda contribuir para las expensas comunes de los gastos del local y el mantenimiento de servicios de ese sector\u00bb; no obstante, \u00abla administraci\u00f3n del Edificio URANSA actu\u00f3 de manera arbitraria al calcular las cuotas de administraci\u00f3n teniendo en cuenta \u00fanicamente el coeficiente de copropiedad del local y desconociendo por completo, no solo el reglamento de propiedad horizontal en su art\u00edculo 10, en lo que respecta a la tabla dos (2) de los coeficientes, sino a la misma ley 675 de 2001\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago en el coercitivo que el Edificio Uransa 1 P.H. inco\u00f3 en su contra (n\u00ba 2021-00326), \u00abpor las cuotas de administraci\u00f3n correspondientes a los meses de febrero a diciembre de 2018, cuotas de enero a diciembre de 2019 y cuotas de enero a noviembre de 2020 m\u00e1s los intereses moratorios de las mismas\u00bb (25 sep. 2021), luego orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (4 may. 2022), decisi\u00f3n que apel\u00f3 y el superior convalid\u00f3 y modific\u00f3, as\u00ed: <\/p>\n
PRIMERO- (\u2026) En consecuencia, su numeral 2\u00b0 quedar\u00e1 as\u00ed: \u201cSEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCI\u00d3N por las siguientes sumas de dinero: a) $26\u2019367.700,oo, por concepto de cuotas de administraci\u00f3n causadas desde el mes de febrero a diciembre de 2018, cuya mensualidad asciende a $2\u2019397.000,oo; b) $32\u2019357.268,oo, por las cuotas de administraci\u00f3n causadas de enero a diciembre de 2019, cuya mensualidad asciende a $2\u2019696.439,oo; y $29\u2019822.615,3 correspondiente a las expensas comunes causadas a partir de enero a noviembre de 2020, cuya mensualidad de enero a octubre asciende a $2\u2019696.439,oo y noviembre a $2\u2019858.225,34, junto a los intereses moratorios generados a partir de la fecha de exigibilidad de uno de los instalamentos descritos en precedencia y hasta la fecha de su soluci\u00f3n efectiva, calculados a la tasa m\u00e1xima permitida por la ley. (28 jul. 2022). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el fallo de primera instancia transgrede sus prerrogativas, \u00abtoda vez que el t\u00edtulo valor no cumpl\u00eda con el lleno de los requisitos legales por cuanto nunca fue claro, expreso, ni exigible a la sociedad, y la certificaci\u00f3n de deuda arrimada por la parte demandante no correspond\u00eda en absoluto a las expensas comunes a cargo del local comercial, vulner\u00e1ndose de esta manera el derecho al debido proceso\u00bb; y en el de segunda, el Colegiado criticado \u00ab[incurri\u00f3] en los mismos yerros del juzgado de primera instancia, haciendo una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y dando indebida aplicaci\u00f3n de la ley 675 de 2001, adem\u00e1s de desconocer de manera abierta el reglamento de propiedad horizontal vigente hoy en d\u00eda para el EDIFICIO URANSA I PH, para el local comercial y por ende para [su] representada\u00bb. <\/p>\n
Acus\u00f3 a tales juzgadores de \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb y de incurrir en las siguientes v\u00edas de hecho: <\/p>\n
(i)- \u00abDefecto sustantivo\u00bb ya que \u00abel juzgado primero (1) Civil del Circuito de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en claros defectos sustantivos al interpretar y aplicar err\u00f3neamente el Reglamento de Propiedad Horizontal constituido mediante escritura p\u00fablica No 0191 de 1982 y no dar aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 26, 27 y 31 de la ley 675 de 2001\u00bb; adem\u00e1s, por indebida aplicaci\u00f3n de las normas del Reglamento de Propiedad Horizontal del Edificio Uransa y la ley 675 de 2001, por cuanto, no hicieron \u00abun an\u00e1lisis de todas y cada una de las pruebas practicadas en el proceso adem\u00e1s de las normas aplicables en la materia pero con especificad de un caso en particular y proferir un fallo en justicia de conformidad con la misma sin cercenar el derecho al debido proceso que le asist\u00eda a la Sociedad accionante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, atentaron \u00abcontra los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, porque el sentenciador de primera instancia profiere una sentencia pese a no contar con un t\u00edtulo ejecutivo contentivo de obligaciones claras, expresas y exigibles\u00bb, m\u00e1xime, cuando \u00ablos valores arrimados por la administradora no correspond\u00edan, ni a las actas de la asamblea, ni a las cuentas de cobro y mucho menos a los valores aprobados por la asamblea en el presupuesto anual de la copropiedad, raz\u00f3n por la cual ni si quiera era concebible que se pudiera tener certeza sobre el valor de las obligaciones a [su] cargo (\u2026)\u00bb; <\/p>\n
ii)- \u00abDefecto Procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb, dado que \u00ab[sacrificaron] la eficacia del reglamento de propiedad horizontal por imponer una interpretaci\u00f3n restrictiva de la ley 675 de 2001\u00bb, puesto que procedieron a \u00abinterpretar y aplicar con excesivo rigorismo la ley 675 de 2001 en lo que respecta a los art\u00edculos 48 y 86, pero realizar un profundo an\u00e1lisis y valoraci\u00f3n del reglamento de propiedad Horizontal a la luz de los art\u00edculos 26, 27 y 31 de la misma ley, ya que de haberlo hecho se habr\u00eda obtenido un fallo ajustado a la realidad sustancial y a la realidad material entre las partes\u00bb; y, en su criterio \u00abtomaron el camino m\u00e1s simple (\u2026) y sin mayor explicaci\u00f3n procedieron a dar aplicaci\u00f3n directa, los art\u00edculos 48 y 86 de la ley 675 de 2001 sin mayores reparos\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, destac\u00f3 que \u00absoslaya[ron] la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 48 de la ley 675 de 2001, en virtud del cual bastaba solo la certificaci\u00f3n de deuda expedida por la administraci\u00f3n para obligar a la Sociedad a pagar dichos valores aunque estos no estuvieran debidamente justificados en el presupuesto anual, ha de destacarse que el rubro m\u00e1s alto que tiene la copropiedad es el de seguridad, servicio del que la sociedad nunca se ha beneficiado, ya que por tener entrada independiente del edifico de los aparta estudios no se le presta dicho servicio\u00bb; aunado al hecho que \u00ab[se] priv\u00f3 de eficacia al Reglamento de propiedad Horizontal vigente el cual estable en sus art\u00edculos 10 y 11 los m\u00f3dulos de contribuci\u00f3n para cada uno de los sectores existentes en el edificio, de otra parte ha de se\u00f1alarse que los mismos est\u00e1n acordes a la ley 675 de 2001, puesto que al momento de crearse el mismo se tuvo en cuenta su ubicaci\u00f3n, caracter\u00edsticas y determinaci\u00f3n\u00bb; y, <\/p>\n
iii) Que el Juez Primero Civil del \u00abincurri\u00f3 en un error, pues viol\u00f3 de manera directa el art\u00edculo 58 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica de Colombia, el cual se\u00f1ala: \u201cSe garantizan la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicaci\u00f3n de una ley expedida por motivos de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el inter\u00e9s privado deber\u00e1 ceder al inter\u00e9s p\u00fablico o social\u00bb, al paso que el Tribunal, con \u00abargumentos formalistas\u00bb manifest\u00f3: \u00ab\u201cque en virtud del art\u00edculo 48 de la ley 675 de 2001, la certificaci\u00f3n de deuda no requer\u00eda mayores formalidades y por lo tanto estaba obligada a pagar\u201d, [los cuales] no son de recibo para el caso en particular, toda vez que al aplicar con tal ritualidad dicha norma se estaba violando derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 la providencia combatida y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa urbe expuso que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, pues el hecho de no estar de acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada, ello signifique de alguna manera que [esa] judicatura hubiese vulnerado sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
El Edificio Uransa 1 Propiedad Horizontal se opuso a la demanda superlativa, porque \u00aben las dos instancias se analiz\u00f3 la legalidad de la certificaci\u00f3n de la duda (sic) expedida por la administraci\u00f3n la cual fungi\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo [y] el demandado interpuso excepci\u00f3n que atacaba el t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se advierte que pese a que la queja se dirige tambi\u00e9n contra el veredicto expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (4 may. 2022), esta Corporaci\u00f3n analizar\u00e1 \u00fanicamente el del ad quem (28 jul. 2022), por ser el que defini\u00f3 el asunto controvertido. <\/p>\n
2.- Confrontado el libelo genitor con la prueba recaudada, se anuncia el fracaso del amparo, por los motivos que enseguida se exponen. <\/p>\n
1.1.- Se avizora que la sentencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 -28 jul. 2022- no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y el precedente depurado sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 razonadamente las evidencias obrantes en el litigio de cara a la existencia del t\u00edtulo ejecutivo y las f\u00f3rmulas exceptivas propuestas. <\/p>\n
En efecto, los anhelos de la censora fueron desestimados en el escenario natural por la Magistratura confutada, quien, en primer lugar, circunscribi\u00f3 su an\u00e1lisis a \u00ablos motivos de desacuerdo demarcados por la parte opugnadora, acatando los lineamientos de los c\u00e1nones 320 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y, en ese sentido, acot\u00f3 que a pesar de que el reglamento de Copropiedad se dio en vigor de la Ley 182 de 1948, la gobernabilidad de la Ley 675 de 2001 era indiscutible, al tenor de lo consagrado en el art\u00edculo 86,3 que hace alusi\u00f3n al cobro judicial de obligaciones econ\u00f3micas nacidas en el marco de la propiedad horizontal, puesto que sus disposiciones se entienden incorporadas a los estatutos de la ejecutante por mandato legal. <\/p>\n
Bajo tales premisas y citando apartes de la providencia C-929\/07 de la Corte Constitucional, en la que se examin\u00f3 el art\u00edculo 48 de la Ley 675 de 2001, coligi\u00f3 frente al t\u00edtulo base de recaudo que, <\/p>\n
(\u2026) el funcionario de cognici\u00f3n anduvo desatinado al sostener que el documento b\u00e1culo de ejecuci\u00f3n estaba compuesto por la copia del acta de la sesi\u00f3n asamblearia junto al certificado de deuda expedido por quien gerencia la copropiedad, desacierto por el que tambi\u00e9n transita el argumento con el cual el impugnante pretendi\u00f3 demeritar la \u201ccertificaci\u00f3n de la Administradora\u201d, porque \u201c(…) no indica los par\u00e1metros que tuvo en cuenta para calcular el valor de la cuota de administraci\u00f3n mensual de los per\u00edodos de 2018, 2019 y 2020 exigidos\u201d, dado que, a voces de la citada jurisprudencia, en esta clase de asuntos, el pliego coercitivo solamente se constituye con la constancia de la obligaci\u00f3n emitida por el regente del condominio, \u201csin ning\u00fan requisito ni procedimiento adicional\u201d, criterio que, de suyo, descarta la juridicidad del acta de asamblea como requisito para conformar el t\u00edtulo ejecutivo, as\u00ed como el requerimiento echado de menos por el inconforme. <\/p>\n
Clarificado lo anterior, es del caso recordar que el juicio compulsivo, in genere, tiene como caracter\u00edstica elemental, la certeza y determinaci\u00f3n del derecho sustancial pretendido, por lo que desde su preludio, es necesaria la presencia de un documento proveniente del deudor o de sus causabientes, de cuyo contenido emane una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, evento en el cual deber\u00e1 allegarse t\u00edtulo ejecutivo que re\u00fana las exigencias del art\u00edculo 422 del C. G. del P. y del canon 48 de la Ley 675 de 2001, para asuntos del linaje aqu\u00ed debatido; formalidades que, sin dificultad, se avistan reunidas en este proceso con la certificaci\u00f3n expedida por la gestora de la convocante, militante en el PDF \u201c006EstadoCuenta\u201d del expediente escaneado, pues \u00e9sta contiene la descripci\u00f3n de las expensas comunes no solucionadas, el monto determinado de cada mensualidad, su fecha de vencimiento, los r\u00e9ditos moratorios causados debido a su impago y la tasa aplicada; escenario comprobatorio que, ciertamente, viabiliza el presente cobro coactivo, sin perjuicio de los tres medios exceptivos formulados por la ejecutada, dirigidos a enervar la eficacia coercitiva del compulsivo de marras (\u2026). <\/p>\n
Luego, en punto de los medios defensivos formulados por Urue\u00f1a Zuccardi S.A.S., denominados \u00abFalta de cumplimiento de la condici\u00f3n pactada en el Acuerdo Conciliatorio\u00bb e \u00abInexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb y sus reproches contra el fallo de primer grado, enfocados a debatir el reglamento de propiedad horizontal, apostill\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 4. Para empezar, debe apuntalarse que no son de recibo las refutaciones encaminadas a cuestionar el reglamento de propiedad horizontal, las actas de asambleas y aquellas decisiones que deben adoptarse en el seno de dicho \u00f3rgano, ya que este no es el sendero procesal para dicho cometido, y mientras no sean invalidados por la autoridad competente, se presume su legalidad y tienen plena eficacia, pues, a voces de la Corte Suprema de Justicia, \u201c[l]a presunci\u00f3n de la validez y eficacia del acto jur\u00eddico ampara y favorece a quienes en \u00e9l han intervenido como partes, (\u2026). Quiere decir esto que para anular o desvirtuar un acto de esa naturaleza, es preciso que quien lo impugna destruya esa presunci\u00f3n, lo cual no puede verificarse sino aduciendo la prueba plena del caso, que demuestre o los vicios internos del acto o la falta de las solemnidades o formalidades requeridas (…)\u201d. <\/p>\n
5. Con todo, para dar respuesta puntual a los concretos rebatimientos propuestos por la sociedad apelante, en lo concerniente a la excepci\u00f3n denominada \u201cFalta de cumplimiento de la condici\u00f3n pactada en el Acuerdo Conciliatorio\u201d, respaldada en que los sujetos de este juicio, ante el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u201c(…) pactaron que a partir de enero de 2017, el local comercial pagar\u00eda las cuotas de administraci\u00f3n, una vez establecidos, en el reglamento de propiedad horizontal, los par\u00e1metros que permitan cuantificar el monto, conforme a los m\u00f3dulos de contribuci\u00f3n previstos en la Ley 675 de 2001\u201d, es menester apuntalar que, a tono con el acta de avenencia levantada por el estrado judicial en comento, \u00fanicamente se aprob\u00f3 el arreglo consistente en que \u201cla sociedad URUE\u00d1A ZUCCARDI Y CIA EN C se obliga a cancelar a favor del EDIFICIO URANSA I P.H. la suma de (…) $60\u2019000.000,oo (…)\u201d, sin que aparezca atestado el condicionamiento alegado por el extremo convocado, dado que el \u00fanico compromiso que se avista asumido por la copropiedad en el referido acto judicial fue el de \u201cadelantar los tr\u00e1mites a que haya lugar con el fin de convocar a asamblea de copropietarios para llevar a cabo la modificaci\u00f3n del reglamento de propiedad horizontal\u201d; panorama evidencial que da al traste con el embate formulado por el recurrente en esta contienda judicial. <\/p>\n
6. En cuanto a la defensa de \u201cInexistencia de la obligaci\u00f3n\u201d, cimentada en que, conforme a lo estipulado en los art\u00edculos d\u00e9cimo y d\u00e9cimo primero del reglamento, la pasiva no est\u00e1 obligada a sufragar las cuotas de administraci\u00f3n, basta con precisar que -al margen de la obligatoriedad emanada del art\u00edculo 29 de la Ley 675 de 2001- de la lectura del rese\u00f1ado clausulado no se encuentra convenida ninguna exceptuaci\u00f3n de pago de expensas comunes en favor de la conminada. A contrario sensu, se aprecia acordado que \u201c[t]odos los propietarios de los departamentos del edificio, por el solo hecho de serlo, usaren o no lo bienes comunes, quedan expresamente obligados al pago de las expensas comunes, en la proporci\u00f3n establecida, sin perjuicio de las excepciones expresamente se\u00f1aladas en el presente estatuto\u201d; debi\u00e9ndose reiterar que en ninguno de los apartes indicados por el demandado, ni en otro ac\u00e1pite del compendio regulatorio aqu\u00ed analizado se avista el eximente invocado, lo que, de contera, marca la improsperidad del aludido medio de enervaci\u00f3n. (Subraya la Sala). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, en lo atinente a la excepci\u00f3n de \u00abFalta de t\u00edtulo ejecutivo\u00bb para la que la apelante refut\u00f3 los valores relacionados en el certificado acompa\u00f1ado con la demanda, porque en su criterio, este no refleja la realidad inmersa en las actas de asambleas ordinarias, precis\u00f3: <\/p>\n
7.1. En primer lugar, al estar corroborado que el certificado base de la ejecuci\u00f3n cumple con las exigencias del canon 48 de la Ley 675 de 2001 y adem\u00e1s contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, dado que aparecen plena y literalmente identificadas las mensualidades debidas, la fecha de exigibilidad de cada una, el concepto de la prestaci\u00f3n cobrada, su valor, la liquidaci\u00f3n de los intereses moratorios causados y la tasa reditual utilizada, como en p\u00e1rrafos preliminares se dej\u00f3 anotado, tal acaecer demostrativo cierra la puerta al \u00e9xito del reparo elevado en torno a la inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo, ya que, en puridad, documento coercitivo s\u00ed milita en el legajo, y, en esa medida, la exacci\u00f3n aqu\u00ed adelantada se abre paso. <\/p>\n
7.2. Sin embargo, considerando los montos descritos en el estado de cuenta soporte de esta demanda, a t\u00edtulo de cuotas de administraci\u00f3n de los a\u00f1os 2018, 2019 y 2020, cuyos valores mensuales ascienden a $3\u2019455.000,oo, $3\u2019662,000,oo, $3\u2019882.000,oo, y al ser \u00e9stos contrastados con las cifras anotadas por dicho concepto en los comprobantes recaudatorios N\u00b0 601\/2018, 632\/2019, 793\/2020, expedidas para estas anualidades, as\u00ed como con los valores aprobados en las actas de asambleas N\u00b0 51 de 2018, 52 de 2019, y 53 de 2020, siendo estos, $2\u2019397.000,oo, $2\u2019696.439,oo, y $2\u2019858.225,34 -a partir del mes de noviembre de 2020-, ciertamente le asiste raz\u00f3n al opugnante en torno a que los importes descritos en el certificado de deuda no acompasan con ninguno de los montos referidos en las cuentas de cobro ni en las actas asamblearias de las glosadas anualidades; circunstancia que, bajo el acopio de los razonamientos esgrimidos en p\u00e1rrafos precedentes, si bien resulta exigua para pregonar la inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo o su falta de claridad -como lo propuso la pasiva en el recurso interpuesto-, dando aplicaci\u00f3n a las previsiones del art\u00edculo 430 del C. G. del P., referentes a ordenar \u201cal demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, (\u2026) o en la que [el juez] considere legal\u201d, el Tribunal colige que lo procedente en el sub judice es ajustar las cantidades dinerarias reclamadas, debi\u00e9ndose tomar como referencia los valores aprobados por el m\u00e1ximo \u00f3rgano gerencial de la demandante, los cuales, valga destacar, se extraen de la aplicaci\u00f3n del procedimiento contemplado en la cl\u00e1usula d\u00e9cima primera del reglamento de propiedad horizontal, esto es, el producto resultante del porcentaje del presupuesto anual aprobado en relaci\u00f3n con el coeficiente de copropiedad de la demandada. <\/p>\n
As\u00ed pues, resolvi\u00f3 modificar \u00ab\u00fanicamente el numeral 2\u00b0 de la sentencia de primer grado en el sentido de ordenar la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n\u00bb por las siguientes cifras: <\/p>\n
a) $26\u2019367.700,oo, a t\u00edtulo de cuotas de administraci\u00f3n causadas desde el mes de febrero a diciembre de 2018, cuya mensualidad asciende a $2\u2019397.000,oo; b) $32\u2019357.268,oo, por las cuotas de administraci\u00f3n causadas desde enero a diciembre de 2019, cuya mensualidad asciende a $2\u2019696.439,oo, y $29\u2019822.615,3 correspondiente a las cuotas de administraci\u00f3n causadas a partir de enero a noviembre de 2020, cuya mensualidad de enero a octubre asciende a $2\u2019696.439,oo y el mes de noviembre a $2\u2019858.225,34; junto a los intereses moratorios generados a partir de la fecha de exigibilidad de cada uno de los instalamentos descritos anteladamente y hasta su fecha de soluci\u00f3n efectiva, calculados a la tasa m\u00e1xima permitida por la ley. Las dem\u00e1s disposiciones de mantendr\u00e1n indemnes. <\/p>\n
1.2.- Que la precursora disienta de las anteriores elucubraciones porque, en su sentir, las pruebas no se estudiaron de forma correcta y contienen \u00abindebidas valoraciones y apreciaciones del material probatorio\u00bb no es \u00abargumento\u00bb que abra paso a la injerencia supralegal implorada, ya que como se ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC419-2021 y STC13152-2021). <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, no se conceder\u00e1 el socorro implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por la Sociedad Urue\u00f1a Zuccardi S.A.S. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12551-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC12551-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03142-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Dirime la Corte la tutela que la Sociedad Urue\u00f1a Zuccardi S.A.S. le instaur\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67281","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67281"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67281\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}