STC12556-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12556-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01665-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Trinidad Ruiz Ruiz contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n y Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo n.\u00ba 2012-01513. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante, por conducto de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, \u00aba la primac\u00eda de la realidad sobre las formas, a la seguridad jur\u00eddica\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcadas por las autoridades acusadas, al decretar la terminaci\u00f3n del asunto en aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente amparo, los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Que Trinidad Ruiz Ruiz instaur\u00f3 recaudo en contra de Eusebio Marcelo Ch\u00eda Uculmana, tr\u00e1mite identificado con el radicado n.\u00ba 2012-01513, en el que, agotadas las etapas de rigor, mediante providencia de 27 de octubre de 2015, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Concluida la fase de conocimiento, el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias a los jueces de ejecuci\u00f3n con categor\u00eda municipal, correspondiendo al Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esta urbe. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Que la c\u00e9lula judicial anotada, mediante prove\u00eddo de 22 de septiembre de 2021, dispuso la culminaci\u00f3n de la causa por evidenciar una inactividad superior a dos a\u00f1os, obviando, en sentir de la gestora, las cautelas decretadas y practicadas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por no avenirse a sus intereses, fue interpuesto recurso de apelaci\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n, correspondiendo al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta capital, quien, mediante auto de fecha 26 de julio de 2022, confirm\u00f3 lo decido en primer grado. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo constitucional se \u00abDecla[re] que las providencias expedidas por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, el d\u00eda 28 de julio de 2022, en el Estado No. 64 de fecha 29 de julio de 2022 y notificada el d\u00eda 1\u00ba de agosto de 2022, seg\u00fan comunicaciones del mismo Juzgado, que se anexan, que confirm\u00f3 el auto de fecha 22 de septiembre de 2021 y declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del Proceso Ejecutivo, por desistimiento t\u00e1cito, proferida por el Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, violo los derechos fundamentales al Debido Proceso, Derecho a la Igualdad, Primac\u00eda de la Realidad sobre las Formas, Derecho al Acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia y Derecho a la Seguridad Jur\u00eddica\u00bb. Y, de manera consecuencial: \u00abse disponga continuar con el tr\u00e1mite procesal correspondiente, ya sea decretando la nulidad constitucional de los autos citados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, indic\u00f3: \u00abrespecto a las manifestaciones efectuadas por el quejoso debe recalcar el suscrito que las mismas carecen de veracidad, por cuanto, al revisar la totalidad del proceso No. 46-2012-1513 y las pruebas allegadas por el recurrente, el mismo no efectu\u00f3 actuaci\u00f3n alguna desde que se remiti\u00f3 el proceso por reparto al Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n, tendiente al impulso del proceso, ni mucho menos solicit\u00f3 oficiar para establecer el estado de la cautela por la cual se duele, de all\u00ed, que el proceso haya permanecido inactivo desde el mes de noviembre de 2018. Cumpli\u00e9ndose a cabalidad los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales son requisitos objetivos para su aplicaci\u00f3n, igualmente, el togado no acredit\u00f3 ni expuso la raz\u00f3n o el motivo por el que no efectu\u00f3 actuaci\u00f3n alguna al interior del proceso, despu\u00e9s de m\u00e1s de dos a\u00f1os de inactividad\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad, por su parte, expres\u00f3, luego de un recuento de las actuaciones por \u00e9l desplegadas, que su proceder se ha visto acompasado por el marco normativo aplicable, raz\u00f3n por la cual, solicit\u00f3 desestimar el amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal declar\u00f3 improcedente el auxilio, por considerar que \u00abel caso no ostenta verdadera relevancia constitucional pues consta que la accionante, a trav\u00e9s de su apoderado de confianza, se enter\u00f3 oportunamente de la decisi\u00f3n judicial adoptada en contra de sus intereses y que frente a la misma ejerci\u00f3 oportunamente su derecho de defensa con el fin de argumentar que no se configur\u00f3 al desistimiento porque exist\u00eda orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n y en mayo de 2017 se practic\u00f3 como medida cautelar el embargo de una sucesi\u00f3n pendiente de finalizar. Asunto distinto es que los argumentos que esgrimi\u00f3 fueron refutados en la providencia que desat\u00f3 su recurso de apelaci\u00f3n, hecho que, por s\u00ed mismo, de ninguna manera se traduce en una posible afectaci\u00f3n iusfundamental a menos que se advierta la existencia de al menos un indicio de evidente o indiscutible arbitrariedad o capricho del poder p\u00fablico de juzgar\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adiendo, en lo atinente al conteo del t\u00e9rmino de inactividad exigido, que este logr\u00f3 configurarse, y sentenci\u00f3 que, en el presente caso \u00abse constata la existencia de una divergencia puramente legal frente a c\u00f3mo se debe aplicar el literal b) del num. 2\u00b0 del art. 317 CGP porque a diferencia de los juzgados accionados, en criterio de la accionante, se deber\u00eda valorar que no ten\u00eda actuaciones pendientes qu\u00e9 realizar y el movimiento del proceso depend\u00eda de la finalizaci\u00f3n de una sucesi\u00f3n debidamente embargada\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la reclamante, para insistir en su pretensi\u00f3n, con los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por Trinidad Ruiz Ruiz, con la providencia del 26 de julio de 2022, a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 el auto emitido por el Juzgado Doce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad, dentro del ejecutivo promovido por la aqu\u00ed convocante en contra de Eusebio Marcelo Ch\u00eda Uculmana, en el que se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite, en aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se formula frente a las decisiones de ambas instancias, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, en tanto que fue la que, en \u00faltimas, defini\u00f3 el debate. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo, tal como lo concluy\u00f3 el tribunal en primer grado, en tanto que, del examen del pronunciamiento censurado, no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, para confirmar la decisi\u00f3n del a quo, el juzgado del circuito precis\u00f3 inicialmente que, en lo atinente a la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al tratarse de un asunto con sentencia el literal b) estableci\u00f3 que el termino de inactividad es de 2 a\u00f1os para que sea procedente la aplicaci\u00f3n de la referida figura. De lo anterior, se observa que aquella disposici\u00f3n consagra el desistimiento t\u00e1cito como una sanci\u00f3n procesal orientada a castigar la inactividad con que pueden incidir los extremos procesales cuando abandonan a su suerte las causas litigiosas previamente promovidas. Trat\u00e1ndose de asuntos con sentencia o con orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, para su aplicaci\u00f3n basta simplemente que el juicio haya permanecido inactivo por m\u00e1s de dos a\u00f1os, sin que importe el estado en que se hallaba o a quien le correspond\u00eda la carga de impulsar el proceso, pues en tal supuesto la aplicaci\u00f3n se da de forma autom\u00e1tica\u00bb <\/p>\n
\u00abEn esa perspectiva, es claro, entonces, que el caso de autos reclamaba la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n procesal que alberga el Literal b) del Inciso 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, debido a que la \u00faltima actuaci\u00f3n dentro del proceso data del 10 de diciembre de 2018, fecha en la cual le correspondi\u00f3 por reparto el proceso al Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n, sin que la parte en fecha posterior haya efectuado actuaci\u00f3n alguna con el fin de impartir tr\u00e1mite al proceso, ni mucho menos haya solicitado oficiar al estrado judicial donde cursa la sucesi\u00f3n, para verificar el estado del mismo o actuaci\u00f3n similar, de modo que se profiri\u00f3 el aludido auto del 22 de septiembre de 2021 (fl. 148), transcurrido un t\u00e9rmino superior a dos a\u00f1os sin que se haya efectuado actuaci\u00f3n alguna al interior del proceso. Cumpli\u00e9ndose as\u00ed a cabalidad los presupuestos para la aplicaci\u00f3n de la figura de desistimiento t\u00e1cito…\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00abPor lo anterior, desde el 16 de marzo al 1\u00ba de julio de 2020, permaneci\u00f3 la suspensi\u00f3n, y al reanudarse un mes despu\u00e9s el t\u00e9rmino se contabiliza desde el 1\u00ba de agosto de 2020, por lo tanto, la \u00faltima actuaci\u00f3n data del 10 de diciembre de 2020; sin embargo, dada la suspensi\u00f3n establecida en la norma enunciada de 4 meses y medio, el termino de inactividad se pr\u00f3rroga hasta el mes de mayo de 2021 y la terminaci\u00f3n se declar\u00f3 hasta el mes de septiembre del 2021, fecha en la cual hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os de inactividad del proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para anteponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por la ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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