STC12557-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12557-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01047-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 3 de junio de 20211, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Mercedes Rivera N\u00e1jera, Harold de Jes\u00fas Hern\u00e1ndez Herrera, Hern\u00e1n Wilfrido Garc\u00eda Palencia, Carlos Manuel Jaraba Mora, Luis Alberto Torres de La Rosa, Luis Alberto Rangel Lozano, Rafael An\u00edbal Villegas Chiquillo y Cesar Augusto Guerrero Rivera, contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa ciudad, la Electrificadora del Caribe SA ESP \u2013 Electricaribe SA- y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2013-00385. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Manifestaron que promovieron juicio ordinario laboral contra Electricaribe SA ESP con el fin de obtener el reajuste pensional de acuerdo con la Convenci\u00f3n Colectiva de 1985 en un 15% anual, as\u00ed como los beneficios all\u00ed establecidos \u2013salud, educaci\u00f3n auxilios-, la indexaci\u00f3n de los valores reconocidos y los intereses moratorios, en igualdad de condiciones con los trabajadores activos. <\/p>\n
Agregaron que, adelantado el tr\u00e1mite, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta en sentencia de 29 de mayo de 2014 absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones, determinaci\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 15 de diciembre de 2014 al resolver el grado jurisdiccional de consulta, para en su lugar, condenar a Electricaribe SA ESP a reajustar la pensi\u00f3n solo de C\u00e9sar Guerrero Rivera en un 15% y pagar el retroactivo a su favor, y, respecto de las solicitudes formuladas por los dem\u00e1s demandantes absolvi\u00f3 a la demandada. <\/p>\n
Inconformes, los aqu\u00ed accionantes y Electricaribe SA ESP interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL1189-2021 de 15 de marzo de 2021, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
En sentir de los actores, la decisi\u00f3n de primera instancia vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, al desconocer el precedente judicial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que admite la vigencia de la Convenci\u00f3n de 1985 cl\u00e1usula octava \u2013SL 25 sep. 2012 rad. 39783-, donde se pact\u00f3 que se seguir\u00eda reconociendo la Ley 4\u00aa de 1976 para todos los pensionados, asimismo, se\u00f1alaron que el Tribunal Superior err\u00f3 al concluir que la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica de la convenci\u00f3n termin\u00f3 el 31 de diciembre de 2005 y, cuestionaron que la Sala de Casaci\u00f3n accionada hubiese desconocido sus derechos aduciendo errores de t\u00e9cnica en el recurso. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral hizo referencia a lo determinado en la sentencia de casaci\u00f3n y manifest\u00f3 que, al no controvertir los recurrentes los pilares de la decisi\u00f3n acusada, la misma manten\u00eda su presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta rese\u00f1\u00f3 lo decidido por esa Corporaci\u00f3n en el proceso objeto de reproche. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad luego de relatar las actuaciones adelantadas en el juicio ordinario laboral, defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
4. La Liquidadora de Electricaribe SA ESP se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, y manifest\u00f3 que la misma resulta improcedente para reclamar el pago de prestaciones y beneficios econ\u00f3micos de car\u00e1cter pensional, adem\u00e1s, porque no existe vulneraci\u00f3n actual o inminente de los derechos invocados por los actores producto de una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n desarrollada por esa empresa. En ese orden, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. La Fiduprevisora SA en calidad de vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe SA \u2013 Foneca igualmente hizo \u00e9nfasis en su falta de legitimaci\u00f3n en la causa y resalt\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para discutir derechos pensionales, m\u00e1xime cuando no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable que permita su procedencia. <\/p>\n
6. La Empresa de Energ\u00eda Air-E SAS ESP se\u00f1al\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que los hechos expuestos en el escrito de tutela guardan relaci\u00f3n con el cumplimiento de obligaciones de car\u00e1cter pensional por parte de otras entidades, por lo cual, la presunta vulneraci\u00f3n no resulta atribuible a esa compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo tras determinar que los interesados no lograron demostrar que la autoridad accionada hubiese ignorado de manera caprichosa o arbitraria los precedentes dictados por esa Corporaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando la decisi\u00f3n adoptada, no solo se tom\u00f3 con fundamento en la jurisprudencia de la Sala permanente -SL5108-2020- sino, esencialmente, por el cumplimiento de la t\u00e9cnica jur\u00eddica exigida ante esa instancia de cierre. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por los accionantes, quienes insistieron en el desconocimiento de su derecho fundamental a la igualdad frente a las condiciones de los trabadores activos pactadas en la Convenci\u00f3n Colectiva de 1985. <\/p>\n
En adici\u00f3n, manifestaron que el juez constitucional de primera instancia, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n accionada, la cual sustent\u00f3 su fallo en las falencias presentadas en la formulaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, omitiendo sus pretensiones y desconociendo la relevancia de los derechos reclamados y el objeto del recurso, con el pretexto del incumplimiento de t\u00e9cnicas que resultan denegatorias de justicia, priorizando las supuestas fallas sobre el derecho sustancial. <\/p>\n
Adujeron que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 pas\u00f3 por alto la flexibilizaci\u00f3n del recurso que permite estudiar las demandas con falencias t\u00e9cnicas, m\u00e1xime cuando se est\u00e1 defendiendo derechos constitucionales como los pensionales, seguridad social, entre otros. <\/p>\n
Indicaron que en la sentencia SL3210-2020 una Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral aclar\u00f3 voto en un asunto relacionado con la vigencia de las convenciones colectivas, para lo cual transcribieron el contenido de ese pronunciamiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Ana Mercedes Rivera N\u00e1jera, Harold de Jes\u00fas Hern\u00e1ndez Herrera, Hern\u00e1n Wilfrido Garc\u00eda Palencia, Carlos Manuel Jaraba Mora, Luis Alberto Torres de La Rosa, Luis Alberto Rangel Lozano, Rafael An\u00edbal Villegas Chiquillo y Cesar Augusto Guerrero Rivera, acuden a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de sus derechos a la igualdad, seguridad social, debido proceso, entre otros, que consideran vulnerados con las decisiones proferidas en el juicio ordinario laboral que iniciaron contra Electricaribe SA ESP con el fin de obtener el reajuste pensional de acuerdo con la Convenci\u00f3n Colectiva de 1985. <\/p>\n
Al respecto debe se\u00f1alarse que el an\u00e1lisis del presente amparo se circunscribir\u00e1 a la tesis defendida en la sentencia Sl1189-2021 de 15 de marzo de 2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, por cuanto con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
3. Revisados los argumentos expuestos por esa Corporaci\u00f3n, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1 Al estudiar el cargo \u00fanico formulado en el recurso de casaci\u00f3n presentado por los demandantes, la Sala accionada indic\u00f3 que, para la consecuci\u00f3n del objeto de la casaci\u00f3n, la demanda debe reunir no solo los requisitos formales previstos en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, sino tambi\u00e9n los m\u00ednimos de orden t\u00e9cnico, teniendo en cuenta que en el recurso se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como partes en las instancias. <\/p>\n
Al referirse a la acusaci\u00f3n presentada por los demandantes, determin\u00f3 que la formulaci\u00f3n y desarrollo del cargo no cumpl\u00edan con el m\u00ednimo de exigencias legales y jurisprudenciales para la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario, puesto que el escrito de sustentaci\u00f3n conten\u00eda deficiencias t\u00e9cnicas imposibles de ser subsanadas por esa Sala en virtud de su car\u00e1cter dispositivo y explic\u00f3, <\/p>\n
En el alcance de la impugnaci\u00f3n se pide que se case totalmente, la sentencia recurrida, no obstante que con ella se revoc\u00f3 el fallo de primera instancia que absolvi\u00f3 a la pasiva de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, sin reparar que acceder a ese pedimento significa dejar inc\u00f3lume la providencia que fue absolutamente contraria a los intereses de los censores, quienes adem\u00e1s incurren en el grave error de no indicarle a la Sala como actuar en sede de instancia, al respecto nada dicen. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con la proposici\u00f3n jur\u00eddica del cargo este se presenta realmente carente de la misma, con acierto sostiene la r\u00e9plica que el ataque se plantea sobre la supuesta infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 21 y 467 del CST, sin que se explique por qu\u00e9 el primero debi\u00f3 ser fundamento de la decisi\u00f3n que recae sobre una pensi\u00f3n de naturaleza convencional en la que no se reclama su ajuste con base en la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor, certificados por el DANE. <\/p>\n
En cuanto al art\u00edculo 467, este s\u00ed fue aplicado por el colegiado, no cabe duda, como lo afirma la oposici\u00f3n \u00abque acept\u00f3 la existencia de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo en la que los demandantes fundan sus aspiraciones, se detuvo en el an\u00e1lisis de su vigencia y hasta reconoci\u00f3 la consolidaci\u00f3n de los derechos pensionales establecidos en la convenci\u00f3n como ciertos\u00bb. <\/p>\n
El embate que se dirige contra la sentencia es absolutamente infundado y desenfocado, la censura aduce que el colegiado dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 21 y 467 del CST, al considerar que la CCT de la Electrificadora del Magdalena de 1985 no estaba vigente para otorgar los reajustes deprecados sobre la pensi\u00f3n convencional tomando como referente Ley 4 de 1976, seg\u00fan lo pactado en su cl\u00e1usula octava, y que, en ese dislate incurri\u00f3 el juzgador plural al considerar que por haber sido derogada, no le era aplicable a los pensionados actuales y futuros, creyendo erradamente que. \u00abla ley 4 pactada en la cl\u00e1usula octava de la convenci\u00f3n de 1985 no podr\u00eda subsistir con normas posteriores siendo que lo pactado en convenciones colectivas prevalece sobre las leyes posteriores. <\/p>\n
En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que no exist\u00eda posibilidad de quebrar la sentencia atacada, habida cuenta que ninguno de los argumentos planteados por los recurrentes, fueron expuestos por el fallador de segundo grado y, si lo fueron, no merecieron su atenci\u00f3n. <\/p>\n
3.2 Luego procedi\u00f3 a examinar el cargo \u00fanico formulado en el recurso presentado por Electricaribe SA ESP donde sostuvo, <\/p>\n
\u00abLa recurrente considera equivocado por parte del juez de apelaciones que hubiera colegido de la expresi\u00f3n \u00abtodos los derechos contemplados en la Ley 4 de 1976\u00bb, que \u00e9sta comprend\u00eda el incremento constante de las pensiones en un porcentaje anual no inferior al 15%, sin reparar que en el art. 1 de la Ley 4 de 1976 lo que se estableci\u00f3 fue un sistema de actualizaci\u00f3n para preservar el valor de la prestaci\u00f3n, mecanismo que no tiene la connotaci\u00f3n de ser un derecho por tal raz\u00f3n debe entenderse que la remisi\u00f3n a la Ley 4\u00aa de 1976 era para aplicar otros beneficios contemplados en ella como el de educaci\u00f3n, salud, auxilios funerarios y otros, que s\u00ed son verdaderos derechos, no el reajuste pensional\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, indic\u00f3 que el reproche planteado hab\u00eda sido objeto de m\u00faltiples pronunciamientos en procesos adelantados contra la misma demandada, entre ellos, en la sentencia Sl17517-2017 y recientemente en la SL518-2020, en la cual se hace un recuento de la jurisprudencia de esa Corporaci\u00f3n, en punto a la naturaleza jur\u00eddica del incremento y la capacidad de negociaci\u00f3n de las partes para pactar cl\u00e1usulas convencionales como la estipulada en el art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n de 1983, para lo cual cit\u00f3 in extenso el contenido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que el Tribunal no hizo referencia al IPC de los a\u00f1os 1976 y 1985, toda vez que decidi\u00f3 que el aumento del 15% de la pensi\u00f3n del actor proced\u00eda a partir del a\u00f1o 2000, cuando los incrementos resultaron inferiores a dicho porcentaje, no desde a\u00f1os anteriores, pues en t\u00e9rminos generales indic\u00f3 que a pesar de la derogatoria de la Ley 4\u00aa de 1976 la misma sigui\u00f3 rigiendo los incrementos anuales de los pensionados por virtud de los establecido en la Convenci\u00f3n de 1985. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas determin\u00f3 la improsperidad del cargo y dispuso no casar el fallo proferido el 15 de diciembre de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en el proceso ordinario laboral cuestionado. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, se advierte que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues resulta claro que el descuido de los accionantes en la formulaci\u00f3n adecuada del recurso extraordinario, comprometi\u00f3 la prosperidad de los ataques propuestos y llev\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a abstenerse de estudiar de fondo el asunto sometido a su consideraci\u00f3n, adem\u00e1s, dicho proceder impidi\u00f3 a esa Corporaci\u00f3n pronunciarse de la manera esperada por los demandantes. <\/p>\n
Por tanto, los actores desaprovecharon la oportunidad que la norma laboral concede para exponer las inconformidades que presentan a trav\u00e9s de este mecanismo, sin que puedan ahora valerse del mismo para solventar su desatenci\u00f3n, ya que era el proceso ordinario el escenario id\u00f3neo en donde deb\u00edan hacer valer las garant\u00edas invocadas, debido al car\u00e1cter residual del amparo. <\/p>\n
En un asunto de similar, esta Sala explic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAdem\u00e1s, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone a la demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (CSJ. STC5305-2020, STC7201-2021 y STC9826-2021). <\/p>\n
En consecuencia, en el asunto en estudio se estructura la causal de improcedencia prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, como quiera que la acci\u00f3n constitucional no fue concebida como sustituto de los mecanismos judiciales creados por el legislador. <\/p>\n
No puede olvidarse que la Sala ha destacado en otras oportunidades que, si las personas que reprochan determinaciones judiciales adoptadas en perjuicio de sus intereses \u00abdejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, [o no hacen un uso adecuado de los mismos] quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (Ver CSJ. STC6580-2021, STC12011-2021, STC2296-2022, STC2818-2022 STC2912-2022 y STC4795-2022 entre otras). <\/p>\n
5. Ahora bien, en relaci\u00f3n con lo se\u00f1alado por los accionantes en el escrito de impugnaci\u00f3n referente a la aclaraci\u00f3n de voto en la sentencia SL SL3210-2020 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, resulta ser un hecho nuevo no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los implicados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de los aqu\u00ed accionados. <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n asignada a esta Sala el 5 de septiembre de 2022. <\/p>\n
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