STC12559-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12559-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01600-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 16 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Enrique Ospina Mendoza contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, tr\u00e1mite al que se vincularon los Juzgados Tercero Penal del Circuito y Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, todos de Monter\u00eda, y la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n accionada y fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2015-03035. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el tr\u00e1mite atr\u00e1s referido. <\/p>\n
En compendio se\u00f1al\u00f3 que, el 1\u00b0 de octubre de 2020, el Juzgado Tercero Penal de Monter\u00eda profiri\u00f3 sentencia absolutoria a su favor, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la Fiscal\u00eda, y revoc\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda el 23 de septiembre de 2021, y profiri\u00f3 sentencia condenatoria, en la que le concedi\u00f3 el beneficio de la suspensi\u00f3n de la pena. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, ese fallo no lo pudo impugnar, por cuanto no le fue notificado por la autoridad accionada ni por su defensor, pues se enter\u00f3 del mismo solo hasta el 3 de julio de 2022, cuando la compa\u00f1\u00eda para la cual labora como conductor le comunic\u00f3 que le aparec\u00eda registrada una multa en la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 25 de julio de 2022, recibi\u00f3 del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda una comunicaci\u00f3n, en la que se le solicita explicaci\u00f3n referente al no pago de la cauci\u00f3n por la suma de $1.000.000, para obtener el beneficio de suspensi\u00f3n de la pena. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar a la Sala accionada, decretar la nulidad de la providencia de 23 de septiembre de 2021, por falta de notificaci\u00f3n de esta. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Monter\u00eda, refiri\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso penal seguido en contra de Julio Enrique Ospina Mendoza por el presunto delito de homicidio culposo, juicio en el que profiri\u00f3 sentencia absolutoria el 1\u00ba de octubre de 2020, que recurri\u00f3 la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda, inform\u00f3 que mediante providencia de 23 de septiembre de 2021, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Fiscal\u00eda y el apoderado de v\u00edctimas en contra del fallo absolutorio proferido en primera instancia, revoc\u00f3 la sentencia y declar\u00f3 penalmente responsable al aqu\u00ed accionante, conden\u00e1ndolo a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisi\u00f3n, multa de veintis\u00e9is coma sesenta y seis (26,66) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y privaci\u00f3n del derecho de conducir veh\u00edculos automotores y motocicletas por el mismo t\u00e9rmino de la pena principal. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la notificaci\u00f3n de la anterior providencia se surti\u00f3 el 27 de septiembre siguiente a las partes e intervinientes a trav\u00e9s de sus correos electr\u00f3nicos, facultad consignada en el art\u00edculo 20 del Acuerdo PCSJA20-11632, adem\u00e1s ser de registrada en el Sistema Justicia XXI Ambiente Web, aplicativo TYBA, que puede ser libremente consultado por cualquier ciudadano. <\/p>\n
3. El Juez Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Monter\u00eda inform\u00f3 que vigila la condena impuesta a Ospina Mendoza en el proceso No. 2015-03035, y en auto de 24 de marzo de 2022, dispuso el traslado previsto en el art\u00edculo 477 de la Ley 906 de 2004, para que el hoy demandante informara las razones por las que no hab\u00eda suscrito diligencia de compromiso, ni pagado la cauci\u00f3n, lo que se encuentra pendiente de resolver. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional al no cumplirse con el requisito de la subsidiariedad, tras considerar que, el accionante a trav\u00e9s del defensor asignado, no hizo uso de los mecanismos que ten\u00eda a su alcance, tales como, la impugnaci\u00f3n contra la primera sentencia condenatoria, as\u00ed como tampoco instaur\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, \u00abpues el hoy demandante conoc\u00eda del proceso adelantado en su contra, estuvo presente en las audiencias de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, acusaci\u00f3n, preparatoria y juicio oral, asisti\u00f3 al anuncio del sentido del fallo y de la lectura de la sentencia de primer grado, en la que Fiscal\u00eda y apoderado de v\u00edctimas instauraron el recurso de apelaci\u00f3n, por lo que conoc\u00eda que estaba pendiente la resoluci\u00f3n de la alzada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito de tutela, e hizo hincapi\u00e9 en que no fue notificado del fallo condenatorio por la secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n accionada, ni por su defensor, raz\u00f3n por la que no pudo ejercer los recursos que ten\u00eda a su alcance, lo que da lugar a declarar la nulidad de la sentencia de 23 de septiembre de 2021 o en su lugar, ordenar al Tribunal Superior de Monter\u00eda rehacer la notificaci\u00f3n de la sentencia condenatoria a fin de impugnar tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Consistentemente la Sala ha reiterado, que, \u00abPor lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio\u00bb (Ver CJS. STC11845-2021 y STC1526-2022). <\/p>\n
2. Ahora, frente al requisito de la subsidiariedad, ha de se\u00f1alarse que la acci\u00f3n de tutela no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias de las autoridades judiciales o administrativas. Al respecto, se ha indicado, <\/p>\n
(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla. (Ver CSJ. STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC 2012-00320-01, y citada en STC8306-2021, STC10471-2021, STC1911-2022 y STC2655- 2022, entre muchas) <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Julio Enrique Ospina Mendoza se encuentra inconforme con la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda, mediante la cual revoc\u00f3 la sentencia de primer grado para en su lugar, declararlo responsable del delito de homicidio, y lo conden\u00f3 a una pena principal de 32 meses de prisi\u00f3n y una multa, determinaci\u00f3n que afirma no pudo recurrir por cuanto no le fue notificada por la autoridad accionada, lo que genera la nulidad de la misma por violaci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n
4. Aflora entonces que asiste raz\u00f3n al Juzgador de primer grado en relaci\u00f3n a que en este caso no se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto el actor no ha puesto en conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Monter\u00eda las circunstancias que a su juicio abrir\u00edan paso a decretar la nulidad de la actuaci\u00f3n que reprocha, raz\u00f3n por la cual, pas\u00f3 desapercibido para la accionante, que este mecanismo de protecci\u00f3n es de car\u00e1cter residual y especial, como quiera que no ha sido instituido para reemplazar los recursos contemplados por el legislador para definir las protestas de quienes participan en un proceso. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, sobre el tema la Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00ab[s]i no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (Ver CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019 STC547-2022, STC605-2022 y, STC2287-2022, entre muchas). <\/p>\n
La circunstancia descrita enmarca esta tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
5. Ahora, una vez revisado el expediente, la Corte descarta la existencia de un da\u00f1o irreversible o un perjuicio que tenga la virtualidad de comprometer o amenazar de manera concreta, grave y espec\u00edfica los derechos fundamentales del solicitante, motivo por el cual el amparo tampoco resulta procedente en forma transitoria. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo expresado, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, al no acreditarse requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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