STC12563-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12563-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00393-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal1, que neg\u00f3 la tutela instaurada por Cecilio y Andr\u00e9s Giovanni Soler P\u00e1ez en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso penal cuestionado y al Juzgado Penal del Circuito de Ramiriqu\u00ed. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores procuran la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la libertad. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narraron, en s\u00edntesis, que contra ellos se adelant\u00f3 un proceso penal, en el cual fueron condenados en primera instancia con pena privativa de la libertad, por el delito de lesiones personales agravadas, del cual fue v\u00edctima el se\u00f1or Omar Caro Reyes. <\/p>\n
El 4 de octubre de 2019, la Sala Penal del Tribunal querellado modific\u00f3 el fallo de primer nivel, en el sentido de determinar que el reato por el cual se les condenaba era el de tentativa de homicidio agravado. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n interpusieron recurso de casaci\u00f3n, no obstante, \u00e9ste fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 6 de octubre de 2021. <\/p>\n
3. Los gestores tachan de irregular la decisi\u00f3n adoptada por la Colegiatura convocada, pues, en su criterio, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, toda vez que reform\u00f3, sin justificaci\u00f3n ni base legal y en desmedro de su situaci\u00f3n jur\u00eddica, la condena impuesta en primera instancia y, en consecuencia, los declar\u00f3 responsables por un delito diferente a aquel por el cual se les investig\u00f3. A su vez, destacan que el punible de homicidio agravado carec\u00eda de fundamento probatorio. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado exigen, en concreto, que se invalide el fallo de segundo grado y se vuelva a proveer. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 34 Seccional y la Procuradur\u00eda 173 Judicial II Penal, ambas de Ramiriqu\u00ed, detallaron las fases procesales adelantadas al interior de la causa criminal censurada. <\/p>\n
IV. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda implorada, por cuanto el pronunciamiento de 6 de octubre de 2021, en cuya fuerza se inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n y en esa virtud zanj\u00f3 definitivamente la controversia, no se mostraba abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
V. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propusieron los accionantes, quienes, en lo medular, insistieron en lo narrado en el escrito inicial. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los censores piden que se deje sin efectos el fallo de 4 de octubre de 2019, por el cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja modific\u00f3 la sentencia de primera instancia y los conden\u00f3 -entre otras- a la pena privativa de la libertad como responsables del delito de tentativa de homicidio agravado. <\/p>\n
2. La Sala desestimar\u00e1 el auxilio implorado, en vista de que no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, debido a que los promotores no hicieron uso apropiado del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, en el auto de 6 de octubre de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 dicho medio extraordinario de impugnaci\u00f3n por cuanto no reun\u00eda los requisitos t\u00e9cnicos m\u00ednimos necesarios para su estudio. <\/p>\n
Lo all\u00ed definido evidencia que los accionantes desperdiciaron el remedio que tuvieron a su alcance y tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n id\u00f3nea de las defensas legalmente previstas. <\/p>\n
<\/p>\n
En un caso de contornos similares al ahora escrutado, la Sala sostuvo que <\/p>\n
El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura. La ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional, para subsanar falencias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos por el legislador en el curso del proceso. Cuando se verifican desidias como la comentada, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [ante la negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d2 (CSJ STC15185-2021). <\/p>\n
3. Colof\u00f3n de lo razonado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional invocada, pero por los motivos aqu\u00ed consignados. <\/p>\n
VII. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El asunto fue conocido en primera instancia por esa Sala, en raz\u00f3n a lo decidido por la Corte Constitucional, en auto del 26 de mayo de 2022, por el cual desat\u00f3 el conflicto de competencia propuesto por la Hom\u00f3loga Penal. <\/p>\n
2\u0002 CSJ, STC de 26 de enero de 2011, rad. 00027-00. <\/p>\n
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