STC12564-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12564-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2022-00226-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta el 16 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Arc\u00e1ngel Fandi\u00f1o Gerena contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas Colmena Seguros Riesgos Laborales SA, y la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar SA y citadas las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite constitucional de radicado 2022-00235-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que present\u00f3 anterior acci\u00f3n de tutela el 9 de mayo de 2022, que declar\u00f3 improcedente el Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta en sentencia de 18 de mayo siguiente, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 y confirm\u00f3 el 19 de julio de 2022 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, incurriendo en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
2. Por todo lo anterior, solicit\u00f3 ordenar \u00abla revisi\u00f3n de [esas] sentencias (\u2026), ya que, estas carecen de fundamentos f\u00e1cticos, los cuales, conllevaron a un error procesal, y en su defecto, transgredieron mis derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, manifest\u00f3 que recibi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela 47001-40-53-005-2022-00235-01, en impugnaci\u00f3n y en sentencia de 19 de julio de 2022 confirm\u00f3 la de primera instancia de 18 de mayo que neg\u00f3 el amparo y el expediente lo envi\u00f3 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Colmena Seguros Riesgos Laborales SA, manifest\u00f3 que siempre ha estado presta a brindar las prestaciones econ\u00f3micas, y m\u00e9dicos asistenciales, causadas por el accidente de trabajo que el actor sufri\u00f3 el 7 de septiembre de 2017, mientras ten\u00eda afiliaci\u00f3n vigente, y que desde 1\u00ba de enero de 2019, se traslad\u00f3 a Seguros Bol\u00edvar SA. <\/p>\n
Luego de relatar pormenores de lo ocurrido como consecuencia del referido suceso, indico que le reconoci\u00f3 prestaciones econ\u00f3micas por incapacidades temporales para un total de 758 d\u00edas, y que, en abril de 2018, el paciente fue dado de alta, y la junta m\u00e9dica recomend\u00f3 su reincorporaci\u00f3n laboral, lo que sucedi\u00f3 luego de superados los procesos requeridos para restablecer su salud. <\/p>\n
Anot\u00f3 que la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de la Invalidez, en dictamen No. 382286-29695 de 10 de septiembre de 2020 determin\u00f3 que las patolog\u00edas padecidas por el interesado eran de origen laboral, en un porcentaje del 33.63%. Por lo anterior, procedi\u00f3 al reconocimiento y pago de una indemnizaci\u00f3n por incapacidad permanente parcial por valor de $149.019.568. <\/p>\n
Denunci\u00f3 que el actor sin justificaci\u00f3n alguna acude a m\u00e9dicos particulares, a fin de obtener la expedici\u00f3n de incapacidades temporales cuya pertinencia m\u00e9dica se desconoce, y luego pretende que sean reconocidas por el Sistema General de Seguridad Social. Resalt\u00f3 que no es la llamada a responder por el pago de incapacidades expedidas por m\u00e9dicos no adscritos a ninguna entidad perteneciente al SISS, como se prob\u00f3 en el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela, en particular porque el actor puede acudir ante un juez ordinario laboral a reclamar el pago de sus incapacidades, y no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Contrariamente, se prob\u00f3 que recibi\u00f3 $149.019.586, y que al momento del fallo acusado se encontraba trabajando, por tanto, las incapacidades no constitu\u00edan su \u00fanico ingreso. <\/p>\n
3. La Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar SA, refiri\u00f3 que afili\u00f3 al actor a riesgos laborales desde el 1\u00ba de enero de 2019, raz\u00f3n por la que es imposible determinar hechos y vinculaci\u00f3n laboral y dem\u00e1s prestaciones derivadas con anterioridad, adujo que no tiene legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Marta, neg\u00f3 el amparo al no encontrar cumplido el presupuesto de la subsidiariedad, y para ese efecto, sostuvo que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia, porque la resoluci\u00f3n de la problem\u00e1tica planteada era del resorte de la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria Laboral, no se demostr\u00f3 un perjuicio irremediable y tampoco se pod\u00eda v\u00eda tutela ordenar el pago de incapacidades que no fueron ordenadas por m\u00e9dicos adscritos al sistema de salud de la accionada. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, el promotor bien puede poner de presente en sede de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, si es que no ha sido excluida. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La plante\u00f3 el accionante con fundamento en que se omitieron valorar los dict\u00e1menes periciales anexados que hubiesen permitido resolver con equidad y justicia, adem\u00e1s que en relaci\u00f3n con el derecho fundamental al m\u00ednimo vital, no se tuvo en cuenta que manifest\u00f3 ser padre de familia, la que sostiene exclusivamente con los ingresos que percibe de manera independiente laborando para la Multinacional Drummond Ltda., y se excluy\u00f3 proteger a una persona que se encuentra en estado de debilidad manifiesta por ser padre cabeza de familia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, ello, con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (Ver CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Miguel Arc\u00e1ngel Fandi\u00f1o Gerena, promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela anterior contra Colmena Seguros ARL, en la que solicit\u00f3 ordenar a la accionada \u00abme cancele las correspondientes Incapacidades Medicas Laborales emitidas (\u2026) desde el 01 HASTA EL 30 DEL MES DE ABRIL DE 2022 correspondiente a TREINTA (30) D\u00cdAS, DESDE EL 01 HASTA EL 30 DEL MES DE MAYO DE 2022 conveniente a TREINTA (30) D\u00cdAS, para un total de SESENTA (60) D\u00cdAS de Incapacidades Medicas sin interrupci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta, en sentencia de 18 de mayo de 2022, neg\u00f3 el amparo invocado, decisi\u00f3n que, impugnada por el accionante, la confirm\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, con fundamento en que por ser el asunto un conflicto laboral deb\u00eda ser dirimido ente la jurisdicci\u00f3n ordinaria de esa especialidad, \u00abfacultada para resolver los inconvenientes propios del reconocimiento de prestaciones sociales\u00bb, y advirti\u00f3 adem\u00e1s que \u00abel origen del conflicto que hoy nos ocupa, es de car\u00e1cter netamente econ\u00f3mico\u00bb. <\/p>\n
4. En esta oportunidad el accionante acudi\u00f3 nuevamente a la v\u00eda excepcional censurando decisiones anteriores adoptadas por el fallador constitucional, sin que se configure ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia excepcional, en particular que la sentencia proferida por los funcionarios cuestionados hubiera sido producto de una situaci\u00f3n de fraude, lo que no se advierte en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Con todo, se impone advertir que el accionante, bien puede solicitar ante la Corte Constitucional que la acci\u00f3n de tutela de la que se queja sea escogida para su eventual revisi\u00f3n, escenario jur\u00eddico donde puede intervenir para alegar las inconformidades respecto del fallo proferido, y en caso de no quedar seleccionada, a\u00fan cuenta con el recurso de insistencia. <\/p>\n
5. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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