STC12569-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12569-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01111-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 16 de junio de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo promovido por Washinton Overman Preciado Angulo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tumaco. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso penal de radicado 2018-01236-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 que fue capturado en la v\u00eda que conduce del municipio de Tumaco a Jun\u00edn por portar \u00abuna pipa de gas [\u2026] que en su interior conten\u00eda unas barras de color caf\u00e9, similares a la dinamita\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que \u00abel 20 de mayo de 2019, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, sin embargo, el 9 de julio de 2019, [\u2026] se allan\u00f3 a los cargos por medio de la figura de preacuerdo, y se adelant\u00f3 la audiencia de verificaci\u00f3n, posteriormente, el 9 de septiembre de 2020 se llev\u00f3 a cabo audiencia de individualizaci\u00f3n de la pena\u00bb. Y, manifest\u00f3 que inconforme con la no concesi\u00f3n \u00abdel beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, indic\u00f3 que interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Mencion\u00f3 que la Sala Penal del Tribunal de Pasto, con prove\u00eddo del 6 de abril de 2021, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, anot\u00f3 que la providencia del Tribunal cuestionado, \u00abpese a hacer un an\u00e1lisis de las pretensiones de la apelaci\u00f3n, se aparta de los diferentes precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia y de las diferentes sentencias de Unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional, que dan al traste con el recurso impetrado por la negativa del Aguo de no conceder el beneficio deprecado\u00bb. Y estim\u00f3 que de \u00abuna manera equivocada se apart\u00f3 de ello, puesto que deb\u00eda hacer tambi\u00e9n un an\u00e1lisis concienzudo de los t\u00e9rminos del preacuerdo, es decir las fechas en la cuales se le asign\u00f3 la investigaci\u00f3n al Juzgado de conocimiento, las fechas de celebraci\u00f3n de las diferentes audiencias, y lo m\u00e1s importante la suscripci\u00f3n y radicaci\u00f3n del preacuerdo\u00bb. <\/p>\n
5. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se modifique la \u00absentencia [\u2026] de octubre 01 de 2020, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tumaco por medio de la cual conden\u00f3 [al tutelante] a la pena principal de 85 meses de prisi\u00f3n, en lo atinente al numeral tercero donde le neg\u00f3 el sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria; as\u00ed mismo revocar en su integridad la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal de [\u2026] Pasto […] por haber proferido la sentencia de alzada el 6 de abril de 2021, por medio de la cual confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado, luego de relatar lo acontecido al interior de la causa de marras, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela [\u2026] no satisface los requisitos de inmediatez, pues n\u00f3tese que la sentencia de segundo grado fue emitida hace m\u00e1s de un a\u00f1o, ni el de subsidiariedad, en tanto que el actor no propuso el recurso de casaci\u00f3n tal como se encuentra certificado en el expediente [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tumaco solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto \u00abpor inexistencia absoluta de legitimaci\u00f3n material por pasiva y en consecuencia se exonere al Juzgado [\u2026] de cualquier tipo de responsabilidad y obligaci\u00f3n en la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 292 Judicial I Penal de Tumaco manifest\u00f3 que \u00abno cabe duda de que en el sub judice la tutela no se precia de ser inmediata o haberse interpuesto en un plazo razonable, luego entonces esta llamada a ser declarada impr\u00f3spera, pues los 13 meses que demor\u00f3 el actor en interponerla no se encuentran justificados por ninguna parte\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala constitucional a quo neg\u00f3 el amparo. Para ello, consider\u00f3 la desatenci\u00f3n de los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. El primero, por cuanto el censor no impetr\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la determinaci\u00f3n del Tribunal de Pasto. Y, frente al otro requisito, estim\u00f3 \u00abque desde la fecha en que se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia -6 de abril de 2021-, hasta cuando se presenta la demanda -1\u00ba de junio de 2022- ha transcurrido un (1) a\u00f1o y casi dos (2) meses aproximadamente, lo cual es contrario al principio de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado, sin esgrimir las razones de su desacuerdo. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el tutelante, con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida el 6 de abril de 2021 -que confirm\u00f3 la de primera instancia del 9 de septiembre de 2020-, por negar la medida de prisi\u00f3n domiciliaria para el cumplimiento de su condena. Ello pues, estim\u00f3 que, al celebrarse un preacuerdo con la Fiscal\u00eda, se consumaron las disposiciones legales correspondientes que permit\u00edan dicho beneficio. <\/p>\n
2. Esta Corporaci\u00f3n advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues no se atendi\u00f3 al requisito de inmediatez1. Ello es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n de segunda instancia el \u00ab6 de abril de 2021\u00bb, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab27 de mayo de 2022\u00bb2. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb3. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicha exigencia puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras4. Sumado a ello, se ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada5. Bajo ese contexto, en el presente caso esta Corporaci\u00f3n no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que flexibilizan o eximan del principio de inmediatez, pues lo alegado y la falta de medio de convicci\u00f3n no justifican la tardanza anotada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan se identifica en correo sello del escrito de tutela. Archivo PDF \u00ab02. Escrito Tutela Boris Monroy\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Precisamente, la Sala ha reiterado que: \u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
4\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
5\u0002 Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
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