STC12572-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12572-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2022-00211-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de agosto de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Audifarma S.A., Cotty Morales Caama\u00f1o, Sebasti\u00e1n Colorado1, Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, la Personer\u00eda, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de la misma ciudad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Audifarma S.A., sucursal Bogot\u00e1, la cual fue admitida el 23 de noviembre de 2016, bajo el radicado 2016-00494-00. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite pertinente, el Juzgado Tercero Civil del Circuito dict\u00f3 sentencia el 26 de julio de 2021, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones, conden\u00f3 en costas a la demandada y fij\u00f3 las agencias en derecho en $1\u00b4817.052, a favor del accionante y coadyuvantes. <\/p>\n
2.3. La anterior decisi\u00f3n fue recurrida por las partes. Adicionalmente, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga solicit\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas de la primera instancia el 27 de julio siguiente. <\/p>\n
2.4. El 11 de agosto de 2021, el Juzgado de conocimiento concedi\u00f3, en el efecto suspensivo, los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por el actor popular, la coadyuvante, Cotty Morales Caama\u00f1o, y Audifarma y neg\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, por improcedente, \u00abtoda vez que la sentencia no se encuentra debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
2.5. El tutelante recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n, argumentando que la coadyuvante no era parte y, por tanto, no proced\u00eda la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia. El 3 de agosto de 2022, el Juzgado decidi\u00f3 no reponer la providencia y, el 31 de agosto siguiente, el asunto se radic\u00f3 ante el Tribunal, para lo pertinente2. <\/p>\n
2.6. Al respecto, el gestor cuestiona que el Juzgado accionado desconoce la obligaci\u00f3n de cumplir los plazos procesales, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 117 del C\u00f3digo General del Proceso, porque a\u00fan no ha proferido auto que fije y liquide las agencias en derecho. Tambi\u00e9n reprocha que no le ha compartido el enlace del expediente de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se le ordene al Juzgado convocado que, en el t\u00e9rmino de 24 horas, \u00abprofiera auto fijando y liquidando agencias en derecho y adem\u00e1s comparta el link\u00bb de la referida causa y de todas las acciones populares que se tramitan en ese Despacho. Adicionalmente, pidi\u00f3 que el estrado acusado le informe cu\u00e1nto tiempo en promedio \u00abtarda una acci\u00f3n popular para tener fallo en ese despacho\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira envi\u00f3 el enlace del expediente digital censurado. <\/p>\n
2. El Procurador 157 Judicial II para la Conciliaci\u00f3n Administrativa con Funciones de Procurador Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, porque esa dependencia no ha intervenido en el asunto y el accionante no le ha radicado solicitud alguna. Por su parte, el Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles adujo que lo reclamado por el accionante deb\u00eda ser solicitado directamente ante el Juez natural. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Alcald\u00eda Mayor, todos de Bogot\u00e1, alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, en raz\u00f3n a que no era cierto que el Juzgado no hubiera fijado agencias en derecho, pues en el fallo del 26 de julio de 2021 se establecieron en $1\u00b4817.052, sumado a que, frente al auto del 11 de julio de 2021, que neg\u00f3 la liquidaci\u00f3n de ese concepto, no se cumpl\u00edan los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, por el lapso transcurrido a la fecha de interposici\u00f3n de la tutela y porque en el recurso formulado contra esa providencia no se hizo reproche alguno frente a la liquidaci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
Sobre el env\u00edo del enlace del expediente digital, advirti\u00f3 que \u00abno hay en el expediente de ese proceso alguna petici\u00f3n\u00bb con ese fin, por lo cual la tutela es improcedente. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon el actor y Sebasti\u00e1n Colorado, coadyuvante en la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor considera vulnerados sus derechos fundamentales, por cuanto el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira no ha fijado, ni liquidado las agencias en derecho y no le ha compartido el enlace del expediente digital. <\/p>\n
2. Del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n allegados, esta Sala concluye la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, porque no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, de las actuaciones procesales allegadas se advierte que el Juzgado fustigado, en la sentencia de primera instancia, conden\u00f3 en costas a la accionada y fij\u00f3 las agencias en derecho en la suma de $1\u00b4817.052, a favor del accionante y los coadyuvantes. Esa decisi\u00f3n fue recurrida por las partes y los recursos de apelaci\u00f3n se concedieron, en el efecto suspensivo, en auto del 11 de agosto de 2021, prove\u00eddo en el que, adicionalmente, se neg\u00f3 la liquidaci\u00f3n en costas solicitada por el tutelante, dado que la decisi\u00f3n no estaba en firme. <\/p>\n
Frente a lo all\u00ed resuelto, el tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n, pero \u00fanicamente en lo relativo a que \u00abconcede la apelaci\u00f3n de un simple coadyuvante que NO ES PARTE\u00bb, sin cuestionar lo definido en torno a la liquidaci\u00f3n de costas; de manera que, como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, el actor desperdici\u00f3 la oportunidad que tuvo para exponer ante el Juez competente las inconformidades que plantea en esta tutela. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, advierte la Sala que, en efecto, la sentencia de primera instancia no ha cobrado fuerza ejecutoria, pues el asunto se radic\u00f3 para tr\u00e1mite ante el Superior el pasado 31 de agosto. <\/p>\n
En ese sentido, debe destacarse que, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, las cosas y agencias en derecho se liquidar\u00e1n, de manera concentrada, \u00aben el juzgado que haya conocido en primera o \u00fanica instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior\u00bb. (Se subraya). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el fallo de primera instancia no ha cobrado fuerza ejecutoria y el asunto contin\u00faa en tr\u00e1mite, la tutela no cumple con el requisito de la subsidiariedad, pues estando en curso el recurso interpuesto no puede el juez de tutela exigir un pronunciamiento sobre la liquidaci\u00f3n de costas y agencias en derecho, lo cual torna igualmente improcedente la petici\u00f3n de amparo constitucional. Sobre el particular, ha sostenido la Sala que <\/p>\n
(\u2026) la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026). (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. n.\u00ba 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha indicado que es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. (ver cita en STC5325-2019, se subraya). <\/p>\n
3. Finalmente, respecto del ruego alusivo a la remisi\u00f3n del enlace del expediente digital y de la informaci\u00f3n relacionada con la duraci\u00f3n promedio de las acciones populares en el despacho interpelado, la tutela tampoco sale avante, pues esa solicitud debe invocarse y resolverse por el competente. Lo anterior, sin perjuicio de resaltar que, en auto del 11 de mayo de 2021, el Juzgado de conocimiento se pronunci\u00f3 indicando que el enlace reclamado \u00abse encuentra debidamente habilitado para su consulta y las providencias que se dictan son subidas inmediatamente a la plataforma, por lo que el principio de publicidad y el derecho al debido proceso, se han respetado a cabalidad\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cotty Morales Caama\u00f1o fue reconocida como coadyuvante de la acci\u00f3n popular el 19 de enero de 2021 y Sebasti\u00e1n Colorado fue citado con esa misma condici\u00f3n en la sentencia de instancia. <\/p>\n