STC12579-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12579-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2022-00378-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de agosto de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Distrisaes S.A.S. -ZOMAC- contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Ingenier\u00eda de Gestiones de Colombia S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en el juicio ejecutivo de radicado 13001310300720210031900. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que Ingenier\u00eda y Gestiones de Colombia S.A.S. promovi\u00f3 el referido proceso contra la accionante, para el pago de 16 facturas de venta, por concepto de prestaci\u00f3n de servicios de carga, descarga y transportes. <\/p>\n
El 10 de diciembre de 2021 se libr\u00f3 mandamiento de pago y se decret\u00f3 el embargo de las sumas que la demandada posee en diferentes entidades bancarias, as\u00ed como el embargo y secuestro del establecimiento de comercio Distrisaes, de propiedad de la convocada1. <\/p>\n
El 7 de julio de 2022 se orden\u00f3, entre otros, seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y adelantar el aval\u00fao y remate de los bienes embargados2. <\/p>\n
El 29 de julio de 2022, la ejecutada present\u00f3 una solicitud de nulidad, por indebida notificaci\u00f3n, dado que la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico utilizada para el efecto el 11 de abril de 2022 no se encontraba habilitada, \u00abpor presentar problemas\u00bb, lo que origin\u00f3 su cambio, circunstancia que la ejecutante conoc\u00eda. En el mismo escrito, requiri\u00f3 al Juzgado que se abstuviera de materializar la medida decretada3. <\/p>\n
Por auto del 3 de agosto de 2022 se modific\u00f3 la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito, se orden\u00f3 el secuestro del establecimiento de comercio embargado, se comision\u00f3 al alcalde del municipio de Rio Frio y se dispuso correr traslado del escrito de nulidad4. <\/p>\n
El 16 de agosto de 2022, el Juzgado cognoscente advirti\u00f3 la necesidad de decretar una prueba de oficio, para decidir la solicitud de nulidad, y dispuso requerir a la demandada, para que \u00abaporte el documento recibido por la C\u00e1mara de Comercio de Tulu\u00e1 mediante el cual informan sobre el cambio de correo electr\u00f3nico donde reciben notificaciones\u00bb. <\/p>\n
3. La actora considera que la tutela procede como mecanismo transitorio, pues desconoce cu\u00e1ndo se definir\u00e1 la nulidad propuesta y se requiere evitar un perjuicio irremediable, ante la eventual entrega de los dineros embargados y la materializaci\u00f3n del secuestro del establecimiento de comercio, lo que afectar\u00eda la operatividad de la empresa de manera irreversible. Afirm\u00f3 que la intervenci\u00f3n del juez constitucional no invade las competencias del juez ordinario, si se tiene en cuenta que no resolver\u00e1 un asunto de fondo. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se suspenda la materializaci\u00f3n de las medidas decretadas hasta que se decida el incidente de nulidad. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena adujo que la tutela era improcedente, dado que estaba pendiente de resolver la solicitud de nulidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ingenier\u00eda y Gestiones de Colombia S.A.S. -Ingecol- se opuso al amparo invocado, porque en el proceso ordinario la actora cuenta con etapas procesales para su defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda, ante la ausencia del presupuesto de subsidiariedad, pues el proceso se encuentra surtiendo el tr\u00e1mite correspondiente y est\u00e1 pendiente de resolver la nulidad, en la que se solicit\u00f3 tambi\u00e9n abstenerse de materializar las medidas decretadas, lo cual debe decidir el juez natural. Consider\u00f3 que no se configur\u00f3 el perjuicio irremediable alegado, toda vez que las medidas cautelares no se han hecho efectivas. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la sociedad gestora. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo de los derechos fundamentales, que considerada vulnerados con la indebida notificaci\u00f3n efectuada en el proceso ejecutivo de marras, para lo cual solicit\u00f3 la intervenci\u00f3n transitoria del juez constitucional, en aras de que se suspenda la materializaci\u00f3n de las medidas cautelares, hasta que se deicida la nulidad propuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
Se advierte, entonces, que son los jueces naturales a quienes corresponde resolver, en primer t\u00e9rmino, lo concerniente a los procesos a su cargo y, por lo mismo, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos asignados al juzgador de la causa, as\u00ed como indicarle a los operadores judiciales la forma c\u00f3mo se deben resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento, dado que el juez de tutela no puede arrogarse facultades ajenas ni adelantar o suprimir los procedimientos o mecanismos de defensa ordinarios5. <\/p>\n
2.1. Aunado a lo anterior, se observa que, con posterioridad a la presentaci\u00f3n de este ruego (15 de julio de 2022), el Juzgado accionado, mediante auto del 16 de agosto de 2022, requiri\u00f3 una prueba, previo a resolver la solicitud de nulidad, lo cual fue atendido por la demandada, circunstancia que evidencia que lo reclamado se encuentra en tr\u00e1mite ante el competente, tornando inviable la tutela, pues el juez constitucional, por cuanto <\/p>\n
este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC3824-2022). <\/p>\n
2.2. De otra parte, se descarta la impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia propios del perjuicio irremediable alegado, pues, adem\u00e1s de que el tema est\u00e1 surtiendo el respectivo tr\u00e1mite y de que no se ha librado el despacho comisorio para adelantar el secuestro del establecimiento de comercio y tampoco se ha realizado la entrega de dineros a la ejecutante, lo cierto es que corresponde al juez natural decidir si en el asunto se present\u00f3 el vicio alegado, sin que pueda esta Sala anticiparse a definir que aqu\u00e9l s\u00ed se configur\u00f3 y, por tanto, la tutela es improcedente para ordenar la suspensi\u00f3n de unas decisiones que gozan de fuerza ejecutoria, pues ello afectar\u00eda el debido proceso de quienes intervinieron en el juicio correspondiente. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Documento 04, expediente 2021-00319. <\/p>\n
2\u0002 Documento 25, expediente 2021-00319. <\/p>\n
3\u0002 Documento 32, expediente 2021-00319. <\/p>\n
4\u0002 Documento 33, expediente 2021-00319. <\/p>\n
5\u0002 Sobre el ejercicio prematuro de esta herramienta ver STC11209-2020, entre otras. <\/p>\n
<\/p>\n
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