STC12580-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12580-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01062-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de junio de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Disama Medic S.A.S. y Radio Tec S.A.S. \u2013quienes conforman la Uni\u00f3n Temporal UT Im\u00e1genes Diagn\u00f3sticas La Misericordia\u2013 contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2018-00377. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las solicitantes Disama Medic S.A.S. y Radio Tec S.A.S., quienes conforman la UT Im\u00e1genes Diagn\u00f3sticas La Misericordia, actuando por medio de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia en \u00abconexidad con el principio de confianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Adriana Manotas Fierro promovi\u00f3 declarativo en contra de las citadas empresas, integrantes de la UT, en procura del reconocimiento de la relaci\u00f3n de trabajo entre ambas partes, la cual \u00abtermin\u00f3 por causa imputable al empleador\u00bb2 y, en consecuencia, pidi\u00f3 el pago de \u00ablos salarios y prestaciones que dej\u00f3 de percibir (\u2026), la sanci\u00f3n moratoria, los intereses de mora, \u00abla porci\u00f3n que les correspond\u00eda por concepto de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral\u00bb y, las costas\u00bb. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, quien declar\u00f3 parcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, decret\u00f3 la existencia del contrato laboral y conden\u00f3 a las demandadas a pagar las cesant\u00edas y sus intereses, la prima de servicios y las respectivas vacaciones, as\u00ed como los aportes a seguridad social en pensiones. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la alzada propuesta por la all\u00ed querellante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, revoc\u00f3 parcialmente lo dispuesto por el a quo, en el sentido de adicionar el valor de los salarios adeudados y de conceder la sanci\u00f3n moratoria. <\/p>\n
Inconformes, las gestoras recurrieron en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3, dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n del ad quem, pues advirti\u00f3 que aquellas guardaron \u00absilencio ante la decisi\u00f3n de primera instancia, lo que significa que se conform\u00f3 con lo all\u00ed decidido, concretamente con la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo (\u2026) as\u00ed como con las condenas impartidas\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de las aqu\u00ed promotoras, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto procedimental absoluto, dado que \u00abconfirma la actuaci\u00f3n de los operadores judiciales de primera y segunda instancia, siendo que el primero no sigui\u00f3 el procedimiento indicado por el legislador, (\u2026) porque, independientemente, de las razones por las cuales no comparecieron los demandados a la audiencia del art\u00edculo 77, ha debido dar por terminada la primera audiencia de tr\u00e1mite y programar para otro d\u00eda la realizaci\u00f3n de la segunda audiencia de tr\u00e1mite y juzgamiento [sin embargo, se llevaron a cabo, en una misma fecha (2 de abril de 2019), las audiencias de que tratan los art\u00edculos 77 y 80 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo]\u00bb, sumado a que \u00abdecidieron reconocer la existencia de un contrato de trabajo realidad, con apoyo en una equivocada valoraci\u00f3n de los elementos probatorios que fueron arrimados al proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, que se deje sin efectos el fallo SL888-2022 del 23 de marzo de 2022 y, en consecuencia, se dicte uno nuevo \u00abde conformidad con los lineamientos constitucionales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00ablo que ahora pretende la accionante es revivir el conflicto jur\u00eddico ordinario que ya fue resuelto por el juez natural y su legalidad y constitucionalidad fue confirmada por esta Sala de la Corte como organismo de cierre\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla indic\u00f3 que \u00abno se le ha vulnerado derecho fundamental alguno con la decisi\u00f3n adoptada, por cuanto al resolver el recurso de apelaci\u00f3n se hizo teniendo en cuenta el principio de congruencia consagrado en el art\u00edculo 66 A del C.P.T.S.S., atendiendo la normatividad vigente para resolver el caso en concreto, siendo motivada en entre otras, en el Art\u00edculo 65 C.P.T.S.S. modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 789 de 2002, Art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, Art\u00edculo 281 del C.G.P., la valoraci\u00f3n de los elementos probatorios allegados al proceso y, la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia de la Sala Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, vertida en la sentencia SL14651 del 1 de octubre de 2014, Radicaci\u00f3n No. 44060, M.P. Clara Cecilia Due\u00f1as Quevedo\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad relat\u00f3 lo sucedido en el juicio y se\u00f1al\u00f3 que \u00abcon las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso, no hemos vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al accionante\u00bb. <\/p>\n
4. Adriana Manotas Fierro expuso que \u00abno hubo vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso; entre la primera y la segunda instancia tuvo oportunidad de pedir la nulidad de lo actuado si el accionante crey\u00f3 que pudiese haber incurrido los despachos en nulidad, pero en lugar de ello continu\u00f3 ajeno al proceso y solo apareci\u00f3 a presentar alegatos en la segunda instancia que, hay que recordarlo, fue impetrada por su contraparte. Entonces, no habiendo violaci\u00f3n al debido proceso ni al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, no se ha configurado la pretendida v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00ablos razonamientos planteados en la sentencia dictada el 23 de marzo de 2022 SL888-2022 (\u2026) estuvo precedida del an\u00e1lisis serio y ponderado de la normativa aplicable, la jurisprudencia y hechos probados durante la actuaci\u00f3n, lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n censurada se aprecia razonable y debidamente motivada, por lo que no estructura ninguno de los defectos que hace procedente la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales. Prevalece, por tanto, el principio de autonom\u00eda judicial que le impide al juez de tutela inmiscuirse en decisiones como la controvertida, la cual hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo porque el demandante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido en contra de las gestoras (SL888-2022, rad. 88285), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que las recurrentes guardaron \u00absilencio ante la decisi\u00f3n de primera instancia, lo que significa que se conform\u00f3 con lo all\u00ed decidido, concretamente con la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo (\u2026), as\u00ed como con las condenas impartidas\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer cargo formulado por la v\u00eda indirecta por \u00abaplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 29 y 53 de la CN; 1, 5, 29, 22-24, 32, 36, 54-56, 65, 127, 128, 186-188, 191, 193, 249 y 306 del CST; numeral 2 del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990; 164 y 167 del CGP y 145 del CPTSS\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l juez de la primera instancia declar\u00f3 la existencia de un contrato realidad entre Adriana Manotas Fierro y la Uni\u00f3n Temporal Im\u00e1genes Diagn\u00f3sticas La Misericordia y, la conden\u00f3 al pago de vacaciones, salarios adeudados, prestaciones sociales legales y, al pago de aportes a la seguridad social en pensiones, decisi\u00f3n que \u00fanicamente le mereci\u00f3 reproche a la promotora del juicio quien oportunamente la apel\u00f3\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en lo establecido en el prove\u00eddo AL1211-2020, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla posici\u00f3n que adopt\u00f3 quien recurre en casaci\u00f3n, frente a la sentencia de primera instancia, es determinante, pues de esta depender\u00e1 la existencia de inter\u00e9s subjetivo o legitimaci\u00f3n para discutir la legalidad de la providencia del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, desestim\u00f3 el embate, tras agregar que: <\/p>\n
\u00ab[L]a uni\u00f3n temporal (\u2026) guard\u00f3 silencio ante la decisi\u00f3n de primera instancia, lo que significa que se conform\u00f3 con lo all\u00ed decidido, concretamente con la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo con la demandante as\u00ed como con las condenas impartidas, por lo que su inter\u00e9s jur\u00eddico en sede de casaci\u00f3n \u00fanicamente se limita a las que en segunda instancia imparti\u00f3 el ad quem, que no son otras que la diferencia que hall\u00f3 en el valor de la impuesta en primera instancia por salarios insolutos y en la indemnizaci\u00f3n moratoria a la que accedi\u00f3 el fallador de segunda instancia, por lo que, como la inconformidad planteada en el cargo se centra en controvertir la existencia de la relaci\u00f3n laboral con la promotora del juicio, la misma resulta extempor\u00e1nea y alejada de cualquier posibilidad de reproche en tanto, se reitera, se conform\u00f3 con tal decisi\u00f3n, al abstenerse de recurrir en apelaci\u00f3n la decisi\u00f3n del a quo\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Ahora bien, sobre el segundo cargo, en el que se denunci\u00f3 la \u00abviolaci\u00f3n de medio, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea acusa los art\u00edculos 77 y 80 del CPTSS modificados por el 11 y 12 de la ley 1149 de 2007, respectivamente, lo que condujo a la vulneraci\u00f3n por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 29 y 53 de la CN; 1, 5, 29, 22-24, 32, 36, 54-56, 65, 127, 128, 186-188, 191, 193, 249 y 306 del CST; numeral 2 del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990; 164 y 167 del CGP y, 145 del CPTSS\u00bb, la autoridad enjuiciada refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]a sustentaci\u00f3n del cargo se contrae a controvertir la concentraci\u00f3n que hiciera el juez de primera instancia de las audiencias de conciliaci\u00f3n, decisi\u00f3n de excepciones previas, saneamiento y fijaci\u00f3n del litigio \u2013Art. 77 CPTSS) y, la de tr\u00e1mite y juzgamiento prevista en el art\u00edculo 80 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que se aduce por la censura, se dio de forma irregular en el proceso dando lugar a la aplicaci\u00f3n de las consecuencias procesales ante su inasistencia a la audiencia obligatoria de conciliaci\u00f3n e interrogatorio de parte\u00bb. <\/p>\n
Sobre dicho reparo, y de conformidad con lo prescrito en el fallo SL1869-2020, la corporaci\u00f3n fustigada indic\u00f3 que \u00aben la casaci\u00f3n del trabajo la causal por errores in procedendo fue derogada por el art\u00edculo 23 de la Ley 16 de 1968, no siendo admisible acudir a esta sede extraordinaria para subsanar aspectos procesales que debieron quedar saneados en las instancias\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, razon\u00f3 que \u00abno luce equivocado el actuar del juzgador de primera instancia al dar aplicaci\u00f3n al principio de concentraci\u00f3n que encuentra sustento en el art\u00edculo 45 del CPTSS modificado por el 5 de la Ley 1149 de 2007, al citar a las partes en la misma calenda a la audiencia del art\u00edculo 77 (obligatoria de conciliaci\u00f3n, decisi\u00f3n de excepciones previas, saneamiento, fijaci\u00f3n del litigio y decreto de pruebas) y a la del 80 del CPTSS (tr\u00e1mite y juzgamiento), no solo porque les notific\u00f3 de su decisi\u00f3n con antelaci\u00f3n a su celebraci\u00f3n y de esta manera resguard\u00f3 sus derechos a la defensa y al debido proceso (\u2026), sino porque el citado precepto adjetivo as\u00ed lo permite\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la normativa previamente referida, destac\u00f3 que \u00abla prohibici\u00f3n que de all\u00ed se deriva es la de realizar m\u00e1s de las permitidas -2-, que no, de concentrar su pr\u00e1ctica en aras de adelantar un procedimiento sin dilaciones injustificadas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo atinente a los yerros f\u00e1cticos endilgados al tribunal, reliev\u00f3 que \u00abresultan suficientes las consideraciones vertidas al resolver el que antecede por corresponder a iguales errores, pruebas y fundamentos\u00bb y, de esta manera, desestim\u00f3 el cargo. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de las sociedades Disama Medic S.A.S. y Radio Tec S.A.S., quienes conforman la UT, no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquellas frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 12 de septiembre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el fallo de casaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
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