STC12581-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12581-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00470-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 18 de agosto de 2022, con la cual neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Alberto Guerra Tabares, contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Veinticuatro Civil Municipal de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 Pedro Luis Osorio y Luz Amparo Tabares S\u00e1nchez. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades Judiciales cuestionadas al interior del proceso verbal reivindicatorio de radicado 2021-00196-02. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que Pedro Luis Osorio y Luz Amparo Tabares S\u00e1nchez presentaron demanda reivindicatoria en su contra, la cual correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Municipal accionado. Tr\u00e1mite en el que invoc\u00f3 la prueba trasladada, por lo que solicit\u00f3 que se oficiar\u00e1 al Juzgado 27 Civil Municipal de Medell\u00edn para que remitiera el proceso de prescripci\u00f3n adquisitiva de radicado 2021-00225, el interrogatorio de parte correspondiente al demandado y los testimonios rendidos en ese litigio. Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que pidi\u00f3 la declaraci\u00f3n de cuatro testigos, con el prop\u00f3sito de que sus declaraciones sirvieran de soporte a las excepciones de m\u00e9rito planteadas. <\/p>\n
2.1. Sin embargo, tales pedimentos fueron negados por el Juzgado Municipal atacado -con auto del 7 de marzo de 2022-, pues consider\u00f3 en relaci\u00f3n con la prueba trasladada que la petici\u00f3n debi\u00f3 acompa\u00f1arse de un fundamento sumario, por lo que la sola enunciaci\u00f3n de la prueba no era suficiente. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que no se indic\u00f3 la pertinencia, conducencia y utilidad de los medios que se quieren trasladar. De la recepci\u00f3n de declaraciones de terceros destac\u00f3 que no cumpl\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 212 del C.G.P. <\/p>\n
2.2. Inconforme con la decisi\u00f3n, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. La primera autoridad Judicial accionada mantuvo su postura. Y el Juzgado Civil del Circuito cuestionado -con prove\u00eddo del 29 de julio de 2022- resolvi\u00f3 confirmar el auto debatido. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 que la Corte Constitucional en sentencia C946 estableci\u00f3 \u00abque se practiquen de oficio las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realizaci\u00f3n y efectividad de los derechos\u00bb pronunciamiento que fue omitido por parte de las autoridades debatidas. En su sentir, no era aplicable el art\u00edculo 168 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que no le corresponde a quien solicita la prueba hacer la calificaci\u00f3n de esta. Por otra parte, asever\u00f3 que las pruebas imploradas son todas pertinentes, conducentes y \u00fatiles. Adem\u00e1s, sostuvo que los Juzgadores no ten\u00edan soporte probatorio para dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 174 y 212 de la misma disposici\u00f3n. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 el amparo de los derechos invocados. En consecuencia, que se deje sin efecto el auto del 29 de julio de 2022, por medio del cual se confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del 7 de marzo del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
El Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medell\u00edn1, luego de narrar sus actuaciones, manifest\u00f3 que se circunscribe a las actuaciones procesales efectuadas en el marco del proceso, por tanto, expres\u00f3 que \u00abnos atenemos a lo que decida el Juzgador\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn neg\u00f3 el amparo implorado, al considerar que: <\/p>\n
no se puede predicar del auto del 29 de julio de 2022 que se hubiese apartado completamente del procedimiento establecido. N\u00f3tese que para que se configure una v\u00eda de hecho por defecto procedimental, el yerro debe ser absoluto y por ende debe quedar establecido que el juez debi\u00f3 apartarse completamente de las normas procesales: sin embargo, en este evento, el juzgado del circuito expuso argumentos consistentes para confirmar el auto proferido por el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medell\u00edn, con lo cual no es arbitraria la aplicaci\u00f3n del art. 168 del C.G.P, en tanto motivadamente se rechazaron los medios de prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, con fundamento en similares argumentos plasmados en el escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abmi apoderado en el referido proceso reivindicatorio cumpli\u00f3 plenamente con la exigencia contenida en el art. 212 del CGP\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales del gestor, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 29 de julio de 2022, con el cual se confirm\u00f3 el auto del 7 de marzo de la misma anualidad que deneg\u00f3 el decreto de algunas pruebas. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Civil del Circuito de Medell\u00edn -con prove\u00eddo del 29 de julio de 20222-, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a confirmar la decisi\u00f3n recurrida. Para ello, luego de invocar el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Nacional, el 164 y siguientes del C\u00f3digo General del proceso, destac\u00f3 que \u00aben materia civil, el C\u00f3digo General del Proceso desarrolla la actividad probatoria en sus art\u00edculos 164 y siguientes, reiterando que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u00bb. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la carga de la prueba, enfatiz\u00f3 que los art\u00edculos 167 y 168 del CGP se\u00f1alan que \u00abincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen; s\u00f3lo cuando las particularidades del caso lo ameriten, de oficio o a solicitud de parte, el juez podr\u00e1 distribuir la carga de la prueba en consideraci\u00f3n a quien se encuentre en condici\u00f3n m\u00e1s favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. Por lo que se rechazar\u00e1 mediante providencia motivada, las pruebas il\u00edcitas, las notoriamente impertinentes, inconducentes y las manifiestamente superfluas o in\u00fatiles\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, en relaci\u00f3n con el caso en concreto, expuso que <\/p>\n
\u2026en el auto reprochado se deneg\u00f3 el decreto de La prueba trasladada relacionada con que se oficiara al Juzgado 27 Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, para para que remitiere copia aut\u00e9ntica y completa del Interrogatorio de parte rendido por el demandado y los testimonios rendidos dentro del proceso radicado bajo el N\u00ba 050014003027- 2021-00225-00, con el argumento que los demandados no indicaron su pertinencia, conducencia y utilidad, adem\u00e1s que omitieron se\u00f1alar qu\u00e9 hechos se pretend\u00edan probar con esos medios, y el juzgador de instancia no advirti\u00f3 la necesidad de trasladar una prueba practicada por otra instancia judicial sobre una Litis de distinta \u00edndole. Agreg\u00f3 la juzgadora que la solicitud era sumamente gen\u00e9rica, adem\u00e1s que en todo caso tanto el demandante como los demandados deber\u00e1n ser interrogados en la audiencia inicial de que trata el art. 372 ib., y en relaci\u00f3n con los testimonios que se pretend\u00edan trasladar tampoco se hab\u00eda especificado los hechos objeto de prueba que se pretenden probar con ellos, como lo precisa el art\u00edculo 212 ib. <\/p>\n
2.3. As\u00ed, frente a la primera determinaci\u00f3n observ\u00f3 que la Juzgadora de primera instancia \u00abargument\u00f3 suficientemente las razones por las que consider\u00f3 que no proced\u00eda el decreto de la prueba solicitada en tanto que no cumpl\u00eda con los presupuestos de ser pertinente, conducente y \u00fatil para esclarecer los hechos de la demanda\u00bb. Razonamientos que encontr\u00f3 ajustados a derecho \u00abya que, como lo advirti\u00f3 la a quo, en la solicitud no se indic\u00f3 siquiera los hechos que con las mismas se pretend\u00edan probar y el motivo por el que deb\u00edan ser objeto de valoraci\u00f3n pese a que en este mismo tr\u00e1mite tambi\u00e9n habr\u00eda de recibirse la declaraci\u00f3n de ambas partes\u00bb. <\/p>\n
En sustento, sobre la prueba trasladada record\u00f3 que \u00abse funda en el principio de econom\u00eda procesal consagrado en el art. 42 numeral 1\u00b0 ib., lo que en el presente caso no cumplir\u00eda la finalidad de agilizar el proceso\u00bb. En efecto, \u00aben el presente caso de conformidad con el art. 372 ib. la a quo deb\u00eda recibir la declaraci\u00f3n de ambas partes y la valoraci\u00f3n que eventualmente pudiera realizar de la prueba trasladada pedida, era completamente independiente y aut\u00f3noma a la que efectu\u00f3 el juez titular del Despacho en el que se origin\u00f3\u00bb. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que lo anterior tambi\u00e9n es aplicable a los testimonios \u00abque pidieron fueran traslados, ya que tampoco se inform\u00f3 cu\u00e1l ser\u00eda su utilidad y adem\u00e1s al solicitarlos no se indic\u00f3 si se cumpl\u00eda con el art. 174 ib. que exige para su decreto, que en el proceso de origen se hubieren practicado a petici\u00f3n de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por otro lado, en lo tocante a la negativa de oficiar al Municipio de Medell\u00edn – Secretar\u00eda de Hacienda, al Administrador del \u201cEdificio Parque del Rodeo\u201d y al Juzgado 27 Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, analiz\u00f3 lo que viene: <\/p>\n
argument\u00f3 el juzgado de conocimiento que ello obedec\u00eda a que la parte demandada debi\u00f3 aportar con la contestaci\u00f3n las pruebas que pretend\u00eda hacer valer y no pretender que el juzgado asumiera la carga probatoria que a ellos correspond\u00eda, as\u00ed mismo, indic\u00f3 que la parte demandada no manifest\u00f3, conforme lo establece el precitado precepto 167, que se encontraba en imposibilidad de su consecuci\u00f3n o en una situaci\u00f3n menos favorable que la parte demandante para que se trasladara la carga de la prueba en torno a los documentos que se pretende obtener mediante oficio de esta judicatura, as\u00ed como tambi\u00e9n, pas\u00f3 por alto lo consagrado en el art\u00edculo 78 numeral 10 del C. G. del P., en cuanto al deber de abstenerse de solicitar la consecuci\u00f3n de documentos que pudo obtener por medio del derecho de petici\u00f3n. Prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 173 ib. que le impide a esta titular de ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas que directamente o por medio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir la parte que la solicita, siendo m\u00e1s reprochable a\u00fan lo solicitado respecto al Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, ya que uno de los demandados es parte integrante de dicho Radicado 05001 40 03 024 2022 00196 01\u2026, de manera que no advirti\u00f3 la a quo fundamentos f\u00e1cticos ni jur\u00eddicos para acceder a una solicitud probatoria que denota una falta de proactividad de la parte demandada y a todas luces un incumplimiento en sus deberes como parte dentro de la Litis. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el apelante en el recurso planteado \u00abno expuso los motivos por los que la decisi\u00f3n deb\u00eda ser revocada en este punto y procedi\u00f3 a aportar la certificaci\u00f3n que solicitaba del Administrador del \u201cEdificio Parque del Rodeo\u201d, para que fuera tenida en cuenta como prueba\u00bb. De ello observ\u00f3 que el Juzgado cognoscente, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n insisti\u00f3 en el deber que le asiste al demandado consagrado en el art\u00edculo 78 numeral 10 del CGP, \u00aben cuanto a abstenerse de solicitar la consecuci\u00f3n de documentos que pudo obtener por medio del derecho de petici\u00f3n, prohibici\u00f3n que adem\u00e1s contempla el art\u00edculo 173 ib. Agreg\u00f3 que a la luz del art\u00edculo 164 ib., tener en cuenta la certificaci\u00f3n apenas allegada con el recurso, ser\u00eda incurrir en una v\u00eda de hecho, toda vez que la misma no fue allegada por la parte, en la oportunidad procesal prevista para ello. <\/p>\n
Al respecto, recalc\u00f3 que de conformidad con ese precepto es claro que \u00ablas partes tienen el deber de abstenerse de solicitar al juez la consecuci\u00f3n de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubieren podido conseguir, por lo mismo, el art. 173 ib. establece que el juzgador podr\u00e1 decretar la prueba pedida en los anteriores eventos, siempre que se acredite sumariamente que la petici\u00f3n no fue atendida. <\/p>\n
2.5. Seguidamente, advirti\u00f3 que la parte demandada ni en la solicitud de los oficios cuando contest\u00f3 la demanda, ni en el recurso de reposici\u00f3n interpuesto en contra del auto que deneg\u00f3 su decreto, \u00abacredit\u00f3 las diligencias desplegadas para obtener por su propia cuenta los documentos que pretende sean pedidos por orden judicial; tampoco, agreg\u00f3 razones de las que se pudiera inferir que los mismos estuvieren protegidos por reserva legal, haciendo ineficaz el derecho de petici\u00f3n como mecanismo para obtenerlos\u00bb. Por lo que trajo a colaci\u00f3n la sentencia C-099 de 20223 de Corte Constitucional con la cual se declar\u00f3 la exequibilidad de los arts. 78 numeral 10 y 173 (parcial) del C\u00f3digo General del proceso. <\/p>\n
Por lo tanto, sobre este punto concluy\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n adoptada por la juzgadora de primera instancia\u2026 es ajustada a derecho, si se tiene en cuenta las cargas procesales impuestas a las partes en las normas que sirvieron de base para denegar el medio probatorio pedido, ya que con las mismas, lo que se busca es la realizaci\u00f3n de principios constitucionales tales como la igualdad de las partes en el proceso; y por lo mismo no puede tenerse como prueba el certificado aportado por el extremo resistente de la pretensi\u00f3n con el recurso de reposici\u00f3n al auto refutado, ya que la oportunidad para arrimarlo se encontraba terminada para ese momento. Por lo dicho, se confirmar\u00e1 el auto apelado en lo que respecta a la solicitud de oficiar. <\/p>\n
2.6. Finalmente, en cuanto a la negativa del juzgado a decretar los testimonios pedidos por la parte demandante bajo el argumento que no se cumpl\u00eda con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 212 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que no se indicaron concretamente los hechos objeto de la prueba sobre los que rendir\u00edan declaraci\u00f3n quienes pretend\u00edan ser tenidos como testigos de la parte demandada, resalt\u00f3 que \u00aben la solicitud de los mismos, se dijo a modo general que las personas enlistadas declarar\u00edan sobre los hechos que sirvieron de fundamento a las excepciones de m\u00e9rito, sin especificar concretamente a cuales, tal y como obliga el art. 212 que precisa la necesidad de enunciar los hechos objeto de esa prueba, adem\u00e1s, en los fundamentos del recurso de reposici\u00f3n al auto cuestionado, la parte demandada s\u00f3lo agreg\u00f3 que en su sentir para la solicitud de dicho medio probatorio, no era necesario los hechos que se encontraban claramente narrados en p\u00e1rrafos anteriores del mismo escrito\u00bb. Por ello, consider\u00f3 que \u00ablos argumentos expuestos por la parte demandante no son suficientes para pasar por alto el mandato legal contemplado en el art\u00edculo 212, puesto que de la justificaci\u00f3n de su solicitud parte la valoraci\u00f3n del juez en cuanto a la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, haci\u00e9ndose imposible tal valoraci\u00f3n en el presente caso ya que no se expresa concretamente qu\u00e9 es lo que se pretende probar con ellos. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.4 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo, probatorio y jurisprudencial del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que: <\/p>\n
el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Por lo aqu\u00ed considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Folio 130-138.Anexo 02TutelaAnexos.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional. M.P. Karen Caselles Hern\u00e1ndez. Sentencia C-099 de 2022. <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC12581-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12581-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00470-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67305","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67305","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67305"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67305\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67305"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67305"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67305"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}