STC12587-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12587-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2022-00193-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de agosto de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el Departamento del C\u00e9sar contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo de radicado 2021-00208. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad territorial promotora, a trav\u00e9s del Jefe de la Oficina Jur\u00eddica, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f3 que en su contra se adelanta el proceso ejecutivo singular de mayor cuant\u00eda precitado, en el cual el Juzgado censurado libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 medidas cautelares de embargo a favor del ejecutante principal -Miller Fernando Daza Argote, en calidad de propietario del establecimiento de comercio Droguer\u00eda Medical- y de los dem\u00e1s acreedores de las demandas acumuladas1. <\/p>\n
El 5 de julio de 2022, el Departamento solicit\u00f3 al estrado reprochado que le informara si exist\u00edan dep\u00f3sitos judiciales constituidos para garantizar el l\u00edmite de las cautelas y, en caso afirmativo, deprec\u00f3 que se comunicara a las entidades financieras lo pertinente, con el prop\u00f3sito de que no se continuaran reteniendo los dineros que excedieran las medidas impuestas. <\/p>\n
3. El gestor reprocha que el estrado accionado no ha dado respuesta a la petici\u00f3n de informaci\u00f3n formulada el 5 de julio de 2022, pese al t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso y a la necesidad de verificar que no haya bloqueos que superen las medidas cautelares decretadas, que puedan afectar la ejecuci\u00f3n presupuestal de la entidad. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, requiri\u00f3 que se ordene al juzgador confutado resolver sobre lo pedido. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar inform\u00f3 que la causa coercitiva se\u00f1alada tiene 5 demandas, siendo la principal la seguida por Droguer\u00eda Medical, tr\u00e1mite en el que se encuentra pendiente la resoluci\u00f3n de las excepciones previas formuladas por la gestora, mediante recurso de reposici\u00f3n contra los autos que libraron las \u00f3rdenes de apremio. <\/p>\n
A su vez, afirm\u00f3 que, aunque la petici\u00f3n de la entidad accionante se encontraba \u00aben el turno 254 para resolver\u00bb, remiti\u00f3 la informaci\u00f3n que requiri\u00f3 a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico notificacionesjudiciales@gobcesar.gov.co, \u00abencontr\u00e1ndose constituido un solo t\u00edtulo, que no cubre la totalidad de las acreencias ejecutadas\u00bb. <\/p>\n
2. Quien dijo actuar como apoderada judicial del establecimiento de comercio Droguer\u00eda Medical solicit\u00f3 que se ordene al accionado decidir el recurso de reposici\u00f3n que el ejecutado formul\u00f3 contra el mandamiento de pago desde el 26 de enero de 2022, pues ni siquiera se ha corrido el traslado respectivo. Refiri\u00f3 que no ha sido notificado \u00abde dep\u00f3sito judicial alguno\u00bb y que no tiene conocimiento \u00abde que se hayan librado los oficios a los bancos se\u00f1alados en la demanda ejecutiva o se haya expedido auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Quien adujo ostentar la calidad de mandataria judicial de la Unidad Pedi\u00e1trica Sim\u00f3n Bol\u00edvar y Servifarma del Caribe S.A.S. se opuso a las s\u00faplicas de la salvaguarda, dado que la posible mora judicial \u00abno obedece a la desidia o negligencia del funcionario\u00bb, sino al \u00abn\u00famero elevado de procesos que deben ser tramitados\u00bb. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al no encontrar acreditada la mora judicial, toda vez que el lapso de un mes y doce d\u00edas desde que se radic\u00f3 la solicitud \u00abno es desproporcionado\u00bb y no es suficiente para predicar \u00abel aludido fen\u00f3meno\u00bb. <\/p>\n
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IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, enfatizando que la respuesta de la solicitud de informaci\u00f3n sobre si se ha constituido o no un dep\u00f3sito judicial que garantice la medida cautelar solo requiere una \u00absimple consulta a la cuenta bancaria de titularidad del juzgado\u00bb y que s\u00ed hay mora en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo. De otro lado, afirm\u00f3 que se ignoraron las condiciones del caso concreto que conllevaron a requerir su amparo, pues el \u00abbloqueo\u00bb que el Banco Davivienda S.A. efectu\u00f3 sobre la cuenta corriente 0000003790551022 transgrede el art\u00edculo 287 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
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1. En el sub examine, el accionante pretende la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la omisi\u00f3n del Juzgado accionado en resolver la solicitud que elev\u00f3 el 5 de julio de 2022. <\/p>\n
2. Observa la Sala que, mediante correo electr\u00f3nico enviado el 5 de julio de 2022, la entidad territorial solicit\u00f3 al Juzgado de conocimiento que le informara \u00absi a la fecha se encuentra constituido dep\u00f3sito judicial que garantice el l\u00edmite del embargo y\/o retenci\u00f3n de dinero\u00bb y, en caso afirmativo, que comunicara esa circunstancia a las entidades financieras, pues los bloqueos de las cuentas dificultaban la ejecuci\u00f3n presupuestal del Departamento. <\/p>\n
El 13 de julio de 2022, esto es, dentro de los 6 d\u00edas h\u00e1biles siguientes, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar remiti\u00f3 la informaci\u00f3n exigida, precisando que solo se hab\u00eda constituido el t\u00edtulo 424030000706910, el cual se emiti\u00f3 el 28 de marzo de 2022 por valor de $294.052.191,00, informaci\u00f3n que fue reenviada el 9 de agosto pasado por correo electr\u00f3nico2, y respecto del cual el Juzgado inform\u00f3, en sede de tutela, que el monto \u00abno cubre la totalidad de las acreencias ejecutadas\u00bb en los procesos acumulados3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que, independientemente de que lo all\u00ed referido no sea compartido por la parte interesada, se emiti\u00f3 una respuesta y, por tanto, la omisi\u00f3n endilgada es inexistente, lo cual torna inviable la tutela, pues <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d (CC T-130\/14, cita realizada en CSJ STC12717-2019). <\/p>\n
3. Finalmente, sobre lo alegado en la impugnaci\u00f3n, relativo a las medidas cautelares decretadas y la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 287 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, resulta pertinente se\u00f1alar que dichas argumentaciones deben ser planteadas y resueltas en la instancia respectiva, a trav\u00e9s de los medios ordinarios de defensa, pues no puede el juez de tutela asumir las competencias asignadas al juez natural. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cl\u00ednica Buenos Aires S.A.S., Centro Radiol\u00f3gico Elisa Clara, Amedi, Servifarma del Caribe S.A.S y la Unidad Pedi\u00e1trica Sim\u00f3n Bol\u00edvar. <\/p>\n
2\u0002 Archivos reenviados el 14 de septiembre de 2022 al expediente de tutela por el Juzgado accionado, mediante correo electr\u00f3nico. Las respuestas fueron remitidas al correo electr\u00f3nico de la entidad territorial notificacionesjudiciales@gobcesar.gov.co. <\/p>\n
3\u0002 De acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991, los informes se considerar\u00e1n rendidos bajo juramento. De lo revisado en el proceso se evidencia que las medidas cautelares se ordenaron sobre las sumas contenidas en los t\u00edtulos ejecutivos y sus intereses, que corresponden a una cuant\u00eda superior a la del dep\u00f3sito judicial existente. <\/p>\n
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