STC12595-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12595-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 31 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Alberto Morales Betancourt contra la Superintendencia de Industria y Comercio; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00b0 18-291670. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogada, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos a un debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales estima trasgredidos con la resoluci\u00f3n n\u00b0 18505 del 13 de mayo de 2022, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Protecci\u00f3n de la Competencia, en el tr\u00e1mite administrativo sancionatorio que se adelanta en su contra, rechaz\u00f3 de plano la recusaci\u00f3n que \u00e9l formul\u00f3 frente a dicho funcionario (y tambi\u00e9n contra el Superintendente de Industria y Comercio), aplicando para ello algunos precedentes jurisprudenciales que difieren sustancialmente del caso que incumbe a esta actuaci\u00f3n y tambi\u00e9n el art\u00edculo 142 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual es abiertamente impertinente, por tratarse de una actuaci\u00f3n administrativa que se rige de manera particular por los art\u00edculos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 (C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). <\/p>\n
2. Adem\u00e1s de referirse tangencialmente a las irregularidades que, en su criterio, ha cometido la entidad accionada en el citado tr\u00e1mite sancionatorio (las cuales, aclar\u00f3, no son objeto de censura en esta tramitaci\u00f3n constitucional) y de explicar que la recusaci\u00f3n por \u00e9l formulada obedeci\u00f3 a una decisi\u00f3n anterior del Superintendente Delegado, de no permitir la intervenci\u00f3n en el juicio de \u00ab657 autores y compositores afiliados a SAYCO\u00bb que tienen un inter\u00e9s directo en esa actuaci\u00f3n, el actor puntualiz\u00f3 que su inconformidad recae puntualmente en el tr\u00e1mite impartido a su solicitud, puesto que \u00abel Superintendente Delegado no tiene jurisdicci\u00f3n, ni competencia para decidir como lo hizo en la Resoluci\u00f3n 28505 (13\/05\/2022), s\u00f3lo le correspond\u00eda pronunciarse sobre la recusaci\u00f3n y enviarlo al superior, y como tambi\u00e9n fue recusado el Superintendente, a \u00e9l le corresponde lo mismo y remitir al Presidente de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 dejar sin efecto el fustigado prove\u00eddo y que, en su lugar, se imparta el tr\u00e1mite correspondiente a su recusaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) y otros intervinientes1 coadyuvaron la solicitud de amparo, con fundamentos muy similares a los esgrimidos en el libelo introductor. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Industria y Comercio defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda, ante la razonabilidad de los fundamentos de su decisi\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo tras resaltar la razonabilidad de la fundamentaci\u00f3n de la providencia objeto de censura. <\/p>\n
El actor, adem\u00e1s de pedir la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite, por considerar que los competentes para tramitar est\u00e1 actuaci\u00f3n son los jueces administrativos (pedimento que rechaz\u00f3 de plano el tribunal, sin protesta alguna del peticionario) insisti\u00f3 en sus alegaciones primigenias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los argumentos ofrecidos en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n a lo resuelto por el juez constitucional de primera instancia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la autoridad encartada rechaz\u00f3 de plano la recusaci\u00f3n propuesta por el accionante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la Superintendencia arguy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLos impedimentos y las recusaciones son figuras establecidas por la ley para garantizar los principios que orientan el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica. En esa media, el prop\u00f3sito de estas figuras es asegurar la imparcialidad, independencia y transparencia del juez o funcionario judicial que tiene a su cargo el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n de un asunto (\u2026), las causales de recusaci\u00f3n permiten a la parte interesada advertir al funcionario p\u00fablico sobre alguna situaci\u00f3n que comprometa su imparcialidad y as\u00ed el funcionario pueda determinar si hay lugar a someter la actuaci\u00f3n al conocimiento de otro funcionario. <\/p>\n
Conforme con la remisi\u00f3n normativa del inciso final del art\u00edculo 52 del Decreto 2153 de 199214, en el procedimiento administrativo sancionatorio por pr\u00e1cticas restrictivas de la competencia se aplica el r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones previsto en los art\u00edculos 11 y 12 del CPACA (\u2026). Sin embargo, el CPACA no agot\u00f3 completamente ciertos aspectos, como el concerniente a la oportunidad y procedencia de las recusaciones. Por lo anterior, de acuerdo con la remisi\u00f3n normativa prevista el art\u00edculo 306 del CPACA, en estas materias deben aplicarse las disposiciones contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso, siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza de la actuaci\u00f3n. Por consiguiente, para determinar la oportunidad que se tiene para proponer una recusaci\u00f3n en el procedimiento administrativo sancionatorio, es completamente procedente la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 142 del CGP. (\u2026) <\/p>\n
El art\u00edculo 11 del CPACA establece 16 causales de recusaci\u00f3n16. Estas causales prev\u00e9n una serie de eventos en los cuales el servidor p\u00fablico se debe apartar excepcionalmente del conocimiento del caso. Debido a que comportan una excepci\u00f3n al cumplimiento de la funci\u00f3n p\u00fablica, la jurisprudencia de las Altas Cortes coincide en se\u00f1alar que las causales de recusaci\u00f3n son taxativas y de aplicaci\u00f3n restrictiva (\u2026). <\/p>\n
El rechazo de plano es un instrumento previsto por el legislador para evitar que se presenten dilaciones injustificadas de los procesos. Este instrumento faculta al director del proceso para no tramitar aquellas solicitudes impertinentes y\/o notoriamente improcedentes22 . En el caso de las recusaciones, el rechazo de plano se puede realizar, entre otros, en los siguientes dos eventos: i) cuando la solicitud es impertinente y\/o notoriamente improcedente y ii) cuando la solicitud no se presenta en la oportunidad establecida en el art\u00edculo 142 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Con base en el anterior marco normativo, acometi\u00f3 el estudio de las dos causales de recusaci\u00f3n invocadas por el hoy convocante y sobre el particular advirti\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00aba. Imparcialidad del funcionario p\u00fablico por inter\u00e9s particular y directo (numeral 1 del art\u00edculo 11 del CPACA) La Delegatura rechazar\u00e1 de plano la recusaci\u00f3n porque est\u00e1 basada en afirmaciones subjetivas derivadas de apreciaciones propias que, adem\u00e1s, no est\u00e1n respaldadas por fundamento probatorio alguno. En adici\u00f3n, la recusaci\u00f3n est\u00e1 sustentada en hechos que no son ciertos, de manera que es notoriamente improcedente. <\/p>\n
b. Imparcialidad del funcionario p\u00fablico al proferir concepto fuera de la actuaci\u00f3n (numeral 11 del art\u00edculo 11 del CPACA). La Delegatura rechazar\u00e1 de plano esta solicitud de recusaci\u00f3n porque (i) se dirigi\u00f3 contra un funcionario que actualmente no tiene a su cargo la presente actuaci\u00f3n administrativa y (ii) no se formul\u00f3 en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 142 del CGP. En adici\u00f3n, la solicitud se fundamenta en hechos err\u00f3neos, por lo que deviene en notoriamente impertinente. <\/p>\n
Sobre el primer fundamento, la recusaci\u00f3n se interpuso contra el Superintendente de Industria y Comercio, funcionario que actualmente no tiene a su cargo la presente investigaci\u00f3n administrativa. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en resoluciones por las cuales ha resuelto recusaciones, se\u00f1al\u00f3 que se deben presentar \u201cde manera particular contra el funcionario que tenga a su cargo la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n o proceso correspondiente\u201d. En esa medida, se advierte que a la fecha el Superintendente de Industria y Comercio, por expreso mandato legal, no tiene a su cargo la presente actuaci\u00f3n administrativa. El Superintendente de Industria y Comercio conocer\u00e1 de esta actuaci\u00f3n hasta el traslado del informe motivado en el cual el Delegado recomiende sancionar o archivar la investigaci\u00f3n. En esa medida, de conformidad con la jurisprudencia analizada en el considerando 3.1.3. de esta Resoluci\u00f3n, y en concordancia con el numeral 2 del art\u00edculo 43 del CGP, la Delegatura rechazar\u00e1 esta solicitud por resultar notoriamente improcedente. <\/p>\n
En segundo lugar, la recusaci\u00f3n no fue formulada en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 142 del CGP. Como se indic\u00f3, esa norma establece que la recusaci\u00f3n se debe rechazar de plano cuando el interesado act\u00faa en el proceso con posterioridad al hecho que la motiva. En el presente caso el hecho que motiv\u00f3 la recusaci\u00f3n es la columna de opini\u00f3n titulada \u201cColombia en la ruta de la econom\u00eda digital\u201d, publicada en el diario Portafolio el 3 de julio de 2019. Sin embargo, el solicitante actu\u00f3 en el proceso con posterioridad a este hecho, pues el 25 de febrero de 2022 present\u00f3 descargos y solicit\u00f3 pruebas. Por lo anterior, en este caso se configura la causal de rechazo de plano prevista en el art\u00edculo 142 del CGP. <\/p>\n
En adici\u00f3n de lo expuesto, es claro que la solicitud est\u00e1 fundamentada en hechos err\u00f3neos. Seg\u00fan el solicitante, en la columna de opini\u00f3n referida el Superintendente de Industria y Comercio emiti\u00f3 un concepto fuera de la presente actuaci\u00f3n administrativa. Tal afirmaci\u00f3n es incorrecta, pues en ese documento no se hace referencia a la presente actuaci\u00f3n administrativa que inici\u00f3 el 19 de enero de 2022 mediante Resoluci\u00f3n No. 1079. En atenci\u00f3n a la fecha de publicaci\u00f3n, en la referida columna de opini\u00f3n se hace referencia a un caso que ya est\u00e1 en firme, el cual se identific\u00f3 con el radicado No. 11-150526 y fue sancionado mediante Resoluci\u00f3n No. 76278 del 3 de noviembre de 201645. Por consiguiente, la solicitud de recusaci\u00f3n resulta notoriamente improcedente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la decisi\u00f3n criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para exigir al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de amparo, porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dami\u00e1n Adri\u00e1n Nieves Santana, Omar Rodr\u00edguez, Miryam Garc\u00eda \u00c1ngel, Ligia L. Espinoza, Angelmiro L\u00f3pez Bernal, Carlos Arturo Neira, Miguel Antonio Ulloa Garc\u00eda, Jes\u00fas Alberto Villero Pe\u00f1aranda, Juan Manuel Guti\u00e9rrez Romero, Eriberto G\u00f3mez G\u00f3mez, Alfredo Angulo Cuero, Luis Carlos \u00c1lvarez Camacho, Miromel Mendoza Fragozo, Mauricio Rodr\u00edguez, Arnulfo Jim\u00e9nez Sierra, Jes\u00fas Jacinto Ru\u00edz Amaya, Luis Alfonso Castellanos Rodr\u00edguez, Juan de Dios Torres Barrera, Gilberto Romero, Almes Granados, Margarita Rodr\u00edguez Coca, Alvaro Rafael \u00c1lvarez Ramos, Ezequiel Eduardo Olmos Luque, Jos\u00e9 Miller Trujillo, Jorge Eliecer Calder\u00f3n Becerra, Gustavo Alfonso Pacheco Castro, Jorge Alberto Calder\u00f3n Cuj\u00eda, Guillermo Lara Arrieta, Rafael Enrique J\u00e1come Ariza, Ovidio Mart\u00ednez, Juli\u00e1n Hern\u00e1ndez Carpentier, Ricardo Castro Silva, Guillermo Barreto V\u00e1squez, Ernesto Emilio Serna Serna, Campo El\u00edas Vargas Mu\u00f1oz, Jos\u00e9 Arbey Loaiza Nieto, Luis D\u00edaz Ramos, Transito D\u00edaz Pedrozo, William Espejo, Hugo Molinares de la Hoz, Rafael Enrique Cueto Theran, Eduardo D\u00e1vila Santiago, Julia Morales L\u00f3pez, Germ\u00e1n de la Hoz Rangel, Jos\u00e9 Rico P\u00e1ez, Basilio Eliseo Garc\u00eda Corema, Rafael Mendoza, Reinaldo D\u00edaz Araujo, Ernesto Contreras L\u00f3pez, Hosman Berm\u00fadez Daza, Antonio Mar\u00eda Su\u00e1rez Herrera, Andr\u00e9s Castellanos Rodr\u00edguez, Marco Alfredo de la Cruz, Manuel Gregorio Pineda Sandoval, Tatiana Godoy, Jair Torres, Eduardo Jinete, Jaime Rodrigo Le\u00f3n, Jorge Antonio Reyes Aldana, Eduardo de Jes\u00fas G\u00f3mez Tangarife, Jorge Ricardo Barrera Vanegas, Franklin Jos\u00e9 Moya Ariza, Isabel Escobar, Jos\u00e9 Carlos Guerra Ustariz, Olga Medina, Jorge Adel, Orlando P\u00e9rez, Javier Mart\u00ednez Aldana, Virginia Rocha, Carlos Ariel Pinz\u00f3n Camacho, Arnulfo Moreno, Javier Ignacio Cardona Arroyave, Adri\u00e1n de los Santos, Luis Emiro Guzm\u00e1n, Miguel \u00c1ngel Andrea, Jos\u00e9 David Parales, Jos\u00e9 Antonio Nieto Mart\u00ednez, Edgardo Javier Pertuz Ahumada, Alejandro Calvo Sanguino, Carlos G\u00f3mez Bulte, Edilma Torres Nu\u00f1ez, Ram\u00f3n Villadiego, Doris Dur\u00e1n, Servio Barraza, Esteban Ovalle Vanegas, Alcides Daza, Aury Cristina Puello, Wilfrido Fu\u00f1ez, Rub\u00e9n Manjarr\u00e9s, Carlos Puello, Edwin Batista, Reinaldo Mora, V\u00edctor Castro, Manuel P\u00e9rez, Rodolfo Iregui, Carlos Reyes, Stevenson Armedo, Luis Monterrosa Herrera, Gregorio Atencia, Pedro Le\u00f3n Echeverr\u00eda, Onesimo Garc\u00eda, Jos\u00e9 Herrera, Wilder Narv\u00e1ez, Alex Duarte, Gustavo Rinc\u00f3n, Jorge Miraval, Freddy Solano, Rodrigo Celed\u00f3n, Luis P\u00e9rez, Elmet Ordo\u00f1ez, Manuel Guerra, Cesar Castro, Alejo Orozco, Naul Casta\u00f1eda, Alfredo Arzuza, Saul Navarro, Gabriel Maestre, Manuel Monterrosa, Fabio Vega, Jacobo Moreno, Moises Mendez, Pedro Reyes, Alvaro Molina, Milena Moreno, Andr\u00e9s Franco, Rafael Medina, Humberto Vargas, Jes\u00fas Chataing, Yesm\u00edn Duarte, Robinson Calvo Luque, Omar Uhia, Jos\u00e9 de Jes\u00fas Guardo, \u00c1ngel Navarro, Rafael Padilla, Luis Eguamanga, Rafael Villa, Dario Garc\u00eda, David Pacheco, Christian L\u00f3pez, Jos\u00e9 Carranza Mart\u00ednez, Daniel Moncada, Andr\u00e9s Florez, Javier Vargas, Humberto Marchena, Mar\u00eda Elena Barrera, Oswaldo Due\u00f1as, Luis Vertel, Dacires Moya, Carlos R\u00edos, Oswaldo Monterrosa, Guillermo Calder\u00f3n, Abel Garc\u00eda, Jos\u00e9 Tobio Guerra, Carlos Cotes, Alfredo Arzuza, Alcibiades Acosta, Ramelis D\u00edaz, Edilma Torres, Jaime Pedroza, Rafael Bastidas, Gustavo Calder\u00f3n, Donaldo Camacho, Luis Carlos Arenas, Jos\u00e9 Vasquez, Manuel Novoa, Nelson Herrera, Roberto Solano, \u00c1lvaro Olimpo P\u00e9rez, Carlos P\u00e9rez, Ferlay Olmos, Julio C\u00e9sar D., Donaldo Camacho, Misael Baloco, David Arrazola, Winand Borre, Juan Pi\u00f1a, Leopoldo Dur\u00e1n, Jos\u00e9 Ermilo Sunce, Faustino Mojica, Alexander O\u00f1ate, Lucely Coronado, Enidt Moreno, Jos\u00e9 Ricardo Rodr\u00edguez, Emeterio Paredes, Olvar Herney Guerrero Hurtado, Aldo Griego Yguar\u00e1n, Anibal Vel\u00e1squez, Nelson Herrera, Porfirio El\u00edas Ospino, Adolfo Germ\u00e1n Hueje N\u00fa\u00f1ez, Manuel Antonio Torres Arrieta y Luis Alirio Gil Pino. <\/p>\n
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