STC12604-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01382-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de julio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de justicia, en la tutela que Fredy Alexander Mar\u00edn Sarmiento le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de la misma urbe y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 25000234200020130401200 y 85562. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, actuando en nombre propio, busc\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al \u00abdebido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y efectividad de los derechos\u00bb para que, en consecuencia, i) Se \u00abdeje sin efecto la sentencia\u00bb confutada; ii) \u00abse decrete el conflicto negativo de competencia por factor subjetivo y por ende la nulidad de todo lo actuado\u00bb; iii) Se remitiera \u00abel expediente a la jurisdicci\u00f3n que sea competente o a la H. Corte Constitucional para que dirima [la colisi\u00f3n]\u00bb; y, iv) La Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u00abdicte sentencia de reemplazo, resolviendo de fondo el litigio planteado en el proceso ordinario laboral\u00bb cuestionado. <\/p>\n
Subsidiariamente, reclam\u00f3 i) \u00abrevocar\u00bb el veredicto objetado; ii) Declarar \u00abel conflicto negativo de competencia por factor subjetivo y por ende la nulidad de todo lo actuado\u00bb; y, iii) Enviar la actuaci\u00f3n \u00aba la jurisdicci\u00f3n que sea competente o a la Corte Constitucional\u00bb, con el prop\u00f3sito se\u00f1alado. <\/p>\n
1.1.- En compendio sostuvo que trabaj\u00f3 para el Hospital Santa Clara III Nivel E.S.E. de Bogot\u00e1, entre el 4 de junio de 2004 y el 30 de septiembre de 2012 y, si bien su vinculaci\u00f3n ocurri\u00f3 mediante contratos sucesivos de prestaci\u00f3n de servicios, las condiciones de subordinaci\u00f3n, prestaci\u00f3n personal y remuneraci\u00f3n salarial en que desempe\u00f1\u00f3 sus funciones, dieron lugar a la configuraci\u00f3n de una verdadera relaci\u00f3n laboral \u00abde car\u00e1cter p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Basado en el anterior panorama, solicit\u00f3 al empleador el reconocimiento de las respectivas prestaciones sociales, negado mediante oficio n.\u00ba OJ1100-18.2013 (16 en. 2013), cuya nulidad y restablecimiento del derecho demand\u00f3, empero, en auto de 16 de diciembre de 2015, la Secci\u00f3n Segunda \u2013 Subsecci\u00f3n \u201cA\u201d del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declar\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n para conocer el petitum y lo \u00abremiti\u00f3\u00bb a los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de esta capital, por cuanto, \u00abde acceder a las pretensiones de la demanda, se le estar\u00eda otorgando al demandante la calidad de trabajador oficial, y es claro que el cargo de camillero de planta (\u2026) respecto del cual solicita el pago del salario y prestaciones, ostenta tal calidad. Esta jurisdicci\u00f3n es competente para conocer de los asuntos laborales de empleados p\u00fablicos, no de trabajadores oficiales o su homologaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adujo que se rechaz\u00f3 el recurso de s\u00faplica que interpuso contra esa determinaci\u00f3n, por improcedente (23 jul. 2015), pasando \u00abel proceso al Juzgado 5 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 bajo el radicado No. 2015-00952\u00bb, estrado que dict\u00f3 sentencia parcialmente favorable (30 nov. 2017), revocada el 4 de octubre de 2018 por el superior, tras arg\u00fcir que: <\/p>\n
(\u2026) de conformidad con lo establecido en el par\u00e1grafo \u00fanico del Art\u00edculo 26 de la Ley 100 de 1990, se infiere sin lugar a equ\u00edvocos que la vinculaci\u00f3n del demandante con el ente demandado es de car\u00e1cter eminentemente legal y reglamentario, ostentando entonces, la calidad de empleado p\u00fablico y no de trabajador oficial. Situaci\u00f3n que, de suyo, excluye la posibilidad de declarar la existencia del contrato de trabajo en los t\u00e9rminos y condiciones alegadas en el l\u00edbelo demandatorio, como a errada conclusi\u00f3n arrib\u00f3 el a qu[o]. En ese orden de ideas, al no demostrar el actor el v\u00ednculo contractual alegado base de sus pretensiones, no le queda otra alternativa a la sala que la de revocar la sentencia apelada, absolviendo a la demandada de todas y cada una de las condenas impuestas en su contra…\u00bb (\u00e9nfasis del gestor). <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en la misma audiencia, pidi\u00f3 que se \u00abdecretara de oficio el conflicto negativo de competencias ya que este proceso se hab\u00eda surtido en la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, quienes consideraron remitir el proceso a la ordinaria Laboral justamente por no considerar al actor como empleado p\u00fablico\u00bb, pedimento desestimado, \u00abcon fundamento en que se contaba con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, prosigui\u00f3, el 8 de octubre de 2018, requiri\u00f3 la adici\u00f3n del fallo en el sentido de \u00abdeclarar la nulidad de todo lo actuado (\u2026) o en su defecto, que se declarara el conflicto negativo de competencias teniendo en cuenta que, de conformidad con la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, el mismo est\u00e1 en la obligaci\u00f3n legal de enviar el expediente al juez competente\u00bb, denegada el 7 de febrero de 2019, porque, tal pronunciamiento \u00abtuvo como sustento que el actor, no prob\u00f3 el contrato de trabajo base de sus pretensiones, por lo que, no le asist\u00eda la obligaci\u00f3n a la Sala de remitir el expediente a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, toda vez que no se arguy\u00f3 la falta de competencia de esta Sala, procediendo solo el recurso de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Contra ese prove\u00eddo formul\u00f3 \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, quien la neg\u00f3 por haberse incoado tres (3) a\u00f1os y ocho (8) meses despu\u00e9s del env\u00edo de las diligencias a la justicia ordinaria y porque, de todas maneras, el inconforme \u00abcontaba con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual estaba pendiente de concesi\u00f3n\u00bb (STL9086-2019, 5 jul.), resoluci\u00f3n ratificada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (STP11787-2019, 3 sep.) y excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, pese a haber insistido en su selecci\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que lo hasta aqu\u00ed narrado lo puso en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura, quien se abstuvo de \u00abdirimir el presunto conflicto de competencia, de acuerdo con las razones indicadas en la motivaci\u00f3n de este prove\u00eddo\u00bb (14 nov. 2019). <\/p>\n
Por ello, asegur\u00f3, \u00abdespu\u00e9s de agotar todos los recursos posibles, el 14 de octubre de 2020, se radic\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en donde, a trav\u00e9s del ac\u00e1pite de hechos, se hizo el recuento de todas las acciones adoptadas en el proceso; incluyendo, la remisi\u00f3n existente desde la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, as\u00ed como la decisi\u00f3n del Tribunal en sede de segunda instancia de revocar la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado 5 laboral, por considerar dicha relaci\u00f3n laboral como legal y reglamentaria\u00bb; aun as\u00ed, enfatiz\u00f3, la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (SL012-2022, 19 en.) no quebr\u00f3 la providencia por cuanto \u00abel demandante no se desempe\u00f1\u00f3 como trabajador oficial\u00bb, decisi\u00f3n de cuyo contenido se apart\u00f3 uno de los integrantes de la Sala, lo que demuestra que \u00abno se ten\u00eda certeza sobre si el cargo era el de un empleado p\u00fablico o de un trabajador oficial por lo cual seg\u00fan lo ordena la Corte Constitucional, la H. Corte Suprema de Justicia debi\u00f3 proferir decisi\u00f3n de fondo o remitir el expediente al Juez competente\u00bb. <\/p>\n
En vista de lo anterior, \u00absolicit\u00f3\u00bb a la Colegiatura recriminada \u00abla declaratoria de nulidad por factor subjetivo \u2013 falta de jurisdicci\u00f3n y solicitud de env\u00edo de expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca\u00bb, a la que no accedi\u00f3 (30 mar. 2022) \u00abpor inexistente, bajo la premisa de la providencia CSJ SL648-2022, en la cual procede a citar un aparte que, una vez verificado, ni siquiera corresponde a dicha providencia\u00bb. <\/p>\n
1.2.- En su opini\u00f3n, la Magistratura accionada incurri\u00f3 en defectos: i) F\u00e1ctico, al no valorar \u00aben debida forma el acervo probatorio anteriormente mencionado, con el cual y sin lugar a dudas, se establec\u00eda que la labor ejercida por el demandante correspond\u00eda a servicios generales y por ende la de un trabajador oficial\u00bb, toda vez que estaba encargado \u00abprincipalmente [del] traslado de pacientes, traslado de muestras m\u00e9dicas, traslados de cad\u00e1veres a la morgue, transporte de muestras m\u00e9dicas a todas las \u00e1reas del hospital, limpieza de implementos como camillas y sillas de ruedas todas ellas caracterizadas por el predominio de actividades de simple ejecuci\u00f3n de \u00edndole manual\u00bb; ii) Procedimental por exceso ritual manifiesto, por haber \u00absostenido\u00bb que carece de \u00abfacultades para pronunciarse sobre nulidades que no se hubiesen generado con ocasi\u00f3n de la sede de Casaci\u00f3n\u00bb y que no fueron alegadas en su momento, omitiendo \u00abtodas las actuaciones llevadas a cabo por la parte actora con el prop\u00f3sito de dirimir el conflicto negativo de competencia que se estaba suscitando en raz\u00f3n al fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (\u2026) y sobre el cual, por obvias razones, la corte ten\u00eda conocimiento\u00bb; iii) Procedimental absoluto, porque, \u00abteniendo conocimiento de que el demandante \u00abno era un trabajador oficial\u00bb, tal y como lo manifiesta a lo largo de la sentencia, (\u2026) procede con un fallo absolutorio incumpliendo lo ordenado por la ley y la jurisprudencia\u00bb, de invalidar, aun de oficio, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb y \u00abremitir\u00bb el legajo al juez competente (C.C. T-685 de 2013 y C-537 de 2016 y CSJ SL9315-2016, SL 18 mar. 2003 y SL10610-2014) o \u00abproceder a fallar de fondo\u00bb (C.C. T-775 de 2014). <\/p>\n
As\u00ed mismo, le endilg\u00f3 el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, donde se defini\u00f3 qui\u00e9nes deben ser considerados como \u00abtrabajadores oficiales\u00bb, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo del art\u00edculo 26 de la ley 10 de 1990 y los c\u00e1nones 17 del Decreto 1876 de 1994 y 674 del Decreto 1298 de 1994, esbozando que: <\/p>\n
No hay una definici\u00f3n legal o reglamentaria que establezca qu\u00e9 actividades comprende el mantenimiento de la planta f\u00edsica, como tampoco las que integran los servicios generales. No obstante, se ha entendido que ser\u00edan (i) actividades de mantenimiento de la planta f\u00edsica, \u00abaquellas operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones de la planta f\u00edsica hospitalaria, puedan seguir funcionando adecuadamente. Por su parte ser\u00edan (ii) servicios generales, \u00abaquellos servicios auxiliares de car\u00e1cter no sanitario necesarios para el desarrollo de la actividad sanitaria \u00bb (…) \u00abDichos servicios no benefician a un \u00e1rea o dependencia espec\u00edfica, sino que facilitan la operatividad de toda organizaci\u00f3n y se caracterizan por el predominio de actividades de simple ejecuci\u00f3n y de \u00edndole manual\u00bb Dentro de tales servicios generales se han incluido los servicios de suministro, transporte, correspondencia y archivo, la vigilancia, y cafeter\u00eda <\/p>\n
(\u2026) Servicios generales. <\/p>\n
Son aquellas actividades que se caracterizan por el predominio de tareas manuales o de simple ejecuci\u00f3n, encaminadas a satisfacer las necesidades que le son comunes a todas las entidades. Tales como cocina, roper\u00eda, lavander\u00eda, costura, trasporte, traslado de pacientes, aseo en general y las propias del servicio dom\u00e9stico, entre otras (…)\u00bb\u00bb, \u00e9nfasis del actor. (C.C. T-485 de 2006). <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n, reproch\u00f3 la preterici\u00f3n del precedente horizontal, mediante el cual la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral ha delineado las caracter\u00edsticas que permiten diferenciar a un \u00abempleado p\u00fablico\u00bb de un \u00abtrabajador oficial\u00bb, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Enrostr\u00f3, adem\u00e1s, la violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por el \u00abtrato diferenciado\u00bb que se le dio frente a un individuo a quien, encontr\u00e1ndose en situaci\u00f3n semejante, s\u00ed le reconoci\u00f3 la calidad tantas veces mencionada, ordenando el pago de los emolumentos de car\u00e1cter laboral por \u00e9l perseguidos (CSJ SL 24 abr., rad. 40666). <\/p>\n
1.3.- Al margen de lo anterior, retom\u00f3 la argumentaci\u00f3n expuesta en el salvamento de voto al veredicto rebatido y destac\u00f3 la disparidad de criterios existente en la Corte Suprema de Justicia, que \u00abha establecido que las funciones de camillero son de un empleado p\u00fablico, pero en la misma providencia se presenta un salvamento de voto el cual se cit\u00f3 en extenso en el fundamento del defecto f\u00e1ctico donde se establece que las labores eran de un trabajador oficial. Situaci\u00f3n que fue reiterada por el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica en el Concepto 38161 de 2020 que establece que las funciones de camillero son de trabajador oficial\u00bb. <\/p>\n
Amparado en la dificultad de establecer si su labor se enmarca en una u otra categor\u00eda \u00abal no existir una norma o certeza absoluta de la calidad del cargo de camillero de los desarrollados por un empleado p\u00fablico o trabajador oficial\u00bb, pidi\u00f3 aplicar \u00abla regla jurisprudencial de la H. Corte Constitucional, mediante la cual la corporaci\u00f3n accionada deb\u00eda fallar de fondo [el] asunto, en aplicaci\u00f3n del principio de la primac\u00eda de la realidad sobre las formas\u00bb, en aras de salvaguardar sus prerrogativas al \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia y a obtener una resoluci\u00f3n de fondo de la litis\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y se opuso al resguardo, por estimar que est\u00e1 sustentado \u00aben algunos de los argumentos expuestos en el salvamento de voto del magistrado que no acompa\u00f1\u00f3 la decisi\u00f3n\u00bb, los cuales constituyen \u00absolo la opini\u00f3n subjetiva de [ese funcionario], sin fuerza vinculante y menos suficiente para constituir la raz\u00f3n de un amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
En esa medida, dijo, \u00abno se encuentra raz\u00f3n ni fundamento para la anulaci\u00f3n de la sentencia y menos, cuando lo que ahora pretende el accionante es revivir el conflicto jur\u00eddico ordinario que ya fue resuelto por el juez natural y su legalidad y constitucionalidad fue confirmada por esta Sala de la Corte como organismo de cierre\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite, toda vez que \u00ablas pretensiones de la demanda de tutela no se encuentran dirigidas contra la decisi\u00f3n que declar\u00f3 la falta de competencia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2013-04012-00, sino frente al deber del magistrado de promover el conflicto negativo de competencia por el factor subjetivo, cuando el argumento para negar las pretensiones se motiv\u00f3 por la calidad de empleado p\u00fablico del demandante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el auxilio por razonabilidad de lo opugnado, \u00abya que [el fallo] se expidi\u00f3 con fundamento en el an\u00e1lisis probatorio, normativo y jurisprudencial propio de la adecuada actividad judicial\u00bb. Destac\u00f3 que las conclusiones del iudex plural censurado tienen respaldo en \u00abel criterio expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencias CSJ18413-2017 y SL3612-2021, en donde se analizaron las demandas de personas que se desempe\u00f1aron como camilleros en E.S.E. y se concluy\u00f3 que las labores desarrolladas en ese rol est\u00e1n \u00edntimamente relacionadas con el objeto de la entidad\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, encontr\u00f3 plausible lo explicado en torno a la inviabilidad de anular lo rituado, t\u00f3pico respecto del cual la convocada se\u00f1al\u00f3 que \u00abla jurisdicci\u00f3n ordinaria avoca el conocimiento del litigio bajo la afirmaci\u00f3n del demandante de haber existido un contrato de trabajo, pero al no corroborarse la condici\u00f3n de trabajador oficial, lo procedente es la absoluci\u00f3n\u00bb y, que \u00absi lo pretendido era lograr una nulidad en las instancias (\u2026) lo cierto es que en sede de casaci\u00f3n no se contaba con facultades para lograr dicho fin (\u2026) seg\u00fan lo definido en providencia CSJ AL4878-2021\u00bb. <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 el quejoso con las mismas elucubraciones del escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Contrario a lo resuelto por el a quo constitucional, el ruego superlativo debe prosperar, ante el vicio insaneable no decretado por las convocadas, en detrimento de los atributos esenciales de Mar\u00edn Sarmiento, quien vio frustrada la confianza leg\u00edtima que le hab\u00edan generado las pautas por medio de las cuales sus pretensiones fueron encaminadas por la senda del procedimiento ordinario laboral. <\/p>\n
1.1.- Inicialmente, es necesario memorar que uno de los deberes del Estado, a trav\u00e9s de sus instituciones, es respetar sus propios actos, en especial, cuando estos han generado en el ciudadano una creencia razonable de haber adquirido un derecho o de la posibilidad de que \u00e9ste se materialice si usa adecuadamente determinadas herramientas jur\u00eddicas. <\/p>\n
Esa teor\u00eda ha sido denominada por la jurisprudencia constitucional como \u00abel respeto al acto propio\u00bb y \u00abtiene origen en el brocardo \u201cVenire contra pactum proprium nell\u00ed conceditur\u201d y, su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en raz\u00f3n de una primera conducta realizada. Esta \u00abbuena fe\u00bb quedar\u00eda vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensi\u00f3n posterior y contradictoria. <\/p>\n
El tratadista y Magistrado del Tribunal Constitucional Espa\u00f1ol Luis D\u00edaz Picazo ense\u00f1a que la prohibici\u00f3n no impone la obligaci\u00f3n de no hacer sino, m\u00e1s bien, impone un deber de no poder hacer; por ello es que se dice \u201cno se puede ir contra los actos propios\u201d. <\/p>\n
Se trata de una limitaci\u00f3n del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podr\u00edan ser ejercidos l\u00edcitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jur\u00eddico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitaci\u00f3n del propio derecho\u00bb (C.C. T-295 de 1999). <\/p>\n
De manera m\u00e1s reciente, el alto Tribunal, expuso que el anotado axioma, est\u00e1 cimentado en el principio de la \u00abbuena fe\u00bb y constituye <\/p>\n
(\u2026) un pilar fundamental de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, que orienta las relaciones entre particulares y entre \u00e9stos y la administraci\u00f3n, buscando que se desarrollen en t\u00e9rminos de confianza y estabilidad[44]. El principio de buena fe puede entenderse como un mandato de \u201chonestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompa\u00f1a la palabra comprometida (\u2026) permite a las partes presumir la seriedad en los actos de los dem\u00e1s, dota de (\u2026) estabilidad al tr\u00e1nsito jur\u00eddico y obliga a las autoridades a mantener cierto grado de coherencia en su proceder a trav\u00e9s del tiempo\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
En concordancia con lo anterior, la buena fe tiene como objetivo erradicar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades p\u00fablicas pues pretende \u201cque las actuaciones del Estado y los particulares se ci\u00f1an a un considerable nivel de certeza y previsibilidad, en lugar de dirigirse por impulsos caprichosos, arbitrarios e intempestivos.\u201d[46] Sobre este \u00faltimo aspecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que dicho principio rige todas las actuaciones y procedimientos de las entidades p\u00fablicas, toda vez que uno de sus fines es \u201cgarantizar que las expectativas que legalmente le surgen al particular se concreten de manera efectiva y adecuada\u201d. <\/p>\n
Del principio de la buena fe se desprende el de confianza leg\u00edtima, que pretende que la Administraci\u00f3n se abstenga de modificar \u201csituaciones jur\u00eddicas originadas en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese sentido leg\u00edtimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- informa las actuaciones de las autoridades p\u00fablicas, en virtud del principio de buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracteriza al estado constitucional de derecho\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
El principio de confianza leg\u00edtima funciona entonces como un l\u00edmite a las actividades de las autoridades, que pretende hacerle frente a eventuales modificaciones intempestivas en su manera tradicional de proceder, situaci\u00f3n que adem\u00e1s puede poner en riesgo el principio de seguridad jur\u00eddica. Se trata pues, de un ideal \u00e9tico que es jur\u00eddicamente exigible. Por lo tanto, esa confianza que los ciudadanos tienen frente a la estabilidad que se espera de los entes estatales, debe ser respetada y protegida por el juez constitucional. <\/p>\n
En suma, para la Corte la confianza leg\u00edtima protege las razones objetivas con las que cuenta un ciudadano que le permiten inferir la consolidaci\u00f3n de un derecho que no ha adquirido. Por ello, no resulta constitucionalmente admisible que la administraci\u00f3n quebrante de manera intempestiva la confianza que hab\u00eda creado con su conducta en los ciudadanos, m\u00e1s a\u00fan, cuando con ello puede afectar derechos fundamentales[49] (C.C. T-453 de 2018). <\/p>\n
1.2.- De la atenta revisi\u00f3n al infolio, se extrae que el juicio debatido tuvo su g\u00e9nesis en el a\u00f1o 2013, cuando el hoy tutelante activ\u00f3 el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para que \u00abse declarara que existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral de derecho p\u00fablico entre el Hospital Santa Clara III Nivel E.S.E. de Bogot\u00e1 y el demandante, tomando como referente el cargo de camillero de la entidad, por haber cumplido iguales o similares funciones\u00bb y, el consecuente \u00abpago de las prestaciones sociales e indemnizaciones que se le cancelan a un camillero de planta (\u2026) por los servicios que prest\u00f3 entre el 4 de junio de 2004 y el 30 de septiembre de 2012 y que le reembolse los aportes correspondientes a salud y pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca \u2013 Secci\u00f3n Segunda \u2013 Subsecci\u00f3n \u201cA\u201d que, tras integrar el contradictorio y citar a audiencia inicial, en interlocutorio de 16 de diciembre de 2015 se desprendi\u00f3 del caso, aduciendo que, de conformidad con los art\u00edculos 467 y siguientes del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo y 26 de la Ley 10 de 1990 <\/p>\n
la naturaleza del cargo de camillero en una Empresa Social del Estado como la que nos ocupa, no es de directivo; tampoco se encuentra dentro de los cargos establecidos en la Ley 10 de 1990 como de libre nombramiento y remoci\u00f3n y no tiene la connotaci\u00f3n de empleado p\u00fablico; es de trabajador oficial (\u2026). El demandante aduce que desempe\u00f1\u00f3 funciones iguales o similares a los de camillero, las cuales, se insiste, no corresponden a las de direcci\u00f3n y formulaci\u00f3n de pol\u00edticas, ni a la ejecuci\u00f3n y desarrollo de las mismas, en consecuencia, no son funciones propias de un empleo p\u00fablico. <\/p>\n
En obedecimiento del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, remiti\u00f3 el cartapacio a los jueces laborales del circuito de Bogot\u00e1, proponiendo anticipadamente \u00abla colisi\u00f3n negativa de competencia\u00bb, en caso de no aceptarse su tesis. En desacuerdo con esa disposici\u00f3n, Fredy Alexander interpuso recurso de s\u00faplica, haciendo hincapi\u00e9 en que \u00abestuvo vinculado al Hospital Santa Clara mediante contratos de prestaci\u00f3n de servicios como consta en el expediente, esta[ndo] frente a derechos laborales que no provienen de un contrato laboral, porque [\u00e9l] no ostenta la calidad de trabajador oficial siendo competente este H. Tribunal\u00bb; remedio desestimado por improcedente (23 jul. 2015). <\/p>\n
Las diligencias fueron reasignadas al Juzgado Quinto Laboral de Bogot\u00e1, donde se surtieron las etapas propias de un juicio de esa estirpe, como quiera que, al recepcionar el legajo, no controvirti\u00f3 su atribuci\u00f3n para desatar la disputa, cosa que tampoco hizo la instituci\u00f3n hospitalaria. <\/p>\n
La \u00abactuaci\u00f3n\u00bb rese\u00f1ada, sin duda alguna gener\u00f3 en Mar\u00edn Sarmiento la \u00abseguridad objetiva\u00bb de que su proceso ser\u00eda tramitado y fallado de fondo ante dichos estrados, por ello, pese a que inicialmente dirigi\u00f3 sus aspiraciones a acreditar que hab\u00eda fungido como \u00abempleado p\u00fablico\u00bb, reorient\u00f3 sus esfuerzos a demostrar su v\u00ednculo como \u00abtrabajador oficial\u00bb de la empleadora, prop\u00f3sito que consigui\u00f3 con la \u00absentencia\u00bb de primera instancia, donde se declar\u00f3 \u00abla existencia de una verdadera relaci\u00f3n laboral entre el HOSPITAL SANTA CLARA III NIVEL E.S.E. hoy SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. y el demandante (\u2026) como trabajador oficial, mediante un contrato de trabajo que tuvo lugar entre el 4 de junio de 2004 y el 30 de septiembre de 2012\u00bb, imponiendo las condenas patrimoniales de rigor. <\/p>\n
1.3.- Empero, sin \u00abconsideraci\u00f3n\u00bb alguna a los antecedentes del particular ni atender las previsiones del art\u00edculo 16, en concordancia con el 138, ambos, del C\u00f3digo General del Proceso, que establecen la improrrogabilidad de la \u00abjurisdicci\u00f3n\u00bb y la invalidez insaneable que genera la \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dej\u00f3 de lado el control de legalidad que le era exigible (art. 132 ejusdem), antes de arbitrar la lid. <\/p>\n
En efecto, si en criterio del ad quem \u00abde conformidad con lo establecido en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 26 de la Ley 100 de 1990, se infiere sin lugar a equ\u00edvocos que la vinculaci\u00f3n del demandante con el ente demandado es de car\u00e1cter eminentemente legal y reglamentario, ostentando entonces, la calidad de empleado p\u00fablico y no de trabajador oficial\u00bb, como lo expres\u00f3 el impulsor al principio de su reclamaci\u00f3n, elevada primigeniamente ante los jueces administrativos, lo propio era anular lo actuado, a partir de la sentencia de primer grado, inclusive (inc. 1\u00ba del art. 138 citado) y devolver la encuadernaci\u00f3n al a-quo para que trabara el \u00abconflicto de jurisdicciones\u00bb, remiti\u00e9ndola al competente para su resoluci\u00f3n; en su lugar, desat\u00f3 la alzada, absolviendo a la instituci\u00f3n enjuiciada, cuando no estaba clara tal potestad. <\/p>\n
Esa irregularidad, fue oportunamente advertida por el precursor, quien \u00absolicit\u00f3 al magistrado que se decretara de oficio el conflicto negativo de competencias ya que este proceso se hab\u00eda surtido en la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, quienes consideraron remitir el proceso a la ordinaria laboral, justamente por no considerar al actor como empleado p\u00fablico\u00bb, proponiendo, ante la negativa al anterior pedimento, la adici\u00f3n del veredicto \u00aben el sentido que se ordene enviar el proceso a la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. (\u2026) teniendo en cuenta que en la sentencia proferida por este despacho en la cual se revoc\u00f3 la providencia de primera instancia, se determin\u00f3 que el demandante no ten\u00eda derecho a reclamar la existencia de un contrato laboral, porque las labores ejercidas por el mismo no correspond\u00edan a las de un trabajador oficial y manifest\u00f3 que sus funciones correspond\u00edan a un empleado p\u00fablico, estando impl\u00edcita la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el 7 de febrero de 2019, el Tribunal no accedi\u00f3 al pedimento, apoyado en que su postura \u00abtuvo como sustento que el actor, no prob\u00f3 el contrato de trabajo base de sus pretensiones, por lo que, no le asist\u00eda la obligaci\u00f3n a la Sala, de remitir el expediente a la JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, toda vez que, no se arguy\u00f3 la falta de competencia de esta Sala, procediendo solo el recurso de casaci\u00f3n\u00bb. Aunque el actor procur\u00f3 contradecir estas \u00abconclusiones\u00bb, invocando la guarda de su \u00abderecho al debido proceso\u00bb, se le ilustr\u00f3 que contaba con una v\u00eda alternativa e id\u00f3nea con esa finalidad como era el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal (STP11787-2019), refrend\u00f3 lo decidido por la de Casaci\u00f3n Laboral (STL9086-2019), exponiendo que: <\/p>\n
el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral, al examinar la legalidad y constitucionalidad de la decisi\u00f3n de segunda instancia, estar\u00e1 en capacidad de verificar si las normas que aplic\u00f3 el Tribunal de Bogot\u00e1 para determinar la calidad de trabajador oficial o no de Fredy Alexander Mar\u00edn Sarmiento, eran o no las pertinentes para su caso, y, por consiguiente, si compete o no a esa jurisdicci\u00f3n la soluci\u00f3n de esa controversia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, este Cuerpo Decisorio, en su rol de Juez Constitucional no pude invadir la \u00f3rbita de decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia -Juez Natural- que de acuerdo con la Constituci\u00f3n y la ley, es la autoridad competente para pronunciarse al respecto, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, seg\u00fan la jurisprudencia nacional, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n es un mecanismo de defensa judicial id\u00f3neo para la protecci\u00f3n del debido proceso, dado que constituye una herramienta procesal que \u201ctiene como objetivo sanear las trasgresiones de derechos que ocurran al interior de un proceso judicial\u201d. <\/p>\n
Acudiendo, entonces, a la v\u00eda sugerida en la prenotada directriz supralegal, el impulsor interpuso el recurso de casaci\u00f3n recabando en la \u00abobligaci\u00f3n del juez, en caso de considerar que no es competente para conocer de la controversia, por considerar al reclamante como empleado p\u00fablico, de enviar el caso al juez contencioso administrativo\u00bb, amparado en los prove\u00eddos CSJ SL9315-2016, CSJ SL, 18 mar. 2013, rad. 20173 y CSJ SL10610-2014. <\/p>\n
Al absolver ese medio defensivo, la Sala de Descongesti\u00f3n refutada, provey\u00f3, en relaci\u00f3n con ese t\u00f3pico, que: <\/p>\n
El anterior argumento no lo sustenta en una disquisici\u00f3n jur\u00eddica, no menciona qu\u00e9 precepto pudo vulnerar el juzgador de segunda instancia, sino que se limita a una simple y amplia transcripci\u00f3n de la aludida providencia. Unido a lo anterior el fallo CSJ SL9315-2O16, no contiene las aseveraciones que enuncia el recurrente, sino que (\u2026) las mismas se hallan diseminadas en otras providencias. <\/p>\n
La sentencia inmediatamente enunciada, lejos de avalar los razonamientos del memorialista, ense\u00f1\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n ordinaria avoca el conocimiento del litigio bajo la afirmaci\u00f3n del demandante de haber existido un contrato de trabajo, pero al no corroborarse la condici\u00f3n de trabajador oficial, lo procedente es la absoluci\u00f3n. <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante adver\u00f3: <\/p>\n
Cumple tambi\u00e9n destacar que, si la intenci\u00f3n del libelista es lograr una nulidad en las instancias, ante la falta de remisi\u00f3n del proceso ante la jurisdicci\u00f3n de 1o contencioso administrativo o al no haberse trabado el conflicto negativo de competencias, esta Sala de Decisi\u00f3n, no tiene facultades para tal prop\u00f3sito, toda vez, que las \u00fanicas nulidades pasibles de ser definidas en esta sede son las que se hubieren producido en su tr\u00e1mite, pues las nulidades procesales originadas en las instancias del proceso deber\u00e1n plantearse y resolverse en aquellas (CSJ SL4878-2O21). <\/p>\n
Las anteriores aseveraciones evidencian que no hubo examen al libelo introductor ni a los albores de la Litis para solventar la censura excepcional, pues en el evento que nos ocupa no era factible imputar al petente haber \u00abafirmado la existencia de un contrato de trabajo\u00bb en su demanda, por cuanto, en esa pieza procesal, aleg\u00f3 \u00abque existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral de derecho p\u00fablico entre el Hospital Santa Clara III Nivel E.S.E. de Bogot\u00e1 (\u2026) tomando como referente el cargo de camillero de la entidad, por haber cumplido iguales o similares funciones\u00bb, luego no era equiparable con el precedente citado por la Colegiatura, donde se analiz\u00f3 el caso de un m\u00e9dico que inco\u00f3 declarar \u00abque entre [\u00e9l] y las demandadas \u201ccomo empleadores, se ajust\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido\u201d\u00bb, hip\u00f3tesis distinta a la aqu\u00ed presentada, circunstancia que se repite en los escenarios analizados en SL 18413-2017 y SL3612-2021, citados por el a-quo constitucional. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, Fredy Alexander Mar\u00edn Sarmiento no eligi\u00f3 a los \u00abjueces del trabajo\u00bb para que disiparan su disputa, todo lo contrario, activ\u00f3 un \u00abmedio de control\u00bb ante el contencioso administrativo, por estar convencido de ostentar la calidad de \u00abempleado p\u00fablico\u00bb; empero, por disposici\u00f3n de la autoridad originaria, que \u00e9l intent\u00f3 rebatir infructuosamente, el juicio termin\u00f3 tramit\u00e1ndose ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, por tanto, mal pod\u00eda darse la memorada soluci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, no luce atinado decir que la \u00abaccionada\u00bb est\u00e1 imposibilitada para pronunciarse frente al vicio puesto de presente por el libelista, porque, al ser la \u00abnulidad\u00bb que se origina en la \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb de aquellas insaneables y declarables \u00abde oficio o a petici\u00f3n de parte\u00bb (art. 16 CGP), la Sala de Descongesti\u00f3n confutada estaba en el deber de anular lo actuado, dejando a salvo la prueba practicada y ordenando la devoluci\u00f3n del plenario al juez de conocimiento para que planteara el conflicto correspondiente y le diera el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
As\u00ed lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de las reglas 16, 132, 133, 134, inc. 1\u00ba, 135, inc. 2\u00ba, 136, par. y 138, todas, del C\u00f3digo General del Proceso, puntualizando: <\/p>\n
[M]ediante la Ley 1564 de 2012, C\u00f3digo General del Proceso, el legislador estableci\u00f3 el r\u00e9gimen de las nulidades procesales en los procesos que se rigen por este C\u00f3digo y dispuso que la falta de jurisdicci\u00f3n y la incompetencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables (art\u00edculo 16), es decir, que la nulidad que su desconocimiento genera es insaneable. Impl\u00edcitamente dispuso, por consiguiente, que la incompetencia por los otros factores de atribuci\u00f3n de la competencia, como el objetivo, el territorial y el de conexidad, s\u00ed es prorrogable y el vicio es entonces saneable, si no es oportunamente alegado. En los t\u00e9rminos utilizados por el legislador, la prorrogabilidad de la competencia significa que, a pesar de no ser el juez competente, el vicio es considerado subsanable por el legislador y el juez podr\u00e1 v\u00e1lidamente dictar sentencia, si la parte no aleg\u00f3 oportunamente el vicio. En este sentido, la determinaci\u00f3n de las formas propias del juicio por parte del legislador consisti\u00f3 en establecer una primera diferencia: la asunci\u00f3n de competencia por un juez sin estar de acuerdo con lo dispuesto por los factores objetivo, territorial y por conexidad, le permite al juez prorrogar o extender no obstante su competencia y, por lo tanto, este hecho no genera nulidad de la sentencia dictada por el juez, si el vicio no fue alegado, mientras que, la asunci\u00f3n de competencia con desconocimiento de la competencia de la jurisdicci\u00f3n y de los factores subjetivo y funcional, s\u00ed genera necesariamente nulidad de la sentencia (\u2026). <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del r\u00e9gimen de las nulidades en el CGP lleva f\u00e1cilmente a concluir que la posibilidad de sanear nulidades por la no alegaci\u00f3n o por la actuaci\u00f3n de parte, sin alegarla, se refiere necesariamente a las nulidades saneables. A este respecto, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 136 del CGP establece una lista de nulidades insaneables, la que no incluye la derivada de la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia del juez, por los factores subjetivo y funcional. Tambi\u00e9n establece, en el art\u00edculo 133, que las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente y en la lista de las nulidades que no se entienden subsanadas, no se encuentra la de actuar en el proceso y dictar sentencia con falta de jurisdicci\u00f3n y de competencia por los factores subjetivo y funcional. La combinaci\u00f3n de estas dos normas, a primera vista, podr\u00eda dar lugar a concluir, de manera concordante con el demandante, que \u00e9sta es saneable. Sin embargo, como qued\u00f3 establecido en el p\u00e1rrafo anterior, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del CGP, esta nulidad debe ser declarada de oficio por el juez el que se percatar\u00e1 del vicio en cumplimiento de su deber de control permanente de legalidad del proceso (art\u00edculo 132) y la competencia es improrrogable, es decir, que el juez no podr\u00e1 dictar v\u00e1lidamente sentencia, la que expresamente se dispone que ser\u00e1 nula. En estos t\u00e9rminos, habr\u00e1 que concluirse, de manera concordante con varios de los intervinientes que, a pesar de que el CGP mantuvo un sistema taxativo de nulidades, la lista completa no se encuentra de manera exclusiva en el art\u00edculo 136 y la nulidad de la sentencia derivada de la incompetencia por los factores subjetivo y funcional, es insaneable. Se resalta, (C-537 de 2016). <\/p>\n
Es decir, tanto el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 como la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral estaban compelidos a tomar los correctivos de ley, sin necesidad de requerimiento alguno; pero es m\u00e1s, el dislate s\u00ed fue postulado \u00aben las instancias\u00bb, pues una vez enterado del desenlace de la alzada, el entonces no recurrente, deprec\u00f3 rituar correctamente la contienda y, aun as\u00ed, esa sede se neg\u00f3, tanto a \u00abinvalidar la actuaci\u00f3n\u00bb, como a adicionar su veredicto, cuando ha debido, incluso, a iniciativa propia, corregir el yerro advertido. <\/p>\n
Con tales elucubraciones, no solo olvid\u00f3 la facultad-deber de anular oficiosamente lo surtido con carencia de \u00abjurisdicci\u00f3n\u00bb, aun despu\u00e9s de haberse pronunciado decisi\u00f3n de m\u00e9rito, la cual deb\u00eda abolirse (art. 138 idem), sino que desconoci\u00f3 que fue bajo la convicci\u00f3n generada por las determinaciones tomadas por los jueces administrativos y laborales de la Rep\u00fablica, que el censor dej\u00f3 de defender la teor\u00eda expuesta en el escrito de apertura \u2013que fue un \u00abempleado p\u00fablico\u00bb y no un contratista-, para centrarse en acreditar la posici\u00f3n de \u00abtrabajador oficial\u00bb, de acuerdo con los par\u00e1metros fijados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y acogidos por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito capitalino, al avocar, sin objeci\u00f3n alguna, el litigio. <\/p>\n
1.4.- Agr\u00e9guese que la tesis de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral no fue acompa\u00f1ada por uno de los magistrados que la integran, quien afirm\u00f3 que \u00ablas funciones de camillero que eran las desempe\u00f1adas por el actor, hacen parte de las actividades que conforman los servicios generales de una instituci\u00f3n como la demandada, pues sirven de apoyo a la entidad para su correcto funcionamiento, en tanto facilitan la operatividad de la organizaci\u00f3n y se caracterizan por ser de simple ejecuci\u00f3n\u00bb; soportado en lo anterior, adver\u00f3 que \u00abla actividad de traslado de pacientes en la Empresa Social del Estado enjuiciada, comportaba la catalogaci\u00f3n de trabajador oficial y, en esa medida, se debi\u00f3 casar la sentencia confutada para reconocer esa condici\u00f3n y efectivizar los derechos laborales reclamados por el actor\u00bb. <\/p>\n
La narraci\u00f3n anterior, denota la disparidad de criterios que existe, entre jueces administrativos y laborales, acerca de la naturaleza jur\u00eddica del cargo de \u00abcamillero\u00bb de un hospital estatal, lo que imped\u00eda exigirle al extremo m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n, acertar al escoger a los operadores de justicia que deb\u00edan adelantar su pleito, cuando ni siquiera hay consenso al respecto, y, de todas maneras, se reitera, \u00e9l hab\u00eda seleccionado al contencioso administrativo, pero el litigio fue enviado a la justicia laboral, que \u00fanicamente en el \u00abfallo de segunda instancia\u00bb concluy\u00f3 que no era ese el camino adecuado para zanjar el asunto, pasando por alto, rec\u00e1lquese, las especiales circunstancias en que este lleg\u00f3 a sus manos. <\/p>\n
La tramitaci\u00f3n as\u00ed adelantada, sacrific\u00f3 el derecho sustancial del trabajador, finalidad con la que no pueden ser utilizadas las formalidades y los ritos procedimentales, seg\u00fan lo ense\u00f1a el Estatuto Procedimental (art. 11) y la jurisprudencia constitucional en el pronunciamiento ya rese\u00f1ado, cuyos apartes pertinentes vale la pena traer a colaci\u00f3n: <\/p>\n
Las normas que se encuentran bajo control de constitucionalidad hacen parte de un sistema en el que las consecuencias del error en la identificaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n o del juez competente se han suavizado, en pro de la eficacia en conjunto del debido proceso y de la prevalencia del derecho sustancial, sobre las formas procesales. As\u00ed, (i) cuando el juez recibe una demanda que sea competencia de una jurisdicci\u00f3n diferente o, a pesar de pertenecer a su jurisdicci\u00f3n, \u00e9l no sea competente, deber\u00e1 rechazarla, pero enviarla inmediatamente al competente; (ii) cuando luego de haber admitido la demanda, prospera la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n o de falta de competencia, el juez deber\u00e1 enviarla al competente, pero lo actuado conservar\u00e1 validez; (iii) cuando la nulidad procesal comprenda el auto admisorio de la demanda, no se afectar\u00e1 la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, ni la inoperancia de la caducidad, si la nulidad no es atribuible al demandante, como cuando resulta de un error en la identificaci\u00f3n del juez competente por complejidad del r\u00e9gimen o error de reparto; (iv) cuando en curso de un proceso, la competencia se altera, lo actuado conserva validez; (v) por \u00faltimo, si se declara la nulidad procesal por falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia, el juez no podr\u00e1 seguir actuando v\u00e1lidamente, pero lo actuado con anterioridad conserva validez. <\/p>\n
Este conjunto de disposiciones refleja la exigencia constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal, de garantizar un acceso efectivo a la justicia y de hacer efectivas las garant\u00edas del debido proceso para que el rigor extremo de la aplicaci\u00f3n de los tr\u00e1mites procesales, no vaya en desmedro de un proceso que cumpla su finalidad, en un plazo razonable, al tiempo que garantiza una actuaci\u00f3n procesal de calidad y garantista. Es por esta raz\u00f3n que varias de estas normas procesales determinan que la p\u00e9rdida de competencia, la variaci\u00f3n de la misma o la nulidad procesal por incompetencia, no comprometen la validez de lo actuado con anterioridad por el juez y, por consiguiente, indican que el juez que asumir\u00e1 en adelante competencia no deber\u00e1 iniciar de nuevo toda la actuaci\u00f3n (C-537 de 2016). <\/p>\n
En ese orden, es palmario el quebranto a los privilegios esenciales del promotor, cuya queja, entonces, debe prosperar, para acceder a sus pretensiones subsidiarias, pues no es viable disponer una resoluci\u00f3n de fondo, como lo reclama en su tercera petici\u00f3n principal con apoyo en un fallo de tutela (T-775 de 2014), no solo porque sus efectos, como es bien sabido, son interpartes, sino porque los supuestos f\u00e1cticos all\u00ed evaluados no acompasan con los del sub judice. <\/p>\n
2.- Por consiguiente, se revocar\u00e1 el prove\u00eddo opugnado. En su lugar, se otorgar\u00e1 el resguardo y se ordenar\u00e1 a la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin valor ni efecto la actuaci\u00f3n afectada con el vicio de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb, dejando a salvo lo pertinente, y devuelva el expediente al Juez Quinto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 para que, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cinco (5) d\u00edas, posteriores al recibo de la encuadernaci\u00f3n, plantee la colisi\u00f3n correspondiente y, dentro del mismo plazo, lo remita a la Corte Constitucional para su resoluci\u00f3n (art. 241, num. 11 C.P., adicionado por el art. 14 del Acto Legislativo n.\u00ba 2 de 2015). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. En consecuencia, se dispone: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER a Fredy Alexander Mar\u00edn Sarmiento la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Magistrada sustanciadora de la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que, que dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, deje sin valor ni efecto la actuaci\u00f3n afectada con el vicio de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb y devuelva el expediente al Juez Quinto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 para que, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cinco (5) d\u00edas, posteriores al recibo del paginario, plantee la colisi\u00f3n de competencia correspondiente y, dentro del mismo plazo, lo remita a la Corte Constitucional para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12604-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01382-01 (Aprobado en Sala de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de julio de 2022 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67324","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67324"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67324\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}