STC12605-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12605-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio Andr\u00e9s y Estefan\u00eda Pach\u00f3n Ardila, y Luz Dary Ardila Uribe contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso 2019-00293. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores procuran la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y tutela judicial efectiva. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narraron que contra ellos se tramit\u00f3 un juicio declarativo de responsabilidad civil extracontractual, impulsado por Ar\u00edstides Rodr\u00edguez Ni\u00f1o, que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja, bajo el radicado 2019-00293. <\/p>\n
El 29 de junio de 2021 se profiri\u00f3 sentencia de primera instancia, que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, determinaci\u00f3n que ellos apelaron, concedi\u00e9ndose dicho medio de impugnaci\u00f3n, en el efecto devolutivo, lo cual posibilit\u00f3 que el demandante iniciara un proceso ejecutivo para el cobro de las sumas reconocidas en aquella providencia, a\u00fan en tr\u00e1mite el recurso vertical impetrado. <\/p>\n
El 22 de junio de 2022, el Colegiado accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n refutada. <\/p>\n
3. Los censores tachan de irregulares las sentencias dictadas en ambas instancias, pues los juzgadores convocados incurrieron en defectos espec\u00edficos de procedibilidad, a saber: procedimental absoluto, por cuanto, al concederse la alzada en el efecto devolutivo, se soslay\u00f3 lo preceptuado en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso; sustantivo, dado que se pas\u00f3 por alto la exigencia del art\u00edculo 226.10 ibidem, al d\u00e1rsele valor demostrativo a un dictamen pericial que no ten\u00eda los anexos de ley. <\/p>\n
Agregan que las decisiones confutadas incurrieron en defecto f\u00e1ctico, (i) al apreciarse indebidamente el contrato de arrendamiento aportado por el demandante Rodr\u00edguez Ni\u00f1o, lo cual condujo a dar por acreditada, sin estarlo, la existencia del lucro cesante y su quantum; (ii) porque se dio valor probatorio absoluto al juramento estimatorio, aun cuando las sumas en \u00e9l relacionadas eran manifiestamente exorbitantes; y (iii) porque la condena, por da\u00f1o moral, carec\u00eda de cualquier fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, piden dejar sin efectos los fallos cuestionados y, en su lugar, que los juzgadores accionados profieran nuevas determinaciones que se ajusten a derecho. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El despacho Civil del Circuito querellado defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
2. Ar\u00edstides Rodr\u00edguez Ni\u00f1o sostuvo que las decisiones censuradas no eran arbitrarias, ni caprichosas, ni estaban desprovistas de sustento jur\u00eddico. Asever\u00f3 que no puede el juez de tutela vulnerar los principios de autonom\u00eda e independencia de los operadores judiciales cognoscentes y que este mecanismo no era una tercera instancia. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los censores pretenden que se invaliden los fallos de 29 de junio de 2021 y del 22 de junio de 2022, dictados, respectivamente, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja y por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso con radicado 2019-00293. <\/p>\n
2. En cuanto al primer reproche, esto es, que los accionados incurrieron en un defecto procedimental absoluto, por dar tr\u00e1mite a un recurso de apelaci\u00f3n tramitado en un efecto equivocado, el devolutivo y no el suspensivo, el amparo no satisface el requisito de la subsidiariedad, toda vez que los gestores no recurrieron en reposici\u00f3n el auto dictado en el curso de la audiencia de 29 de junio de 2021, por el cual el estrado del circuito querellado concedi\u00f3 dicho medio de impugnaci\u00f3n; tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que esta es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizada por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n id\u00f3nea de las defensas legalmente previstas. <\/p>\n
3. Respecto de los otros reparos, la Corte centrar\u00e1 su atenci\u00f3n en la decisi\u00f3n de segunda instancia, esto es, la emitida el 22 de junio de los cursantes, pues fue la que, en \u00faltimas1, defini\u00f3 la controversia sometida a la composici\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) que el juez a quo reconoci\u00f3 el valor que por da\u00f1o emergente se incluy\u00f3 en el dictamen pericial tra\u00eddo como anexo de la demanda, por no haber sido objetado ni refutado por la parte demandada. Para el extremo impugnante esa experticia carece de la fuerza probatoria suficiente para tenerse como respaldo del reconocimiento de dicho concepto, por adolecer de sustent\u00e1culo documental adicional (facturas, pagos) y haberse presentado con la r\u00e9plica de la demanda otra pericia que la desvirt\u00faa. <\/p>\n
Y, luego de citar el contenido de \u00e9ste y de analizar sus conclusiones, el Colegiado determin\u00f3 que, <\/p>\n
contrario a lo que se arguye por la parte demandada y recurrente, la estimaci\u00f3n del da\u00f1o emergente realizada por la predicha perito en la experticia adjunta como anexo de la demanda, no merece ninguna cr\u00edtica ni reproche, con sujeci\u00f3n a las razones que pasan a consignarse: <\/p>\n
(i) El dictamen pericial no necesita para su validez probatoria que se le anexen soportes documentales, como los que echa de menos la apoderada de la parte demandada. Se trata de un medio de prueba aut\u00f3nomo y suficiente por s\u00ed mismo, que debe contener la explicaci\u00f3n del profesional que lo rinde sobre el tema que se le ha consultado. Es m\u00e1s, para el evento puntual que se analiza, arrimar recibos o facturas o cualquier otro documento relativo a la tasaci\u00f3n \u00ednsita en la experticia har\u00eda innecesaria la prueba pericial, pues el c\u00e1lculo del da\u00f1o emergente bien podr\u00eda hacerse con ellos. N\u00f3tese que, en este caso, la parte actora opt\u00f3 porque esa estimaci\u00f3n la efectuara una profesional con conocimientos en el tema, en virtud de las reglas de libertad probatoria que rigen el procedimiento civil. <\/p>\n
(ii) Dest\u00e1quese, adem\u00e1s, que la parte demandada nada dijo, objet\u00f3 ni reproch\u00f3 en relaci\u00f3n con los valores de los materiales y las cantidades de los mismos que proyect\u00f3 la perito en su dictamen. <\/p>\n
(iii) La peritaci\u00f3n elaborada por Pedro Rafael Melo -tra\u00edda con la respuesta a la demanda-, en realidad, no desvirt\u00faa la que se aport\u00f3 por la parte demandante, dado que, en lo que al c\u00e1lculo del da\u00f1o emergente se refiere, es un \u00edtem cuyo an\u00e1lisis el experto no acometi\u00f3, pues no desdijo ni enerv\u00f3 la existencia del da\u00f1o, por el contrario, termin\u00f3 concluyendo que las aver\u00edas alegadas por el demandante en su propiedad s\u00ed se presentaron y no sostiene que los da\u00f1os fueran distintitos o por cantidades diferente o de otra entidad a la detallada en la demanda. <\/p>\n
(iv) En cuanto a la diferencia que advirti\u00f3 en el metraje, en los t\u00e9rminos en que arriba se indic\u00f3, se subraya por la Colegiatura de que, am\u00e9n de que se trat\u00f3 de una sola manifestaci\u00f3n desprovista de un desarrollo adicional que permitiera evidenciar su incidencia en la estimaci\u00f3n del da\u00f1o emergente, en la audiencia del 21 de mayo de 2021 se le pregunt\u00f3 sobre el particular a la perito Ibeth Mar\u00eda Moreno Mendoza, quien respondi\u00f3 que en los mayores valores se incluy\u00f3 una habitaci\u00f3n del fondo de la vivienda de ARISTIDES RODR\u00cdGUEZ NI\u00d1O, que colinda con el predio de los demandados, que se tuvo en cuenta un \u00e1rea a cielo abierto -patio de luz- que no tiene cielo raso y que, en todo caso, se proyect\u00f3 el gasto de materiales con un porcentaje de desperdicio que debe calcularse para su adquisici\u00f3n. <\/p>\n
Para la Sala, esa explicaci\u00f3n resulta condigna y bastante para entender el porqu\u00e9 de la diferencia en el \u00e1rea de la vivienda a intervenir y la cantidad en metros cuadrados de materiales requeridos, sin que se exista raz\u00f3n alguna para no aceptar y rechazar lo conceptuado por la referida arquitecta, m\u00e1xime s\u00ed, cabe insistir, la tarea de refutaci\u00f3n o contradicci\u00f3n del dictamen correspond\u00eda al extremo demandado, quien nada al respecto se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n
3.2. Descart\u00f3 -luego- la recusaci\u00f3n que la parte demandada formul\u00f3 en relaci\u00f3n con el perito Ibeth Mar\u00eda Moreno Mendoza, con la cual pretend\u00eda menoscabar el valor demostrativo que la experticia por ella rendida ten\u00eda, en raz\u00f3n a que, <\/p>\n
pese a que en las consideraciones del fallo nada apunt\u00f3 el Juez sobre tal aspecto, ello por s\u00ed solo no conlleva a que su decisi\u00f3n est\u00e9 equivocada o que la sentencia deba revocarse por esa omisi\u00f3n, misma que, dest\u00e1quese, bien pudo haber sido objeto de solicitud de adici\u00f3n por la parte demandada, actual impugnante. <\/p>\n
\u2026interesa recalcar que, del art\u00edculo 235 del C\u00f3digo General el Proceso, citado con ah\u00ednco por la mandataria de la parte disconforme, no se desprende que regule el tr\u00e1mite de recusaci\u00f3n contra el perito, sino que contempla el deber de las partes de abstenerse de aportar dict\u00e1menes rendidos por personas en quienes concurre alguna de las causales de recusaci\u00f3n previstas para los jueces, lo que, de ocurrir, debe ser apreciado por el funcionario \u201cde acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten gravemente su credibilidad\u201d. <\/p>\n
Significa que, si mediante un ejercicio de abstracci\u00f3n se ajustara ese hecho a la causal 5 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, pues la parte demandada y recusante no invoc\u00f3 causal alguna, la recusaci\u00f3n alegada carece por entero de viabilidad, ya que, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que se expresa acaeci\u00f3 hace mucho tiempo y no exist\u00eda para el momento en que se rindi\u00f3 la peritaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, (\u2026) la cuesti\u00f3n que plantea la parte demandada no es suficiente para predicar que la perito no fue imparcial en su dictamen o que su credibilidad est\u00e9 en entredicho\u2026 <\/p>\n
3.3. Seguidamente, se refiri\u00f3 a las pruebas (entre ellas, el contrato de arrendamiento, cuya indebida apreciaci\u00f3n censuran los tutelantes, as\u00ed como al juramento estimatorio rendido por el accionante Rodr\u00edguez Ni\u00f1o), a partir de las cuales el a quo dio por demostrada la existencia del lucro cesante y el monto de la indemnizaci\u00f3n que por dicho concepto reconoci\u00f3, refiriendo lo siguiente: <\/p>\n
\u2026importa acentuar que en el acto genitor de este proceso se incluy\u00f3 como pretensi\u00f3n el reconocimiento y pago de la suma de ciento once millones setenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos ($111.078.352) a t\u00edtulo de lucro cesante, estimada bajo la gravedad de juramento de acuerdo con el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Para efectuar ese c\u00e1lculo la parte actora tom\u00f3 los c\u00e1nones de arriendo dejados de recibir por ARISTIDES RODR\u00cdGUEZ NI\u00d1O desde el 2 de octubre de 2012 y hasta el mes de octubre de 2019 -cuando se formul\u00f3 la demanda-, en cuant\u00eda de ochocientos mil pesos mensuales ($800.000), aplicando, adem\u00e1s, las pautas que jurisprudencialmente se han usado para esta clase de liquidaciones. <\/p>\n
La parte demandada, al responder la demanda, objet\u00f3 la estimaci\u00f3n, arguyendo acerca del lucro cesante, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido, no existe prueba del lucro cesante solicitado, pues la parte actora se limita a allegar unos contratos objeto de discusi\u00f3n, suma que es carente de cualquier sustento probatorio que le impone la norma procesal civil (\u2026); no existe ning\u00fan solo indicio de que dicho valor lo hubiera dejado de percibir el hoy demandante, ni siquiera que alguna vez lo haya recibido\u2026\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, debe recordarse que conforme al precitado canon 206 de nuestra norma procesal civil vigente, el juramento estimatorio constituye prueba del monto de la indemnizaci\u00f3n reclamada por la parte accionante, mientras su valor no sea objetado por el demandado, sin que sea admisible cualquier objeci\u00f3n, sino solo aquella que \u201cespecifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Bajo ese entendido, se ocupa la Corporaci\u00f3n de examinar las disquisiciones que la apoderada de la parte demandada plasm\u00f3 al sustentar la censura vertical en lo ata\u00f1edero a este tema: <\/p>\n
(i) Sobre la ausencia de ratificaci\u00f3n de los hechos 15 a 17 de la demanda (donde se menciona que el aqu\u00ed actor tuvo arrendado el inmueble de su propiedad hasta el 3 de octubre de 2012) y del contrato de arrendamiento de vivienda urbana fechado al 18 de febrero de 2012, por la no comparecencia del testigo L\u00e1zaro Andr\u00e9s Moreno, huelga anotar que como anexo de la demanda se trajo copia del mencionado acto jur\u00eddico, sin que fuera desconocido o tachado de falso por la parte demandada\u2026 <\/p>\n
Yerra, entonces, la parte accionada y censora al sostener que la comparecencia del prenombrado deponente era necesaria para la ratificaci\u00f3n del contenido del contrato de arriendo, pues ello no aparece contemplado en las normas adjetivas vigentes, como s\u00ed sucede, por ejemplo, para la ratificaci\u00f3n de testimonios recibidos fuera del proceso (art\u00edculo 222 del C.G.P.). <\/p>\n
Es que, L\u00e1zaro Andr\u00e9s Moreno fue convocado como testigo de la parte actora, que no a pedimento de la parte demandada, (\u2026) sin que el extremo demandado se opusiera al cierre de la etapa probatoria en primera instancia o pidiera la pr\u00e1ctica de esa prueba, en la oportunidad que precept\u00faa el art\u00edculo 327 del C.G.P. <\/p>\n
Ante ese panorama, para el Tribunal emerge di\u00e1fano que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana fechado al 18 de febrero de 2012 tiene pleno valor probatorio como medio de prueba documental y, de ah\u00ed que, brinde al proceso la certeza necesaria para tener por acreditada la informaci\u00f3n que all\u00ed reposa, esto es, el arriendo por parte del demandante de uno de los apartamentos en que est\u00e1 dividido su inmueble. <\/p>\n
Agr\u00e9guese a lo anterior, que la parte demandada nada dijo respecto de la misiva fechada al 3 de octubre de 2012, por la que L\u00e1zaro Andr\u00e9s Moreno informa a ARISTIDES RODR\u00cdGUEZ NI\u00d1O que har\u00e1 entrega del inmueble que le arrend\u00f3, debido al deterioro del techo y la inundaci\u00f3n consecuente, que le averi\u00f3 varios electrodom\u00e9sticos y enseres\u2026 <\/p>\n
De contera, esa comunicaci\u00f3n se erige como una prueba adicional que apoya los hechos de la demanda relativos al arrendamiento del inmueble o parte de \u00e9ste y los ingresos que devengaba el actor por esa actividad. <\/p>\n
(ii) Que no se haya especificado en ese contrato de qu\u00e9 apartamento se trataba, visto que en el predio existen dos construcciones individuales -seg\u00fan el dictamen pericial se trata de los apartamentos 1 y 2-, am\u00e9n de la vivienda del demandante, no es cuesti\u00f3n que, por s\u00ed sola, enerve el contenido de ese acto jur\u00eddico, pues lo esencial all\u00ed es la identificaci\u00f3n del arrendatario, la direcci\u00f3n del inmueble arrendado y el valor del canon mensual \u2013($800.000)-. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo aduce la mandataria de la parte actora, la divisi\u00f3n material del consabido inmueble se hizo sin separar o desenglobar las unidades resultantes, luego \u00e9stas no cuentan con identificaci\u00f3n propia y particular, distinta al predio matriz. <\/p>\n
(iii) Esta \u00faltima circunstancia, tampoco derruye la pretensi\u00f3n indemnizatoria del actual accionante, en lo que al lucro cesante se contrae, pues aqu\u00ed no es objeto de debate si el demandante legaliz\u00f3 o no la divisi\u00f3n de su vivienda y si para ello cont\u00f3 con el benepl\u00e1cito de las autoridades competentes; lo importante es que se demostr\u00f3 por el actor que ten\u00eda en arriendo parte de su predio, lo que no constituye una actividad fuera del margen de la ley, que le generaba ingresos econ\u00f3micos, mismos que perdi\u00f3 por los hechos desarrollados por la parte demandada, punto este sobre el que no hay discusi\u00f3n. <\/p>\n
(iv) No es cierto que se hubiera demostrado, como dice la vocera de la parte discorde, que solo el apartamento 1 colinda con la vivienda de los demandados; con la prueba pericial aportada con la demanda y lo expuesto por la perito Ibeth Mar\u00eda Moreno Mendoza en su declaraci\u00f3n, qued\u00f3 claro que las dos unidades habitacionales construidas en el predio del demandante -apartamentos 1 y 2- colindan con el inmueble en el que se llev\u00f3 a cabo la construcci\u00f3n que dio origen a este proceso. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, cualquiera que hubiese sido la unidad arrendada por el demandado a L\u00e1zaro Andr\u00e9s Moreno se habr\u00eda visto afectada por las humedades y dem\u00e1s deterioros originados en las obras que se efectuaron en el predio de los demandados, conforme se demostraron en este proceso y ante la Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda Urbana de Barrancabermeja, aspecto que, se repite, no es objeto de discusi\u00f3n en la segunda instancia de este asunto. <\/p>\n
(v) Por esa l\u00ednea, el hecho de que el aqu\u00ed demandante ARISTIDES RODR\u00cdGUEZ NI\u00d1O no haya acudido a una inmobiliaria para arrendar a trav\u00e9s de esta el predio ni instalado letreros de se arrienda en la fachada de la casa, no son cuestiones que sirvan como sustentaci\u00f3n a una eventual negativa al reconocimiento de los perjuicios por \u00e9l reclamados, puesto que, ninguna norma exige que para el arriendo de un inmueble se deba acudir de modo forzoso a dichas empresas ni ubicar esas se\u00f1ales informativas o publicitarias en procura de arrendarlo. <\/p>\n
(vi) En cuanto a las declaraciones de los testigos Ana Celsa Mar\u00edn Uribe y Jos\u00e9 Faustino Su\u00e1rez, basta para esta colegiatura apuntar que, ambos manifestaron que no les constataba que ARISTIDES RODR\u00cdGUEZ NI\u00d1O arrendara apartamentos, no que no lo hiciera, y el hecho de que no hayan visto informaci\u00f3n gr\u00e1fica -letreros de se arrienda- no puede tomarse como prueba contundente de que no existieran los arrendamientos, seg\u00fan atr\u00e1s se explic\u00f3\u2026 <\/p>\n
Luego, las consideraciones que han quedado insertas conducen a la Sala a no convenir al reparo estudiado. <\/p>\n
3.4. Por \u00faltimo, desech\u00f3 el ataque referido a que la condena por perjuicios inmateriales carec\u00eda de fundamento suasorio y jur\u00eddico, toda vez que, <\/p>\n
en criterio de la Sala en lo concerniente a la comprobaci\u00f3n de esa especie de afectaci\u00f3n, para este evento particular, es adecuada la prueba documental que milita en el plenario y lo que narr\u00f3 el demandante en su interrogatorio de parte, valoradas seg\u00fan las reglas de la experiencia. <\/p>\n
En efecto, qued\u00f3 ampliamente demostrado con el tr\u00e1mite surtido ante la Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda Urbana de Barrancabermeja, cuyo expediente se trajo a este asunto como prueba trasladada, la entidad e intensidad de las afectaciones y deterioros que la obra de construcci\u00f3n que se ejecut\u00f3 en el predio de propiedad de los demandados caus\u00f3 en el inmueble vecino, el del demandante, de lo que se resalta por el Tribunal la invasi\u00f3n de la median\u00eda, el rompimiento y ca\u00edda de parte del techo y una claraboya, y las filtraciones de humedad que causaron el desprendimiento del cielo raso y de la pintura de los muros de la vivienda. <\/p>\n
Ante esa situaci\u00f3n, es apenas entendible que, conforme lo ense\u00f1an las reglas de la experiencia, el propietario del predio que se ve deteriorado de tal modo, sienta angustia, pesar, impotencia y congoja, pues es su patrimonio el que se est\u00e1 viendo reiteradamente menoscabado con el comportamiento de un tercero\u2026 <\/p>\n
De ah\u00ed que, para sostener que el demandante ARISTIDES RODR\u00cdGUEZ NI\u00d1O sufri\u00f3 una afectaci\u00f3n en su fuero interno con los da\u00f1os causados a su vivienda, no se requiere de documentos, testimonios ni valoraciones psicol\u00f3gicas, pues las mismas circunstancias en que se presentaron los hechos que dieron origen al proceso revelan la presencia de ese perjuicio, seg\u00fan se acaba de se\u00f1alar, tal como el mismo demandante lo indic\u00f3 en su interrogatorio de parte, al se\u00f1alar que la situaci\u00f3n ocurrida con su inmueble le gener\u00f3 sentimientos de tristeza y angustia constante. <\/p>\n
No puede olvidarse, tambi\u00e9n, que el ac\u00e1 actor debi\u00f3 acudir a diversos tr\u00e1mites (el asunto policivo y este mismo proceso) para amparar sus derechos como propietario del consabido predio y pese a contar con una resoluci\u00f3n favorable a sus intereses -el fallo del 24 de agosto de 2016 de la Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda Urbana de Barrancabermeja- aun tuvo que comparecer a la administraci\u00f3n de justicia mediante el ejercicio de la acci\u00f3n genitora del asunto que nos concentra, debido al incumplimiento de la parte demandada a lo all\u00ed ordenado (amparar la posesi\u00f3n, volver las cosas al estado anterior, sanear los da\u00f1os, cubrir los querellados, aqu\u00ed demandados, el costo de las reparaciones). <\/p>\n
4. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que el Tribunal desestim\u00f3, motivadamente, cada uno de los reproches que los aqu\u00ed censores y otrora apelantes plantearon en relaci\u00f3n con el fallo de primera instancia y las conclusiones a las cuales arrib\u00f3, independientemente de que sean o no compartidas, no se muestran abiertamente arbitrarias, carentes de sustento o alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto estuvieron precedidas de una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas, de las pruebas allegadas a la tramitaci\u00f3n y de la normatividad pertinente y aplicable. <\/p>\n
Se observa, pues, una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los solicitantes, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden2. <\/p>\n
Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020). <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se impone desestimar el ruego exigido, en tanto la procedencia de la tutela presupone la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo y racional, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En ese sentido, ver CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, entre otros. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021. <\/p>\n
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STC12605-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12605-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio Andr\u00e9s y Estefan\u00eda Pach\u00f3n Ardila, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67325","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67325","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67325"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67325\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67325"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67325"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67325"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}