STC12606-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12606-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01626-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 23 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Helena S\u00e1nchez Rosso contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de esta ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones y Aerov\u00edas del Continente Americano \u2013 Avianca S.A., as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00b0 2012-00617. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00abseguridad social (\u2026) al principio de favorabilidad laboral o condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para el trabajador (\u2026), la liberta (sic) de escoger el r\u00e9gimen de seguridad social (\u2026) [y] la protecci\u00f3n especial de las personas de la tercera edad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Luz Helena S\u00e1nchez Rosso promovi\u00f3 declarativo en contra de Avianca S.A., en procura del reconocimiento y pago de: \u00ab(i) (\u2026) las semanas que la empresa dej\u00f3 de cotizar a la seguridad social durante la vigencia de la relaci\u00f3n laboral con destino al fondo de pensiones voluntarias administrado por Porvenir S.A.; (ii) intereses como lucro cesante; (iii) a la suma de $500.000.000 o la que se establezca (\u2026) por concepto de da\u00f1o emergente, correspondiente a la p\u00e9rdida del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, la posibilidad de acceder a la pensi\u00f3n de vejez y la vinculaci\u00f3n al r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, y (iv) las costas\u00bb1, puesto que \u00abdurante la ejecuci\u00f3n de la relaci\u00f3n subordinada su empleador no la afili\u00f3 el r\u00e9gimen de pensiones ni cotiz\u00f3 por ella\u00bb. <\/p>\n
El estudio del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien conden\u00f3 a la entidad a reconocer \u00abla totalidad de los aportes en pensiones por todo el tiempo servido (\u2026) esto es, del 1.\u00ba de julio de 1980 al 1.\u00ba de marzo de 1992, previo c\u00e1lculo actuarial que realice a COLPENSIONES\u00bb, y la absolvi\u00f3 de las dem\u00e1s pretensiones. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta por ambas partes, fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad, en tanto advirti\u00f3 que \u00abno son de recibo los argumentos de la empresa para justificar la omisi\u00f3n en el deber de afiliaci\u00f3n\u00bb y, sobre el c\u00e1lculo actuarial, expuso que \u00abla suma que corresponda se debe trasladar a Colpensiones, pues seg\u00fan la historia de cotizaciones (\u2026), la accionante est\u00e1 afiliada a esa administradora de pensiones y registra varias contribuciones con esa entidad\u00bb. <\/p>\n
Inconformes, los dos extremos del litigio recurrieron en sede extraordinaria y, en esa sede, la censora \u00absolicit\u00f3 la indemnizaci\u00f3n sustitutiva (\u2026) reembolso que le fue entregado por Colpensiones (\u2026) [el] 6 de agosto de 2017, con desafiliaci\u00f3n autom\u00e1tica al sistema de Seguridad Social\u00bb. En raz\u00f3n a ello, \u00ablas partes llegaron el d\u00eda 5 de septiembre de 2017 a un acuerdo conciliatorio (\u2026), en [el que] se dispuso la cancelaci\u00f3n a la trabajadora del valor del c\u00e1lculo actuarial liquidado a esa fecha\u00bb, sin embargo, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, en auto AL1761-2020: (i) neg\u00f3 la transacci\u00f3n y el desistimiento presentado por la querellante; y (ii) declar\u00f3 desierto el recurso impetrado por Avianca S.A. <\/p>\n
Posteriormente, la Corporaci\u00f3n encartada dict\u00f3 sentencia dejando inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, pues advirti\u00f3 que: (i) \u00abno es procedente el env\u00edo de esos recursos a un fondo voluntario de pensiones como lo alega la censura\u00bb y (ii) \u00abno se le cercen\u00f3 a la demandante su derecho a la libre selecci\u00f3n del r\u00e9gimen ni de la entidad gestora de sus intereses pensionales\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la promotora, incurri\u00f3 en defecto sustantivo, toda vez que se \u00abomiti\u00f3: (i) la desafiliaci\u00f3n de la trabajadora a la Seguridad Social en Pensiones, con ocasi\u00f3n a la indemnizaci\u00f3n sustitutiva que otorg\u00f3 Colpensiones respecto de unas pocas semanas cotizadas a esa entidad; y (ii), por otra parte, no aplic\u00f3 el art\u00edculo 39 del Decreto 3908 de 1989, sobre la desafiliaci\u00f3n autom\u00e1tica, (\u2026) cuando la patronal termin\u00f3 el contrato de aprendizaje de la accionante y no la volvi\u00f3 a inscribir como afilada a Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL4328-2021, \u00ab\u00daNICAMENTE en lo referente al destinatario de pago del c\u00e1lculo actuarial, o sea, con destino a COLPENSIONES\u00bb y, en consecuencia, se ordene a Avianca S.A. efectuar dicho pago \u00abal fondo de pensiones que elija la accionante, que maneje el R\u00c9GIMEN de AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD y si dicha entidad encuentra que la (\u2026) accionante est\u00e1 excluida definitivamente de la seguridad social en pensiones, por la edad (\u2026) [y no] tener capacidad econ\u00f3mica de cotizar 500 semanas en ese nuevo r\u00e9gimen; se ordene el pago directo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el tr\u00e1mite y manifest\u00f3 que \u00abel instrumento de resguardo desconoce el principio de inmediatez propio de la acci\u00f3n de amparo constitucional, dado que la decisi\u00f3n censurada data de 11 de agosto de 2021 y la acci\u00f3n de tutela se interpuso el 7 de agosto de 2022, lapso que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses que esta Corte ha considerado razonable para acudir al mecanismo constitucional\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n se respald\u00f3 en argumentos razonables y compatibles con el ordenamiento jur\u00eddico, de Radicado n.\u00b0 125695 2 modo que no puede considerarse lesiva de las prerrogativas fundamentales invocadas\u00bb. <\/p>\n
2. Avianca S.A. se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[a]ctualmente no se ha podido dar cumplimiento a la sentencia (\u2026), habida cuenta que al momento de intentar realizar el pago a Colpensiones, dicha administradora lo rechaza ante la inexistencia de la afiliaci\u00f3n, lo que hace jur\u00eddicamente imposible hacer efectiva la obligaci\u00f3n, sin que actualmente pueda realizarse el pago de otra forma, toda vez que no se estar\u00eda dando cumplimiento a (\u2026) [lo dispuesto]\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abes evidente que (\u2026) no ha incurrido en ninguna violaci\u00f3n de derechos de la actora, pues sencillamente la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral consider\u00f3 dar prevalencia a la literalidad de la norma que a los derechos fundamentales de la extrabajadora, inobservando que la orden impartida es de imposible cumplimiento, y obviando que las partes, precisamente previendo tal imposibilidad, hab\u00edamos alcanzado una f\u00f3rmula de arreglo cuyos pilares no fueron otros que el respeto de los derechos de la extrabajadora y la protecci\u00f3n del eventual derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., explic\u00f3 que \u00abla tutela de la referencia NO se hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla accionante se encuentra inconforme con una providencia que se profiri\u00f3 el 11 de agosto de 2021 y acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela en agosto de 2022, es decir, cerca de un (1) a\u00f1o despu\u00e9s, lo cual muestra con facilidad el incumplimiento del requisito de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00ab[n]o existe congruencia entre lo pedido en la tutela y lo decidido en la sentencia proferida (\u2026). Es un deber imperativo del juez Constitucional de solucionar el conflicto planteado (\u2026), ya que el juez natural se neg\u00f3 a ello, sin fundamento alguno, por lo tanto debe ordenar el pago del c\u00e1lculo actuarial, aplicando los principios establecidos en el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n en concordancia con el art\u00edculo 1564 del C.C., que fueron omitidos y despachados sin consideraciones de ser \u201cviables o impertinentes\u201d, que deb\u00eda solucionar los vac\u00edos legales, atendiendo el principio constitucional del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Acto Legislativo de 2005, que es de car\u00e1cter obligatorio y que obliga a los funcionarios del Estado a solucionar dicho conflicto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por la gestora (SL4328-2021, rad. 75825), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la providencia controvertida se dict\u00f3 el 11 de agosto de 2021 y la tutela se intent\u00f3 el 5 de agosto de 2022, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre (\u2026) [los veredictos] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que (i) \u00abno es procedente el env\u00edo de esos recursos [del c\u00e1lculo actuarial] a un fondo voluntario de pensiones como lo alega la censura\u00bb y (ii) \u00abno se le cercen\u00f3 a la demandante su derecho a la libre selecci\u00f3n del r\u00e9gimen ni de la entidad gestora de sus intereses pensionales\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos formulados por la recurrente, en los que se acus\u00f3 a la decisi\u00f3n de segundo grado \u00abde trasgredir directamente, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993 y la \u00abviolaci\u00f3n directa\u00bb de los art\u00edculos 11, 13, 61, 115, 116 y 271 de la Ley 100 de 1993,11 del Decreto 692 de 1994, 118 del Decreto 3798 de 2003, \u00ab17 del Decreto 3798 de 2003, modificado por el art\u00edculo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el art\u00edculo 15 del Decreto 1474 de 1997\u00bb (sic); 1634 del C\u00f3digo Civil; 48, 53 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb y de violaci\u00f3n indirecta \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993 y directamente en concepto de violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 11, 13, 61, 115, 116 y 271 de la Ley 100 de 1993, 11 del Decreto 692 de 1994, 118 del Decreto 3798 de 2003, \u00ab17 del Decreto 3798 de 2003, modificado por el art\u00edculo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el art\u00edculo 15 del Decreto 1474 de 1997\u00bb (sic); 1634 del C\u00f3digo Civil; 6.\u00ba del Decreto 1824 de 1965, que aprob\u00f3 el Acuerdo 189 de esa anualidad, en concordancia con los art\u00edculos 14 y 67, 70 y 71 del Decreto 2665 de 1988, 29, 48, 53 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l problema jur\u00eddico que debe abordar la Corte consiste en determinar si el Tribunal incurri\u00f3 en un desatino (i) al disponer que el pago del c\u00e1lculo actuarial que debe efectuar Avianca S.A. se traslade a Colpensiones y no a un fondo voluntario de pensiones, y (ii) al negar la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, pues la no afiliaci\u00f3n por parte de la empresa priv\u00f3 a la actora de la libertad de elegir el r\u00e9gimen pensional y la administradora respectiva y, adem\u00e1s, le gener\u00f3 la p\u00e9rdida del r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, de conformidad con el fallo SL2475-2018, estableci\u00f3 que \u00abla suma que corresponde al c\u00e1lculo actuarial debe ser transferida a la entidad administradora de pensiones en la que est\u00e9 afiliado el trabajador(a)\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 resaltando que \u00abse acredit\u00f3 en el proceso y no lo discute la censura, que esta se afili\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales y cotiz\u00f3 en esa entidad. As\u00ed, el Tribunal acert\u00f3 al disponer que los recursos correspondientes al c\u00e1lculo actuarial de S\u00e1nchez Rosso tuvieran como destino Colpensiones, en cuanto es la administradora del r\u00e9gimen de prima media en la que est\u00e1 afiliada\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed, la actora desde el 8 de agosto de 1977 era una afiliada al Instituto de Seguros Sociales con independencia de no haber cotizado por un largo periodo de tiempo. (\u2026) Por tanto, la actora conserv\u00f3 su condici\u00f3n de afiliada a esa administradora de pensiones, incluso con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, toda vez que el Decreto 692 de 1994 en el art\u00edculo 11 precis\u00f3 que las personas que ya estaban vinculadas al ISS continuaban en esa entidad sin necesidad de llenar otro formulario\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que no es procedente el env\u00edo de los dineros que corresponden al c\u00e1lculo actuarial a un fondo voluntario de pensiones, puesto que \u00abesto no tendr\u00eda poder liberatorio respecto del empleador omiso, en cuanto la obligaci\u00f3n es respecto de su empleado pero en relaci\u00f3n con el sistema general de pensiones. Asimismo, porque en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los recursos del sistema general de pensiones no se pueden destinar ni utilizar \u00abpara fines diferentes a ella. (\u2026) Y los fondos voluntarios de pensiones no hacen parte del sistema general de pensiones\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, \u00aben lo referente a que la no afiliaci\u00f3n por parte de la empresa priv\u00f3 a la actora de la libertad de elegir el r\u00e9gimen pensional y la administradora respectiva y, adem\u00e1s, le gener\u00f3 la p\u00e9rdida del r\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb, la autoridad refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[A]l ser la accionante afiliada al sistema general de pensiones desde el 8 de agosto de 1977, no tienen fundamento alguno sus alegaciones relativas a que est\u00e1 excluida de la seguridad social con base en los art\u00edculos 2.\u00ba del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de la misma anualidad y 61 literal b) ibidem, que se refiere a quienes van a ingresar por primera vez al sistema de pensiones, y tampoco la exigencia que ante un eventual traslado al RAIS tuviera que sufragar 500 semanas de aportes\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, el estrado censurado precis\u00f3 que a la demandante no se le vulner\u00f3 su derecho a la libre selecci\u00f3n \u00abdel r\u00e9gimen ni de la entidad gestora de sus intereses pensionales porque las normas que se rese\u00f1aron previeron la salvaguarda de sus garant\u00edas y derechos de la seguridad social. Por tanto, como la afiliaci\u00f3n no perdi\u00f3 sus efectos, el Tribunal no infringi\u00f3 el art\u00edculo 271 de la Ley 100 de 1993 que se refiere a las sanciones al empleador por impedir o atentar contra el derecho del trabajador a la afiliaci\u00f3n y selecci\u00f3n libre de la administradora de pensiones\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[N]o tuvo incidencia la omisi\u00f3n de Avianca S.A. en la libre selecci\u00f3n de r\u00e9gimen ni de administradora, pues se reitera, la actora se afili\u00f3 al ISS con anterioridad a la relaci\u00f3n laboral con esa empresa. Adem\u00e1s, la permanencia de esa afiliaci\u00f3n la regula la ley y en cuanto a la opci\u00f3n de cambio de r\u00e9gimen o de administradora, la accionante tuvo abierta la oportunidad de efectuar un traslado de r\u00e9gimen en las oportunidades y condiciones que prev\u00e9 la Ley 100 de 1993, en el art\u00edculo 13 literal e), modificado por el art\u00edculo 2.\u00ba de la Ley 797 de 2003 y teniendo en cuenta las reglas en el caso de beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, de modo que no se configuran los hechos base sobre los que descansa la pretensi\u00f3n de la actora sobre una posible reparaci\u00f3n\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Seguidamente, la Corporaci\u00f3n fustigada indic\u00f3 que \u00ablas semanas que se convalidan con el pago del c\u00e1lculo actuarial hacen parte del haber de cotizaciones de la actora y valdr\u00e1n para analizar tanto las condiciones de acceso al r\u00e9gimen, como para determinar si se caus\u00f3 o no un derecho pensional de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, y la incidencia para la p\u00e9rdida o conservaci\u00f3n de la transici\u00f3n en los t\u00e9rminos del Acto Legislativo 01 de 2005. Y tal circunstancia no obedece a la situaci\u00f3n que se discute en el proceso, sino a la regulaci\u00f3n establecida en dicha reforma constitucional\u00bb. <\/p>\n
En \u00faltimo lugar, coligi\u00f3 que \u00abno le asiste raz\u00f3n a la censura al se\u00f1alar que es necesario acudir a la aplicaci\u00f3n de la equidad con miras a resolver la controversia planteada en el presente asunto. Ello, porque tal como se explic\u00f3, el ordenamiento jur\u00eddico no presenta vac\u00edo alguno que implique acudir a dicho criterio auxiliar de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb y de esta manera desestim\u00f3 ambos cargos. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
4.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el fallo de casaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
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STC12606-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12606-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01626-01 (Aprobado en Sala de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67326"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67326\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}