STC12612-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12612-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00864-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 12 de mayo de 20221, que neg\u00f3 la tutela de Jos\u00e9 Libardo Betancur Ruiz frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00b0 2015-00161. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, igualdad, petici\u00f3n, \u00abpersonalidad jur\u00eddica\u00bb, \u00abprincipio de congruencia\u00bb y \u00abequidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que, el 20 de mayo de 2021 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, conden\u00f3 a Betancur Ruiz a la pena de 16 a\u00f1os y 2 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os y actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo\u00bb. En sede de apelaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, confirm\u00f3 la condena \u00fanicamente por el delito \u00abactos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado\u00bb, y revoc\u00f3 la sanci\u00f3n por los punibles de \u00abacceso carnal abusivo\u00bb y el concurso de actos sexuales \u00abno atribuidos jur\u00eddicamente\u00bb, dejando una penalidad definitiva de 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Reproch\u00f3 el accionante los fallos de ambas instancias, y especialmente critic\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria, pues adujo que, del estudio de las evidencias aportadas, \u00abo sea, las psicol\u00f3gicas y las periciales [\u2026] fueron causa de duda, de un acto o abuso que nunca se hizo, y que, por un acto de mentiras, fueron m\u00e1s all\u00e1 de todo esto\u00bb, y agreg\u00f3 que, el tribunal, redujo la sanci\u00f3n tras encontrar que existieron \u00abrespuestas acomodadas de la madre y su peque\u00f1a hija que nunca fue abusada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, manifest\u00f3 que no cuenta con dinero \u00abpara pagar los honorarios de un defensor contractual\u00bb para que presente el recurso de casaci\u00f3n en su nombre, raz\u00f3n por la cual, le \u00abtoc\u00f3 elevar la acci\u00f3n constitucional porque es el \u00fanico m\u00e9todo de defensa que me queda para que me otorguen una rebaja de la pena m\u00e1s beneficiosa por presunci\u00f3n de inocencia y el beneficio de la duda (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, se colige que pretende se dejen sin efecto las referidas providencias y que, se oficie al Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed \u00abque env\u00ede las pruebas contundentes y congruentes, no las pruebas acomodadas de la fiscal\u00eda que efectu\u00f3 la investigaci\u00f3n; tengo entendido que por chismes o injuria y calumnias indirectas no lo pueden condenar a uno, sin una prueba contundente (\u2026) solicito mi rebaja de pena, la m\u00e1xima posible o en su defecto la libertad por falta de pruebas periciales congruentes y clara (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, por intermedio del magistrado encargado de la ponencia de la decisi\u00f3n recriminada se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto, el actor en realidad \u00abpretende reabrir un debate, a modo de tercera instancia\u00bb; adicionalmente, indic\u00f3 que, el procesado, \u00abpese a manifestar su intenci\u00f3n de promover la casaci\u00f3n, no la sustent\u00f3, pues, el defensor de oficio que tuvo a su cargo el asunto conceptu\u00f3 de manera negativa la fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Segunda Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed hizo un recuento del tr\u00e1mite surtido en primera instancia y defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que profiri\u00f3, toda vez que, \u00ab(\u2026) las pruebas allegadas por las partes fueron sometidas a contradicci\u00f3n, valoradas cumpliendo los par\u00e1metros del canon 404 procesal y, si bien la menor no compareci\u00f3 al juicio, la prueba de referencia y de corroboraci\u00f3n perif\u00e9rica fue analizada a la luz de la ley y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
3. El Fiscal 234 Seccional de la unidad CAIVAS Sur de Itag\u00fc\u00ed pidi\u00f3 se deniegue el resguardo, pues lo que se pretende con la demanda tutelar es que se resuelva sobre un asunto \u00abque ya fue despachado de manera clara en las instancias\u00bb. <\/p>\n
4. El INPEC solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al verificar que el accionante no recurri\u00f3 la sentencia de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues, \u00ab(\u2026) pese a interponerlo, dej\u00f3 de sustentarlo, con el objeto de cuestionar la referida determinaci\u00f3n y obtener, por esa v\u00eda, el estudio de fondo del asunto\u00bb; y agreg\u00f3 que, \u00abla eventual falta de dinero no es excusa suficiente para sustraerse de esa carga procesal, en tanto el Estado colombiano ofreci\u00f3 esa alternativa \u2013 en forma gratuita \u2013 al implicado y defensor de oficio que tuvo a su cargo el asunto, conceptu\u00f3 de manera negativa la fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, en franco ejercicio de sus labores\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, reiterando lo aducido en la primera oportunidad, en el sentido de insistir en los defectos que atribuye a la decisi\u00f3n cuestionada en torno a la valoraci\u00f3n probatoria, sostuvo que, \u00abfamiliares de la v\u00edctima de la se\u00f1ora [\u2026] son testigos firmes en mi caso particular, donde afirman que la se\u00f1ora [\u2026] obliga a la menor a declarar en contra m\u00eda [\u2026] me est\u00e1n condenado sin una investigaci\u00f3n o elementos materiales probatorios, tales como fluidos, videos, grabaciones, entre otros, aqu\u00ed me est\u00e1n condenando solo por chismes o un supuesto que fraguaron la se\u00f1ora [\u2026] con su hija y con apoyo de la comisar\u00eda de familia de Heliconia, Antioquia, que quedaron plasmadas a lo largo del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el quejoso al condenarlo a la pena de 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00abactos sexuales con menor de catorce a\u00f1os\u00bb (fallos de 20 de marzo de 2021 y 2 de febrero de 2022, de primera y segunda instancia, respectivamente), incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que el actor no impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n (declarado desierto por falta de sustentaci\u00f3n de la demanda) la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Penal, el 2 de febrero de 2022, mediante la cual confirm\u00f3 \u2013 parcialmente \u2013 la condena por el delito de \u00abactos sexuales con menor de catorce a\u00f1os\u00bb, (sentencia de primer grado dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed) estableciendo una pena de 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, al prescindir de esa oportunidad renunci\u00f3 al mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n las censuras que por esta senda constitucional plantea en torno a la valoraci\u00f3n probatoria. En contextos como este, la Corte ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
De manera que, la omisi\u00f3n en que incurri\u00f3 el actor en la actuaci\u00f3n censurada, independientemente de las razones aducidas, impide la prosperidad de esta acci\u00f3n constitucional, la cual no se erigi\u00f3 para suplir, como si de una alternativa procesal se tratara, los medios previstos por el ordenamiento jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de los derechos de las partes al interior del juicio. <\/p>\n
Es decir, la inviabilidad de la presente salvaguarda se entiende en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado es la ratificaci\u00f3n del fallo constitucional impugnado en el sentido de declarar la improcedencia de la s\u00faplica. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El tutelante actu\u00f3 con incuria al no recurrir por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia ratific\u00f3 la condena que le fue impuesta, en todo caso, desperdiciando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este sendero constitucional expone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 9 de septiembre de 2022 \u2013 Ingreso al despacho del ponente, 13 de septiembre de 2022. <\/p>\n
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