STC12616-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12616-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01543-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte de Suprema de Justicia, en la tutela que Germ\u00e1n Rodrigo Ricaurte Tapia instaur\u00f3 en contra de Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00ablibertad\u00bb para que se ordenara a la Colegiatura querellada dejar sin efectos la providencia emitida el 22 de julio de 2022 (AP-TSC-P-2022-1100) y, en consecuencia, \u00abdecretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en el proceso de la referencia\u00bb. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de C\u00facuta lo conden\u00f3 a 36 meses de prisi\u00f3n por el punible de acoso sexual, le neg\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria y la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n (20 ag. 2021); veredicto que recurri\u00f3 y, estando en tr\u00e1mite la alzada, \u201cacaeci\u00f3 un hecho sobreviniente\u201d raz\u00f3n por la que seg\u00fan los art\u00edculos 292 de la Ley 906 de 2004 y 86 de la Ley 599 de 2000, solicit\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (rad. 2017-01865). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que tal rogativa la sustent\u00f3 en que \u201csi el t\u00e9rmino inicial de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n (\u2026), era de 3 a\u00f1os o 36 meses m\u00e1ximo de la pena fijada en la ley para el delito de acoso sexual y el mismo se interrumpi\u00f3 con la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n que se realiz\u00f3 23 de octubre de 2018 y este comenz\u00f3 a correr nuevamente por un tiempo igual a la mitad del se\u00f1alado en el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, esto es, por 18 meses, el mismo fue cumplido el 23 de octubre de 2021 por cuanto los procesos regidos por la Ley 906 de 2004, el m\u00ednimo es de 3 y no de 5 a\u00f1os\u201d y, en el m\u00e1s grave de los eventos, si se aplicara el \u201cm\u00e1ximo de la pena establecido en la ley que son 36 meses, m\u00e1s el agravante de servidor p\u00fablico de 18 meses, (\u2026) sumar\u00eda un total de 54 meses (\u2026), desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n (\u2026), tambi\u00e9n prescribe pues (\u2026) los 27 meses se cumplieron el 23 de octubre de 2021\u201d. <\/p>\n
Empero, \u201cde manera desalentadora y falta de una verdadera convicci\u00f3n en las decisiones judiciales\u201d, la Magistratura enjuiciada neg\u00f3 el pedimento (22 jul. 2022; AP-TSC-P-2022-1100) \u201cconfigur\u00e1ndose nuevamente una afectaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d en su contra, por cuanto, \u201clas circunstancias de tiempo, modo y lugar para la prescripci\u00f3n (\u2026), est\u00e1n muy claros siendo omitidos por el accionado cuando describi\u00f3 algunas apartes relevantes de su decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la Sala acusada \u201celev\u00f3 el lapso prescriptivo a 4 a\u00f1os y 6 meses\u201d, es decir, indic\u00f3 que el tiempo fenec\u00eda el 23 de abril de 2023 y, por ende, \u201cincurri\u00f3 en un yerro contra los preceptos legales (\u2026), en defecto material sustantivo y viol\u00f3 la Constituci\u00f3n Nacional al desconocer el precedente judicial\u201d; aunado a que el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 lo de la \u201cprescripci\u00f3n\u201d es susceptible de apelaci\u00f3n, no obstante, le \u201ccerr\u00f3 y cercen\u00f3 esa posibilidad\u201d, impidi\u00e9ndole acceder a la segunda instancia. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de C\u00facuta narr\u00f3 las etapas surtidas en el litigio reprochado y destac\u00f3 que aunque no ha podido solucionar el remedio vertical contra la sentencia que conden\u00f3 al petente, \u201cha venido evacuando la resoluci\u00f3n de recursos y dem\u00e1s tr\u00e1mites con la celeridad y atenci\u00f3n que cada caso amerita\u201d. <\/p>\n
El Centro de Servicios Judiciales pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u201cya que no existe prueba fehaciente de la supuesta vulneraci\u00f3n de que fue v\u00edctima\u201d el promotor por parte de esa dependencia. <\/p>\n
El apoderado del gestor coadyuv\u00f3 el amparo exponiendo argumentos an\u00e1logos a los del escrito primigenio. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el auxilio tras colegir que \u00abel referido proceso se encuentra en la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta pendiente por resolverse el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la sentencia mediante la cual conden\u00f3 a GERM\u00c1N RODRIGO RICAURTE TAPIA a 36 meses de prisi\u00f3n por el delito de acoso sexual\u00bb; de manera que, \u00abNo le est\u00e1 permitido al juez constitucional intervenir en el proceso, debido a que en su interior existen los medios de defensa aptos para preservar o recuperar los derechos supuestamente amenazados, esto es, en sede de casaci\u00f3n, con lo cual deviene improcedente la acci\u00f3n de tutela solicitada\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por Ricaurte Tapia, quien disinti\u00f3 de la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el a quo constitucional, como quiera que \u00abaun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acci\u00f3n de tutela proceder\u00e1 cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y tal da\u00f1o irreversible est\u00e1 aconteciendo, pues si el Tribunal Superior de C\u00facuta opta por no reconocer [su] inocencia absoluta, ni la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en segundo grado, seguramente [lo] enviar\u00e1 a presentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n por una actuaci\u00f3n prescrita y extinta que por lo general no debi\u00f3 continuar con una consecuencia nefasta como [su] privaci\u00f3n de la libertad\u00bb. Finalmente, trajo los mismos fundamentos del pliego genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento de la guarda y la consecuente convalidaci\u00f3n de la directriz opugnada, en tanto las censuras de Germ\u00e1n Rodrigo relacionadas con la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb por el delito de acoso sexual que se sigue en su contra (rad. 2017-01865), se tornan anticipadas, en atenci\u00f3n a que para cuando acudi\u00f3 a esta v\u00eda especial (28 jul. 2022), a\u00fan se hallaba en curso la causa objetada. <\/p>\n
Es as\u00ed, porque, tal como lo indic\u00f3 el Tribunal de C\u00facuta en la contestaci\u00f3n que brind\u00f3, la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el actor contra el fallo de 20 de agosto de 2021 expedido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed que, esa particular incidencia, sumada a que el iudex plural confutado y\/o la Sala de Casaci\u00f3n Penal, seg\u00fan sea el caso, deben pronunciarse de oficio en el evento de observar el \u00abt\u00e9rmino prescriptivo\u00bb configurado en el asunto, suponen un presuroso ejercicio de esta s\u00faplica constitucional. <\/p>\n
En torno a esa tem\u00e1tica, se ha dicho: <\/p>\n
La prescripci\u00f3n desde la perspectiva de la casaci\u00f3n, puede producirse: a) antes de la sentencia de segunda instancia; b) como consecuencia de alguna decisi\u00f3n adoptada en ella con repercusi\u00f3n en la punibilidad; o, c) con posterioridad a la misma, vale decir, entre el d\u00eda de su proferimiento y el de su ejecutoria. <\/p>\n
Si en las dos primeras hip\u00f3tesis se dicta el fallo, su ilegalidad es demandable a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n, porque el mismo no se pod\u00eda dictar en consideraci\u00f3n a la p\u00e9rdida de la potestad punitiva del Estado originada en el transcurso del tiempo. <\/p>\n
Frente a la tercera hip\u00f3tesis la situaci\u00f3n es diferente. En tal evento la acci\u00f3n penal estaba vigente al momento de producirse el fallo y su legalidad en esa medida resulta indiscutible a trav\u00e9s de la casaci\u00f3n, porque la misma se encuentra instituida para juzgar la correcci\u00f3n de la sentencia y eso no incluye eventualidades posteriores, como la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria. <\/p>\n
Cuando as\u00ed sucede, es deber del funcionario judicial de segunda instancia o de la Corte si el fen\u00f3meno se produce en el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, declarar extinguida la acci\u00f3n en el momento en el cual se cumpla el t\u00e9rmino prescriptivo, de oficio o a petici\u00f3n de parte. Pero si no se advierte la circunstancia y la sentencia alcanza la categor\u00eda de cosa juzgada, la \u00fanica forma de remover sus efectos e invalidarla es acudiendo a la segunda de las causales que hacen procedente la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente se ha indicado que en caso de que la prescripci\u00f3n ocurra antes de proferirse el fallo, es menester que en sede extraordinaria se profiera una sentencia de casaci\u00f3n, dado que el tr\u00e1mite posterior al cumplimiento del t\u00e9rmino prescriptivo es ilegal y comporta una vulneraci\u00f3n del debido proceso. As\u00ed lo ha resuelto la Corte: <\/p>\n
\u00ab3.4. Cuando la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal ocurre durante la etapa de instrucci\u00f3n o en el per\u00edodo de la causa, pero de todas maneras antes de proferirse la sentencia de segunda instancia, la Sala tiene dicho que <\/p>\n
\u201crecurrida \u00e9sta en casaci\u00f3n y admitida la respectiva demanda por cumplir con los requisitos formales se\u00f1alados en la ley (arts. 212 y 132 P.P., antes 225 y 226) lo procedente es casarla oficiosamente, …, si, como en este caso, no fue objeto de espec\u00edfica acusaci\u00f3n, pues resulta incuestionable que fue dictada respecto de una acci\u00f3n, que por el fen\u00f3meno prescriptivo aludido, ya no pod\u00eda proseguirse. La presunci\u00f3n de legalidad que ampara los fallos de instancia, se quiebra ante la vulneraci\u00f3n del debido proceso, dado que no pueden culminar las instancias mediante decisiones que jur\u00eddicamente no pueden proferirse y, como quiera que, por la calificaci\u00f3n y admisi\u00f3n de la demanda se ha iniciado el debido proceso de la casaci\u00f3n, \u00e9ste debe culminar en sentencia que le ponga fin. <\/p>\n
\u201cSituaci\u00f3n distinta se presenta cuando la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n es sobreviniente a la sentencia del ad quem, caso en el cual, a la sentencia de segunda instancia no se le puede atribuir ilegalidad alguna, pues el Estado conservaba inc\u00f3lume su facultad punitiva para dictarla, por consiguiente, en dicha situaci\u00f3n, lo indicado es acudir a la cesaci\u00f3n de procedimiento\u201d. Negrilla fuera de texto (CSJ SP1767-2018; rad. 52566). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que mientras no se desentra\u00f1en los mencionados medios impugnaticios no es viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal, ya que implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores ordinarios (Cfr. CJS STC13188-2021). <\/p>\n
Es por eso que esta Corte ha predicado en forma reiterada que, <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC6904-2020, STC13188-2021). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb, esta Sala ha sostenido que, \u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, STC3455-2020 y STC16008-2021). <\/p>\n
3.- Ergo, se refrendar\u00e1 la providencia opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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