STC12627-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12627-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01456-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edwin Arbeiro Su\u00e1rez Sandoval contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa, extensivo a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del juicio seguido contra el actor ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa, por el delito de violencia intrafamiliar, el apoderado de \u00e9ste y el de la v\u00edctima pidieron el aplazamiento de la audiencia de lectura de fallo, con el fin de solicitar la preclusi\u00f3n procesal, debido a que se hab\u00edan indemnizado los perjuicios causados a la v\u00edctima, no obstante, el 17 de marzo del presente a\u00f1o aquel fue condenado, decisi\u00f3n respeto de la cual fue concedido en el efecto suspensivo el recurso de apelaci\u00f3n presentado por las mencionadas partes, no obstante, se dej\u00f3 vigente la orden de captura, por lo cual el gestor fue detenido y se encuentra privado de la libertad en las instalaciones de la polic\u00eda en la ciudad de Paipa, sin que a la fecha el procedimiento haya sido legalizado. <\/p>\n
2.2. La queja del actor radica en que no se haya accedido a aplazar la audiencia para resolver sobre la \u00abpreclusi\u00f3n\u00bb y en vez de ello se haya emitido sentencia condenatoria en su contra. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Procurador 165 Judicial Penal II inform\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n que el gestor interpuso contra la sentencia dictada en su contra, ya fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, en audiencias de 29 de junio y 12 de julio del presente a\u00f1o, en el sentido de confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el delito por el cual se conden\u00f3 al gestor, no es querellable, seg\u00fan la Ley 1826 de 2017, por lo cual no es posible que por la reparaci\u00f3n integral opere la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal ni constituye por ende causal de preclusi\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que seg\u00fan el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, la orden de detenci\u00f3n del sentenciado no est\u00e1 supeditada a que el fallo se halle en firme. <\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo limito su intervenci\u00f3n a remitir el acceso al expediente del proceso cuestionado e informar que contra su decisi\u00f3n, en la audiencia de lectura de fallo de 12 de julio de 2022, el aqu\u00ed accionante interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y est\u00e1 corriendo el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas para presentar la respectiva demanda. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al observar que el proceso reprochado no ha concluido, porque est\u00e1 en tr\u00e1mite el recurso de casaci\u00f3n que el gestor interpuso contra el fallo del Tribunal que confirm\u00f3 la condena en su contra. <\/p>\n
Con todo precis\u00f3 que el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004 permite la aprehensi\u00f3n \u00abcuando la persona ha sido declarada penalmente responsable y le han negado los subrogados penales, decisi\u00f3n que puede tomarse al momento de la enunciaci\u00f3n del fallo y con mayor raz\u00f3n en la sentencia\u00bb, conforme lo ha se\u00f1alado esa Sala en m\u00faltiples pronunciamientos de casaci\u00f3n y de tutela. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, por la preclusividad de las actuaciones procesales, no hab\u00eda lugar a la pretensi\u00f3n de que se adelante una audiencia de preclusi\u00f3n cuando ya se emiti\u00f3 un fallo que, adem\u00e1s, como se dej\u00f3 establecido en l\u00edneas precedentes, fue \u00edntegramente confirmado por el superior. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor insistiendo en los mismos motivos que expuso en su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De entrada se advierte que el amparo elevado frente a las actuaciones surtidas dentro del referido proceso penal, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que se torna prematuro, en la medida en que el aqu\u00ed quejoso interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n en contra del fallo emitido 12 de julio del presente a\u00f1o por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, lo que eventualmente viabilizar\u00e1 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte estudie las anomal\u00edas expuestas en esta senda. <\/p>\n
Lo anterior traduce que, como el medio de impugnaci\u00f3n referido est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advertida la improcedencia del amparo, por estar en curso otro mecanismo judicial mediante el cual se discute la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a las actuaciones que el accionante tilda como irregulares. <\/p>\n
3. Ahora, en cuanto a la privaci\u00f3n de la libertad del actor, constata la Sala que obedece a la decisi\u00f3n tomada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Paipa en la sentencia condenatoria que emiti\u00f3 dentro del asunto el 17 de marzo del presente a\u00f1o, con fundamento en el razonable entendimiento del art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, que permite la detenci\u00f3n cuando la persona fue declarada responsable penalmente y se le han negado los subrogados penales, tal como ocurri\u00f3 en el presente asunto, interpretaci\u00f3n \u00e9sta que, seg\u00fan ya lo indic\u00f3 el a quo constitucional, encuentra respaldo en m\u00faltiples pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte (CSJ SP3353-2020, y en sede de tutelas STP2621-2021 y STP7927-2021), de ah\u00ed que no tenga lugar la protecci\u00f3n implorada al respecto. <\/p>\n
4. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta y, por ende, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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