STC12628-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12628-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02991-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por James V\u00e9lez Berm\u00fadez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado 23\u00b0 Penal del Circuito de Conocimiento de esta misma capital, as\u00ed como los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abIGUALDAD, SEGURIDAD JUR[\u00cd]DICA, IMPARCIALIDAD y (\u2026) DEFENSA\u00bb, presuntamente conculcadas por las corporaciones jurisdiccionales requeridas. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a lo dirimido por tales autoridades dentro del expediente punitivo n.\u00b0 \u00ab2013-00518\u00bb para, en consecuencia, devolver el paginario al juez de la alzada o, decretar la \u00abPRESCRIPCI\u00d3N de la (\u2026) potestad sancionatoria del Estado\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que a continuaci\u00f3n se devela: <\/p>\n
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1. El Juzgado 23\u00b0 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, ante quien se surti\u00f3 la descrita causa en fase de juicio, absolvi\u00f3 al tutelante, mediante sentencia de 6 de septiembre de 2018, de los enrostrados delitos de \u00abestafa agravada\u00bb y \u00abfraude procesal\u00bb, y tambi\u00e9n a Jennifer Vanesa Uribe Parra del de \u00abfalsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico\u00bb que le fuera atribuido; misma decisi\u00f3n en la que el dispensador cognoscente hubo de declarar la prescripci\u00f3n del cargo de \u00abfalsedad en documento privado\u00bb, endilgado a ambos. <\/p>\n
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2. El referido veredicto lo revoc\u00f3 parcialmente el correspondiente Tribunal Superior (Sala Penal) a trav\u00e9s de fallo de 30 de octubre del a\u00f1o en cita -2018-, en sede de apelaci\u00f3n interpuesta por la v\u00edctima para, en su lugar, condenar al aqu\u00ed quejoso a las penas principales de 99 meses de prisi\u00f3n y multa de 500 s.m.l.m.v. y, de forma accesoria, a la inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso de la amonestaci\u00f3n intramural (sustituida por reclusi\u00f3n domiciliaria), luego de hallarlo responsable del injusto de \u00abfraude procesal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Esa \u00faltima resoluci\u00f3n devino revisada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte en pronunciamiento CSJ SP644, 9 mar. 2022, rad. 54615, en v\u00eda de recurso extraordinario formulado por el ahora pretensor -all\u00e1 condenado-, por cuya virtud dispuso i) no casarla \u00abpor los cargos de la demanda\u00bb casacional; ii) casarla en parte y de oficio en aras de, en exclusivo, reducir la inhabilitaci\u00f3n a \u00ab73 meses\u00bb; y iii) \u00abCONFIRMAR (\u2026) la primera condena\u00bb infligida, por estar \u00abajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
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4. El inicialista del ruego de amparo de marras critic\u00f3 lo resuelto por los jueces de segundo grado y casacional, por cuanto, en estricto compendio, pasaron por alto \u00abla posibilidad\u00bb a su alcance \u00abde impugnar el fallo\u00bb de alzada en cuanto lo sancion\u00f3 penalmente \u00abpor primera vez\u00bb \u2013el 30 de octubre de 2018\u2013, en desmedro de \u00ablo se\u00f1alado en el art\u00edculo 29 superior y el [entonces ya vigente] Acto Legislativo 01 de 2018, al igual que en lo [prevenido por la Corte Constitucional] en\u2026 C-792 de 2014\u00bb y SU-215\/16 y, aun cuando al demandar por v\u00eda extraordinaria adujo tal situaci\u00f3n en el cargo principal pidiendo \u00abnulidad\u00bb desde la emisi\u00f3n del fallo condenatorio. Sostuvo, en lo tocante, que la hom\u00f3loga Penal de esta Corporaci\u00f3n fue errada al estudiar \u00absustancialmente\u00bb la causa punitiva desde la rigidez y tecnicismo del recurso de casaci\u00f3n, de connotaci\u00f3n muy diferente a la de la garant\u00eda de la \u00abdoble conformidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Reproch\u00f3 tambi\u00e9n que el Tribunal requerido diera lectura a la sentencia de apelaci\u00f3n en una hora distinta de la se\u00f1alada \u2013cuesti\u00f3n que le priv\u00f3 de presenciar el acto, propio de la oralidad\u2013; que, adem\u00e1s, ese ente judicial alterara el contenido de la acusaci\u00f3n dando por ciertas las conductas all\u00ed enrostradas, en contrav\u00eda del principio de \u00abcongruencia\u00bb; y, que los magistrados integrantes hubieran juzgado el caso con argumentos de otro juicio del cual no fue parte y que se separara del suyo por \u00abruptura procesal\u00bb, motivo por el que, en ejercicio de \u00abcontrol de legalidad\u00bb, debieron declararse impedidos bajo las causales 4\u00b0 y 6\u00b0 de la ley 906 de 2004, en respeto del deber de \u00abimparcialidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Dijo que la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en punto a pretender zanjar la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, fue proferida luego de prescrita la acci\u00f3n punitiva, ocurrida en el caso el \u00ab18 de noviembre de 2019\u00bb1 acorde a las reglas del \u00abinciso 2\u00b0 del art\u00edculo 292\u00bb del aludido C\u00f3digo de Procedimiento. Y que tanto dicha Magistratura como el Tribunal querellados le infligieran la condena por el \u00abfraude procesal\u00bb sin una debida valoraci\u00f3n probatoria; en especial, de los testimonios que se rindieran en el enjuiciamiento, uno de los cuales es carente de credibilidad. <\/p>\n
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7. Y en escrito allegado durante el tr\u00e1mite, el aqu\u00ed precursor hizo aportaci\u00f3n de diversas probanzas; asimismo, verti\u00f3 \u00abPRECISIONES\u00bb en punto a i) persistir en sus censuras contra la no aplicaci\u00f3n de la \u00abdoble conformidad\u00bb y los defectos suasorios perpetrados por las Salas accionadas; y ii) esgrimir que lo por \u00e9l pretendido es \u00abDEJAR SI[N] VALOR y EFECTO, o se DECLARE la NULIDAD de la[s] sentencia[s] emitida[s] por la Sala [de Casaci\u00f3n] Penal de la Corte\u00bb y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00aby por ende, se DECLARE EN FIRME la (\u2026) de primera instancia absolutoria\u2026\u00bb. <\/p>\n
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3. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego supralegal y opt\u00f3 por librar las comunicaciones de h\u00e1bito. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. Las Salas de Casaci\u00f3n Penal de la Corte y Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se opusieron, por aparte, a la prosperidad del ruego, por pertinencia de sus decisiones y ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los Juzgados 23\u00b0 Penal del Circuito de Conocimiento y 42\u00b0 Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y la Fiscal\u00eda 85\u00b0 Seccional (todos de esta capital) sugirieron separadamente que las censuras les son extra\u00f1as. El primer estrado comparti\u00f3 enlace del dossier punitivo disentido. <\/p>\n
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3. El despacho Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas de Buenaventura enunci\u00f3 ser el vigilante de la pena impuesta contra el ac\u00e1 gestor. <\/p>\n
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4. El Centro de Servicios de Paloquemao rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
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5. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de ayuda. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, n\u00f3tese que el juez penal de casaci\u00f3n esgrimi\u00f3 sobre la cabida de la apelaci\u00f3n deprecada por el aqu\u00ed peticionario contra la condena impuesta por el Tribunal de Bogot\u00e1 -principio de la doble conformidad-, que <\/p>\n
como el derecho a recurrir el fallo de condena est\u00e1 encaminado a permitir que la decisi\u00f3n adversa a los intereses del procesado sea revisada por una autoridad judicial distinta, que asegure la realizaci\u00f3n de un \u00abexamen integral de la decisi\u00f3n recurrida\u00bb\u2026, tal prop\u00f3sito se alcanza con la completa valoraci\u00f3n de las cuestiones f\u00e1cticas y probatorias que emprender\u00e1 la Corte en esta providencia; ya que, precisamente para garantizar el derecho de la doble conformidad judicial se admiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, sin tener en cuenta las deficiencias de l\u00f3gica postulaci\u00f3n que gravitan en torno del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u2026 (\u00c9nfasis). <\/p>\n
2.2. M\u00e1s adelante, en trat\u00e1ndose de la presunta falta de congruencia cometida por el Tribunal y la reproducci\u00f3n de extractos de la condena emitida en otro juicio penal, el juez casacional esgrimi\u00f3 que: <\/p>\n
En aquel contexto, no aprecia la Sala que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 haya incurrido en defectos semejantes a los que se\u00f1ala el libelista; pues, aunque es cierto que en el texto de la sentencia se aprecian extractos de los fallos emitidos en contra de otros procesados por los mismos hechos, lo cierto es que tales argumentos no fueron el fundamento de la condena contra JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ; y s\u00f3lo constituyeron exposiciones auxiliares que apoyaron el an\u00e1lisis del caso concreto. <\/p>\n
Se observa que, inicialmente, el Tribunal examin\u00f3 cada uno de los elementos del tipo de fraude procesal[;] seguidamente se refiri\u00f3 al contenido de los testimonios rendidos por Francisco Torres Cu\u00e9llar, Jes\u00fas Medina Medina, Paola Mar\u00eda Villota Mart\u00ednez, Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos, Iv\u00e1n Mu\u00f1oz L\u00f3pez y Carlos Alberto D\u00b4Alem\u00e1n Aldana para \u00abdelinear la situaci\u00f3n f\u00e1ctica\u00bb(\u2026); y se ocup\u00f3 de controvertir las afirmaciones que hizo el A-quo para fundamentar la absoluci\u00f3n. <\/p>\n
En[s]eguida, el Juez colegiado destac\u00f3 que en la sentencia de primer grado se desconoci\u00f3 que JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ no fue acusado como autor \u00fanico o insular, sino en calidad de coautor; y para soportar esta afirmaci\u00f3n se refiri\u00f3 al desarrollo conceptual que previamente hab\u00eda expuesto en la sentencia que emiti\u00f3 en el proceso seguido en contra de Domingo Duarte Sandoval, por estos mismos hechos\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Y aunque precis\u00f3 el Tribunal que \u00abtal y como se concluy\u00f3 en la sentencia del 30 de marzo 2017 por esta Corporaci\u00f3n \u201cmal podr\u00eda calificarse como una mera coincidencia la relaci\u00f3n de amistad entre JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ, Nassin Adith Chawez Rodr\u00edguez y Domingo Duarte Sandoval\u201d\u00bb(\u2026); lo cierto es que ello s\u00f3lo fue un comentario plasmado en apoyo a su decisi\u00f3n, que sustent\u00f3 en estos t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abAcreditada, como est\u00e1, la relaci\u00f3n de amistad existente entre Domingo Duarte Sandoval, Nassin Adith Chawez Rodr\u00edguez y JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ, se tiene que [e]stos, mancomunadamente, idearon la forma de apropiarse de los dineros correspondientes a los retroactivos de las mesadas pensionales de Jes\u00fas Medina Medina, utilizando para ello un medio fraudulento (poder de sustituci\u00f3n falso) e induciendo en error a la entonces Juez 23 Laboral del Circuito (reconociendo personer\u00eda jur\u00eddica y dando tr\u00e1mite a las solicitudes de la profesional del derecho), aprovechando, adem\u00e1s, el grado de confianza que la titular del despacho le ten\u00eda al procesado, elementos estructurales del tipo penal contra la eficaz y recta impartici\u00f3n de justicia, de los cuales no se ocup\u00f3 la juez de instancia al momento de tomar la determinaci\u00f3n impugnada.\u00bb <\/p>\n
Como se aprecia, la remisi\u00f3n a la sentencia de 30 de marzo de 2017 s\u00f3lo sirvi\u00f3 como apoyo conceptual y de ninguna forma fue incorporada por el Tribunal como si se tratara de un elemento probatorio, ni la valor\u00f3 como tal[;] adem\u00e1s, el sustento esencial de la condena contra JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ se obtuvo de la valoraci\u00f3n integral de las pruebas practicadas en su juicio oral[,] y las citas tomadas de la otra sentencia se efectuaron con el fin de contribuir a aclarar aspectos f\u00e1cticos[,] sin que este t\u00f3pico concreto refleje incidencia trascendente en la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior, al punto que, de ser suprimidas, ning\u00fan cambio o variaci\u00f3n sustancial sufrir\u00eda el fallo de condena[,] raz\u00f3n por la cual, el defecto a que alude el demandante no conlleva a invalidar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Y ello fue as\u00ed, porque el representante de v\u00edctimas, como apelante \u00fanico centr\u00f3 su reproche en la absoluci\u00f3n de JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ por el delito de fraude procesal, sin atacar el fallo de primera instancia respecto de los dem\u00e1s delitos imputados (estafa y falsedad documental)[,] por lo que, precisamente, en cumplimiento del principio de limitaci\u00f3n el Ad-quem centr\u00f3 su an\u00e1lisis en la materialidad de las circunstancias en que se produjo la inducci\u00f3n en error a la Juez 23 Laboral del Circuito, y la responsabilidad que en ese punible ten\u00eda V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ[.] <\/p>\n
Aunque le asiste raz\u00f3n al censor al llamar la atenci\u00f3n por la extensa transcripci\u00f3n que hizo el Tribunal de los fragmentos relativos al delito de estafa, tomados de la sentencia emitida contra Domingo Duarte Sandoval, tal modo de apoyar la sustentaci\u00f3n no incidi\u00f3 en las garant\u00edas fundamentales del procesado, pues se trat\u00f3 de referencias insustanciales para el caso particular que en ninguna forma repercutieron en el an\u00e1lisis de su responsabilidad en el delito por el cual se emiti\u00f3 condena, esto es, fraude procesal\u2026 (Se destac\u00f3). <\/p>\n
2.3. Y m\u00e1s adelante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, frente a la condena impuesta por el Tribunal (y en aplicaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial), procedi\u00f3 a hacer un estudio de fondo, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
(\u2026)Estableci\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que se encontraba acreditada la materialidad del punible de fraude procesal y tambi\u00e9n la responsabilidad de JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ a t\u00edtulo de coautor, pues se demostr\u00f3 el plan com\u00fan existente entre dicho implicado, Domingo Duarte Sandoval y Nassin Adith Chawez (amigos del implicado e intermediarios con la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez), para inducir en error a la Juez 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de una sustituci\u00f3n de poder falsa; con tal enga\u00f1o, lograr que ella expidiera un auto sin cimientos en la realidad procesal y, finalmente, cobrar un t\u00edtulo judicial por valor [de] $213.816.904. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Penal encuentra bien fundamentada, pues se ajusta a criterios l\u00f3gicos y razonables en la valoraci\u00f3n individual y conjunta de las pruebas, como pasa a verificarse. <\/p>\n
\u2026El abogado Francisco Torres Cu\u00e9llar aludi\u00f3 a los siguientes aspectos: <\/p>\n
-. El se\u00f1or Jes\u00fas Medina Medina le otorg\u00f3 poder, para que representara sus intereses, en un proceso laboral ordinario seguido contra el Instituto de Seguros Sociales (ISS), con la pretensi\u00f3n de obtener el pago retroactivo de unas mesadas pensionales; actuaci\u00f3n que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
-. Una vez obtuvo sentencia a su favor, inici\u00f3 en el mismo Juzgado el proceso ejecutivo laboral subsiguiente para lograr que el pago se hiciera efectivo. <\/p>\n
-. No obstante, ante la imposibilidad de obtener los n\u00fameros de las cuentas bancaria para embargar al ISS, decidi\u00f3 tramitar el cobro directo ante la entidad demandada. Para ese efecto, el 31de agosto de 2009 solicit\u00f3 al Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, la expedici\u00f3n de una certificaci\u00f3n en la que constara que al interior del proceso no se hab\u00edan solicitado, decretado, ni practicado medidas preventivas ni cautelares para obtener el cobro de la deuda. <\/p>\n
-. Para llevar a cabo el proceso de cobro directo ante el ISS, era necesario declarar bajo la gravedad de juramento que no se intentar\u00eda la ejecuci\u00f3n del pago por v\u00eda judicial, por lo que dedic\u00f3 sus esfuerzos \u00fanicamente a adelantar el tr\u00e1mite directamente ante el ISS, sin realizar ninguna labor ante el Juzgado Laboral. <\/p>\n
-. En una ocasi\u00f3n que averigu\u00f3 por el estado del tr\u00e1mite en el ISS, le informaron que ya hab\u00edan emitido un t\u00edtulo judicial, el cual fue girado a \u00f3rdenes del Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
-. En vista de ello, acudi\u00f3 a ese despacho y fue enterado de que la actuaci\u00f3n se hab\u00eda archivado por pago definitivo, raz\u00f3n por la cual requiri\u00f3 el expediente y constat\u00f3 que el 20 de mayo de 2010 se hab\u00eda radicado un memorial en el que \u00e9l (abogado Francisco Torres Cu\u00e9llar) aparec\u00eda sustituyendo el poder (que le hab\u00eda conferido Jes\u00fas Medina Medina) a la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos para continuar con el proceso ejecutivo; profesional [e]sta a quien ni siquiera conoc\u00eda. <\/p>\n
-. Como \u00e9l no hab\u00eda efectuado tal sustituci\u00f3n, coment\u00f3 ese incidente con el Secretario del Juzgado; y [a]l revisar el memorial advirti\u00f3 que su firma estaba alterada, el documento de identidad no correspond\u00eda y los datos en la nota de presentaci\u00f3n personal que supuestamente se hab\u00eda hecho en la Oficina Judicial estaban errados. <\/p>\n
\u2026En el mismo sentido, Jes\u00fas Medina Medina declar\u00f3 que, para el cobro del retroactivo de la mesada pensional, s\u00f3lo le otorg\u00f3 poder al abogado Francisco Torres Cu\u00e9llar; y que vino a conocer a Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos, en una audiencia que se realiz\u00f3 en el Consejo Superior de la Judicatura, dentro del proceso disciplinario adelantado con ocasi\u00f3n de los hechos objeto de este proceso; no antes. <\/p>\n
\u2026Por su parte, la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos manifest\u00f3: <\/p>\n
-. Conoci\u00f3 a Nassin Adith Chawez Rodr\u00edguez en ejercicio del litigio; y como sab\u00eda que \u00e9l trabajaba en una oficina de abogados, le recomend\u00f3 que le enviara procesos para trabajar. <\/p>\n
-. Por ello, el se\u00f1or Chawes Rodr\u00edguez la contact\u00f3 para comentarle que en el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 hab\u00eda un proceso ejecutivo laboral abandonado; y que al abogado que lo adelantaba le interesaba sustituir el poder, porque estaba fuera de la ciudad y ya era de avanzada edad. <\/p>\n
-. Cuando acudi\u00f3 a la oficina de Nassin Adith Chawez Rodr\u00edguez, para que la enterara del estado del asunto en el que iba a recibir la sustituci\u00f3n de poder, se encontraba presente JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ (implicado), de quien le informaron, trabajaba en el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, donde se encontraba el proceso abandonado. <\/p>\n
-. Luego de llegar a un arreglo sobre los honorarios, el 20 de mayo de 2010, acord\u00f3 un encuentro con Nassin Adith Chawez, en inmediaciones del Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, oportunidad en la que ese se\u00f1or le entreg\u00f3 la sustituci\u00f3n de poder firmada por Francisco Torres Cu\u00e9llar, y con nota de presentaci\u00f3n personal. <\/p>\n
-. Con tales documentos, ella ingres\u00f3 a(\u2026) dicho Juzgado, firm\u00f3 la nota de presentaci\u00f3n personal, se hizo parte en el proceso y, luego de solicitar medidas cautelares, cobr\u00f3 el t\u00edtulo judicial. <\/p>\n
-. Luego de cobrar el t\u00edtulo judicial y entregarle el dinero a Nassin Adith Chawez y a Domingo Duarte (amigos y socios del implicado), le solicit\u00f3 al primero un recibo en el que constara que el demandante hab\u00eda recibido la suma cobrada. Empero, aquel se torn\u00f3 evasivo y en una oportunidad le sugiri\u00f3 que acudiera al Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y le pidiera a JAME[S] V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ (implicado) el recibo, porque era el caso de un cliente que \u00e9l hab\u00eda llevado. <\/p>\n
\u2026Tal hecho fue reafirmado por Domingo Duarte, quien se neg\u00f3 a firmar el paz y salvo que ella elabor\u00f3 para suplir el recibo de entrega, indicando que \u00e9l no firmar\u00eda nada porque era un cliente de JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ. <\/p>\n
\u2026Paola Mar\u00eda Villota Mart\u00ednez, Juez encargada entre el 23 de febrero y agosto de 2010, reafirm\u00f3 esos sucesos, al manifestar que mediante auto le reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos, accedi\u00f3 al decreto de un embargo de las cuentas del ISS y, finalmente, orden\u00f3 la entrega del t\u00edtulo judicial a esa profesional del derecho. <\/p>\n
\u2026El Secretario del Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, Iv\u00e1n Mu\u00f1oz L\u00f3pez, ratific\u00f3 que fue alertado por el abogado Francisco Torres Cu\u00e9llar de la anomal\u00edas detectadas; por lo cual revis\u00f3 el expediente y encontr\u00f3 que en ese proceso a la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez le fue reconocida personer\u00eda jur\u00eddica, se decretaron unas medidas cautelares y se orden\u00f3 el pago de la deuda, emiti\u00e9ndose el t\u00edtulo judicial que \u00e9l entreg\u00f3 a la abogada, luego de verificar que era parte en el proceso y estaba autorizada para recibir. <\/p>\n
\u2026Con fundamento en lo explicado di\u00e1fanamente por los mencionados testigos, ninguno de los cu\u00e1les fue impugnado en su credibilidad, refulge que la Juez 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 fue inducida y mantenida en error; y el medio utilizado para enga\u00f1arla fue, inicialmente, la sustituci\u00f3n de poder espuria radicada el 20 de mayo de 2010, pues a partir de all\u00ed, Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos, logr\u00f3 constituirse en [apoderada dentro] del proceso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
No se olvide que la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos expres\u00f3 claramente que en la oficina de Nassin Adith Chawez Rodr\u00edguez, donde ella fue a dialogar sobre la sustituci\u00f3n del poder, estaba tambi\u00e9n JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ (implicado), que para entonces trabajaba como sustanciador en el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
\u2026Tal situaci\u00f3n no ser\u00eda relevante sino fuera porque la misma testigo indic\u00f3 que, una vez hizo efectivo el t\u00edtulo judicial, le entreg\u00f3 el dinero a Nassin Adith Chawez y a Domingo Duarte. Solicit\u00f3 al se\u00f1or Chawez un recibo en el que constara que el demandante hab\u00eda recibido la suma cobrada, pero se torn\u00f3 evasivo y le sugiri\u00f3 que fuera al Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y le pidiera a JAMEZ V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ (implicado) el recibo, porque se trataba de un cliente que \u00e9l hab\u00eda conseguido. <\/p>\n
Esa informaci\u00f3n de la testigo fue reafirmada por Domingo Duarte, en el sentido que no firmaron el paz y salvo que ella elabor\u00f3, para suplir el recibo de entrega, porque se refer\u00eda a un cliente de JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ. <\/p>\n
\u2026Tales se\u00f1alamientos directos, no s\u00f3lo dan cuenta de la indebida participaci\u00f3n del procesado en el litigio, con aparente incursi\u00f3n en asesoramiento ilegal y en eventuales faltas disciplinarias, sino que revela su inequ\u00edvoca participaci\u00f3n en el fraude procesal, a trav\u00e9s del plan fraguado con Nassin Adith Chawez y Domingo Duarte, que no s\u00f3lo se limit\u00f3 a brindar informaci\u00f3n reservada sobre el proceso, sino que incluy\u00f3 la confecci\u00f3n de la sustituci\u00f3n del poder falsa y de las providencias judiciales que a la postre facilitaron la expedici\u00f3n del t\u00edtulo judicial. <\/p>\n
\u2026Aun cuando en la sentencia absolutoria de primera instancia, en la pr\u00e1ctica, se desestimaron las manifestaciones de la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos, porque supuestamente ella minti\u00f3 dentro del proceso disciplinario que la Juez 23 Laboral del Circuito adelant\u00f3 por estos hechos, al negar que conoc\u00eda a JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ y ocultar la relaci\u00f3n que [e]ste ten\u00eda con Nassin Adith Chawez, para la Sala de Casaci\u00f3n Penal tal comportamiento inicial no empa\u00f1a la credibilidad del testimonio que ella verti\u00f3 en el juicio oral, no s\u00f3lo porque ofreci\u00f3 una explicaci\u00f3n plausible sobre su actuar; sino, porque sus afirmaciones encuentran respaldo en los testimonios de Iv\u00e1n Mu\u00f1oz L\u00f3pez y Paola Mar\u00eda Villota, Secretario y Juez, respectivamente. <\/p>\n
\u2026Al ser confrontada sobre las razones por las cuales en el proceso disciplinario adelantado al interior del juzgado, Astrid Nereida Ram\u00edrez manifest\u00f3 que \u00abcomo lo hab\u00eda visto ah\u00ed [a James] y estaba ah\u00ed y obviamente ella [la Juez] llam\u00f3 para hacerme el interrogatorio, entonces yo le dije, para no entorpecer la investigaci\u00f3n (\u2026) yo le dije no, no conozco a nadie\u00bb… <\/p>\n
Explicaci\u00f3n que podr\u00eda entenderse por el apremio de esas precisas circunstancias, si se tiene en cuenta que la persona que dirig\u00eda la diligencia disciplinaria era la jefe del hoy procesado, quien por dem\u00e1s confiaba en su colaborador; adem\u00e1s, como la misma testigo lo advirti\u00f3, el posible se\u00f1alamiento que hiciera en ese instante de JAMES V\u00c9LEZ pod\u00eda incidir en el desarrollo de la investigaci\u00f3n penal y propiciar que el procesado ocultara pruebas, lo que le resultar\u00eda f\u00e1cil a una persona que estaba en contacto directo con ellas. <\/p>\n
\u2026Desde otro punto de vista, si la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos hubiese querido mentir para desviar las investigaciones disciplinaria y penal, una coyuntura tal podr\u00eda interpretarse m\u00e1s bien como el \u00e1nimo de ocultar un acuerdo delictual latente, constitutivo de fraude procesal y otras infracciones; postura hipot\u00e9tica que reafirmar\u00eda la existencia de las conductas punibles, en lugar de desdecir de ellas. <\/p>\n
\u2026Aunado a ello, y tal como lo resalt\u00f3 el Tribunal, la relaci\u00f3n entre JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ, Nassin Adith Chawez y Domingo Duarte, no s\u00f3lo fue evidenciada por Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos, sino que fue confirmada por Iv\u00e1n Mu\u00f1oz L\u00f3pez, entonces secretario del Juzgado, quien expuso que en varias oportunidades los vio hablando en las afueras del edificio Nemquetaba, donde tiene sede los juzgados laborales; y, con igual actitud, en el pasillo, frente al juzgado, luego de que Nassin Adith Chawez entrara y lo buscara para hablar, advirtiendo que \u00abse notaba que hab\u00eda una cierta camarader\u00eda entre ellos\u00bb… <\/p>\n
\u2026Con base en el testimonio de Luis Ernesto Lizarazo R\u00edos, escribiente del Juzgado 23 Laboral del Circuito, la defensa pretendi\u00f3 demostrar que las conversaciones entre el procesado y Nassin Adith Chawez Rodr\u00edguez, obedec\u00edan a simples charlas ocasionadas por el devenir de la actividad judicial y el reconocimiento que los servidores judiciales ten\u00edan de esta persona. <\/p>\n
En lugar de lograr tal cometido, se reafirm\u00f3 que entre ellos exist\u00eda un verdadero v\u00ednculo de amistad, al punto que seg\u00fan lo inform\u00f3 Paola Mar\u00eda Villota, Juez encargada, en la celebraci\u00f3n del grado de JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ (implicado) estaban presentes Domingo Duarte y Nassin Adith Chawez, situaci\u00f3n que evidencia una relaci\u00f3n mayor a la de simples conocidos. <\/p>\n
\u2026Ahora bien, establecida la relaci\u00f3n existente entre el procesado y Nassin Adith Chawez, para la Sala es claro que ello permiti\u00f3 llevar a cabo el plan criminal con el que se obtuvo ilegalmente el cobro del referido t\u00edtulo judicial. <\/p>\n
Para implementar ese acuerdo, correspond\u00eda a JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ aportar informaci\u00f3n de las incidencias procesales, para que su compa\u00f1ero de andanzas entregara la sustituci\u00f3n del poder a Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos, permitiendo que esta abogada fuera reconocida para actuar en el proceso ejecutivo laboral y solicitara el cobro del t\u00edtulo judicial, peticiones cuyo \u00e9xito se garantizaba con la expedici\u00f3n de los respectivos autos. <\/p>\n
\u2026Como lo precis\u00f3 el Tribunal, para la Sala es claro que la sustanciaci\u00f3n del referido proceso ejecutivo laboral estaba a cargo de JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ, pues aunque la defensa haya asegurado que no exist\u00eda claridad al respecto, tal duda se disip\u00f3 con los testimonios rendidos por Iv\u00e1n Mu\u00f1oz L\u00f3pez, Paola Mar\u00eda Villota Mart\u00ednez e incluso por el testigo de descargo Luis Ernesto Lizarazo R\u00edos, quienes fueron consistentes en indicar que V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ era la \u00fanica persona asignada para sustanciar los procesos ejecutivos laborales. <\/p>\n
As\u00ed, el entonces secretario del juzgado, Iv\u00e1n Mu\u00f1oz L\u00f3pez afirm\u00f3 que quien hac\u00eda los autos de entrega de t\u00edtulos y en general los autos ejecutivos era JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ, \u00abporque era el \u00fanico encargado en ese momento de llevar procesos ejecutivos, porque la juez titular del despacho as\u00ed lo consider\u00f3\u00bb(\u2026); y a\u00fan cuando, en su condici\u00f3n de Secretario, hac\u00eda la liquidaci\u00f3n final y fijaci\u00f3n de costas, era JAMES V\u00c9LEZ quien realizaba \u00abla parte importante del ejecutivo, decidir las excepciones previas, liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, el fraccionamiento de los t\u00edtulos, aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb\u2026 <\/p>\n
Igualmente, Luis Ernesto Lizarazo R\u00edos, escribiente del juzgado, afirm\u00f3 que \u00aben esa \u00e9poca creo que el \u00fanico que manejaba los procesos ejecutivos era James, pero hasta determinado punto, lo otro era de Secretar\u00eda\u00bb\u2026, explicando que el procesado ten\u00eda a cargo los procesos ejecutivos hasta \u00abcuando libra mandamiento o liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb\u2026, ya que despu\u00e9s quedaban a disposici\u00f3n del Secretario para liquidaci\u00f3n y costas. <\/p>\n
\u2026En aquel contexto, no existe duda acerca de que JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ era el empleado que se encargaba de sustanciar los tr\u00e1mites propios de los procesos ejecutivos; y, aunque en su fase final participaba el Secretario, no puede perderse de vista que como \u00e9ste y el escribiente lo explicaron, Iv\u00e1n Mu\u00f1oz s\u00f3lo se encargaba de las liquidaciones finales, etapa que resulta intrascendente para el presente evento, si se tiene en cuenta que las actuaciones cuestionadas se refieren al reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica de la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez con sustento en una falsa sustituci\u00f3n de poder, el decreto de medidas cautelares y la orden de pago de los dineros adeudados. <\/p>\n
Aunado a ello, explic\u00f3 la entonces juez, Paola Mar\u00eda Villota, que a su llegada al juzgado en calidad de encargada, la Juez titular del despacho, quien se encontraba en licencia, le inform\u00f3 que JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ era de su entera confianza; y como las funciones ya estaban repartidas, no las alter\u00f3; de modo que mantuvo al procesado como el \u00fanico encargado de sustanciar los procesos ejecutivos, por lo que fue \u00e9l quien \u00abno s\u00f3lo me pas\u00f3 ese proceso, me los pasaba todos\u00bb\u2026 <\/p>\n
As\u00ed, aunque la testigo no indic\u00f3 de manera expresa que JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ fue la persona que sustanci\u00f3 los autos con los cuales se reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a Astrid Nereida Ram\u00edrez, se accedi\u00f3 al decreto de medidas cautelares y se orden\u00f3 el pago, lo cierto es que para la Sala es evidente que ninguna otra persona pudo realizar tal labor, pues como lo afirm\u00f3 Paola Mar\u00eda Villota, ella conoc\u00eda que el procesado era el responsable de los procesos ejecutivos laborales y si hubiese advertido que un empleado distinto presentaba los referidos proyectos de autos, llamar\u00eda su atenci\u00f3n y habr\u00eda recordado un impase de esa naturaleza, lo que nunca ocurri\u00f3; pues, como ella lo afirm\u00f3, nada irregular advirti\u00f3 en el tr\u00e1mite de esta actuaci\u00f3n hasta que el abogado Francisco Torres Cu\u00e9llar la puso al tanto sobre las irregularidades en el cobro del t\u00edtulo judicial. <\/p>\n
Tampoco puede perderse de vista que, seg\u00fan lo indic\u00f3 Iv\u00e1n Mu\u00f1oz L\u00f3pez, la persona que sustanciaba los autos con los cuales se reconoc\u00eda personer\u00eda jur\u00eddica a los abogados era quien ten\u00eda a su cargo el proceso, por lo que advierte la Sala que si JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ era la persona encargada de los procesos ejecutivos, necesariamente fue quien sustanci\u00f3 el auto con el que se reconoci\u00f3 poder a Astrid Nereida Ram\u00edrez para constituirse en parte en dicho proceso y lograr el cobro del t\u00edtulo judicial. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026Llama la atenci\u00f3n de la Sala que aunque el testigo de descargo Luis Ernesto Lizarazo R\u00edos (escribiente) acept\u00f3 ser la persona que hizo la nota de presentaci\u00f3n personal a la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos y en consecuencia recibi\u00f3 el memorial con el que se solicitaba la sustituci\u00f3n de poder, tal actuaci\u00f3n no se registr\u00f3 en el libro secretarial, el que de acuerdo con lo informado por el notificador Camilo Alberto D\u00b4Alem\u00e1n Aldana, llevaba con estricto rigor el Secretario; situaci\u00f3n que sumada a la eliminaci\u00f3n en el sistema justicia XXI de los registros de las actuaciones que fueron surtidas a petici\u00f3n de la abogada Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos, denota la intenci\u00f3n de ocultarlas para garantizar el \u00e9xito del fraude maquinado. <\/p>\n
\u2026Es cierto que no se precis\u00f3 t\u00e9cnicamente cu\u00e1l fue el usuario del sistema que elimin\u00f3 los registros consistentes en la sustituci\u00f3n de poder a Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos, el decreto de medidas cautelares, la orden de pago y generaci\u00f3n del t\u00edtulo judicial. Con todo, para la Sala es claro que obedeci\u00f3 a una maniobra integral del plan ideado por el procesado y sus compa\u00f1eros de causa delictual, pues aunque el Secretario Iv\u00e1n Mu\u00f1oz L\u00f3pez, ten\u00eda acceso a la clave de uno de los sustanciadores, lo que le permitir\u00eda eliminar las actuaciones registradas por ellos, lo cierto es que en el sistema qued\u00f3 registrado el estado, anotaci\u00f3n de orden secretarial que era de resorte de Mu\u00f1oz L\u00f3pez y s\u00f3lo \u00e9l pod\u00eda manipular, por lo que si hubiese sido el Secretario quien borr\u00f3 dicha informaci\u00f3n, f\u00e1cilmente hubiese podido eliminar el siguiente registro y no dejar huellas en el sistema. <\/p>\n
\u2026Desde otra arista, si el sustanciador JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ no hubiese tenido inter\u00e9s en las resultas del ejecutivo laboral, no habr\u00eda raz\u00f3n para impartirle un tr\u00e1mite acelerado, tal como lo hizo; pues, seg\u00fan lo destacaron los abogados Francisco Torres y Astrid Nereida Ram\u00edrez R\u00edos, una vez le fue reconocida personer\u00eda jur\u00eddica a esta \u00faltima, la agilidad en la orden de pago fue sorprendente, ya que no super\u00f3 los 8 o 9 d\u00edas, incluso, por esta incre\u00edble rapidez en el tr\u00e1mite, la juez Paola Mar\u00eda Villota fue sancionada disciplinariamente \u00abporque el proceso ejecutivo hab\u00eda pasado con mayor celeridad que otros procesos cronol\u00f3gicamente\u00bb\u2026 <\/p>\n
\u2026As\u00ed las cosas, para la Sala no existe duda de que JAMES V\u00c9LEZ BERM\u00daDEZ aprovechando su condici\u00f3n de sustanciador en el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y teniendo acceso al proceso laboral ejecutivo promovido por Jes\u00fas Medina Medina, en coparticipaci\u00f3n con personas externas al juzgado y vali\u00e9ndose de una espuria sustituci\u00f3n de poder, hizo incurrir en error a la Juez (E) Paola Mar\u00eda Villota, para que reconociera personer\u00eda jur\u00eddica a Astrid Nereida Ram\u00edrez y se lograra el cobro del t\u00edtulo judicial\u2026 (Subrayas adrede). <\/p>\n
2.4. Total, los basamentos de la sentencia en cuesti\u00f3n no subyacen arbitrarios, subjetivos o antojadizos, m\u00e1s all\u00e1 de que se compartan; lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no son de recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el tutelante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la Sala de Casaci\u00f3n Penal dispuso confirmar, en grado de impugnaci\u00f3n especial, la condena impuesta en su contra por primera vez \u2013en segunda instancia\u2013 desde el Tribunal fustigado, luego del an\u00e1lisis probatorio conjunto correspondiente. Planteamientos que son dif\u00edciles de desaprobar de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
2.5. Ahora bien. Es de recordar que esta Sala ha considerado apropiado el estudio a fondo emprendido por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, en casos como el de marras, en donde por v\u00eda de casaci\u00f3n (y haciendo salvedad de las reglas t\u00e9cnicas de ese recurso extraordinario) se ausculta en detalle el acopio suasorio de los juicios punitivos, a fin de preservar la garant\u00eda de la apelaci\u00f3n especial contra los fallos mediante los cuales los jueces de apelaci\u00f3n condenan por vez primera. En efecto, en CSJ STC10767, 17 ag. 2022, rad. 02608-002, se previno: <\/p>\n
Al respecto, en primer lugar, resulta pertinente destacar que la Corte Cons[t]itucional ha aceptado las medidas adoptadas por la Sala [de] Casaci\u00f3n Penal de la Corte, a efectos de garantizar el derecho a la impugnaci\u00f3n especial, asumiendo su conocimiento oficioso. As\u00ed, en sentencia SU-397 de 2019, sostuvo que, <\/p>\n
Si bien, en principio, y de acuerdo con la normativa que lo regula, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no cumple estas caracter\u00edsticas [de la doble conformidad], corresponde al juez de tutela determinar si en el caso concreto el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casaci\u00f3n cumple materialmente los requerimientos b\u00e1sicos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014. Esto significa que el juez constitucional deber\u00e1 examinar, esencialmente, si (i) m\u00e1s all\u00e1 del examen de la sentencia impugnada y del estudio de las causales de casaci\u00f3n alegadas, la Sala de Casaci\u00f3n Penal analiz\u00f3 la controversia jur\u00eddica que subyace al fallo cuestionado, y (ii) si la revisi\u00f3n del fallo la adelant\u00f3 una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena\u2026 <\/p>\n
\u2026Visto lo anterior, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n concluye que la sentencia contra la cual se interpuso la acci\u00f3n de tutela de la referencia s\u00ed satisface los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n del derecho a la doble conformidad judicial fijados por la Corte en la Sentencia C-792 de 2014, toda vez que (i) hizo una revisi\u00f3n completa, amplia, exhaustiva e integral de la controversia jur\u00eddica que dio origen al proceso penal adelantado contra el actor, que no se limit\u00f3 a la decisi\u00f3n condenatoria adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, ni a las causales de casaci\u00f3n alegadas; y (ii) fue dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, es decir, por una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena. <\/p>\n
Es claro que la f\u00f3rmula de la Sala de Casaci\u00f3n penal de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la impugnaci\u00f3n de la primera condena result\u00f3 razonable\u2026 <\/p>\n
Posteriormente, en la SU-454 del 2019, la Corte Constitucional reiter\u00f3 lo dicho en el fallo precedente, se\u00f1alando que <\/p>\n
\u2026la Corte Suprema de Justicia efectu\u00f3 un estudio completo y suficiente de los reproches que se formularon en esa oportunidad y no existi\u00f3 ning\u00fan argumento que quedara sin resolver. Por ello, en esta oportunidad, no es posible considerar la existencia de una violaci\u00f3n al derecho a la \u2018doble conformidad\u2019, de acuerdo al ordenamiento jur\u00eddico aplicable para ese momento. En efecto, en los casos acumulados, el recurso de casaci\u00f3n garantiz\u00f3 este derecho dado que, seg\u00fan el precedente citado, de un lado, la revisi\u00f3n del fallo de los tribunales superiores la realiz\u00f3 una autoridad judicial distinta de la que impuso la primera condena, esto es, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. De otro lado, \u2018la Sala de Casaci\u00f3n Penal analiz\u00f3 la controversia jur\u00eddica que subyace al fallo cuestionado\u2019\u2026 <\/p>\n
Finalmente, en la sentencia SU-488 de 2020, la Corte Constitucional, al resolver un asunto en el cual el tutelante alegaba la vulneraci\u00f3n de su derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, en virtud de que la Sala de Casaci\u00f3n Penal no habr\u00eda efectuado un an\u00e1lisis de la doble conformidad en el fallo que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, consider\u00f3 que la garant\u00eda reclamada exige: <\/p>\n
(\u2026) que la primera sentencia condenatoria pueda ser revisada por una autoridad distinta a la que profiri\u00f3 la condena y mediante un recurso que garantice un examen integral, que permita cuestionar aspectos f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos, con independencia de la nominaci\u00f3n del medio judicial, recurso o procedimiento que se utilice. Por tanto, a pesar de las limitaciones del dise\u00f1o legal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en caso de que la sentencia que lo resuelva satisfaga estas condiciones materiales, no se desconocer\u00eda el derecho a la doble conformidad. Esta valoraci\u00f3n, se reitera, es material y no formal; por tanto, pudo haber tenido como causa una revisi\u00f3n oficiosa por parte de la Corte Suprema de Justicia, o, a pesar de tratarse de un recurso extraordinario sometido a causales, el recurrente pudo haber encausado sus discrepancias por medio de los cargos formulados, y estos pudieron haber sido efectivamente valorados por la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u2026 <\/p>\n
Con base en los criterios expuestos por la Corte Constitucional, esta Sala, en sentencia STC11947-2021, concluy\u00f3 que el procedimiento adoptado la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al decidir de oficio una impugnaci\u00f3n especial, no vulneraba los derechos fundamentales de la parte interesada… <\/p>\n
(\u2026)De lo expuesto en precedencia y, en especial, de la jurisprudencia citada no se vislumbra el error en el procedimiento aplicado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver el recurso de casaci\u00f3n y la doble conformidad, ni la vulneraci\u00f3n de los derechos aducidos, sumado a que la providencia censurada no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas allegadas, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u2026 (Resalto con intenci\u00f3n). <\/p>\n
Argumentos que precisamente permiten brindar mayor sustento a la sentencia aqu\u00ed cuestionada, en cuanto se resolvi\u00f3 a fondo, por un juzgador diferente al emisor de la condena, la impugnaci\u00f3n especial invocada por el gestor de la clama. <\/p>\n
2.6. Finalmente, es de acotar que el quejoso en ning\u00fan momento aleg\u00f3 en sede de casaci\u00f3n \u2013pudiendo hacerlo\u2013 el tema referente a la supuesta prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal desde noviembre de 2019 (censura que tampoco se percibe clara3 ni evidente), pese a que desde el auto de 16 de octubre de 2020, admisorio de la demanda extraordinaria por \u00e9l presentada, la Sala Penal de la Corte le exhort\u00f3 a pregonar lo que apreciara conveniente de cara a la doble conformidad. Sabido es que la garant\u00eda tutelar fluye operante s\u00f3lo bajo la ausencia de conductos \u00f3ptimos de ayuda, que \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales\u2026, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u2026\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 00065-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 01329-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado, sin m\u00e1s, conlleva a cerrar paso a la salvaguarda protestada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el resguardo implorado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su competencia, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto el tutelante enunci\u00f3: \u00abProducida la interrupci\u00f3n\u00bb de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00abcon la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n el 18 de noviembre de 2013\u00bb -seg\u00fan la revisi\u00f3n del canon 86 del C\u00f3digo Penal-, dicho t\u00e9rmino extintivo \u00abvolvi\u00f3 a correr por un periodo que, seg\u00fan el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 292 de la Ley 906 de 2004, es igual a la mitad [del m\u00e1ximo de la pena], es decir, 6 a\u00f1os[;] plazo que finalizaba el 18 de noviembre de 2019\u00bb, un a\u00f1o despu\u00e9s de la emisi\u00f3n del fallo de segunda instancia. <\/p>\n
2\u0002 Tomando los par\u00e1metros fijados en STC11947, 14 sep. 2021, rad. 02532-00. <\/p>\n
3\u0002 El fallo del tribunal, de segunda instancia, fue proferido antes de esa fecha. <\/p>\n
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STC12628-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12628-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02991-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por James V\u00e9lez Berm\u00fadez contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67345","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67345","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67345"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67345\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67345"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67345"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67345"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}