STC12633-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12633-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01695-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por V\u00edctimas de la Liquidaci\u00f3n de DMG S.A.S. frente al fallo proferido el 23 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Superintendencia de Sociedades, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y \u00abacceso a la propiedad privada\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada porque en la actuaci\u00f3n reprochada no accedi\u00f3 a su solicitud de suspender el pago de vigilancia privada sobre unos predios. <\/p>\n
Rog\u00f3, entonces, ordenar a la accionada que i) \u00abla liquidadora de DMG suspenda el contrato de Vigilancia Privada sobre los predios de COLBANK S.A. e INVERLOPEZ LTDA.\u2026[,] identificados con folios 50N-20341326 y 50N-20324380\u00bb; y ii) comunicar \u00abeste fallo a las leg\u00edtimas propietarias\u2026 para que asuman bajo su responsabilidad, la vigilancia de dichos inmuebles, para que los mismos no queden vulnerables para posibles invasiones\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el marco del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial de DMG Grupo Holding S.A., el 22 de diciembre de 2021, la accionante present\u00f3 una solicitud que denomin\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, con miras a que se suspendiera \u00abel pago de vigilancia privada\u00bb para los fundos con folios inmobiliarios Nros. 50N-20341326 y 50N-20324380; a lo que, previa acci\u00f3n de tutela, con auto del pasado 4 de marzo, no accedi\u00f3 la Superintendencia convocada, en lo medular, al advertir que la quejosa carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para intervenir en dicho asunto, por cuanto no fue afectada con la captaci\u00f3n ilegal g\u00e9nesis del tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, la gestora cuestion\u00f3 esa decisi\u00f3n, en concreto, porque aduce estar legitimada para participar en tal proceso, en tanto que su raz\u00f3n social no es otra que procurar la reparaci\u00f3n de las personas afectadas con la captaci\u00f3n ilegal endilgada a DMG. <\/p>\n
Destac\u00f3 que los referidos inmuebles no son de propiedad de la liquidada y, en esa medida, el pago de los contratos celebrados para su vigilancia va en detrimento de los dineros existentes para reparar a los afectados con la captaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Colbank S.A. e Inverl\u00f3pez Ltda. indicaron coadyuvar la petici\u00f3n de resguardo porque la \u00abaccionada no puede permitir que se sigan realizando pagos de vigilancia de predios de [su] propiedad con dineros de la liquidaci\u00f3n de DMG, pues [ellas no han]\u2026 autorizado esos pagos, y por lo tanto no hay acci\u00f3n de repetici\u00f3n, pues los mismos son contra nuestra voluntad\u00bb. <\/p>\n
2. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 – Zona Norte inform\u00f3 que los predios con folios inmobiliarios Nros. 50N-20341326 y 50N-20324380 son de propiedad, el primero, de Inversiones L\u00f3pez Pi\u00f1eros Ltda. (51.81%), Mar\u00eda Alvira L\u00f3pez Pi\u00f1eros (17.27%) y Colbank S.A. Banca de Inversi\u00f3n (30.92%); mientras que, el segundo, de la Congregaci\u00f3n de Hermanas Dominicas de Nuestra Se\u00f1ora del Sant\u00edsimo Rosario (50%) y Colbank S.A. Banca de Inversi\u00f3n (50%). <\/p>\n
3. La Superintendencia de Sociedades deprec\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb por estar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que la accionante no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 4 de marzo de 2022, mediante el cual se resolvi\u00f3 adversamente su solicitud. <\/p>\n
4. La Liquidadora de DMG Grupo Holding S.A. – en liquidaci\u00f3n judicial defendi\u00f3 el proceder de la autoridad acusada y pidi\u00f3 el despacho adverso de la protecci\u00f3n porque la quejosa carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar la actuaci\u00f3n recriminada, sumado a que \u00aba la fecha no ha sido vulnerado ning\u00fan derecho fundamental pretendido (sic) y rogado por el citado accionante\u00bb. <\/p>\n
5. Pablo Bustos S\u00e1nchez, quien dijo actuar \u00abcomo coordinador internacional de VEEDORES SIN F[RO]NTERAS y fundador y actual presidente de la RED VER, RED DE VEEDUR\u00cdAS CIUDADANAS DE COLOMBIA\u2026[,] en defensa del inter\u00e9s general, de la moralidad p\u00fablica y del patrimonio colectivo\u00bb; manifest\u00f3 coadyuvar las peticiones de la tutelante porque la liquidadora referida ha incurrido en diferentes conductas irregulares, por las que est\u00e1 siendo investigada, constituyendo un desprop\u00f3sito que la Superintendencia encausada la \u00abproteja irrestrictamente -hasta la ilegalidad-\u2026 y, permita el desangre del patrimonio de una v\u00edctimas de la liquidaci\u00f3n de DMG, como claramente se acredita con las pruebas que aporta el accionante de pagos de servicios de vigilancia de bienes inmuebles en cabeza de terceros\u00bb. <\/p>\n
6. Mar\u00eda Elvira L\u00f3pez Pi\u00f1eros se\u00f1al\u00f3 que \u00abno tuvo, ni tiene alguna relaci\u00f3n contractual con la sociedad DMG, ni con la sociedad de V\u00cdCTIMAS DE LA LIQUIDACI\u00d3N DE DMG, por lo que ha sido injusta e infame la Superintendencia de Sociedades al haber ordenado y obtener que se registrara una extinci\u00f3n de dominio de [su] propiedad, cuando en realidad ello nunca ocurri\u00f3, pero s\u00ed [l]e vulner[\u00f3] [su] buen nombre y se [l]e despoj[\u00f3] de la propiedad, sin dar[l]e la oportunidad de defender[s]e, pues\u2026 no existe contancia de ninguna notificaci\u00f3n personal de vinculaci\u00f3n al proceso de liquidaci\u00f3n de DMG\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que la quejosa no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 4 de marzo de 2022, mediante el cual la accionada no accedi\u00f3 a su solicitud. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, \u00absi se admitiera que la sola interposici\u00f3n de la petici\u00f3n fue suficiente para habilitar la competencia del juez de tutela y se analizara la legalidad de la negativa censurada\u2026[,] no se advierte de bulto antojo, arbitrariedad o proceder abusivo en el pronunciamiento enjuiciado, pues lo cierto es que \u00e9ste no es producto del capricho de la Delegatura citada, sino de la ponderaci\u00f3n de los hechos, las probanzas y las disposiciones legales aplicables al caso, lo cual significa que, la inconformidad con tal decisi\u00f3n y la actuaci\u00f3n procesal adelantada, no es motivo suficiente para la prosperidad de la acci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan cuando la misma no se ha instituido como un recurso procesal para atacar decisiones, tampoco para revivir t\u00e9rminos fenecidos, ni menos con el prop\u00f3sito de controvertir los argumentos que se sirven de soporte para la adopci\u00f3n de las determinaciones que all\u00ed se han tomado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los cuales a\u00f1adi\u00f3 que, conforme a lo resuelto por la Superintendencia encausada, carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para recurrir la negativa frente a su petici\u00f3n, por lo que no deb\u00eda agotar recurso alguno, al no ser \u00abparte en el proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb, aunado a que en aplicaci\u00f3n de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre el procedimental, debi\u00f3 accederse a su ruego constitucional, al ser evidente el \u00abdesangre injustificado, arbitrario y en beneficio de terceros\u00bb, de los dineros de la sociedad DMG. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, porque, como acertadamente lo expuso el a-quo constitucional, contra el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual, el 4 de marzo \u00faltimo, la Superintendencia encausada no accedi\u00f3 a la solicitud de la quejosa, \u00e9sta no formul\u00f3 ning\u00fan recurso ante esa autoridad, con lo cual abandon\u00f3 la posibilidad que ten\u00eda de agotar all\u00ed la discusi\u00f3n que aqu\u00ed tard\u00edamente plante\u00f3. <\/p>\n
De ah\u00ed que frente a ese prove\u00eddo la salvaguarda resulte inviable porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites correspondientes, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, los intervinientes quedan vinculados a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
N\u00f3tese que esa conclusi\u00f3n no sufre ninguna alteraci\u00f3n por las alegaciones de la impugnante en torno a que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para interponer recursos frente a ese prove\u00eddo porque adem\u00e1s de constituir una simple respuesta a su \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, en el mismo, a pesar de sus consideraciones, se se\u00f1al\u00f3 que no era parte en ese asunto; pues precisamente esos eran algunos de los supuestos que deb\u00eda objetar ante el juzgador natural, lo que no hizo, pretendiendo, inviable y tard\u00edamente, que el sentenciador constitucional se ocup\u00e9 de ellos sin haber agotado la debida discusi\u00f3n ante la autoridad com\u00fan, en este caso, la Superintendencia recriminada, de no olvidar que, por el tipo de tr\u00e1mite all\u00ed adelantado, eran inaplicables las reglas del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb1, pues su solicitud, sin duda, concern\u00eda al tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n judicial en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, si los inconformes consideran que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido la autoridad acusada o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tienen, han de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, como es de su conocimiento, seg\u00fan se desprende de las respuestas de algunos de los vinculados. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, recordando que la insatisfacci\u00f3n de los presupuestos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, como aqu\u00ed ocurre, impide al fallador constitucional ocuparse del fondo de la situaci\u00f3n puesta en su conocimiento, es motivo por el cual las anteriores razones se muestran suficientes para respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada pero, exclusivamente, por los motivos aqu\u00ed consignados que no por todos los se\u00f1alados por el Tribunal a-quo. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En lo tocante con la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
<\/p>\n
[l]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867; reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., rad. 01762-01). <\/p>\n
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