STC12634-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12634-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00971-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Elizabeth Bol\u00edvar Garc\u00eda frente al fallo proferido el 24 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales a la \u00abseguridad social integral\u00bb, \u00abderecho adquirido\u00bb, igualdad, m\u00ednimo vital y \u00abvida en condiciones dignas\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada por la emisi\u00f3n de decisi\u00f3n adversa a sus pretensiones en el juicio laboral que promovi\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la precitada providencia y, consecuentemente, exhortar a la Accionada para que se sirva confeccionar una nueva\u2026 en la que\u2026 pondere el car\u00e1cter intangible, por ser \u00abderecho adquirido\u00bb que, conforme al tenor literal de los art\u00edculos 58 Constitucional y 26 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o y en l\u00ednea con lo arg\u00fcido en la demanda de casaci\u00f3n, alcanzaron las cotizaciones efectuadas por el causante fallecido bajo la vigencia de dicho Acuerdo y con anterioridad a la reforma pensional sistematizada por la Ley 100 de 1993\u00bb; o subsidiariamente, \u00aben l\u00ednea con los postulados jurisprudenciales revisados y replanteados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU005\/18, pondere\u2026 la procedencia de la aplicabilidad del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones inco\u00f3 la actora, como c\u00f3nyuge sobreviviente y madre de los hijos del difunto Eriberto Cort\u00e9s Correa (fallecido el 13 de mayo de 2010), con miras a obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, surtidas las etapas de rigor, el 6 de agosto de 2014 el Juzgado Primero Laboral de Tulu\u00e1 dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones, determinaci\u00f3n que el 29 de abril de 2015 confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, \u00faltima que el 19 de octubre de 2021 no cas\u00f3 la Colegiatura acusada. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la reclamante adujo que el sentenciador acusado, injustificadamente y en abierto desconocimiento de los principios del respeto por los derechos adquiridos y la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, incurri\u00f3 en defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente al aplicar al asunto la Ley 100 de 1993, sin ninguna consideraci\u00f3n, pasando por alto los preceptos 6\u00ba, 25 y 26 -especialmente este \u00faltimo- del Acuerdo 049 de 1990, as\u00ed como la postura jurisprudencial vigente frente a casos como el suyo, especialmente la sentencia SU-005\/18 de la Corte Constitucional, comoquiera que el causante cotiz\u00f3 un total de 503 semanas al sistema general de pensiones, de las cuales 374,86 lo fueron con antelaci\u00f3n a la entrada en vigencia de aquella Ley, supuesto suficiente para el buen suceso del reconocimiento pensional deprecado. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 ser sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional al contar con m\u00e1s de 62 a\u00f1os de edad, sufrir diferentes patolog\u00edas, encontrarse en condici\u00f3n de pobreza al carecer de bienes de fortuna, rentas o pensiones, aunado a que durante su relaci\u00f3n con el causante siempre dependi\u00f3 econ\u00f3micamente de \u00e9l. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 2 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte indic\u00f3 que \u00abla tutela debe negarse\u00bb, comoquiera que su veredicto \u00abse ajust\u00f3 a las normas que regulan la materia y los precedentes jurisprudenciales emitidos por [esa] Corporaci\u00f3n sobre el tema que fue objeto del recurso de casaci\u00f3n, respetando los derechos fundamentales\u2026 que invoca la tutelante\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga manifest\u00f3 que \u00abcon la decisi\u00f3n [all\u00ed] tomada\u2026 no se vulneraron los derechos fundamentales de la\u2026 accionante; pues la misma estuvo apegada a la normatividad procesal aplicable al asunto analizado\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Laboral de Tulu\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia digital del expediente contentivo del asunto recriminado. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales – en liquidaci\u00f3n deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque \u00abcarece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida; siendo\u2026 Colpensiones la entidad actualmente encargada de administrar el mencionado R\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar ajustada a un criterio razonable la sentencia de la Corporaci\u00f3n acusada porque, con apoyo en las pruebas recaudadas, hall\u00f3 que \u00abno resulta procedente reconocer la pensi\u00f3n reclamada, pues cuando ocurri\u00f3 la muerte del causante (13 de mayo de 2010) estaba vigente el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige del afiliado 50 semanas cotizadas dentro de los 3 \u00faltimos a\u00f1os anteriores a su fallecimiento. Requisito que no se cumple en el caso examinado, porque no alcanz\u00f3 ese techo de cotizaci\u00f3n en ese lapso, ni tampoco efectu\u00f3 cotizaciones dentro del a\u00f1o inmediatamente anterior\u00bb; sumado a que \u00abno era procedente viabilizar el derecho prestacional reclamado en aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, bajo los principios de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa o el de favorabilidad estatuido en el art\u00edculo 53 de la CP, porque esta no es la disposici\u00f3n que antecedi\u00f3 a la Ley 797 de 2003 y, adem\u00e1s, el mandato de dichos preceptos \u00abparte de la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en este asunto\u00bb\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la Sala encartada, \u00aben lo que concierne a la aplicaci\u00f3n de la sentencia CC SU-005 de 2018\u2026[,] tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 de fondo y con amplitud. Ofreci\u00f3 de manera clara, las razones que la condujeron a apartarse de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa seg\u00fan los postulados de la Corte Constitucional, en respaldo de la l\u00ednea jurisprudencial laboral que, tambi\u00e9n pac\u00edficamente, atiende la Sala de Casaci\u00f3n de esa especialidad\u00bb; y que \u00abno es cierto que se haya obviado el an\u00e1lisis del principio del derecho adquirido. Ello fue igualmente resuelto\u2026 en la providencia cuestionada al momento en el que se determin\u00f3 que el causante no cumpli\u00f3 con la densidad de semanas dispuesta por la Ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n original, ni la temporalidad jurisprudencial en materia del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa -tal como lo exige la Ley 797 de 2003, aplicable-. Tampoco era posible indagar la procedencia del derecho, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, dado que no fue beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional al no contar con 40 a\u00f1os de edad para el 1\u00ba de abril de 1994, ni 15 a\u00f1os de servicios prestados. Por ello, no puede predicarse la existencia de un derecho adquirido\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatiz\u00f3 que los mismos no fueron cabalmente estudiados por el a-quo constitucional, quien desenfoc\u00f3 su fundamento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, porque la providencia de casaci\u00f3n acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, de entrada, encontr\u00f3 que, \u00ab[d]ada la v\u00eda escogida, la de puro derecho\u00bb, no exist\u00eda controvers\u00eda en cuanto a que \u00abi) el causante estuvo afiliado y cotiz\u00f3 al ISS hoy Colpensiones entre el 28 de febrero de 2000 y el 31 de marzo de 2003\u2026; ii) que no sufrag\u00f3 50 de semanas de aportes dentro de los tres a\u00f1os anteriores a su deceso, ni tampoco efectu\u00f3 cotizaciones dentro del a\u00f1o inmediatamente anterior, por lo que no cumpli\u00f3 con el m\u00ednimo de cotizaciones requerido en la Ley 797 de 2003, ni en la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original; iii) que falleci\u00f3 el 13 de mayo de 2010\u2026 por lo que la norma vigente es la Ley 797 de 2003 y, iv) que la accionante recibi\u00f3 de la entidad de pensiones la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de sobrevivencia\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n sostuvo que, por tanto, el problema jur\u00eddico a definir se circunscrib\u00eda a \u00abdeterminar si el Tribunal se equivoc\u00f3 al estimar que no proced\u00eda el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes pretendida conforme al Acuerdo 049 de 1990, en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa pese a que el afiliado falleci\u00f3 el 13 de mayo de 2010, esto es, en vigencia de la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente destac\u00f3 que, de manera uniforme, \u00abfrente a la aplicaci\u00f3n de dicho principio, [esa] Sala ha reiterado que no es viable acudir a la plus ultraactividad de la ley, esto es, hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del causante o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y rigen hacia futuro\u00bb; afirmaci\u00f3n que valid\u00f3 trascribiendo apartes de un pronunciamiento sobre la materia (CSJ SL2078-2021, en el que fueron memoradas las sentencias SL1938-2020 y SL5179-2020), a la vez que referenci\u00f3 otros tantos en igual sentido (\u00abCSJ SL17768-2016, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016, CSJ SL15965-2016, CSJ SL 1689-2017, CSJ SL1090-2017, CSJ SL2147-2017, CSJ SL353-2018, CSJ SL2337-2020, CSJ SL5037-2020, CSJ SL4261-2020, CSJ SL5145-2020, CSJ SL5179-2020, CSJ SL184-2021, CSJ SL1704-2021, CSJ SL771-2021, CSJ SL1929-2021, CSJ SL1742-2021, CSJ SL2078-20212, CSJ SL2612-2021 y CSJ SL2429-2021\u00bb). <\/p>\n
De donde concluy\u00f3 que era inviable \u00abacceder a las s\u00faplicas que elev\u00f3 la recurrente relativas a otorgar la prestaci\u00f3n pretendida con fundamento en los requisitos dispuestos para la pensi\u00f3n de sobrevivientes en el Acuerdo 049 de 1990, pues ello no tiene cabida ni siquiera bajo el supuesto de acudir al principio de favorabilidad que contempla el art\u00edculo 53 de la CP, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en este asunto\u00bb. A lo cual adicion\u00f3, in extenso: <\/p>\n
Situaci\u00f3n que se complementa con lo se\u00f1alado por esta Corporaci\u00f3n en la sentencia CSJ SL2429-2021, en la que se dijo: <\/p>\n
Adem\u00e1s, estos saltos hacia el pasado, en b\u00fasqueda de una norma que se amolde a las circunstancias individuales de los afiliados o beneficiarios, con independencia de si fue derogada hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os, ponen en vilo el principio de sostenibilidad financiera del sistema, al conceder pensiones por el fallecimiento de personas que no cotizaron por m\u00e1s de una d\u00e9cada o que no realizaron un esfuerzo sostenido en la construcci\u00f3n de una pensi\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a que, de aceptarse dicha tesis, se entrar\u00eda en profunda contradicci\u00f3n con los ajustes que hizo el legislador en las pol\u00edticas laborales, sociales y econ\u00f3micas para cumplir con el principio de sostenibilidad financiera (art\u00edculo 48 Superior), que permite que m\u00e1s personas puedan acceder pr\u00f3ximamente a una prestaci\u00f3n a t\u00edtulo de pensi\u00f3n. <\/p>\n
Y es que la aplicaci\u00f3n de las mencionadas reglas puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema de protecci\u00f3n social, y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, la concesi\u00f3n de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
Igualmente, ha de tenerse presente que esta Sala de la Corte ha adoctrinado que la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa tiene, las siguientes particularidades: (i) no es absoluta ni atemporal; (ii) procede en caso de cambio normativo, y (iii) permite acudir a la disposici\u00f3n inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, si el afiliado aport\u00f3 la densidad de semanas requeridas para el reconocimiento del derecho pensional. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en lo que concierne a la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia constitucional en este caso, en la misma sentencia CSJ SL2429-2021, tambi\u00e9n dijo la Sala: <\/p>\n
1. LA FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL <\/p>\n
En cuanto a la solicitud de la actora dirigida a la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en la sentencia CC SU-005-2018, se advierte que dicha Corporaci\u00f3n ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se analizar\u00e1 que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un Juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia. <\/p>\n
Asimismo, ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensi\u00f3n a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios b\u00e1sicos del Estado Constitucional, como el de seguridad jur\u00eddica; adem\u00e1s, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica, debido proceso y confianza leg\u00edtima (C-539-2011). <\/p>\n
No obstante, tambi\u00e9n ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela. <\/p>\n
El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en raz\u00f3n de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresi\u00f3n a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque tambi\u00e9n tiene fuerza vinculante, le permite al Juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, en armon\u00eda con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017). <\/p>\n
En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que expone a continuaci\u00f3n -deber de argumentaci\u00f3n suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017). <\/p>\n
En esa providencia, la Corte Constitucional estableci\u00f3 que es posible la aplicaci\u00f3n plus ultraactiva de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres a\u00f1os anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, (iii) pero s\u00ed re\u00fane el n\u00famero m\u00ednimo de semanas cotizadas exigidas en el r\u00e9gimen anterior. <\/p>\n
A juicio de esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. As\u00ed mismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de retrospectividad. <\/p>\n
Por otra parte, la aplicaci\u00f3n ultraactiva de normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la disposici\u00f3n vigente, en la medida que el Juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional, con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible, tal como lo ha adoctrinado entre otras, en sentencias CSJ SL 1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019, CSJ SL1592-2020, CSJ SL1881-2020, CSJ SL1884-2020, CSJ SL1938-2020, CSJ SL2547-2020, CSJ SL3314-2020 y CSJ SL184-2021. <\/p>\n
Por otra parte, debe advertirse que la financiaci\u00f3n de todo sistema pensional depende de variables demogr\u00e1ficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o potenciar algunos de ellos, por ejemplo, darle mayor peso a la permanencia en la afiliaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de un derecho pensional que a la sola acreditaci\u00f3n de un n\u00famero espec\u00edfico de semanas. <\/p>\n
En consecuencia, la introducci\u00f3n de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema de pensional y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
Por ello, de manera reiterada y pac\u00edfica esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que, respecto de las exigencias para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el Juez no puede realizar un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar la que m\u00e1s convenga a cada caso en particular. <\/p>\n
Por ese sendero, de cara al caso concreto, indic\u00f3 que, \u00abadvirtiendo que Eriberto Cort\u00e9s Correa falleci\u00f3 el 13 de mayo de 2010\u2026, la norma aplicable al caso es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 que exige \u00abcincuenta semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores al fallecimiento\u00bb, condici\u00f3n que el afiliado no acredit\u00f3, pues, como qued\u00f3 visto, su \u00faltima cotizaci\u00f3n data del 31 de marzo de 2003\u00bb; por lo cual acert\u00f3 \u00abel Tribunal al considerar que no era posible acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, con el fin de remitirse a los art\u00edculos 6\u00ba y 25 del Acuerdo 049 de 1990, pues, se insiste, no es la vigente a la fecha de fallecimiento del afiliado y tal postulado se predica en relaci\u00f3n con los cambios normativos anteriores y siempre que comporten sustituciones en los reg\u00edmenes o trasformaciones en los esquemas que las soportan. Dicho en otras palabras, en virtud de este, se itera, no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de las leyes anteriores con el prop\u00f3sito de identificar la que m\u00e1s se acomode a la situaci\u00f3n de la demandante, por lo que lo pertinente era dar aplicaci\u00f3n a la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la mentada \u00abfigura solo surte efecto para el caso de la pensi\u00f3n de sobrevivencia, entre el 29 de enero de 2003 y el mismo d\u00eda y mes de 2006, como se expres\u00f3, entre otras, en la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL1673-2020; de ah\u00ed que como la muerte ocurri\u00f3 despu\u00e9s de esa \u00faltima fecha, no puede estarse siquiera a la Ley 100 de 1993 sin modificaci\u00f3n, a la que habilitar\u00eda por ser la inmediatamente anterior\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, con fundamento en todo ello, para no casar la sentencia del ad-quem, concluy\u00f3 que \u00e9ste \u00abno cometi\u00f3 el yerro que se le endilga, como quiera que Eriberto Cort\u00e9s Correa no dej\u00f3 causado el derecho en cuanto no aport\u00f3 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a su muerte, tal como lo exige la Ley 797 de 2003, no cumpli\u00f3 con la densidad de semanas dispuesta por la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original ni la temporalidad jurisprudencial en materia del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, como tampoco era posible indagar la procedencia del derecho en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, dado que no fue beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional al no contar con 40 a\u00f1os de edad para el 1\u00ba de abril de 1994 (naci\u00f3 el 7 de agosto de 1954\u2026) ni 15 a\u00f1os de servicios prestados\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo propuesto por la censora no es m\u00e1s que una diferencia de criterio frente a lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n final atacada, \u00faltima que responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que gobernaban el caso particular, especialmente, del canon 12 de la Ley 797 de 2003 (referente a la exigencia de 50 semanas de cotizaci\u00f3n durante los 3 a\u00f1os anteriores al fallecimiento), determinando que all\u00ed era inviable aplicar el Acuerdo 049 de 1990, en tanto que, contrario a lo aducido por la reclamante, el derecho pensional no se hab\u00eda consolidado con la simple densidad de aportes exigibles en su vigencia. <\/p>\n
En este orden de ideas, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, espec\u00edficamente en cuanto a la aplicaci\u00f3n de los precedentes que invoc\u00f3, lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12634-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12634-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00971-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Elizabeth Bol\u00edvar Garc\u00eda frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67351","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67351","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67351"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67351\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67351"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67351"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67351"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}