STC12636-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12636-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03138-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Ernesto Cort\u00e9s Diazgranados contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene \u00abla revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior\u2026\u00bb; y se \u00able reconozca el derecho que tiene\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Carlos Eduardo Cort\u00e9s Ahumada promovi\u00f3 un proceso interdicto posesorio contra Roberto Mart\u00ednez Sandoval, Luis Alfonso Torres Girata, Magda Luc\u00eda e Iv\u00e1n Ernesto Cort\u00e9s Zambrano, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 inicialmente Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite en el que fue reconocido como cesionario del demandante Luis Ernesto Cort\u00e9s Diazgranados. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia el 19 de noviembre de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio de esta ciudad declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue apelada. <\/p>\n
2.3. La Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad en fallo de 29 de abril de 2022 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al valorar la prueba inconducente e impertinente aportada por la demandada Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano y decretar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa; y que los falladores se equivocaron en la interpretaci\u00f3n de las normas aplicables al asunto, entre estas, los art\u00edculos 975, 979 y 982 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.6. Adujo que el defecto m\u00e1s relevante de las instancias fue avalar que la demandada no abandon\u00f3 y estuvo pendiente del bien, lo que no era cierto; que las decisiones emitidas carec\u00edan de apoyo probatorio; que los fallos incurr\u00edan en los defectos f\u00e1ctico y sustantivo, violaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n y en desconocimiento del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el link del expediente criticado. <\/p>\n
2. John Jairo Cifuentes Sarria, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de la parte demandada, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dichos vinculados. <\/p>\n
3. Magda Luc\u00eda e Iv\u00e1n Ernesto Cort\u00e9s Zambrano se\u00f1alaron que se opon\u00edan a las pretensiones de la demanda; que el gestor hab\u00eda actuado con insistencia desde el 2014 pretendiendo que la jurisdicci\u00f3n civil acomode la valoraci\u00f3n a sus intereses; que la apreciaci\u00f3n del Tribunal criticado se opon\u00eda a las manifestaciones del extremo actor; y que solicitaban se desestimara la petici\u00f3n de resguardo. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026procede la Sala al estudio de los reparos sustentados por la parte recurrente, delimitado en el tema de la calidad de poseedor que alega \u00e9ste para incoar la recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n, la cual si sale avante, determinar\u00eda la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, echada de menos en la sentencia que se revisa. <\/p>\n
Inicialmente, ha de indicarse que, al tenor de la Escritura P\u00fablica No. 3166 del 20 de junio de 199515, contrastada con la anotaci\u00f3n cuarta del certificado de tradici\u00f3n del predio identificado con folio 50C-65433416, se desprende que se efectu\u00f3 compraventa entre el demandante y Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano del bien objeto del litigio, documento p\u00fablico que no fue tachado de falso o desvirtuado con otras pruebas, con lo cual se demuestra la trasferencia del derecho de dominio. <\/p>\n
Sobre el particular la Corte ense\u00f1\u00f3\u2026 <\/p>\n
De lo esbozado en precedencia debe indicarse, tal como lo sostuvo el juez cognoscente, que cualquier posesi\u00f3n previa a tal fecha se perdi\u00f3 por parte del actor al haber enajenado el predio. En otras palabras: con la venta del inmueble, si bien Carlos Eduardo pudo haberse quedado en \u00e9ste, lo cierto es que reconoci\u00f3 dominio ajeno en cabeza de Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano, raz\u00f3n por la cual le privaba de la posibilidad de reputarse poseedor, habida cuenta que de propietario pas\u00f3 a ser mero tenedor, en raz\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 775 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Ahora, para efectos de demostrar el recurrente que ejerc\u00eda la posesi\u00f3n del inmueble sobre el cual se le priv\u00f3 y, por ende, su legitimaci\u00f3n en la causa, aport\u00f3 como documentos\u2026 <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, Magda Luc\u00eda e Iv\u00e1n Ernesto, para evidenciar que eran plenos propietarios y que no hab\u00edan descuidado su bien allegaron como medios documentales, las siguientes\u2026 <\/p>\n
Al absolver el interrogatorio de parte, Carlos Eduardo Cort\u00e9s Ahumada, se limit\u00f3 a repetir los hechos del ruego y desconoci\u00f3 a Magda Luc\u00eda como patrona, en tanto consider\u00f3 que los actos se\u00f1oriales fueron ejercidos por \u00e9l mismo durante m\u00e1s de 27 a\u00f1os. Sobre los tributos prediales indic\u00f3 que \u201clos pagu\u00e9 yo, hasta el momento en que sali\u00f3 la se\u00f1ora MAGDA con la idea de que la propietaria era ella y al surgir el negocio judicial, dej\u00e9 de pagar el impuesto hasta ver que se solucionara el problema\u201d, sin recordar en qu\u00e9 momento hab\u00eda abandonado tal obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Por su parte, en el cuestionamiento efectuado a Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano, se ratific\u00f3 en el pago efectuado a Roberto Mart\u00ednez Sandoval de una cortina met\u00e1lica e hizo una narraci\u00f3n sobre las intervenciones efectuadas como propietaria del inmueble desde 1995 hasta 2012. En tal sentido, agreg\u00f3 que autoriz\u00f3 a su padre, Carlos Eduardo, para arrendar tal predio y recibir los frutos para su subsistencia; sostuvo que en los a\u00f1os 2004 y 2009 aprob\u00f3 la adecuaci\u00f3n de una caseta con sus respectivos accesos, por tanto llev\u00f3 a cabo las gestiones pertinentes para la consecuci\u00f3n de los permisos de ocupaci\u00f3n; indic\u00f3 tambi\u00e9n que, desde la adquisici\u00f3n del bien, empez\u00f3 a disponer de este, con la proyecci\u00f3n de una mejora arquitect\u00f3nica, la cual no hab\u00eda podido construir por razones meramente t\u00e9cnicas. <\/p>\n
A su turno, el testigo Erving Alejandro Castillo Rodr\u00edguez, afirm\u00f3 constarle el trato hecho entre Carlos Eduardo Cort\u00e9s Ahumada y C\u00e9sar Sarmiento en el a\u00f1o de 1982 para adquirir el predio. Manifest\u00f3 no conocer a la familia del pleiteante, ni tener referencias de la celebraci\u00f3n de negocio jur\u00eddico alguno por \u00e9ste y los enjuiciados o de la realizaci\u00f3n de mejoras al mismo. Cont\u00f3 que vio a Magda Luc\u00eda en una \u00fanica vez, en el barrio La Soledad, pues en dicha ocasi\u00f3n asisti\u00f3 con el actor al fundo y compartieron todos, un almuerzo. Dijo que lo hab\u00eda visto ejerciendo acciones de se\u00f1or y due\u00f1o, porque en anterior oportunidad lo acompa\u00f1\u00f3 a cobrar arrendamientos, sin saber a la fecha a qui\u00e9n le ten\u00eda alquilado. En ese orden de ideas, declar\u00f3 que cuando lo acompa\u00f1aba para el pago de la renta lo esperaba en la puerta, desconociendo c\u00f3mo le cancelaban los c\u00e1nones. <\/p>\n
En lo atinente a las declaraciones de Luis Antonio Torres Girat\u00e1 y Roberto Mart\u00ednez Sandoval, reconocen la relaci\u00f3n que los uni\u00f3 con Carlos Eduardo Cort\u00e9s Ahumada como consecuencia del v\u00ednculo de arrendamiento\u2026 <\/p>\n
El primero, dijo conocerlo desde 1993, aclarando que el alquiler se dio a partir de 2004 y hasta cuando los se\u00f1ores Magda e Iv\u00e1n, en el a\u00f1o 2012, adujeron ser los propietarios con los documentos en que aparec\u00eda inscrita como titular la se\u00f1ora Cort\u00e9s Zambrano. Por lo anterior, cont\u00f3 se hizo un nuevo contrato. En cuanto a las mejoras, seg\u00fan su dicho, las realiz\u00f3 con permiso del reclamante a quien consideraba el due\u00f1o. Sobre los actos de Iv\u00e1n Ernesto, precis\u00f3 que lo hab\u00eda autorizado para que colocara el gas. El segundo asever\u00f3, frente a la instalaci\u00f3n de la reja, que fue Magda Luc\u00eda quien la pag\u00f3. Sin embargo, consider\u00f3 como patrono al querellante. <\/p>\n
Respecto del se\u00f1or Iv\u00e1n Ernesto Cort\u00e9s Zambrano, en su declaraci\u00f3n se estuvo a lo indicado en la contestaci\u00f3n de la demanda, aduciendo que hab\u00eda realizado obras en el predio y que hab\u00eda celebrado contratos de arrendamiento con varios inquilinos. <\/p>\n
Puntualizando que: <\/p>\n
\u2026de la valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas aducidas y practicadas en el proceso, como viene de rese\u00f1arse, para la Sala emerge pr\u00edstina la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, atendiendo a los siguientes razonamientos. <\/p>\n
En primer lugar, la parte actora no aport\u00f3 elementos suasorios que ratificaran su dicho en interrogatorio y respecto de los hechos relacionados con el proceso, pues de su contenido, solo se extrae que se limit\u00f3 a repetir los \u00edtems del petitum sin ofrecer mayor detalle sobre sus actos. <\/p>\n
Por el contrario, Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano defendi\u00f3 su postura de propietaria, alegando no haber descuidado el predio, pues estuvo pendiente de las necesidades de los inquilinos e hizo las gestiones pertinentes ante las autoridades distritales competentes para lograr los permisos para las mejoras y adecuaciones. Lo anterior, encuentra respaldo en las pruebas documentales relacionadas en precedencia, las cuales dan cuenta, adem\u00e1s, que la venta del inmueble por parte Carlos Eduardo a Magda Luc\u00eda qued\u00f3 debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 y, si bien el aspirante pudo haberse quedado en este, lo cierto es que, reconoci\u00f3 dominio ajeno, en cabeza de la adquirente, hecho que le imped\u00eda reputarse poseedor. <\/p>\n
Ahora, cuando Carlos Eduardo Cort\u00e9s Ahumada pretendi\u00f3 desconocer el contenido material y real del contrato de compraventa, acudi\u00f3 como demandante a la jurisdicci\u00f3n, al interior del proceso de simulaci\u00f3n radicado No. 2008-00244, en cuyo escenario, tanto la sentencia de primera instancia proferida el 19 de diciembre de 2011, como la de segunda dictada el 20 de septiembre de 2012, le fueron desfavorables. Para llegar a la decisi\u00f3n, el a-Quo determin\u00f3 la deficiencia probatoria para acreditar el disfraz del negocio jur\u00eddico, as\u00ed como la confusi\u00f3n del promotor en los hechos del l\u00edbelo. Este Tribunal confirm\u00f3 el fallo, basado en los mismos argumentos. Entonces, si en esa oportunidad qued\u00f3 visto que Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano es la verdadera due\u00f1a, dicha coyuntura per se refuerza de ausencia de calidad de poseedor del actor. <\/p>\n
A lo anterior, agr\u00e9guese que Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano fue quien contribuy\u00f3 distritalmente entre los a\u00f1os 1996-2000 y 2002-2012 y solo figura como declarante Carlos Eduardo Cort\u00e9s Ahumada en 2001. Situaciones en conjunto que no dejan ver que la demandada hubiese descuidado su inmueble, pues no se observa que los tributos hubiesen sido pagados de forma extempor\u00e1nea o reciente; por el contrario, en los sellos de recibido bancario se divisa que estos fueron erogados anualmente por la querellada y por tal raz\u00f3n ten\u00eda tales pruebas en su poder. <\/p>\n
Conforme las reglas de la experiencia, cuando alguien se reputa poseedor, uno de los primeros actos que realiza es el pago de las obligaciones impositivas, conducta que, como acaba de verse, en este caso no fue desplegada por el litigante. En tales circunstancias, no resultan l\u00f3gicas para la Sala, si el se\u00f1or Cort\u00e9s Ahumada consideraba que el fundo era suyo, las razones por las cuales no pag\u00f3 los impuestos prediales, o por lo menos, por qu\u00e9 no se opuso al pago de estos por parte de Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano. Por el contrario, la \u00fanica explicaci\u00f3n coherente con esa realidad es que aquel era consciente que no le asist\u00eda ning\u00fan derecho sobre el inmueble. <\/p>\n
Conforme los testimonios, la ponencia de Erving Alejandro Castillo Rodr\u00edguez no ofrece certeza, siquiera mediana, de la supuesta posesi\u00f3n del inmueble por parte del demandante. Aviz\u00f3rese que \u00e9ste no sab\u00eda de la venta realizada por el actor a su hija. Nunca vio de primera mano el pago de los c\u00e1nones por parte de los inquilinos y tampoco supo de las mejoras presuntamente realizadas por el se\u00f1or Cort\u00e9s Ahumada. Es decir, su dicho no otorga herramientas para corroborar los hechos en los que se bas\u00f3 para demostrar su calidad de poseedor. <\/p>\n
En las declaraciones de Luis Antonio Torres Girat\u00e1 y Roberto Mart\u00ednez Sandoval, si bien ambos dijeron que conoc\u00edan a Carlos Eduardo Cort\u00e9s Ahumada, lo hicieron como inquilinos, ignorando la relaci\u00f3n existente entre \u00e9ste y Magda Luc\u00eda. As\u00ed emerge, incluso de la declaraci\u00f3n de \u00e9sta \u00faltima en su interrogatorio de parte, que el recurrente era un tercero autorizado por su hija para usufructuar el predio y as\u00ed poder sufragar sus gastos personales. Debe observarse que Roberto Mart\u00ednez Sandoval sostuvo que Magda hab\u00eda pagado lo concerniente al arreglo de la reja. <\/p>\n
Sobre los contratos de arrendamiento celebrados o los dineros recibidos como consecuencia de estos por el se\u00f1or Cort\u00e9s Ahumada o el pago de intereses y capital de un mutuo celebrado con Natalia viuda de Cabral en 1993, \u00e9stos no prueban su detentaci\u00f3n. El primer hecho no lleva a tal convicci\u00f3n, pues traduce una circunstancia que puede ser realizada por cualquier persona autorizada por el propietario. Menos, cuando como consecuencia de la enajenaci\u00f3n del predio, se reconoci\u00f3 dominio ajeno a favor de Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano. En cuanto al mutuo, es una obligaci\u00f3n que adquiri\u00f3 por su cuenta y el pago era su deber, esto, por ning\u00fan motivo demuestra el \u00e1nimo de due\u00f1o sobre el fundo. <\/p>\n
Visto de esta forma, debe recordarse que el fen\u00f3meno conocido como \u00abinterversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb no opera ipso iure ni por el mero paso del tiempo. El art\u00edculo 777 del C\u00f3digo Civil, establece que el \u201csimple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesi\u00f3n\u201d. Conforme lo mencionado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia\u2026 Sobre este mismo punto, ense\u00f1\u00f3 la Alta Corporaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Suced\u00e1neo, en lo que ata\u00f1e a los contratos de Iv\u00e1n Ernesto Cort\u00e9s Zambrano en calidad de arrendatario, con Roberto Mart\u00ednez Sandoval y Luis Alfonso Torres Girat\u00e1, datados 01 de enero de 2013, 2014 y 2015 y la copia de la Escritura P\u00fablica No. 5032 del 07 de noviembre de 2012, mediante el cual, Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano vendi\u00f3 a su hermano el objeto del litigio, se puede colegir la transferencia del dominio y la actividad ejercida, tanto por la vendedora que, como se esboz\u00f3 en precedencia, siempre estuvo pendiente de su bien, como por el nuevo propietario en el inmueble, reafirmando que no hubo abandono de este por ninguno de sus due\u00f1os. <\/p>\n
As\u00ed, contrario a lo aseverado por el apelante, no hubo prueba fehaciente que desvirtuara la propiedad del predio en cabeza de Magda Luc\u00eda Cort\u00e9s Zambrano (y posteriormente de Iv\u00e1n Ernesto). No se esclarecieron los actos positivos de derecho de dominio con el respectivo acervo convincente, que llevaran, sin lugar a dudas, a entender que las mejoras hubiesen sido realizadas por el actor. Los propietarios lograron demostrar que se hab\u00edan ocupado del fundo, con las actuaciones arriba referidas, tales como gesti\u00f3n antes las autoridades distritales para la consecuci\u00f3n de permisos y el pago de impuestos, entre otras. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como se sostuvo en l\u00edneas precedentes, no se prob\u00f3 que la autorizaci\u00f3n por parte de Carlos Eduardo Cort\u00e9s Ahumada, se hubiera debido a su \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, pues de las actuaciones soportadas en documentos, contrastadas con el interrogatorio de parte de la cuestionada Cort\u00e9s Zambrano, no puede colegirse que los permisos otorgados a los inquilinos del bien inmueble, hubiesen acaecido por cuenta del reclamante. <\/p>\n
Concluyendo que: <\/p>\n
En ese orden de ideas, del an\u00e1lisis conjunto de las pruebas y los reparos contra la sentencia de primer grado, el litigante no demostr\u00f3 la legitimidad en la causa por activa, habida cuenta que al momento de la demanda no prob\u00f3 que ejerciera la posesi\u00f3n tranquila e ininterrumpida, por el lapso de un a\u00f1o anterior al despojo. Consecuencialmente tampoco sucedi\u00f3 la privaci\u00f3n de la misma por los convocados. <\/p>\n
Entonces, pese a que la acci\u00f3n se intent\u00f3 dentro de la anualidad siguiente, en tanto la solicitud de conciliaci\u00f3n del 18 de noviembre de 2013 y el acta de su fracaso del 20 de diciembre de igual calenda, tuvieron la virtualidad de interrumpir el plazo consagrado en el art\u00edculo 976 del C\u00f3digo Civil, el incumplimiento de los dos requisitos apenas rese\u00f1ados (posesi\u00f3n y tiempo de detentaci\u00f3n), derivan en la confirmaci\u00f3n del fallo de primer grado. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la sentencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12636-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12636-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03138-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Ernesto Cort\u00e9s […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67353","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67353","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67353"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67353\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67353"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67353"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67353"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}