STC12638-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12638-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2022-00207-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de agosto de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda Delegada de Acciones Populares y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene \u00abproferir sentencia anticipada amparado art 278 CGP\u00bb; y que la Defensor\u00eda y Procuradur\u00eda \u00abse pronuncien en la acci\u00f3n de tutela a fin que consignen si es correcto que se [le] amenace con sanciones haciendo[le] da\u00f1o psicol\u00f3gico y emocional, adem\u00e1s de ello, se pronuncie sobre lo pedido referente a proferir sentencia anticipada a fi de que cumplan su deber funci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que el despacho acusado se negaba a dictar sentencia anticipada, pese a encontrarse amparado por el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso; que el Procurador Delegado y el Defensor del Pueblo no se pronunciaban en la actuaci\u00f3n criticada; que el fallador lo amenazaba con sanciones, ocasion\u00e1ndole da\u00f1o psicol\u00f3gico y emocional; y que las formalidades estaban al servicio del derecho sustancial. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Municipio de Pereira adujo que se opon\u00eda a las pretensiones de la demanda; que no hab\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos del gestor; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no contaba con la facultad de exigir adecuaci\u00f3n de espacios; que se realizaron todas las gestiones para cumplir los mandatos legales y constitucionales; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que las peticiones del gestor se hab\u00edan resuelto en debida forma, por lo que no se hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna. Remiti\u00f3 el proceso criticado. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda adujo que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de reclamo constitucional; que su intervenci\u00f3n estaba orientada a observar la defensa de los derechos e intereses colectivos, \u00abemitiendo concepto de rigor, solicitando pruebas y participando en la audiencia de pacto de cumplimiento convocada previamente por el Juez, sin que tengamos facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb; que el accionante no hab\u00eda presentado ninguna solicitud, queja o reclamo con lo ahora discutido; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el gestor no cuestion\u00f3 el auto con el que se desech\u00f3 la solicitud de que se emitiera sentencia anticipada; y que no se acredit\u00f3 que se hubiere elevado petici\u00f3n alguna ante los agentes del Ministerio Publico. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que \u00ablastima que no cumpla t\u00e9rminos de tiempo para fallar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
En efecto, el promotor no interpuso el recurso de reposici\u00f3n frente al auto de 19 de julio de 2022, con el que se resolvi\u00f3 desestimar la solicitud de emisi\u00f3n de sentencia anticipada, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a las pretensiones relacionadas con la Procuradur\u00eda Delegada y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, es necesario recordarle al quejoso, como insistentemente se le ha dicho en m\u00faltiples ocasiones, que si considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular de parte de esas entidades, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello, lo que frente al particular tambi\u00e9n torna improcedente el resguardo por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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