STC12639-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12639-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01361-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de julio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Cecilia Hurtado Gaona contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad y la Alcald\u00eda Local de Santaf\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y petici\u00f3n, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene contestar la petici\u00f3n elevada y se disponga \u00abcompulsar copias a las entidades competentes de investigar estas conductas antijur\u00eddicas que van en contra de derecho y de las funciones de los funcionarios de la Alcald\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso ejecutivo promovido por Armando Camargo Mesa contra Marco Fidel Lozano Romero, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 libr\u00f3 comisi\u00f3n para la entrega del inmueble, la que llev\u00f3 a cabo la Alcald\u00eda Local de Santaf\u00e9 el 25 de mayo de 2022. <\/p>\n
2.2. Blanca Cecilia Hurtado Gaona pidi\u00f3 copia del expediente del despacho comisorio, por lo que la Alcald\u00eda Local accionada el 14 de junio de 2022 le inform\u00f3 que lo devolvi\u00f3 al juzgado de origen y que las copias las deb\u00eda deprecar ante esa autoridad. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que elev\u00f3 petici\u00f3n para conocer los documentos del despacho comisorio, pero le fue denegada; que radic\u00f3 su petici\u00f3n el 1\u00ba de junio de 2022 y hasta el 15 de junio siguiente desestimaron la misma; y que luego se enter\u00f3 que las diligencias se remitieron al despacho de origen. <\/p>\n
2.5. Adujo que pese a que se ten\u00eda el expediente digitalizado no hab\u00eda intenci\u00f3n de reenviarle la informaci\u00f3n; que deprec\u00f3 solo los documentos allegados al despacho comisorio; que era la parte m\u00e1s desfavorecida al no contar con los datos para acceder a las v\u00edas legales de defensa; que perdi\u00f3 la confianza leg\u00edtima; y que no le hab\u00eda sido resuelta su solicitud en los t\u00e9rminos legales. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que libr\u00f3 comisorio para la entrega del predio; que el 22 de febrero de 2022 se fij\u00f3 fecha de remate para el 4 de mayo siguiente, empero, se declar\u00f3 desierta la almoneda por falta de publicaciones; y que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
2. Guillermo Luis V\u00e9lez Murillo, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Blanca Cecilia Hurtado Gaona, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a la accionante. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda Local de Santaf\u00e9 refiri\u00f3 que no era cierto que se hubiere llevado a cabo la diligencia sin la debida publicaci\u00f3n; que se le inform\u00f3 a la gestora que se deb\u00eda acercar al juzgado a solicitar la copia del expediente, por lo que no vulner\u00f3 el derecho de petici\u00f3n; que las pretensiones plasmadas eran competencia de los juzgados; que no hab\u00eda transgredido garant\u00eda fundamental alguna; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Translugon Ltda, secuestre en el juicio criticado, sostuvo que en mayo de 2022 se llev\u00f3 a cabo la entrega del inmueble, la que fue atendida por la peticionaria; que el bien se encontraba ocupado y arrendado; que la promotora no hab\u00eda cancelado ning\u00fan canon de arrendamiento y realiz\u00f3 cambio de guardas de la entrada principal, obstruyendo su ingreso; y que le solicit\u00f3 al juzgador que le informara a la accionante y a su abogado que deb\u00edan permitir la administraci\u00f3n del bien. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la Alcald\u00eda Local accionada acredit\u00f3 que contest\u00f3 la petici\u00f3n presentada, inform\u00e1ndole a la promotora que no le pod\u00eda expedir las copias porque devolvi\u00f3 el expediente y que deb\u00eda solicitarlas ante el comitente; que las autoridades ten\u00edan que resolver de fondo las peticiones, aunque fuera de forma desfavorable; que la respuesta emitida no era evasiva o caprichosa; y que no encontraba elementos para compulsar copias en contra de los funcionarios de la aludida Alcald\u00eda, destacando que la gestora pod\u00eda solicitar la iniciaci\u00f3n de las investigaciones penales o disciplinarias que considerara, asumiendo las cargas y responsabilidades que se generaran. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que hubo una interpretaci\u00f3n subjetiva y apartada del ordenamiento legal; y que se deb\u00eda disponer la \u00abpreservaci\u00f3n del orden jur\u00eddico de los principios de confianza leg\u00edtima con conexidad al da\u00f1o irreparable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, en primer lugar, se advierte que la solicitud presentada por la promotora ante la autoridad acusada, no constituye el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se recuerda que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. No obstante, es de observarse se encuentra vulnerado el debido proceso de la promotora, en tanto que la Alcald\u00eda acusada no remiti\u00f3 la solicitud presentada por aquella al despacho comitente, con miras a que este \u00faltimo, al que le hab\u00edan sido remitidas previamente las diligencias, se pronunciara de fondo, ya fuera de forma positiva o negativa. <\/p>\n
En efecto, como qued\u00f3 atr\u00e1s se\u00f1alado, se advierte que la solicitud impetrada no constitu\u00eda el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n, por lo que la Alcald\u00eda acusada deb\u00eda remitirla al despacho comitente y no limitarse a indicar que la gestora ten\u00eda que presentar una nueva solicitud ante el estrado de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, se destaca que frente a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
4. De otro lado, se advierte frente a la solicitud de compulsa de copias, que si la gestora considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte de los accionados, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado y se conceder\u00e1 el amparo, orden\u00e1ndole a la Alcald\u00eda acusada que proceda a remitir al estrado comitente la solicitud elevada por la gestora, con miras a que este \u00faltimo despacho se pronuncie frente a la misma. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y concede el resguardo impetrado, orden\u00e1ndole a la Alcald\u00eda Local de Santaf\u00e9 que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, remita la solicitud elevada por la accionante, al comitente Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, con miras a que este \u00faltimo despacho se pronuncie frente a la misma, atendiendo las razones consignadas en esta providencia. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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