STC12685-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12685-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02602-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 8 de febrero de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 el amparo promovido por Anne Emmanuelle S\u00e1enz Garrel contra la Fiscal\u00eda 22 de Extinci\u00f3n de Dominio, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio y la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, mediante apoderado judicial1, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, buena fe y acceso a la justicia. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, narr\u00f3 que es ciudadana francesa y \u00abpadece una limitaci\u00f3n mental denominada Borderline\u00bb o l\u00edmite de la personalidad, que la \u00abinhabilita para hacer muchas cosas\u00bb. Sostuvo que, en 1990, le fue adjudicado en sucesi\u00f3n el inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-393585 de Bogot\u00e1 y que, en el mismo a\u00f1o, \u00abcelebr\u00f3 con el doctor Alberto Hern\u00e1ndez Mora un contrato de mandato, para que le conservara y administrara el inmueble, \u2018sin limitaci\u00f3n alguna\u2019, pues ella viv\u00eda en Francia\u00bb, profesional que en vida \u00abdeleg\u00f3 a su vez la administraci\u00f3n del inmueble a la inmobiliaria \u2018ABG Consorcio Inmobiliario S.A.\u2019\u00bb y por intermedio de esta se \u00abcelebr\u00f3 un contrato de arrendamiento con el \u2018Centro Comercial de la Sabana\u2019, (\u2026) para que esta sociedad administrara el bien\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, pese a estar prohibido, ese Centro Comercial subarrend\u00f3 el inmueble, dividi\u00e9ndolo para el efecto en 78 locales comerciales. Luego, esa inmobiliaria \u00abfue cambiada por la inmobiliaria \u2018Invermetros SAS\u2019, (\u2026) quien cambi\u00f3 los contratos de subarrendamiento por 78 contratos de concesi\u00f3n de m\u00f3dulos\u00bb. El 10 de marzo de 2015, la Fiscal\u00eda 22 de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos inici\u00f3 proceso de extinci\u00f3n, por la presunta comisi\u00f3n de delitos en el referido bien, en el cual, los d\u00edas 17 de febrero y 15 de abril de 2015 se realizaron diferentes diligencias de allanamiento y registro en el inmueble de marras, \u00abencontrando que en el 18% de los locales comerciales hab\u00eda algunos tel\u00e9fonos celulares que hab\u00edan sido robados\u00bb; por consiguiente, se decret\u00f3 y materializ\u00f3 el embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo del inmueble y, el 17 de noviembre de 2016, la Fiscal\u00eda present\u00f3 demanda de extinci\u00f3n de dominio en contra de la accionante. <\/p>\n
El 31 de marzo de 2017, el Juzgado Segundo Penal de Extinci\u00f3n de Dominio profiri\u00f3 sentencia de primera instancia accediendo a las pretensiones, decisi\u00f3n que fue apelada por la demandada y la Procuradur\u00eda 320 Judicial II Penal designada para el asunto. El 25 de octubre de 2021, la Sala Penal Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 el fallo. Al respecto, la parte actora censur\u00f3 que se vulneraron sus derechos y se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y sustantivo, por i) \u00abtomar decisiones sin pruebas o con pruebas ilegales\u00bb, pues extingui\u00f3 el derecho de dominio sobre todos los locales, pese a que el allanamiento en algunos de ellos fue declarado ilegal; ii) \u00abprejuicio peligrosista que lleva a presumir delitos\u00bb, pues sobre esa base no se puede desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia; iii) \u00abdesconocer la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb, dado que la accionante actu\u00f3 con la m\u00e1xima diligencia en la administraci\u00f3n de su predio y no incurri\u00f3 siquiera en culpa lev\u00edsima, pues deleg\u00f3 el asunto en profesionales intachables, sin que, durante 20 a\u00f1os, ocurriera alg\u00fan suceso que le alterara la confianza leg\u00edtima; iv) que padece de una \u00abdiscapacidad mental parcial\u00bb, que le impide trabajar; v) \u00abpor el equivocado estudio del aspecto subjetivo\u00bb, dado que se le recrimina \u00abno haber vigilado a las personas en las que se deleg\u00f3 la administraci\u00f3n del predio\u00bb, citando el art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil -\u00abculpa in eligendo o in vigilando\u00bb-, que no era aplicable al caso concreto; vi) por desproporcionalidad de la decisi\u00f3n, pues la extinci\u00f3n debi\u00f3 recaer solo frente a los locales comerciales que se destinaron para los il\u00edcitos y no sobre todo el inmueble. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la accionante no fue tratada con justicia y \u00abse le hicieron imputaciones graves (negligente, descuidada, capitalista rentista, entre otras) y adem\u00e1s se le despoj\u00f3 de su \u00fanico patrimonio, pues a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio en realidad fue expropiada sin indemnizaci\u00f3n\u00bb, desconoci\u00e9ndose el principio de la buena fe. Destac\u00f3, a su vez, que la providencia censurada tuvo un salvamento de voto. <\/p>\n
3. Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 revocar las sentencias proferidas en el mencionado proceso de extinci\u00f3n de domino y que se ordene proferir un nuevo fallo en que \u00absolo se refiera a los locales comerciales que fueron allanados y cuyas pruebas espec\u00edficas no hubieren sido declaradas ilegales\u00bb, limit\u00e1ndose a aquellos en los cuales se encontraron \u00abelementos provenientes de presuntos delitos\u00bb. Y, en cuanto al aspecto subjetivo, que se valore la buena fe de la accionante, su calidad de extranjera, lugar de residencia, confianza leg\u00edtima depositada en los administradores y la conducta esperable en las relaciones internacionales y en la inversi\u00f3n extranjera. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS EN TUTELA <\/p>\n
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1. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 denegar las pretensiones, por cuanto en el proceso bajo estudio se respet\u00f3 el debido proceso y el derecho de contradicci\u00f3n de la accionante y lo que se vislumbra es su intenci\u00f3n de propiciar una tercera instancia, para revivir el debate que ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 320 Judicial II Penal de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 que se otorgue el amparo, sustentando su petici\u00f3n en los mismos argumentos de la actora, por cuanto se presumi\u00f3 su mala fe, adoptando una postura que catalog\u00f3 de peligrosa. <\/p>\n
Adujo que el asunto se decidi\u00f3 \u00abcon fundamento en pruebas nulas sobre algunos locales y tambi\u00e9n sin pruebas sobre la mayor\u00eda\u00bb de estos, pues no en todos se verificaron las actividades il\u00edcitas; que al establecer la negligencia de la demandada no se consideraron y ponderaron las condiciones particulares, como que no viv\u00eda en el pa\u00eds ni hablaba espa\u00f1ol, que ten\u00eda una afecci\u00f3n ps\u00edquica y no pod\u00eda trabajar, que no ten\u00eda facultades para revisar la mercanc\u00eda que ten\u00edan para la venta en cada uno de los locales, que entreg\u00f3 la administraci\u00f3n del bien a un tercero con la prohibici\u00f3n de subarrendar, lo cual desconoci\u00f3 sin su consentimiento, y que se le exigi\u00f3 \u00abun comportamiento que va mucho m\u00e1s de lo que exige la ley colombiana, que es la de tener la diligencia y cuidado que le es exigible a un buen padre de familia\u00bb, reclam\u00e1ndole \u00abuna actividad personal de vigilancia sobre el bien, el mandatario, la inmobiliaria, la sociedad comercial arrendadora y los subarrendatarios\u00bb. <\/p>\n
3. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. afirm\u00f3 que la sentencia controvertida se encuentra en firme e hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada y que el tr\u00e1mite de tutela no se instituy\u00f3 para suplir instancias ordinarias; adem\u00e1s, que no se demostr\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio solicitado, tras advertir que el Colegiado accionado resolvi\u00f3 en forma razonada los argumentos expuestos por la entonces recurrente, pues i) excluy\u00f3 las pruebas il\u00edcitas y fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en otros medios legalmente producidos, ii) realiz\u00f3 un estudio de las normas que regulan el mandato y su delegaci\u00f3n y de la gesti\u00f3n de la accionada, de lo cual evidenci\u00f3 que fue negligente en el cuidado y vigilancia de su propiedad y iii) estableci\u00f3 que todos los locales comerciales formaban parte de un mismo bien, con un \u00fanico folio de matr\u00edcula inmobiliaria, por lo cual la medida de extinci\u00f3n deb\u00eda recaer sobre aqu\u00e9l. As\u00ed, consider\u00f3 que la promotora se limit\u00f3 a reiterar las alegaciones presentadas en el proceso primigenio y que, en ese orden, la salvaguarda era inviable, dado que la tutela no era una instancia adicional, para volver a estudiar los temas que fueron objeto de debate en el juicio respectivo. <\/p>\n
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IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
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1. La impuls\u00f3 la parte actora, afirmando que en sede constitucional reiteraba los argumentos expuestos en el proceso ante la persistencia del \u00abvicio claramente inconstitucional\u00bb en la sentencia controvertida, lo cual abr\u00eda paso al excepcional amparo, pues el yerro alegado en el proceso se mantuvo en el fallo. A su vez, insisti\u00f3 en los fundamentos esbozados en el escrito inicial sobre la existencia de los defectos f\u00e1ctico y sustantivo en la providencia atacada. <\/p>\n
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2. Igualmente, la Procuradur\u00eda 320 Judicial II Penal de Bogot\u00e1 present\u00f3 impugnaci\u00f3n, afirmando que era evidente la v\u00eda de hecho en el caso de marras, bajo los mismos fundamentos expuestos en la contestaci\u00f3n de la acci\u00f3n, destacando que la ciudadana extranjera era ajena a los hechos delictivos. Indic\u00f3 que la accionante no se encontraba \u00aben plenitud de sus facultades mentales, que no est\u00e1 en capacidad de desarrollar ninguna actividad laboral y ni siquiera habla el idioma espa\u00f1ol\u00bb y resalt\u00f3 el salvamento de voto de la provincia censurada, que \u00abfue pasado por alto en este fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
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V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende la gestora que sean amparados sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con ocasi\u00f3n de las sentencias del 31 de marzo de 2017 y 25 de octubre de 2021, con las cuales el Juzgado y Tribunal accionados decretaron la extinci\u00f3n del derecho de dominio del bien inmueble de su propiedad, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-393585. <\/p>\n
2. En la referida sentencia de segunda instancia, que confirm\u00f3 la extinci\u00f3n del dominio sobre el inmueble de propiedad de la accionante, se planearon como problemas jur\u00eddicos, \u00aben primer lugar, si la actuaci\u00f3n cuenta con pruebas v\u00e1lidas y suficientes para dar por configurado el aspecto objetivo de las causales invocadas por la Fiscal\u00eda; en segundo lugar, analizar si la afectada actu\u00f3 conforme con la funci\u00f3n social de su propiedad o, por el contrario, fue negligente y permiti\u00f3 que \u00e9sta fuera destinada para la comisi\u00f3n de actividades il\u00edcitas y, finalmente, establecer si la decisi\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio es desproporcional\u00bb. <\/p>\n
2.1. Acerca del primero de ellos, el Colegiado convocado refiri\u00f3 que, frente a las pruebas aportadas por la Fiscal\u00eda, en parte, le asist\u00eda \u00abraz\u00f3n a las recurrentes, en el sentido de que, algunas de las diligencias de allanamiento y registro por medio de las cuales se obtuvieron dichas probanzas, fueron declaradas ilegales por el juez de control de garant\u00edas\u00bb, pero fueron tenidas en cuenta por el Juzgado de primera instancia. No obstante, consider\u00f3 que esa irregularidad no ten\u00eda \u00abla virtualidad de variar la decisi\u00f3n de fondo adoptada por el a quo, como quiera que, existieron otras legalmente producidas\u00bb, en las que tambi\u00e9n fund\u00f3 su decisi\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, procedi\u00f3 a enlistar las pruebas declaradas ilegales por los jueces de control de garant\u00edas, esto es, las diligencias de allanamiento realizadas en las actuaciones penales 110016000013201313181 y 110016000031201312742, a \u00ablos locales denominados LOS PRIMOS y CELL SHOP que funcionaban al interior del inmueble\u00bb, que conllevaron \u00aba que la prueba trasladada sea nula de pleno derecho\u00bb y, por tanto, las excluy\u00f3 del juicio de extinci\u00f3n. A continuaci\u00f3n, mencion\u00f3 las \u00abpruebas legales\u00bb, entre ellas, el \u00abinforme No. S-2014\/sijin-uniex.29, del 20 de febrero de 2015\u00bb de la Unidad Investigativa de Extinci\u00f3n de Dominio SIJIN-MEBOG, que daba cuenta de otros allanamientos y registros a ese inmueble (locales 16, 17, 19 y 21), \u00abdando lugar a la captura de varias personas por los delitos de receptaci\u00f3n, da\u00f1o a sistema inform\u00e1tico y manipulaci\u00f3n de equipos terminales m\u00f3viles, como la recuperaci\u00f3n de los equipos de comunicaci\u00f3n que fueron hurtados\u00bb. Igualmente, destac\u00f3 que, con la inspecci\u00f3n a los equipos m\u00f3viles \u00abpor parte del perito de informativa forense y an\u00e1lisis digital de la Unidad de delitos inform\u00e1ticos de la SIJIN Bogot\u00e1 (\u2026), se constat\u00f3 que sus sistemas de informaci\u00f3n, datos inform\u00e1ticos y componentes l\u00f3gicos como lo son sus n\u00fameros de IMEI, presentaban da\u00f1o, borrado y alteraci\u00f3n\u00bb. Trajo a colaci\u00f3n la noticia criminal 110016000057201400357, en la que se realizaron labores de campo y de verificaci\u00f3n en compa\u00f1\u00eda de un informante, quien posteriormente, bajo la gravedad de juramento, manifest\u00f3 que en tres de esos locales comerciales compraban y vend\u00edan celulares hurtados, entre estos, el denominado Servitablet, que no contaba con matr\u00edcula mercantil ni autorizaci\u00f3n para su funcionamiento. <\/p>\n
Entre otras actuaciones penales citadas2, relacion\u00f3 los allanamientos efectuados con ocasi\u00f3n de la noticia criminal 110016000057201500016 a los locales 10, 11, 18, 32, 33A, 39 y otros dos establecimientos -sin n\u00famero que los identificara-, en que se encontraron celulares y otros dispositivos con reporte de hurto o borrado y da\u00f1o en sus componentes de informaci\u00f3n, como el n\u00famero de identificaci\u00f3n IMEI, de acuerdo con el peritaje realizado. De las diligencias referenciadas, el Tribunal indic\u00f3 que fueron legalizadas ante los jueces de control de garant\u00edas, \u00abPor manera que, no es cierto, como lo afirman las recurrentes, que el a quo fundament\u00f3 la decisi\u00f3n que se revisa con base \u00fanicamente en pruebas il\u00edcitas o ilegales\u00bb, pues de las relacionadas se demostraban3 las actividades il\u00edcitas de \u00abreceptaci\u00f3n, da\u00f1o inform\u00e1tico y manipulaci\u00f3n de equipos terminales m\u00f3viles que se realizaban en el inmueble\u00bb, en forma permanente \u00abcomo m\u00ednimo desde el a\u00f1o 2012 hasta el momento en que se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro, el 9 de septiembre de 2015\u00bb, las cuales configuraban \u00ablas causales 5\u00aa y 6\u00aa de destinaci\u00f3n il\u00edcita (causal b\u00e1sica), contempladas en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio\u00bb, sin que se requiera, para ello, \u00abla existencia del delito previo, fuente o subyacente al de receptaci\u00f3n, en este caso, el punible de hurto\u00bb. <\/p>\n
2.2. En cuanto al segundo problema jur\u00eddico a resolver, esto es, el aspecto subjetivo de las causales de extinci\u00f3n, consider\u00f3 que, de acuerdo con el certificado de tradici\u00f3n del inmueble, la propietaria era Anne Emmanuelle S\u00e1enz Garrel y que dada su residencia fuera de Colombia \u00abotorg\u00f3 poder especial desde el a\u00f1o 1992 y poder general desde el 28 de mayo de 1997, al doctor Alberto Hern\u00e1ndez Mora (q.e.p.d), para que la representara en Colombia y le administrara sin limitaci\u00f3n alguna el inmueble objeto de extinci\u00f3n de dominio\u2026\u00bb. El apoderado, a su vez, deleg\u00f3 la administraci\u00f3n del bien a ABG Consorcio Inmobiliario S.A. Posteriormente, a causa de la muerte del abogado, el 5 de febrero de 2004, otorg\u00f3 poder especial a Patricia, Carolina Ann y Rodrigo Hern\u00e1ndez Macneill \u00abpara que continuaran represent\u00e1ndola en Colombia y administrando su bien ra\u00edz, sin limitaci\u00f3n alguna, hasta el 31 de diciembre de 2007\u00bb y el 13 de mayo de 2008 otorg\u00f3 poder general al \u00faltimo de los nombrados. <\/p>\n
Estableci\u00f3 que, sobre el predio, la mencionada inmobiliaria suscribi\u00f3 contrato de arrendamiento con la sociedad Pasaje Comercial de la Sabana Ltda., que empez\u00f3 a regir el 15 de diciembre de 2004, para que fuera destinado \u00ab\u00fanicamente\u00bb para servicios de comunicaci\u00f3n y mensajer\u00eda y con obligaci\u00f3n expresa de no subarrendar. El Tribunal encontr\u00f3 que, \u00abcon el conocimiento y autorizaci\u00f3n del referido representante, el inmueble fue dividido en 78 m\u00f3dulos o locales comerciales, por la sociedad arrendataria\u00bb y que esta los subarrend\u00f3 para la venta y servicio t\u00e9cnico de celulares. Luego, su administraci\u00f3n pas\u00f3 a la inmobiliaria Invermetros S.A.S., que, por acuerdo con el representante Macneil, celebr\u00f3 contrato de arrendamiento con el Consorcio Comercial Calle 13 S.A.S. \u00aby se cambi\u00f3 el concepto de subarrendamiento de locales comerciales al de concesi\u00f3n de m\u00f3dulos\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, dado que la afectada deleg\u00f3 la administraci\u00f3n del inmueble, el Colegiado precis\u00f3 que el contrato de mandato (art\u00edculo 2142 del C\u00f3digo Civil), en virtud del art\u00edculo 2161 del mismo estatuto, puede ser a su vez delegado, como ocurri\u00f3 entre el apoderado y la inmobiliaria, pues adem\u00e1s la delegaci\u00f3n estaba expresamente autorizada en la escritura del poder general, por lo que, de manera alguna, \u00abresulta reprochable la delegaci\u00f3n de la administraci\u00f3n del inmueble realizada por la afectada a su representante se\u00f1or Rodrigo Hern\u00e1ndez Macnell, como tampoco la delegaci\u00f3n que \u00e9ste, a su vez, efectu\u00f3 en cabeza de las sociedades inmobiliarias AGB Consorcio inmobiliario e Invermetros\u00bb, m\u00e1xime que, seg\u00fan indic\u00f3 la demandada en su declaraci\u00f3n, \u00abconoc\u00eda la delegaci\u00f3n de la administraci\u00f3n del inmueble realizada por su representante en Colombia, Rodrigo Hern\u00e1ndez Macneill, ratificando con ello, la gesti\u00f3n de la sociedad inmobiliaria\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior coligi\u00f3 que \u00abel encargo encomendado siempre es bajo la responsabilidad y riesgo del mandante\u00bb, quien no traslada al comisionado la titularidad del derecho de dominio y, por tanto, conserva sus responsabilidades respecto del patrimonio, como el deber de vigilancia, que \u00abse incrementa en trat\u00e1ndose de la administraci\u00f3n de bienes muebles o inmuebles, en la medida en que \u00e9stos, por virtud del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica cumplen una funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica, por manera que, cualquier explotaci\u00f3n o provecho econ\u00f3mico que se busque con el mismo debe estar en armon\u00eda con los intereses de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, destac\u00f3 que las pruebas documentales y testimoniales \u00abindican que la afectada nunca mostr\u00f3 una actitud diligente frente a los deberes de cuidado y vigilancia (\u2026) mostrando que su \u00fanico inter\u00e9s, era recibir las sumas dinerarias que le generaban la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble\u00bb; y aclar\u00f3 que no reprochaba la posibilidad de explotar econ\u00f3micamente sus bienes, sino el incumplimiento de sus deberes y desidia frente a su control, pues nunca se preocup\u00f3 por verificar que el encargo se estuviera cumpliendo de manera adecuada por sus mandatarios, \u00absin desconocer que uno de ellos fue un importante jurista Colombiano y la trayectoria y experiencia en el mercado inmobiliario de las sociedades delegadas, adem\u00e1s, legalmente constituidas\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que tal negligencia no se superaba con \u00abencomendar la administraci\u00f3n del inmueble o fijar unas reglas precisas en el contrato de mandato, administraci\u00f3n o arrendamiento\u00bb ni con la estipulaci\u00f3n contractual que prohib\u00eda la destinaci\u00f3n del inmueble para actividades il\u00edcitas, pues su deber, aparte de seleccionar con esmero a las personas a quienes deleg\u00f3 tan importante tarea, era \u00abtambi\u00e9n vigilar que la labor encomendada se estuviera realizando de manera diligente\u00bb. <\/p>\n
Memor\u00f3 que en el \u00abtestimonio\u00bb rendido por la accionante \u00abafirm\u00f3 que nunca le dio instrucciones a sus comisionados, ni puso restricciones a la administraci\u00f3n del inmueble; ello, porque ten\u00eda plena confianza en aquellos\u00bb y que \u00abni siquiera ten\u00eda conocimiento que su inmueble estaba siendo arrendado por locales a una actividad comercial, pues pensaba que los mismos estaban siendo destinados para vivienda y, por ello mismo, tampoco sab\u00eda a qui\u00e9n se le hab\u00eda entregado la tenencia de su propiedad\u00bb, pese a que el contrato suscrito entre AGB Consorcio Inmobiliaria y la sociedad arrendataria se llev\u00f3 a cabo por m\u00e1s de 10 a\u00f1os, desde el 2004 hasta el 2015, cuando se materializ\u00f3 la medida cautelar de secuestro sobre el inmueble y, \u00abpor tanto, resulta reprochable que durante el tiempo que se extendi\u00f3 el arrendamiento, una d\u00e9cada, ni siquiera haya indagado sobre ese aspecto (\u2026) si la se\u00f1ora S\u00c1ENZ GARREL ni siquiera sab\u00eda para qu\u00e9 iba a ser arrendado su inmueble, mucho menos pod\u00eda ejercer control y direcci\u00f3n sobre sus mandatarios a fin de que \u00e9stos realizaran de forma adecuada las tareas delegadas de cuidando y vigilando frente a su propiedad\u00bb. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, evidenci\u00f3 que la rendici\u00f3n de cuentas que le hac\u00edan sus comisionados (apoderado e inmobiliaria) era meramente dineraria, permitiendo que estos, \u00abigualmente, actuaran de forma negligente frente a la custodia del inmueble\u00bb, pues, conforme con lo declarado por Luis Gil Pinto, administrador de la sociedad arrendataria, \u00abaquellos eran conocedores de la manera c\u00f3mo se estaban dando en tenencia los locales comerciales\u00bb, pero no verificaron si los tomadores contaban con los requerimientos exigidos a un establecimiento que comercia equipos terminales m\u00f3viles, \u00abtales como, el Registro \u00danico Tributario -RUT-, el Certificado de C\u00e1mara de Comercio vigente, y principalmente, la autorizaci\u00f3n que sobre el particular emite el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones\u00bb, aumentando el riesgo de destinaci\u00f3n il\u00edcita del bien, m\u00e1xime que, de acuerdo con las declaraciones juramentadas de los vecinos del inmueble, exist\u00edan rumores acerca de que all\u00ed \u00abse vend\u00edan celulares, tablets y dem\u00e1s dispositivos tecnol\u00f3gicos procedentes de hurtos\u00bb y que era de p\u00fablico conocimiento el hurto de celulares y su posterior venta \u00abprincipalmente en la zona centro de la ciudad\u00bb. En ese sentido, destac\u00f3 que, \u00abante tal omisi\u00f3n a todas luces negligente, los mandatarios de la afectada sin duda crearon un riesgo frente a la destinaci\u00f3n que pudiera d\u00e1rsele al inmueble, esto es, la venta de celulares hurtados, pese a que dicha actividad il\u00edcita era f\u00e1cilmente previsible, pues, si los tomadores de los locales comerciales no contaban con el permiso de la autoridad competente, lo m\u00e1s probable es que la mercanc\u00eda tecnol\u00f3gica que fueran a comercializar, tuviera un origen il\u00edcito\u00bb (Se subraya).4 <\/p>\n
2.3. Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad de la decisi\u00f3n de extinci\u00f3n de la totalidad de predio, se\u00f1al\u00f3 que, \u00absi bien el inmueble visualmente est\u00e1 dividido en varias \u00e1reas destinadas a locales comerciales y s\u00f3lo en algunos de ellos se realizaron las conductas il\u00edcitas ya estudiadas, lo cierto es que, todos \u00e9stos espacios en su conjunto forman parte del inmueble vinculado el cual cuenta con un \u00fanico y exclusivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria, conformando un solo globo de terreno\u00bb, el cual no ha sido dividido conforme a lo establecido en la Ley 1579 de 2012. <\/p>\n
3. En principio, para esta Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, resulta razonable en relaci\u00f3n con el aspecto objetivo relativo al desarrollo de actividades il\u00edcitas durante los a\u00f1os 2012 a 2015 en algunos de los locales que integraban en inmueble de la tutelante, consistentes en la comercializaci\u00f3n de tel\u00e9fonos celulares procedentes del delito de hurto, de acuerdo con las pruebas mayoritariamente allegadas que s\u00ed eran legales, dado que las ilegales fueron excluidas para establecer dicha circunstancia, por lo que, en ese aspecto, no se advierte el yerro alegado por la tutelante. <\/p>\n
Empero, el amparo impetrado s\u00ed se abre paso, toda vez que no se sustent\u00f3 razonadamente el factor subjetivo frente a la persona afectada, en particular, lo relativo a los deberes de selecci\u00f3n, vigilancia, cuidado, a la buena fe y confianza leg\u00edtima, seg\u00fan las especiales condiciones de la demandada, entre otras, persona de especial protecci\u00f3n constitucional. Aunado a que la motivaci\u00f3n expuesta se vislumbra incoherente frente a las conclusiones por las cuales se confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. A guisa de ejemplo, se le enrostra a la gestora su distancia frente a los mandatarios, se desconoce de manera importante el alcance del contrato de mandato y se omite precisar el contenido de lo que deber\u00eda recibirse como un comportamiento diligente de un mandante \u2013en virtud de un contrato de mandato-. Igual irregularidad se advierte en torno a la proporcionalidad de la decisi\u00f3n, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
4. El art\u00edculo 3 de la Ley 1708 de 2014 consagra que \u00abLa extinci\u00f3n de dominio tendr\u00e1 como l\u00edmite el derecho a la propiedad l\u00edcitamente obtenida de buena fe exenta de culpa y ejercida conforme a la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica que le es inherente\u00bb. Por su parte, el art\u00edculo 7 ibidem establece que \u00abSe presume la buena fe en todo acto o negocio jur\u00eddico relacionado con la adquisici\u00f3n o destinaci\u00f3n de los bienes, siempre y cuando el titular del derecho proceda de manera diligente y prudente, exenta de toda culpa\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
4.1. Frente al primer aspecto, esto es, que la propiedad objeto de extinci\u00f3n hubiera sido obtenida l\u00edcitamente y con buena fe exenta de culpa, no existe controversia, pues el Tribunal verific\u00f3 que el inmueble le fue adjudicado a la accionada, por sentencia judicial de sucesi\u00f3n emitida por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 26 de octubre de 1989. Tambi\u00e9n se advierte que fue pac\u00edfico, o por lo menos no se hizo exposici\u00f3n alguna en la providencia atacada en sentido contrario, el hecho que la demandada y titular del derecho de dominio no fue la persona que, directamente, ejecut\u00f3 las actividades il\u00edcitas y mucho menos hay evidencia de que las hubiera autorizado y consentido expresamente, pues el Tribunal convocado, incluso, acepta que no las conoc\u00eda y que fue la negligencia en el deber de vigilancia lo que le impidi\u00f3 tener ese conocimiento e impedir dicha circunstancia. <\/p>\n
4.2. Por su parte, sobre el ejercicio de la propiedad privada, seg\u00fan la funci\u00f3n social que le asiste y las obligaciones derivadas de esta, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no puede perderse de vista que en el asunto se deb\u00eda analizar la buena fe negocial y que esta fuera exenta de culpa. <\/p>\n
Ahora, para los procesos de extinci\u00f3n de dominio, tampoco puede perderse de vista que, a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 7\u00ba, la buena fe se presume en todo acto o negocio jur\u00eddico relacionado con la destinaci\u00f3n de los bienes, cuando el titular derecho ha procedido de manera diligente y prudente, actuaciones que deben ser exentas de toda culpa, connotaci\u00f3n que no es menor, pues sin duda tiene una especial relevancia en el aspecto subjetivo de quien es el afectado en dichos tr\u00e1mites. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha considerado, respecto de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, que: <\/p>\n
\u00abLa Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece en su art\u00edculo 34 la posibilidad de que, mediante sentencia judicial, se declare extinguido el dominio \u2018sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento il\u00edcito, en perjuicio del Tesoro P\u00fablico o con grave deterioro de la moral social\u2019. <\/p>\n
Esta norma, constituye el fundamento constitucional de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, la cual fue regulada por el legislador inicialmente mediante la Ley 333 de 1996, luego con el Decreto Legislativo 1975 de 2002, posteriormente con la Ley 793 de 2002 y, por \u00faltimo, a trav\u00e9s de la Ley 1708 de 2014, \u2018Por medio de la cual se expide el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio\u2019. <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 15 de ese \u00faltimo estatuto, el proceso de extinci\u00f3n de dominio es \u2018una consecuencia patrimonial de actividades il\u00edcitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaraci\u00f3n de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestaci\u00f3n ni compensaci\u00f3n de naturaleza alguna para el afectado\u2019. <\/p>\n
Se trata, seg\u00fan lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, de una acci\u00f3n real de contenido patrimonial, que tiene por objeto la determinaci\u00f3n de si hay lugar o no a declarar la extinci\u00f3n de los derechos reales de los particulares sobre bienes muebles e inmuebles, a favor del Estado, sin que exista ning\u00fan tipo de pago o de compensaci\u00f3n para su titular\u2026 <\/p>\n
Tanto las normas a trav\u00e9s de las cuales se ha regulado la extinci\u00f3n de dominio como la jurisprudencia que se ha producido sobre la materia, han se\u00f1alado que la aplicaci\u00f3n de esta figura no puede en ning\u00fan caso desconocer la situaci\u00f3n de terceros que, actuando de buena fe, han adquirido derechos sobre bienes que se ven involucrados en procesos de esa naturaleza. <\/p>\n
Y, posteriormente, en la Ley 1708 de 2014, actualmente vigente y mediante la cual se expidi\u00f3 el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, se sigue reconociendo la protecci\u00f3n de los terceros que adquirieron derechos sobre bienes que luego resultan inmersos en un proceso de extinci\u00f3n de dominio, estableci\u00e9ndolo como l\u00edmite a la posibilidad de declarar la extinci\u00f3n y previendo una presunci\u00f3n general de buena fe que debe ser desvirtuada [5] (CC T-821-2014, se subraya). <\/p>\n
En materia de la buena fe en las relaciones negociales, la Sala ha considerado que es un principio que irradia todas las fases del contrato, desde la selecci\u00f3n hasta la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo y que se rige bajo distintos postulados como la diligencia, lealtad, transparencia, confianza leg\u00edtima y profesionalismo, seg\u00fan el caso. As\u00ed, por ejemplo, al analizar un contrato de fiducia, se precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abA tono con la doctrina nacional, \u2018la buena fe indica que cada cual debe celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, ejercer sus derechos, mediante el empleo de una conducta de fidelidad, o sea por medio de la lealtad y sinceridad que imperan en una comunidad de hombres dotados de criterio honesto y razonable\u20196, y se manifiesta de manera activa, en tanto cada persona debe usar con quien establece una relaci\u00f3n jur\u00eddica, una conducta sincera y ajustada a las exigencias del decoro social, y pasiva, en la medida que tiene derecho a esperar de la otra esa misma lealtad o fidelidad. <\/p>\n
Del principio de buena fe emergen otras reglas accesorias o agregadas que igualmente tienen fuerza vinculante, conocidas como normas o \u2018deberes secundarios de conducta\u2019 que hacen parte del contenido de la obligaci\u00f3n as\u00ed no hayan sido pactadas expresamente en la convenci\u00f3n. Para Stiglitz, \u00e9stas se explican en la distinci\u00f3n existente entre las prestaciones principales y aquellas otras que las complementan como manifestaciones de ese principio y son \u2018el car\u00e1cter m\u00e1s saliente de la buena fe contractual que se traduce en categor\u00edas gen\u00e9ricas, como ser la cooperaci\u00f3n y lealtad, y en directivas espec\u00edficas que operan como desprendimientos de las anteriores por ejemplo, la informaci\u00f3n, la confianza, la fidelidad, el compromiso, la capacidad de sacrificio, el auxilio a la otra parte, etc\u00e9tera\u20197\u00bb (SC5430-2021, expediente 2014-01068-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Es la misma buena fe simple pero acompa\u00f1ada de una conducta objetiva externa que ofrece certeza jur\u00eddica, as\u00ed sea aparente, porque se funda en la creencia invencible de que no se est\u00e1 incurriendo en culpa o fraude; no obstante, esta acompa\u00f1ada de un comportamiento diligente y, por estas razones, tambi\u00e9n es conocida como la teor\u00eda de apariencia de derechos, por virtud de la cual lo irreal se transforma en real, simb\u00f3licamente, generando efectos jur\u00eddicos ante los asociados, pero merced a la ejecuci\u00f3n de actos positivos. <\/p>\n
Esta modalidad va m\u00e1s all\u00e1 de la buena fe simple, puesto que debe acompa\u00f1arse de actividades que la transformen y permitan atribuirle el predicado de calificada, porque la persona debe cerciorarse de que su comportamiento corresponde a la verdad y se ajusta al ordenamiento; de ah\u00ed que, por esa otra circunstancia, sea fuente creadora de derecho as\u00ed este edificada en el error o en la apariencia, motivo por el cual, se itera, es el fundamento del principio error communis facit ius. <\/p>\n
En el punto, expresa la Corte Constitucional colombiana: <\/p>\n
\u2018Tal m\u00e1xima indica que, si alguien en la adquisici\u00f3n de un derecho o de una situaci\u00f3n comete un error o equivocaci\u00f3n creyendo adquirir un derecho o colocarse en una situaci\u00f3n jur\u00eddica protegida por la ley, resulta que tal derecho o situaci\u00f3n no existen por ser meramente aparentes normalmente y de acuerdo con lo que se dijo al exponer el concepto de la buena fe simple, tal derecho no resultar\u00e1 adquirido. Pero si el error o equivocaci\u00f3n es de tal naturaleza que cualquier persona prudente y diligente tambi\u00e9n lo hubiera cometido, por tratarse de un derecho o situaci\u00f3n aparentes, pero en donde es imposible descubrir la falsedad o no existencia, nos encontramos forzosamente, ante la llamada buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa (\u2026)\u2019 (Corte Constitucional, Sentencia C-131, 2004)8\u00bb (SC4158-2021, expediente 2015-00393-00, se subraya). <\/p>\n
En efecto, como se sabe, el concepto de buena fe exenta de culpa impone una conducta cualificada -que no se reduce a la buena fe simple o puro estado de conciencia-, pero la reclamada conducta diligente o prudente -como deber jur\u00eddico- no puede equivaler a un comportamiento inveros\u00edmil, pues quien debe acreditar dicha condici\u00f3n no est\u00e1 obligado a lo imposible. As\u00ed las cosas, se impone un ejercicio de comparaci\u00f3n entre dos comportamientos, la diligencia de un sujeto hipot\u00e9tico puesto en similares condiciones y la conducta ofrecida por el implicado en el caso concreto, en especial, para el caso concreto, dadas las particularidades que se advirtieron en el asunto, considerando comportamientos humanos claros, viables y posibles -en t\u00e9rminos f\u00edsicos y jur\u00eddicos-. <\/p>\n
4.3. Ahora bien, sobre el mandato, no cabe duda que est\u00e1 revestido, entre otras, de las siguientes caracter\u00edsticas: i) es un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera; ii) puede ser gratuito o remunerado; iii) el mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo; iv) no confiere naturalmente al mandatario m\u00e1s que el poder de efectuar los actos de administraci\u00f3n; v) el mandatario podr\u00e1 delegar el encargo si no se le ha prohibido y est\u00e1 obligado a dar cuenta de su administraci\u00f3n. (arts. 2142, 2143, 2155, 2158, 2181 C.C.). <\/p>\n
De otra parte, frente al contrato de arrendamiento, debe destacarse que impone al arrendatario, entre otros, los siguientes deberes: i) usar el bien, seg\u00fan los t\u00e9rminos o el esp\u00edritu del acuerdo, por lo que no podr\u00e1 hacerla servir a otros objetos que los convenidos o, a falta de convenci\u00f3n expresa, deber\u00e1 utilizarlo solo para los fines a que es naturalmente destinado o que deban presumirse, seg\u00fan las circunstancias del contrato o la costumbre del pa\u00eds; ii) emplear, en la conservaci\u00f3n del bien, el cuidado de un buen padre de familia; iii) responder no s\u00f3lo de su propia culpa sino de las de su familia, hu\u00e9spedes y dependientes (art\u00edculos 1996, 1997, 1999 del C\u00f3digo Civil). Este tipo de contratos se pueden celebrar directamente o a trav\u00e9s de empresas inmobiliarias constituidas para tal fin. <\/p>\n
Sobre los actos profesionales que son objeto de un contrato, asunto que guarda similitud cuando, por ejemplo, una persona contrata un profesional del derecho para que administre sus bienes y \u00e9ste a su vez a un inmobiliaria legalmente constituida, especialidad y acreditada, seg\u00fan la normativa local, \u00abDesde la paradigm\u00e1tica CSJ SC05 mar. 1940, la Corte ha elaborado su jurisprudencia acerca de la responsabilidad de los profesionales, que puede ser de car\u00e1cter contractual o extracontractual, emerge \u2018del principio universal de derecho nemo laederi y comprende y abarca todas las materias concernientes a la actividad humana\u2019, e incluye el da\u00f1o causado en el ejercicio de las denominadas profesiones liberales, que va \u2018desde la negligencia grave hasta el acto doloso9\u2019, en esa direcci\u00f3n, jurisprudencia y doctrina han referido la responsabilidad en que pueden incurrir m\u00e9dicos, abogados, contadores, arquitectos, administradores de sociedades, etc., por incumplimiento de los deberes de las actividades propias de su oficio en esas disciplinas\u00bb (SC5430-2021, expediente 2014-01068-01, se subraya); de este tipo de servicios, en especial, cuando son remunerados, se derivan una serie de deberes como lo son el de informaci\u00f3n, gesti\u00f3n, asesor\u00eda o consejo. <\/p>\n
4.4. Con base en los elementos normativos y jurisprudenciales citados, para la Sala no resultan razonables los argumentos expuestos por el Tribunal accionado ni se advierte suficiente motivaci\u00f3n para desestimar las alegaciones de defensa de la demandada. <\/p>\n
En efecto, qued\u00f3 establecido que la afectada hab\u00eda otorgado poder (especial 1992 y posteriormente general de administraci\u00f3n sin limitaci\u00f3n en 1997) para su representaci\u00f3n y la gesti\u00f3n de sus negocios en este pa\u00eds a un tercero que, seg\u00fan indic\u00f3 el Tribunal, era un \u00abimportante jurista Colombiano\u00bb y quien dio en administraci\u00f3n el inmueble a ABG Consorcio Inmobiliario S.A.10, empresa legalmente constituida, a cambio de una tarifa porcentual por concepto de comisi\u00f3n; fallecido el mandatario, en 2004 trasfiri\u00f3 el poder a sus hijos, mandatarios que tambi\u00e9n recib\u00edan una comisi\u00f3n por sus servicios11. <\/p>\n
Estos aspectos demuestran, sin duda, que tanto para la administraci\u00f3n del inmueble como para la celebraci\u00f3n, desarrollo y terminaci\u00f3n de los contratos de arrendamiento se seleccion\u00f3, con esmero, a un profesional id\u00f3neo y de confianza, pues de otra manera no se concibe que la representaci\u00f3n hubiera durado tantos a\u00f1os e incluso hubiera continuado con sus descendientes. Por su parte, la gesti\u00f3n inmobiliaria tambi\u00e9n fue asignada por su mandatario a una empresa legal y con capacidad para ejecutar la tarea encomendada, siendo relevante resaltar que, de las declaraciones del gerente de la inmobiliaria y del \u00faltimo mandatario12 de la tutelante, no se advierte que \u00e9l ni la arrendadora contratada hubieran avisado irregularidad alguna a aquella antes de enero de 2016. Ello, sumado a que la inmobiliaria suscribi\u00f3 contrato de arrendamiento con otra sociedad legalmente constituida -Pasaje Comercial de la Sabana Ltda.- y que, pese a estar prohibido en el contrato, subarrend\u00f3 los locales. Al respecto, tambi\u00e9n se resalta que en la declaraci\u00f3n del entonces gerente de ABG Consorcio Inmobiliario asever\u00f3 que el estudio sobre los clientes con quienes se suscrib\u00edan los contratos de arrendamientos era aprobado por las aseguradoras contratadas para tal fin, para que respondieran por los incumplimientos de los arrendatarios13, cuesti\u00f3n que en su testimonio ratific\u00f3 el entonces administrador del Centro Comercial -arrendatario del inmueble ante la inmobiliaria-, al indicar que los papeles para poder arrendar el bien con ABG se llevaron a la aseguradora14; Centro Comercial que, a su vez, subarrend\u00f3 el inmueble15, por m\u00f3dulos, mediante distintos contratos16 que, seg\u00fan su dicho, no eran reportados directamente a ABG Consorcio Inmobiliario17, no obstante s\u00ed sab\u00eda de ellos de manera informal en una reuni\u00f3n en la que solicitaron conocer la minuta. <\/p>\n
Ahora bien, el Tribunal accionado cuestion\u00f3 que la tutelante se desentendiera de sus negocios, pues afirm\u00f3 que no impuso instrucciones o condicionamientos a su representante, solo recib\u00eda los reportes de dinero y no se preocup\u00f3 por conocer las actividades que all\u00ed se realizaban; pero no le mereci\u00f3 la relevancia pertinente el hecho que no viviera en el pa\u00eds y hubiera viajado a \u00e9ste solo para la firma de poderes, que no hablara espa\u00f1ol y que sus mandatarios ni la inmobiliaria le hubieran advertido alguna anomal\u00eda que pudiera ser una se\u00f1al de alerta, en tanto, el Colegiado convocado se sujet\u00f3 a determinar que debi\u00f3 ejercer control y vigilancia. <\/p>\n
No desconoce la Sala ese deber de vigilancia y, por su puesto, aqu\u00e9l podr\u00eda ser m\u00e1s exigente si se trata de un nacional residente en el pa\u00eds y ciudad d\u00f3nde se desarrollan los negocios, con experiencia o conocimiento concreto del entorno, pero \u00bfqu\u00e9 otra debida diligencia -m\u00e1s all\u00e1 del esmero en la designaci\u00f3n de un representante id\u00f3neo y una inmobiliaria con capacidad legal- podr\u00eda tener una persona extranjera, que no reside en el pa\u00eds, no habla el idioma, ni conoce la actividad comercial e, incluso, puede desconocer el contexto cultural, social, econ\u00f3mico, de violencia o las actividades il\u00edcitas, de delincuencia com\u00fan y la criminolog\u00eda de la ciudad respectiva, en tanto le es un ambiente totalmente ajeno?; m\u00e1s a\u00fan, si el propio mandatario dijo en su declaraci\u00f3n que antes de la noticia que recibi\u00f3 de los allanamientos -en septiembre de 2015- no conoc\u00eda de irregularidades18, que no percibi\u00f3 actividades il\u00edcitas19 en el inmueble en las visitas realizadas para reportar a su mandante y que, adem\u00e1s, despu\u00e9s de ser informado sobre lo ocurrido en el mes y a\u00f1o citados, tambi\u00e9n decidi\u00f3 demorarse en darle a conocer ese hecho a la poderdante hasta enero de 2016, porque pens\u00f3 que \u00e9l pod\u00eda arreglar el problema sin \u00abtraumatizar\u00bb a la propietaria. <\/p>\n
En criterio del Tribunal, la actora debi\u00f3 preocuparse de acudir al inmueble y verificar el estado de funcionamiento, omisi\u00f3n que, seg\u00fan su dicho, revelaba una actitud desinteresada en lo relativo a la funci\u00f3n social de este, pero advierte esta Sala que dicha actividad no hubiera podido ser suficiente, con las condiciones personales ya referidas, pues en una visita al sitio ella no hubiera podido establecer que el comercio de celulares realizado en algunos locales era ilegal, ni hablar con los vecinos, ni conocer el contexto de la zona; m\u00e1xime que no fue en los 78 locales que se comprob\u00f3 el desarrollo de hechos delictivos, pues en algunos de ellos, seg\u00fan se desprende de las actuaciones procesales allegadas, se desarrollaban otro tipo de actividades l\u00edcitas20, por lo que los hechos ilegales no hubieran sido de f\u00e1cil percepci\u00f3n para la propietaria, quien, por supuesto, tampoco hubiera podido realizar una inspecci\u00f3n a los locales, a la mercanc\u00eda ni a la documentaci\u00f3n de funcionamiento. <\/p>\n
Al respecto, el Tribunal advirti\u00f3 que el representante de la afectaba dijo en su declaraci\u00f3n que visitaba el lugar con la inmobiliaria, pero con ello, para el Colegiado de conocimiento, no se supl\u00edan las labores de vigilancia, pues un control diligente hubiera sido que, de haber \u00abadvertido que el inmueble estaba siendo utilizado de forma ilegal y en conjunto con la inmobiliaria y de ser necesario con el acompa\u00f1amiento de la Polic\u00eda Nacional, haber tomado acciones positivas y eficaces en aras de evitar que se continuara con esos il\u00edcitos, no obstante, se insiste, la negligencia fue de tal magnitud, que nunca les import\u00f3 ejercer actos de conservaci\u00f3n frente al inmueble\u00bb; sin embargo, esa gesti\u00f3n diligente no pod\u00eda ser exigible a la mandante en este caso concreto, si no era avisada de dichas circunstancias por su mandatario o la empresa inmobiliaria y tampoco pod\u00eda imput\u00e1rsele que toler\u00f3 dichas omisiones ni el desarrollo de las actividades il\u00edcitas si no se verific\u00f3 que hubiera tenido conocimiento de las mismas. Por el contrario, de la carta allegada con la contestaci\u00f3n del tr\u00e1mite de extinci\u00f3n, se evidencia que, el 29 de enero de 2016, su apoderado le habr\u00eda informado de la situaci\u00f3n y del curso de dicho proceso y, ante ello, renunci\u00f3 al encargo.21 Y, aunque en el fallo se indic\u00f3 que el administrador de la arrendataria asever\u00f3 que hab\u00eda escuchado rumores sobre la venta de celulares robados de lo cual habr\u00eda informado al mandatario de la tutelante, no hay evidencia de que la mandante hubiera podido sospechar o tener indicios de ese hecho o por lo menos en la sentencia atacada no se hizo menci\u00f3n a pruebas en ese aspecto. <\/p>\n
Por el contrario, en varios a partes de la sentencia censurada, la Sala cognoscente reconoce que el deber de vigilancia y la conducta omisiva estuvo en cabeza de las inmobiliarias y del mandatario de la accionante, pero lo traslada a la propietaria, como si fueran sus dependientes o subordinados, citando en soporte el art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil, porque no deb\u00eda esperar pasivamente una gesti\u00f3n eficaz de aquellos y deb\u00eda incursionar en el conocimiento del pa\u00eds y de sus leyes, reprochando que en 20 a\u00f1os que deleg\u00f3 la administraci\u00f3n del inmueble no hubiera hecho indagaci\u00f3n o averiguaci\u00f3n alguna, argumentos que no tienen sustento frente a la falta de prueba sobre el menor indicio de duda, sospecha o conocimiento, as\u00ed fuera fugaz o somero, de que en algunos locales del inmueble -que no en todos- se desarrollaban actividades ilegales, m\u00e1s a\u00fan, si en 20 a\u00f1os de mandato con sus representantes y 10 a\u00f1os del contrato inmobiliario, nunca se hab\u00eda presentado contratiempo de esta naturaleza, supuesto que, sin lugar a dudas, fue fundamental en la estructuraci\u00f3n de la confianza leg\u00edtima. <\/p>\n
Otro aspecto que no fue considerado por el Tribunal y que merece la atenci\u00f3n de la Sala es que, con la contestaci\u00f3n, la entonces demandada, alleg\u00f3 como prueba un certificado del Centro M\u00e9dico Psicol\u00f3gico de Par\u00eds del 9 de febrero de 2016, en que se indica que, por el estado m\u00e9dico de la se\u00f1ora Anne Emmanuelle Saenz Garrel, no podr\u00eda desplazarse fuera del territorio nacional, pero pod\u00eda ser escuchada22 y, aunque all\u00ed no se registra alg\u00fan diagn\u00f3stico concreto, como se sugiere en la tutela, lo cierto es que, por auto del 4 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, ante lo informado por el apoderado de la afectada, en el sentido que \u00abpodr\u00eda sufrir un \u2018estr\u00e9s traum\u00e1tico que pondr\u00eda en riesgo su salud mental\u2019 durante su pr\u00e1ctica, debido a la presunta patolog\u00eda que presenta asociada a su estado cognitivo psicol\u00f3gico\u00bb, por lo que se orden\u00f3 oficiar a la Secretar\u00eda de Salud de Bogot\u00e1 para que, el d\u00eda de la declaraci\u00f3n, dispusiera de personal m\u00e9dico en las instalaciones del Juzgado que pudiera atender una eventual emergencia. <\/p>\n
5. Ahora bien, en relaci\u00f3n con la proporcionalidad, en tanto se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de todo el inmueble, dado que estaba englobado en una \u00fanica matr\u00edcula inmobiliaria, encuentra la Sala que, pese a que se excluyeron por el ad quem las pruebas contenidas en los allanamientos realizados en algunos de los locales comerciales decretados ilegales, no se corrobor\u00f3 el ejercicio de actividades il\u00edcitas en todos y, adem\u00e1s, se aleg\u00f3 que en el centro comercial hab\u00eda varios m\u00f3dulos que ni siquiera desarrollaban acciones relacionadas con la venta de celulares, pues algunos, por ejemplo, ten\u00edan como fin vender alimentos (restaurante, asadero de pollos)23, no se consider\u00f3 tal circunstancia, esto es, que hubiera 78 locales destinados a diferentes actividades comerciales y ajenas a los delitos investigados, con manejo y administraci\u00f3n independiente e, incluso, algunos de ellos, podr\u00edan haber contado con su propio registro mercantil. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que, de acuerdo con el contrato de administraci\u00f3n de arrendamiento de bien inmueble comercial, suscrito con posterioridad, se contrat\u00f3 con \u00abun (1) solo arrendatario quien deber\u00e1 comprometerse a efectuar la explotaci\u00f3n del inmueble mediante la figura de concesiones de espacios habilitados en el mismo para este efecto, para desarrollar actividades licitas, pac\u00edficas y de bajo impacto de comercio al por menor\u00bb, es decir, que funcional y comercialmente es evidente que el bien tiene una divisi\u00f3n material. <\/p>\n
Sobre el particular, considera la Sala que la Corporaci\u00f3n accionada omiti\u00f3 evaluar cada uno de los allanamientos y hallazgos encontrados, con la finalidad de individualizar las unidades comerciales que resultaron implicadas en la comisi\u00f3n de los delitos, imponiendo, sin motivaci\u00f3n suficiente, la extinci\u00f3n total del inmueble. T\u00e9ngase en cuenta que, al respecto, la demandada en su recurso de apelaci\u00f3n24 aleg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEste inmueble ubicado AC 13 14-43, registrado en el Catastro Distrital con matricula inmobiliaria 50C-393585, englobado en 786 metros cuadrados area de terreno y 1518,40 de area construida (Exp. Cuaderno 1 Pagina 60), comprende varios lotes (\u00abvarias a\u00e9reas\u00bb como explico RODRIGO HERNANDEZ MACNEILL – CD R 25:30) y en particular: un primer piso, 14-45, con un restaurante de polios (como lo acreditaron Rodrigo Hern\u00e1ndez MACNEILL CD R 24:44 y BERNARDO GARCIA CD R 32:51 y 38:13), y 14-53 (contrato de arrendamiento entre ABG y Pasaje de la Sabana de 15 de noviembre 2004) en el cual funcionaban 78 locales comerciales (sobre los cuales se practicaron varias diligencias de allanamiento y registro, en las cuales se relacionaron en la sentencia los hallazgos en 14 diligencias); un segundo piso, 14-57 (contrato de arrendamiento entre ABG y Pasaje de la Sabana de 15 de diciembre 2004) en el que funcionaban un restaurante y otros comercios, como lo declaro BERNARDO GARCIA cuestionado por la Procuradora (CD R 23:43) y la se\u00f1ora Juez (CD R 38:12)\u2026 <\/p>\n
Partiendo del n\u00famero de locales en los que se practicaron allanamientos y se obtuvieron hallazgos que fueron relacionados en la sentencia, es decir, catorce (14) locales, siendo que en el Centro Comercial La Sabana de los 78 locales, tendr\u00edamos una proporci\u00f3n de ni siquiera 18% del inmueble\u00bb (sic). <\/p>\n
Argumentos que no fueron objeto consideraci\u00f3n por parte del ad quem, lo cual es relevante, pues el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1708 de 2014 no define los bienes objeto de extinci\u00f3n por su folio de matr\u00edcula inmobiliaria sino como aquellos que \u00absean susceptibles de valoraci\u00f3n econ\u00f3mica, mueble o inmueble, tangible o intangible, o aquellos sobre los cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial\u00bb. <\/p>\n
6. Acerca de la necesidad de sustentar adecuadamente las providencias judiciales, de vieja data la Corte Constitucional, al ejercer el respectivo control a la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, respecto del art\u00edculo 55, sostuvo: <\/p>\n
\u00abno cabe duda que la m\u00e1s trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideraci\u00f3n (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposici\u00f3n que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma di\u00e1fana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto\u00bb (CC T-233\/07). <\/p>\n
En el mismo sentido, esta Sala ha establecido que la falta de motivaci\u00f3n de una providencia judicial se produce cuando la autoridad judicial accionada no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera insuficiente, parcial o sesgada, lo que lleva a que deba realizarse un nuevo abordaje y definici\u00f3n del caso, en tanto que, \u00abla motivaci\u00f3n de las decisiones constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual esta debe ser, para el asunto concreto, suficiente, es decir, \u2018\u2026la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2013, rad. 00208-01, citada entre otras en STC1903-2021, 1\u00b0 mar. 2021, rad. 00210-00 y STC5517-2022); adem\u00e1s, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de [providencias] en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2008, rad. 00384-00; reiterado, entre otras, en CSJ STC, 10 sep. 2012, rad. 00588-01 y en STC17448-2021). <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, advierte la Sala que el Tribunal accionado, a la hora de analizar el aspecto subjetivo de la responsabilidad de la aqu\u00ed accionante, no despleg\u00f3 una motivaci\u00f3n suficiente a la luz de las figuras de la buena fe exenta de culpa y la confianza leg\u00edtima, y frente a los alcances de la orden de extinci\u00f3n del dominio sobre todo el bien inmueble. <\/p>\n
7.1. En efecto, como se indic\u00f3, desde que a la actora le fue adjudicado el inmueble en un proceso de sucesi\u00f3n deleg\u00f3 su administraci\u00f3n en el a\u00f1o 1992, mediante la suscripci\u00f3n de los poderes y contratos suscritos por sus mandatarios, con personas y empresas id\u00f3neas, con trayectoria y capacidad legal, sin que se reportara anomal\u00eda alguna durante 20 a\u00f1os, circunstancia que, aunada a las espec\u00edficas condiciones personales (extranjera, no residente en el pa\u00eds, ni hispanohablante, con recomendaci\u00f3n psicol\u00f3gica para no realizar desplazamientos fuera del pa\u00eds) pudieron interiorizar el convencimiento de estar actuando de manera diligente, con apego a las normas de un pa\u00eds para ella for\u00e1neo, en el que detentaba una propiedad que le prove\u00eda frutos gracias a la administraci\u00f3n que, -se itera- funcion\u00f3 adecuadamente por dos d\u00e9cadas, lo que la determin\u00f3 a mantener inc\u00f3lume y sin restricci\u00f3n conocida los mandatos, aspectos que, en criterio de la Sala, no est\u00e1n debidamente motivados en la providencia atacada y, por ende, deben ser considerados por el Tribunal accionado frente a la presunci\u00f3n de buena fe y las diligencias realizadas por ella para acreditar que \u00e9sta fue exenta de culpa, seg\u00fan las previsiones de la Ley 1708 de 2014 y el principio de confianza leg\u00edtima. <\/p>\n
En ese sentido, como se explic\u00f3, las exigencias a la tutelante para demostrar su diligencia, en cuanto a que deb\u00eda estar enterada de los detalles sobre el desarrollo de los distintos arrendamientos, estar\u00eda desconociendo la naturaleza del mandato y del propio contrato de gesti\u00f3n inmobiliaria con una empresa con capacidad legal para tal fin, pues estos precisamente son concertados con la finalidad de que otra persona ejerza su representaci\u00f3n y gestione los negocios; m\u00e1xime que tambi\u00e9n hubo otro contrato de arrendamiento25 y, adem\u00e1s, contratos de subarriendo, sin que se pueda o se expongan los motivos para reclamar lo imposible, pues, como se indic\u00f3, no se vislumbra que se haya encontrado evidencia de que los hallazgos de la Fiscal\u00eda hubieran sido previamente conocidos por la afectada o que hubieran podido ser previsibles para ella, pues fue un hecho no rebatido por el Tribunal que la demandada dijo no tener conocimiento alguno al respecto, que la situaci\u00f3n le fue comunicada por su apoderado en enero de 2016 y que las actividades de vigilancia que reproch\u00f3 el Colegiado accionado, por la presunta omisi\u00f3n en el control y tolerancia, ante el total desconocimiento, suposici\u00f3n o indicio de los mismos, no resultan razonablemente imputables a la actora. <\/p>\n
7.2. A su vez, se advierte la necesidad de analizar nuevamente la proporcionalidad de la medida de extinci\u00f3n, seg\u00fan las evidencias del caso, la licitud de las actividades realizadas en distintos locales comerciales del centro comercial que funcionaba en el bien objeto de litis, la definici\u00f3n de bienes de la Ley 1708 de 2014 y la divisi\u00f3n funcional y material del inmueble. <\/p>\n
8. Corolario de lo discurrido, se conceder\u00e1 el amparo, para que la Sala Penal Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en un t\u00e9rmino de 48 horas, deje sin efectos la sentencia del 25 de octubre de 2021 y, en los 15 d\u00edas siguientes, emita una nueva decisi\u00f3n, en la que analice los aspectos subjetivos referidos en esta providencia, relativos a las actuaciones de debida diligencia evidenciadas, el desconocimiento de los hechos aludidos, su deber de vigilancia y cuidado, lo relativo a la presunci\u00f3n de buena fe exenta de culpa, al principio de confianza leg\u00edtima y la proporcionalidad de la medida de extinci\u00f3n sobre todo el bien inmueble. Y, en especial, puesto que este juez constitucional ha conocido las circunstancias especiales de salud de la se\u00f1ora S\u00e1enz, se ordenar\u00e1 que el estudio deba englobar las consideraciones de una persona de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales de la accionante, en consecuencia, se dispone: <\/p>\n
PRIMERO: ORDENAR a la Sala Penal Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que, en un t\u00e9rmino de 48 horas, deje sin efectos la sentencia del 25 de octubre de 2021. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Con Salvamento de Voto) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
(Con Salvamento de Voto) <\/p>\n
(Impedido) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
(Con Salvamento de Voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
NICOL\u00c1S URIBE LOZADA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS DAR\u00cdOVALLEJO OCHOA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que emitieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo proferido el 8 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo invocado por Anne Emmanuelle S\u00e1enz Garrel contra la Fiscal\u00eda 22 de Extinci\u00f3n de Dominio, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio y la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y, en su lugar, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a Sala Penal Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dejar sin efectos la sentencia de 25 de octubre de 2021 y, que, \u00abdentro de los 15 d\u00edas siguientes, emita una nueva decisi\u00f3n, en que analice los aspectos subjetivos referidos en esta providencia y la proporcionalidad de la medida de extinci\u00f3n sobre todo el bien inmueble, seg\u00fan las consideraciones expuestas en esta providencia y resuelva lo pertinente\u00bb. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que soport\u00f3 aduciendo que, el veredicto cuestionado resulta razonable en relaci\u00f3n con el aspecto objetivo relativo al desarrollo de actividades il\u00edcitas durante los a\u00f1os 2012 a 2015 en algunos de los locales que integraban el inmueble de la tutelante; empero, no sustent\u00f3 razonadamente el factor subjetivo de la responsabilidad frente a la persona afectada \u2013la gestora-, en particular, lo concerniente a los deberes de selecci\u00f3n, vigilancia, cuidado, a la buena fe exenta de culpa y la confianza leg\u00edtima. <\/p>\n
Para apoyar esa postura, resalt\u00f3 que qued\u00f3 acreditado que la quejosa, dada su residencia fuera de Colombia, otorg\u00f3 poder general desde el 28 de mayo del a\u00f1o 1997 a un tercero que inclusive, seg\u00fan indic\u00f3 la Corporaci\u00f3n querellada, era un \u00abimportante jurista Colombiano\u00bb para que la representara y administrara sin limitaci\u00f3n alguna el predio objeto de extinci\u00f3n de dominio (escritura p\u00fablica n\u00ba 1522 \u2013 Notar\u00eda 32 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1), quien, a partir del 10 de diciembre del a\u00f1o 1999 deleg\u00f3 la administraci\u00f3n del fundo a ABG Consorcio Inmobiliario S.A. \u00abempresa legalmente constituida\u00bb a cambio de una tarifa porcentual por concepto de comisi\u00f3n y, adem\u00e1s, fallecido ese abogado el 5 de febrero del a\u00f1o 2004 la promotora trasfiri\u00f3 el mandato a los hijos de este para que continuaran con ese encargo, profesionales que tambi\u00e9n recibieron estipendios por la tarea encomendada. <\/p>\n
Igualmente se prob\u00f3 que ABG Consorcio Inmobiliario S.A. sigui\u00f3 con la administraci\u00f3n de la heredad y, en virtud de esa relaci\u00f3n, suscribi\u00f3 contrato de arrendamiento con \u201cPasaje Comercial de la Sabana Ltda.\u201d, luego el 4 de marzo del a\u00f1o 2015 lo hizo con INVERMETROS S.A.S. y por \u00faltimo con \u201cConsorcio Comercial Calle 13 S.A.S\u201d, compa\u00f1\u00eda que tuvo la direcci\u00f3n del inmueble debatido. <\/p>\n
Con ese derrotero, concluy\u00f3 el Ponente que, de los negocios descritos con antelaci\u00f3n, desarrollados para un mejor proveer, se acredit\u00f3 que S\u00e1enz Garrel \u00abseleccion\u00f3 a un profesional id\u00f3neo y de confianza para la administraci\u00f3n\u00bb, es decir que, en s\u00edntesis, actu\u00f3 con diligencia al trasladar la misi\u00f3n de \u00abadministraci\u00f3n\u00bb de su propiedad a personas aptas, con experiencia en ese labor\u00edo y, por ende, la Magistratura enjuiciada debi\u00f3 contraer el an\u00e1lisis del sub judice, de conformidad con los art\u00edculos 3\u00ba y 7\u00ba de la Ley 1708 de 2014, bajo el marco de la \u00abbuena fe negocial y que esta fuera exenta de culpa\u00bb, en consonancia con los principios que irradian las fases contractuales \u00abdiligencia, lealtad, transparencia, confianza leg\u00edtima y profesionalismo\u00bb; sin embargo, contrario sensu, en la resoluci\u00f3n auscultada se tild\u00f3 a la auspiciante de negligente y distante frente a las actividades il\u00edcitas que all\u00ed sucedieron con aquiescencia de los procuradores a quienes design\u00f3. <\/p>\n
2.- No comparto la decisi\u00f3n, principalmente, porque la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en mi criterio, s\u00ed realiz\u00f3 una debida valoraci\u00f3n del material suasorio que reposa en el dossier y s\u00ed se ocup\u00f3 del factor subjetivo de la responsabilidad de Anne Emmanuelle en todo el escenario delictivo investigado. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
En efecto, con fundamento en los art\u00edculos 2142, 2158, 2158 y 2161 del C\u00f3digo Civil, subray\u00f3 que no resultaba reprochable, ni controversial la \u00abdelegaci\u00f3n de la administraci\u00f3n\u00bb del predio realizada por la peticionaria a su representante a quien remuneraba como contraprestaci\u00f3n, ni la \u00abdelegaci\u00f3n\u00bb que \u00e9ste, a su vez, efectu\u00f3 en las sociedades inmobiliarias, puesto que \u00abla ley, acepta la delegaci\u00f3n, previendo que no siempre el mandatario pueda ejecutar directamente el mandato\u00bb, m\u00e1xime cuando en el caso examinado se verific\u00f3 la autorizaci\u00f3n de la propietaria en los instrumentos notariales que daban cuenta de su anuencia. <\/p>\n
Lo cuestionable respecto a esas actividades negociales, es que no eran suficientes para establecer que oper\u00f3 de manera acuciosa con el fin de impedir que el bien fuera utilizado il\u00edcitamente; ello, en tanto que, \u00abla responsabilidad del mandante no se limita a la que abarca el \u00e1mbito interno del contrato de mandato, pues, en cabeza de \u00e9ste, cabe una responsabilidad especial, indirecta o refleja frente a terceros por los da\u00f1os causados por sus dependientes, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil: \u201ctoda persona es responsable, no s\u00f3lo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el da\u00f1o, sino del hecho de aquellos que estuviesen a su cuidado\u201d\u00bb. <\/p>\n
En sinergia de lo anterior, esta Sala ha sostenido que a voces del canon 2347 \u00eddem, aun cuando una persona, en su propio inter\u00e9s, encarga a otra el ejercicio de una funci\u00f3n, de una empresa o de cualquier otra tarea adquiriendo la calidad de subordinado y\/o dependiente, la principal sigue conservando la autoridad para orientar y controlar la acci\u00f3n a desempe\u00f1ar y, por ende, no se desliga, ni desaparece su responsabilidad por hechos da\u00f1osos que se puedan presentar en el cumplimiento de esa gesti\u00f3n confiada (CSJ Sentencia 021-96 del 15 de marzo de 1996), premisa que permite colegir que, como la responsabilidad del comitente se deriva de \u00abla propia culpa al elegir (in eligendo) o al vigilar (in vigilando)\u00bb (CSJ Sentencia del 16 de julio de 1985), en el evento de que aquel pretenda eximirse de dicho acto perjudicial, deber\u00e1 probar los tr\u00e1mites juiciosos que hizo, todo ello, en aras de evitar permisividad, tolerancia o negligencia en las conductas de los intermediarios. <\/p>\n
Lo que significa que el mandante correr\u00e1 el riesgo al transferir su carga a otro, puesto que \u00e9ste intervendr\u00e1 a su nombre y ejercer\u00e1 sus funciones, de ah\u00ed la importancia de filtrar la escogencia de esa persona que tenga las aptitudes y monitorear siempre su ejercicio, m\u00e1s a\u00fan cuando lo delegado involucra la administraci\u00f3n de bienes muebles o inmuebles, los cuales tienen por antonomasia una funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica al tenor del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Volviendo al sub lite, la Colegiatura confutada luego de revisar los elementos de convicci\u00f3n incorporados en el infolio, no evidenci\u00f3 los postulados del ius ecogendi y el ius vigilandi en cabeza de la propietaria, habida cuenta que mostr\u00f3 como \u00ab\u00fanico inter\u00e9s, recibir las sumas dinerarias que le generaban la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble\u00bb, raciocinio que se extrajo a partir del interrogatorio que rindi\u00f3, en el que afirm\u00f3 que durante el tiempo que se extendi\u00f3 el contrato, casi una d\u00e9cada, \u00abni siquiera ten\u00eda conocimiento que su inmueble estaba siendo arrendado por locales a una actividad comercial, pues pensaba que los mismos estaban siendo destinados para vivienda y, por ello mismo, tampoco sab\u00eda a qui\u00e9n se le hab\u00eda entregado la tenencia de su propiedad\u00bb. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto la decisi\u00f3n recriminada lejos estuvo de antojadiza, sesgada o caprichosa, por el contrario, resulta razonable de cara a las probanzas, de las cuales no se logr\u00f3 establecer el factor subjetivo de la responsabilidad frente a la persona afectada \u2013la querellante-, esto es, lo relativo a sus deberes de selecci\u00f3n, vigilancia y cuidado en la delegaci\u00f3n que hizo para la administraci\u00f3n del fundo que fue objeto de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02602-01 <\/p>\n
1. Con el mayor respeto hacia las decisiones adoptadas por esta Sala de la Corte, difiero de la postura sostenida con el fallo que dirimi\u00f3, en senda de impugnaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela de la referencia, toda vez que el veredicto del fallador a-quo, denegatorio de la protecci\u00f3n constitucional rogada, debi\u00f3 confirmarse. <\/p>\n
2. Para el suscrito refulge di\u00e1fana la vocaci\u00f3n de improsperidad de la salvaguarda implorada, habida cuenta que m\u00e1s all\u00e1 de que se pudieran compartir los argumentos expuestos por la Colegiatura acusada en la decisi\u00f3n que se le critica, lo cierto es que el suscrito no encuentra que en ella se haya incurrido en arbitrariedad aberrante alguna que impusiera la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Al respecto, la sentencia de 25 de octubre de 2021 emitida por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio criticada, tras hacer referencia a los hechos probados y al contrato de mandato, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el hecho de que la afectada haya encargado la administraci\u00f3n de su inmueble a terceras personas a quienes remuneraba como contraprestaci\u00f3n de la tarea asignada, no resulta suficiente, como lo plantean las recurrentes, para acreditar que la aludida se\u00f1ora actu\u00f3 de manera diligente a fin de evitar que su propiedad fuera utilizada il\u00edcitamente, como pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino, la responsabilidad del mandante no se limita a la que abarca el \u00e1mbito interno del contrato de mandato, pues, en cabeza de \u00e9ste, cabe una responsabilidad especial, indirecta o refleja frente a terceros por los da\u00f1os causados por sus dependientes… <\/p>\n
En el presente asunto, como acertadamente lo consider\u00f3 el a quo, las pruebas documentales como testimoniales aportadas al proceso indican que la afectada nunca mostr\u00f3 una actitud diligente frente a los deberes de cuidado y vigilancia que constitucionalmente le fueron asignados a fin de procurar el cumplimiento de la funci\u00f3n social inherente a su propiedad, mostrando que su \u00fanico inter\u00e9s, era recibir las sumas dinerarias que le generaban la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble. <\/p>\n
Es de aclarar que aqu\u00ed no se discute la posibilidad que tienen las personas de explotar econ\u00f3micamente sus bienes para acrecentar su haber patrimonial, lo que se recrimina es que la propiedad, en vez de cumplir con los fines constitucionales que le han sido asignados, se haya constituido en instrumento para la realizaci\u00f3n de actividades delictivas. <\/p>\n
En efecto, si bien la afectada obrando dentro de las facultades que le otorga la ley colombiana deleg\u00f3 la administraci\u00f3n del inmueble, lo cierto es que nunca se preocup\u00f3 por verificar que tal encargo se estuviera cumpliendo de manera adecuada por sus mandatarios; pues le compet\u00eda exigir en la administraci\u00f3n del inmueble no \u00fanicamente lo tendiente a los ingresos que la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica que su propiedad le generaban, sino a su vez, que sus mandatarios, sin desconocer que uno de ellos fue un importante jurista Colombiano y la trayectoria y experiencia en el mercado inmobiliario de las sociedades delegadas, adem\u00e1s, legalmente constituidas, estuvieran cumpliendo de forma diligente los deberes de custodia, protecci\u00f3n y vigilancia de su inmueble, con el prop\u00f3sito de que \u00e9ste no fuera destinado a actividades il\u00edcitas; ese desinter\u00e9s y despreocupaci\u00f3n de la afectada frente al control y vigilancia que deb\u00eda ejercer sobre la delegaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de su propiedad es lo que se reprocha; pues tal desidia conllev\u00f3 a que su inmueble fuera utilizado de manera ilegal. <\/p>\n
V\u00e9ase que no bastaba con encomendar la administraci\u00f3n del inmueble o fijar unas reglas precisas en el contrato de mandato, administraci\u00f3n o arrendamiento, en este \u00faltimo caso el que se suscribi\u00f3 con la sociedad Pasaje Comercial de La Sabana, como el hecho de estipularse en el clausulado la prohibici\u00f3n de destinar el inmueble a actividades il\u00edcitas, para que la titular del derecho de dominio se exonerara de los deberes que le fueron encomendados frente a su propiedad; pues estaba obligada aparte de seleccionar con esmero las personas a quienes deleg\u00f3 tan importante tarea, tambi\u00e9n vigilar que la labor encomendada se estuviera realizando de manera diligente. <\/p>\n
No obstante, en el presente caso, es tan evidente la desidia de la afectada que en el testimonio rendido ante el juzgado a quo, asistida por una traductora oficial, afirm\u00f3 que nunca le dio instrucciones a sus comisionados, ni puso restricciones a la administraci\u00f3n del inmueble; ello, porque ten\u00eda plena confianza en aquellos. <\/p>\n
Manifestaciones abiertamente inadmisibles pues, si bien, la naturaleza jur\u00eddica del mandato es ser intuitu personae, en raz\u00f3n de la confianza que el mandante dispensa al mandatario y, por ello, en cierta medida la obligaci\u00f3n se mitiga por el v\u00ednculo existente, tal y como lo indic\u00f3 el a quo, ello no quiere decir que los deberes de vigilancia y cuidado sobre la propiedad, se suspendan o desaparezcan. <\/p>\n
De otra parte, la desatenci\u00f3n de la afectada de las obligaciones que se le demandaban es tan evidente que, como ella misma lo afirm\u00f3, ni siquiera ten\u00eda conocimiento que su inmueble estaba siendo arrendado por locales a una actividad comercial, pues pensaba que los mismos estaban siendo destinados para vivienda y, por ello mismo, tampoco sab\u00eda a qui\u00e9n se le hab\u00eda entregado la tenencia de su propiedad. <\/p>\n
Manifestaciones que tambi\u00e9n se muestran inaceptables, toda vez que, como se vio en precedencia, el contrato de arrendamiento celebrado entre AGB Consorcio inmobiliario (mandatario delegado) y la sociedad arrendataria se llev\u00f3 a cabo por m\u00e1s de 10 a\u00f1os (desde el 2004 hasta el 2015, cuando se materializ\u00f3 la medida cautelar de secuestro sobre el inmueble); por tanto, resulta reprochable que durante el tiempo que se extendi\u00f3 el arrendamiento, una d\u00e9cada, ni siquiera haya indagado sobre ese aspecto. <\/p>\n
Ahora, si la se\u00f1ora S\u00c1ENZ GARREL ni siquiera sab\u00eda para que iba a ser arrendado su inmueble, mucho menos pod\u00eda ejercer control y direcci\u00f3n sobre sus mandatarios a fin de que \u00e9stos realizaran de forma adecuada las tareas delegadas de cuidando y vigilando frente a su propiedad, quedando en evidencia, contrario con lo afirmado por la defensa, que la rendici\u00f3n de cuentas que le hac\u00eda el representante contractual de la afectada en Colombia, eran meramente dinerarias; toda vez que, si en verdad los apoderados de aqu\u00e9lla le expon\u00edan peri\u00f3dicamente aspectos atinentes al cuidado del inmueble, o \u00e9sta hubiese exigido condiciones sobre el estado, conservaci\u00f3n y uso dado al mismo y las actividades que se estaban ejerciendo para evitar que se destinara a actividades il\u00edcitas, lo l\u00f3gico es que, no solo hubiera allegado a la actuaci\u00f3n probatoriamente la documentaci\u00f3n pertinente, lo que no hizo, sino adem\u00e1s que tuviera claridad sobre la persona de su arrendatario y el uso que se le estaba dando a su propiedad. <\/p>\n
Justamente, la afectada, ante la falta de control y direcci\u00f3n sobre sus comisionados en relaci\u00f3n con el mandato encargado, permiti\u00f3 que \u00e9stos, igualmente, actuaran de forma negligente frente a la custodia del inmueble. <\/p>\n
En efecto, advi\u00e9rtase que, Rodrigo Hern\u00e1ndez Macneill se limit\u00f3 a contratar a una inmobiliaria para que administrara el predio sin exigirle en la marcha del encargo delegado, actividades de verificaci\u00f3n y cuidado sobre el bien, dada su calidad de representante de la afectada en Colombia, la cual, siempre mantuvo. <\/p>\n
A su vez, la agencia ABG Consorcio inmobiliario se limit\u00f3 a arrendar el inmueble a la Sociedad Pasaje Comercial de La Sabana Ltda., y a exigir el dinero producto del arriendo, sin tampoco ejercer actividades de custodia y vigilancia frente a la propiedad; al punto que, no hizo cumplir el contrato de arrendamiento conforme las clausulas pactadas, permitiendo que la arrendataria subarrendara, pese a la prohibici\u00f3n que sobre el particular en el contrato exist\u00eda. <\/p>\n
Ahora, en gracia de discusi\u00f3n, el subarriendo haya sido aceptado t\u00e1citamente por Bernardo Garc\u00eda Garc\u00eda gerente de la inmobiliaria ABG Consorcio, como por Rodrigo Hern\u00e1ndez Macneill representante de la afectada, pues, conforme con lo declarado por Luis Gil Pinto, administrador de la sociedad arrendataria, aquellos eran conocedores de la manera c\u00f3mo se estaban dando en tenencia los locales comerciales que en el inmueble vinculado funcionaban; el hecho cuestionable, m\u00e1s all\u00e1 de tal prohibici\u00f3n contractual, es que no hayan verificado previamente a entregar en tenencia dichas \u00e1reas del inmueble, si sus tomadores contaban o reun\u00edan las condiciones m\u00ednimas que deben cumplir los establecimientos de comercio para que se les permita ejercer la venta de equipos terminales m\u00f3viles en Colombia, tales como, el Registro \u00danico Tributario -RUT-, el Certificado de C\u00e1mara de Comercio vigente, y principalmente, la autorizaci\u00f3n que sobre el particular emite el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones. <\/p>\n
Ciertamente, tal como qued\u00f3 expuesto ampliamente en el ac\u00e1pite correspondiente al aspecto objetivo de las causales solicitadas, para el momento en que se practicaron en los locales comerciales las diligencias de allanamiento y registro por \u00f3rdenes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la gran mayor\u00eda de subarrendatarios, concretamente los de las \u00e1reas donde se encontraron los celulares hurtados, no contaban con autorizaci\u00f3n para poder ejercer dicha actividad comercial, conforme con los informes que sobre este aspecto rindi\u00f3 el Ministerio P\u00fablico y la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 que, adem\u00e1s, se contraponen a las versiones suministradas por el administrador de la sociedad arrendataria en relaci\u00f3n a que s\u00ed les exig\u00eda a los tenedores la documentaci\u00f3n que acreditara los requisitos ya se\u00f1alados. <\/p>\n
Es as\u00ed que ante tal omisi\u00f3n a todas luces negligente, los mandatarios de la afectada sin duda crearon un riesgo frente a la destinaci\u00f3n que pudiera d\u00e1rsele al inmueble, esto es, la venta de celulares hurtados, pese a que dicha actividad il\u00edcita era f\u00e1cilmente previsible, pues, si los tomadores de los locales comerciales no contaban con el permiso de la autoridad competente, lo m\u00e1s probable es que la mercanc\u00eda tecnol\u00f3gica que fueran a comercializar, tuviera un origen il\u00edcito. <\/p>\n
Pero, como si fuera poco el desinter\u00e9s mostrado por el representante de la afectada y las sociedades mandatarias-delegadas frente a la custodia y protecci\u00f3n del inmueble antes de entregarlo en tenencia, \u00e9stos tampoco fueron vigilantes al uso que los subarrendatarios le estaban dando al mismo, con miras a evitar que el riesgo creado se tradujera en un menoscabo a la funci\u00f3n social de la propiedad, como en efecto ocurri\u00f3, ante la desidia ya referida. <\/p>\n
Sin que valga como excusa, que el apoderado y mandatario-delegado requer\u00edan de la notificaci\u00f3n formal de la Fiscal\u00eda o autoridad p\u00fablica para ejercer conductas positivas en procura de la protecci\u00f3n del inmueble, al arg\u00fcir que tuvieron conocimiento de las actividades ilegales, tan solo, en la fecha en que se materializ\u00f3 la medida cautelar de secuestro; habida consideraci\u00f3n que, dadas las circunstancias en las que fue destinado il\u00edcitamente el predio, de haber actuado diligentemente, hubieran advertido, como m\u00ednimo, la venta de celulares hurtados que all\u00ed se realizaba, si es verdad que nunca tuvieron conocimiento o sospecha sobre tal hecho irregular. <\/p>\n
Aunado a que, en el presente caso, tampoco era imposible prever que el inmueble en cuesti\u00f3n pudiera ser utilizado para la venta de dispositivos hurtados, no solo porque los locales carec\u00edan de los requisitos m\u00ednimos para su funcionamiento bajo la legalidad, sino adem\u00e1s, al ser de p\u00fablico conocimiento que Colombia y en gran magnitud en la ciudad de Bogot\u00e1, diariamente los transe\u00fantes deben soportar los hurtos de sus celulares, dispositivos que luego, son vendidos, utiliz\u00e1ndose centros comerciales, ubicados principalmente en la zona centro de la ciudad para la venta de los mismos, realidad que diariamente es transmitida por los medios de comunicaci\u00f3n, conforme qued\u00f3 documentado con los diferentes recortes y titulares de prensa aportados al plenario; por tanto, ante ese notorio contexto, les correspond\u00eda a los intermediarios de la afectada estar atentos y vigilantes de las actividades que en el inmueble se desarrollaban. <\/p>\n
Por ello, se les exige a las personas propietarias de bienes que son puestos al servicio de actividades econ\u00f3micas o terceras personas, actuar ya sea directamente o por conducto de sus representantes, con la debida diligencia en el proceso de selecci\u00f3n de sus arrendatarios o, como en este caso, de sus subarrendatarios, e igualmente, tomar todas las acciones posibles a fin de verificar la debida destinaci\u00f3n del inmueble por parte de \u00e9stos, sin que ello implique, como lo refieren las apelantes, suplantar la funci\u00f3n de la fuerza p\u00fablica, pues, es un deber de la ciudadan\u00eda denunciar los hechos que revistan las caracter\u00edsticas de delictivas, m\u00e1s a\u00fan, si es el propietario de un inmueble o su presentante el que tiene conocimiento o sospecha de que el mismo est\u00e1 siendo utilizado il\u00edcitamente por sus tenedores. <\/p>\n
Adem\u00e1s que, no se muestran satisfactorias las excusas sobre el supuesto desconocimiento de los mandatarios acerca de los hechos il\u00edcitos realizados en el inmueble; habida consideraci\u00f3n que, conforme lo afirm\u00f3 LUIS GIL PINTO administrador de la sociedad arrendataria, alrededor de todo el comercio se escuchaban rumores acerca de que en los locales del predio vinculado se vend\u00edan celulares, tablets y dem\u00e1s dispositivos tecnol\u00f3gicos procedentes de hurtos; murmuraciones de las que, dijo, ten\u00eda conocimiento Rodrigo Hern\u00e1ndez Macnell a quien siempre le informaba todo lo relacionado con el inmueble. <\/p>\n
Testimonio que guarda relaci\u00f3n con las declaraciones juramentadas rendidas por varios miembros del vecindario circundante al predio, sobre las actividades il\u00edcitas que all\u00ed se realizaban de tiempo atr\u00e1s, y que le sirvieron a la Fiscal\u00eda como fundamento para ordenar las diferentes diligencias de allanamiento y registros realizadas y que arrojaron resultados positivos y afines con las persistentes denuncias. <\/p>\n
Con lo anterior, se pone en tela de juicio el supuesto desconocimiento por parte del represente de la afectada en Colombia de las actividades il\u00edcitas realizadas en el inmueble, ello, ante su evidente publicidad, pues es cuestionable que no supiera, como m\u00ednimo, de los rumores que sobre esos hechos irregulares circulaban en la comunidad cercana al predio y m\u00e1s a\u00fan, que no tuviera conocimiento de los m\u00faltiples operativos a los que fue sometido el bien; ahora, si es verdad el desconocimiento alegado, esto, en vez de favorecerlo, lo que denota es un claro abandono y despreocupaci\u00f3n frente al uso que se le pudiera dar al inmueble, toda vez que, le bastaba indagar con los vecinos del sector para superar la ignorancia referida. <\/p>\n
Ahora, si bien, el representante de la afectada en la declaraci\u00f3n rendida ante el Juzgado a quo, dijo que eventualmente hac\u00eda visitas al inmueble junto con la inmobiliaria; lo cierto es que hacer presencia en la propiedad, no es lo mismo que supervisarla y ejercer tareas de vigilancia y cuidado, pues, se insiste, de haber actuado de manera diligente, hubiera advertido que el inmueble estaba siendo utilizado de forma ilegal y en conjunto con la inmobiliaria y de ser necesario con el acompa\u00f1amiento de la Polic\u00eda Nacional, haber tomado acciones positivas y eficaces en aras de evitar que se continuara con esos il\u00edcitos, no obstante, se insiste, la negligencia fue de tal magnitud, que nunca les import\u00f3 ejercer actos de conservaci\u00f3n frente al inmueble. <\/p>\n
Justamente, la negligencia y descuido del representante de S\u00c1ENZ GARREL y de las sociedades inmobiliarias (mandatarias-delegadas) frente a la propiedad, fueron tolerados por la referida afectada, precisamente ante la omisi\u00f3n de ejercer la debida vigilancia, control y direcci\u00f3n sobre sus intermediarios en atenci\u00f3n a las tareas encomendadas, permitiendo, por su propia culpa, ante tal actuar omisivo, que su inmueble fuera destinado de manera il\u00edcita. <\/p>\n
Sin que valgan como excusas admisibles, para aceptar la negligencia mostrada por la afectada frente a su propiedad, el hecho de que su apoderado nunca le inform\u00f3 que su bien estaba siendo utilizado il\u00edcitamente, como tampoco el desconocimiento de las leyes colombianas o la diferencia de idiomas. <\/p>\n
En cuando a la primera, el deber de vigilancia y cuidado exige de los comitentes un actuar activo y diligente y no esperar pasivamente la realizaci\u00f3n de una gesti\u00f3n eficaz; frente a la segunda, cuando se tienen bienes en un lugar diferente al de residencia, l\u00f3gico es que su propietario, de ser diligente, incursione y conozca sobre el pa\u00eds en donde el mismo se ubica junto con sus problem\u00e1ticas y las leyes que lo cobijan y afectan; adem\u00e1s, tampoco es de recibo que la afectada por m\u00e1s de 20 a\u00f1os desde que adquiri\u00f3 el inmueble y deleg\u00f3 la administraci\u00f3n del mismo, no haya indagado sobre las situaciones que adujo ignoraba, pues ten\u00eda la posibilidad de actualizar su conocimiento y facilitar el cuidado de su propiedad, m\u00e1xime cuando, conforme lo declar\u00f3 ante el a quo, nunca ha presentado alguna limitaci\u00f3n cognoscitiva que le haya impedido ejercer de forma cuidadosa las obligaciones que le son propias, al punto que ante tal capacidad confiri\u00f3 los poderes ya referidos, los que adem\u00e1s, como afirm\u00f3 en su testimonio, los comprendi\u00f3 a cabalidad debido a que estuvo acompa\u00f1ada de su padre adoptivo, con quien siempre ha sorteado la diferencia de idiomas. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que, el reproche en materia de extinci\u00f3n de dominio por virtud de las causales de destinaci\u00f3n surge de la inobservancia de los deberes de vigilancia y cuidado que recaen en el titular del derecho de dominio, no solo por el conocimiento que tenga del uso il\u00edcito dado al inmueble, sino la posibilidad que tuvo de actualizar ese conocimiento, mediante un actuar diligente. <\/p>\n
Tampoco es aceptable la manifestaci\u00f3n exculpatoria referente a que la afectaba no ten\u00eda posibilidad de tener control sobre su bien, porque ubica su residencia en un pa\u00eds diferente a Colombia, ello, porque precisamente estaba superando tal distancia geogr\u00e1fica con sus mandatarios, no obstante, se limit\u00f3 a otorgarles poder sin ejercer control y direcci\u00f3n sobre el encargo encomendado a fin de verificar el destino dado a su inmueble. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala no pasa desapercibido que, la afectada en las pocas veces que estuvo en Colombia, esto es, a la firma de los poderes, no se preocup\u00f3 por acudir a su inmueble y verificar su estado como funcionamiento, as\u00ed como la actividad para la que se estaba siendo destinado, revelando claramente una actitud desinteresada frente a la funci\u00f3n social inherente a \u00e9ste. <\/p>\n
Por manera que, todas las circunstancias puestas de presente permiten concluir que la afectada al despreocuparse del manejo que sus mandatarios o terceras personas daban a su propiedad, dej\u00e1ndola pr\u00e1cticamente a merced de aquellos, contribuy\u00f3 de tal manera a que se le diera un uso contrario a la funci\u00f3n social, dando lugar, al aspecto subjetivo de la causal invocada, como acertadamente lo consider\u00f3 el a quo. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la determinaci\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no pod\u00eda ser de recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que la valoraci\u00f3n de naturaleza subjetiva que propone la concesi\u00f3n del amparo, s\u00ed fue efectuada por el fallador accionado, en tanto que consider\u00f3 el encargo de la administraci\u00f3n del inmueble a terceros remunerados, el deber de vigilancia y cuidado sobre la propiedad, la desatenci\u00f3n de las obligaciones de la accionante, la inspecci\u00f3n sobre los mandatarios, la falta de control sobre la destinaci\u00f3n del bien y la ausencia de requisitos para el funcionamiento de los locales, por lo que era procedente la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n del a-quo constitucional; cosa diferente es que la conclusi\u00f3n a la cual arrib\u00f3 haya sido desfavorable para la accionante, supuesto insuficiente para el buen suceso del ruego supralegal. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa fue una diferencia de criterio acerca de la manera como la autoridad acusada analiz\u00f3 el caso concreto; en cuyo caso tales inferencias no pod\u00edan ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. En recapitulaci\u00f3n, comoquiera que la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, al margen de compartirse, no era contentiva de una falencia adjetiva, sustantiva o procedimental que por su envergadura impusiera la intervenci\u00f3n del juez constitucional, el resguardo deb\u00eda denegarse. <\/p>\n
4. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignados los motivos que en esta oportunidad me llevaron a separarme de la decisi\u00f3n mayoritaria. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02602-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que suscribieron la providencia de la cual tomo distancia, me permitimos expresar los motivos de mi discrepancia con la salida adoptada y lo hago en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo impugnado que hab\u00eda negado la salvaguarda pedida por Anne Emmanuelle S\u00e1enz Garrel y, en su lugar, la concedi\u00f3 y le orden\u00f3 a la Sala Penal Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 emitir una nueva decisi\u00f3n, tras colegir -entre otras- que: <\/p>\n
\u00abel Tribunal accionado, a la hora de analizar el aspecto subjetivo de la responsabilidad de la aqu\u00ed accionante, no despleg\u00f3 una motivaci\u00f3n suficiente a la luz de las figuras de la buena fe exenta de culpa y la confianza leg\u00edtima, y frente a los alcances de la orden de extinci\u00f3n del dominio sobre todo el bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
No comparto tal argumentaci\u00f3n como quiera que de las mismas consideraciones de la providencia de la que me aparto -folios 8 a 10-, se percibe que el Tribunal accionado s\u00ed expuso los raciocinios por los que consider\u00f3 configurado el aspecto objetivo que, en su criterio, se requiere para la prosperidad de la extinci\u00f3n de dominio, esto era, la comercializaci\u00f3n de \u00abcelulares hurtados\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se constat\u00f3 que la magistratura expuso los motivos por los que advirti\u00f3 la existencia del criterio subjetivo necesario para el \u00e9xito de esa acci\u00f3n -folios 10 a 15- y, en tal sentido, despleg\u00f3 su interpretaci\u00f3n sobre distintas normas del c\u00f3digo civil relativas a la responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo. A\u00f1adi\u00f3 que, si bien el inmueble se encontraba dividido \u00abvisualmente\u00bb, esos espacios pertenec\u00edan a un \u00fanico inmueble que no hab\u00eda sido sujeto de divisi\u00f3n -folio 16-. <\/p>\n
Basta, entonces, remitirse a esas manifestaciones para concluir que, independientemente de que se compartan las considerativas y conclusiones del Tribunal convocado, lo cierto es que las mismas no descansan sobre una fundamentaci\u00f3n caprichosa, antojadiza o irracional, motivo suficiente para que se cerrara el paso a la injerencia constitucional. <\/p>\n
En definitiva, como quiera que la decisi\u00f3n acusada descansa en un discernimiento razonable sobre el escenario conocido por la autoridad accionada, no quedaba alternativa distinta a confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dejo consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Poder especial otorgado por su apoderado general. <\/p>\n
2\u0002 11001600003201500901, 110016000013201500899, 10016000013201500903 y 110016000013201500902, para los locales 4, 5, y 13A con similares hallazgos; 110016108112201480400, donde se allanaron 15 locales, de los cuales 11 no contaban con autorizaci\u00f3n para venta de equipos terminales m\u00f3viles. <\/p>\n
3\u0002 \u00abEn virtud del principio de permanencia de la prueba imperante en el proceso que nos convoca (art. 150 Ley 1708 de 2014)\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Consider\u00f3 que \u00abno se muestran satisfactorias las excusas sobre el supuesto desconocimiento de los mandatarios acerca de los hechos il\u00edcitos realizados en el inmueble; habida consideraci\u00f3n que, conforme lo afirm\u00f3 LUIS GIL PINTO administrador de la sociedad arrendataria, alrededor de todo el comercio se escuchaban rumores acerca de que en los locales del predio vinculado se vend\u00edan celulares, tablets y dem\u00e1s dispositivos tecnol\u00f3gicos procedentes de hurtos; murmuraciones de las que, dijo, ten\u00eda conocimiento Rodrigo Hern\u00e1ndez Macnell a quien siempre le informaba todo lo relacionado con el inmueble (\u2026) Ahora, si bien, el representante de la afectada en la declaraci\u00f3n rendida ante el Juzgado a quo, dijo que eventualmente hac\u00eda visitas al inmueble junto con la inmobiliaria; lo cierto es que hacer presencia en la propiedad, no es lo mismo que supervisarla y ejercer tareas de vigilancia y cuidado, pues, se insiste, de haber actuado de manera diligente, hubiera advertido que el inmueble estaba siendo utilizado de forma ilegal y en conjunto con la inmobiliaria y de ser necesario con el acompa\u00f1amiento de la Polic\u00eda Nacional, haber tomado acciones positivas y eficaces\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, censur\u00f3 que la accionante, desde que adquiri\u00f3 el inmueble y deleg\u00f3 su administraci\u00f3n, por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, no hubiera indagado sobre la situaci\u00f3n de este, al margen del lugar de su residencia, \u00abSin que valgan como excusas admisibles, para aceptar la negligencia mostrada por la afectada frente a su propiedad, el hecho de que su apoderado nunca le inform\u00f3 que su bien estaba siendo utilizado il\u00edcitamente\u00bb. Argument\u00f3 tambi\u00e9n que, \u00abconforme lo declar\u00f3 ante el a quo, nunca ha presentado alguna limitaci\u00f3n cognoscitiva que le haya impedido ejercer de forma cuidadosa las obligaciones que le son propias, al punto que ante tal capacidad confiri\u00f3 los poderes ya referidos, los que adem\u00e1s, como afirm\u00f3 en su testimonio, los comprendi\u00f3 a cabalidad debido a que estuvo acompa\u00f1ada de su padre adoptivo, con quien siempre ha sorteado la diferencia de idiomas. [Y advirti\u00f3] que, el reproche en materia de extinci\u00f3n de dominio por virtud de las causales de destinaci\u00f3n surge de la inobservancia de los deberes de vigilancia y cuidado que recaen en el titular del derecho de dominio, no solo por el conocimiento que tenga del uso il\u00edcito dado al inmueble, sino la posibilidad que tuvo de actualizar ese conocimiento, mediante un actuar diligente\u00bb. <\/p>\n
A su vez, estim\u00f3 que el hecho de no tener residencia en Colombia no la excusaba de sus deberes, \u00abporque precisamente estaba superando tal distancia geogr\u00e1fica con sus mandatarios, no obstante, se limit\u00f3 a otorgarles poder sin ejercer control y direcci\u00f3n sobre el encargo encomendado a fin de verificar el destino dado a su inmueble\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que la afectada, \u00abal despreocuparse del manejo que sus mandatarios o terceras personas daban a su propiedad, [la dej\u00f3] pr\u00e1cticamente a merced de aquellos, contribuy\u00f3 de tal manera a que se le diera un uso contrario a la funci\u00f3n social. <\/p>\n
5\u0002 Con sustento en lo previsto en los art\u00edculos 3 y 7 de la precitada ley. <\/p>\n
6\u0002 Valencia Zea, Arturo y Monsalve Ortiz, \u00c1lvaro, Derecho Civil, Tomo I, Parte General y Personas. 17 ed. Temis, 2011, p\u00e1g. 233. <\/p>\n
7\u0002 STIGLITZ, Rub\u00e9n S. Contratos Civiles y Comerciales, Parte General, Tomo I. 2\u00b0 ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, p\u00e1gs. 181-182. <\/p>\n
8\u0002 En igual sentido, ver las sentencias C-1007\/02, C-740\/03 y C-820\/12. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. Antolog\u00eda Jurisprudencial. Corte Suprema de Justicia. Tomo I. p\u00e1g. 296 \u2013 297. <\/p>\n
10\u0002 Que fue reemplazada en la gesti\u00f3n inmobiliaria por INVERMETROS S.A.S. <\/p>\n
11\u0002 Seg\u00fan se desprende del contrato con la inmobiliaria y de las declaraciones rendidas en el proceso por el Gerente de ABG Consorcio Inmobiliario y por el mandatario Rodrigo Hern\u00e1ndez Macneil (minuto 17). <\/p>\n
12\u0002 Rodrigo Hern\u00e1ndez Macneil. <\/p>\n
13\u0002 Minuto 15. <\/p>\n
14\u0002 Minuto 8. <\/p>\n
15\u0002 Subarriendo no estaba autorizado en el contrato escrito suscrito con ABG Consorcio Inmobiliario. Indica el administrador del Centro Comercial en su declaraci\u00f3n que ABG Consorcio Inmobiliario sab\u00eda de las divisiones del inmueble por m\u00f3dulos (Minuto 49). <\/p>\n
16\u0002 Minuto 14. <\/p>\n
17\u0002 Minuto 15. <\/p>\n
18\u0002 Seg\u00fan se indic\u00f3 en la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Rodrigo Hern\u00e1ndez Macneil, tanto en febrero como en septiembre de 2015, cuando se realizaron diligencias de allanamiento en el inmueble, \u00e9l se encontraba fuera del pa\u00eds, seg\u00fan la revisi\u00f3n de los registros de ingresos y salidas realizadas en la diligencia. <\/p>\n
19\u0002 Minuto 41. <\/p>\n
20\u0002 En el escrito de apelaci\u00f3n de la sentencia, la apoderada de la tutelante afirm\u00f3 que hab\u00eda otros locales que desarrollaban actividades tales como: \u00abun restaurante de pollos (\u2026) un restaurante y otros comercios (\u2026) Se tienen entonces 64 locales que llevan siendo usados leg\u00edtimamente durante m\u00e1s de 10 a\u00f1os\u00bb. En la tutela afirm\u00f3 que hab\u00eda, por ejemplo, \u00abuna importante cafeter\u00eda, la cual tambi\u00e9n termin\u00f3 con extinci\u00f3n de dominio\u00bb. Sobre el particular tambi\u00e9n se hizo menci\u00f3n en algunas de las declaraciones rendidas en el proceso. <\/p>\n
21\u0002 La carta, seg\u00fan la traducci\u00f3n oficial allegada en la contestaci\u00f3n, expone, entre otros: \u00abPerd\u00f3name no haberte informado antes acerca de los problemas que han surgido con tu inmueble de la Calle 13, cuyo arriendo cubre la mayor parte de la renta que te mando cada trimestre y que hab\u00eda obtenido gracias a una agencia inmobiliaria. En efecto, el inmueble forma parte actualmente de un proceso de Extinci\u00f3n de Dominio\u2026 Cr\u00e9eme cuando te digo que siempre he tratado de actuar de la mejor manera posible\u2026\u00bb Folio 111 del archivo C010 (006). <\/p>\n
22\u0002 Folio 117 del archivo C010(007). <\/p>\n
23\u0002 Seg\u00fan los argumentos de la apelaci\u00f3n presentada por la representante judicial de la tutelante. <\/p>\n
24\u0002 Cuaderno 11 \u2013 10, folio 2, expediente de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
25\u0002 Entre la inmobiliaria y el Centro Comercial. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12685-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC12685-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02602-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de septiembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 8 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67358"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67358\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}