STC12820-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12820-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00772-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 18 de agosto de 2022, proferido por la Sala \u201cA\u201d del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cB\u201d dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cC\u201d contra el Juzgado de Familia de \u201cB\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores de edad involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, y con soporte en las documentales aportadas, se tienen los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Comisar\u00eda Familia, con prove\u00eddo de 15 de agosto de 2017, impuso medida de protecci\u00f3n a favor de \u201cD\u201d y en contra de \u201cC\u201d, aqu\u00ed libelista, con ocasi\u00f3n de los episodios de violencia intrafamiliar que se hab\u00edan suscitado entre ambos, quienes, con antelaci\u00f3n, sostuvieron una relaci\u00f3n de pareja, en virtud de la cual procrearon a dos descendientes (menores de edad)2. <\/p>\n
2.2. Luego de varios incidentes de incumplimiento, en julio de 2019, se amonest\u00f3 a \u201cC\u201d por primera vez, decisi\u00f3n ratificada por el Juzgado Familia de \u201cB\u201d, el 10 de septiembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2020, la beneficiaria denunci\u00f3 nuevos episodios de violencia, presuntamente perpetrados por el aqu\u00ed gestor, raz\u00f3n por la cual la Comisar\u00eda resolvi\u00f3 sancionarlo, por segunda vez, con 30 d\u00edas de arresto, de conformidad con lo previsto en Ley 575 de 2000; resoluci\u00f3n confirmada por el citado estrado judicial, mediante providencia de 25 de noviembre de 20213, en la que defini\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
2.4. Con la enunciada determinaci\u00f3n, a juicio del accionante, se desconocieron las pruebas aportadas a esa causa, en las que \u00abse dejaba ver claramente que la se\u00f1ora \u201cD\u201d tiene por costumbre faltar a la verdad frente a las denuncias que presenta en mi contra ante la Comisaria de Familia, pruebas que fueron desechadas de inmediato por la abogada de apoyo de la comisaria, (funcionaria que siempre presidio las diligencias) al considerarlas que no eran conducentes ni pertinentes con el hecho denunciado\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abModificar la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado de Familia consistente en imponer sanci\u00f3n de 30 d\u00edas de arresto, dado que la declaraci\u00f3n rendida por la testigo presentada por la denunciante no es coincidente con lo denunciado, donde se declar\u00f3 que los insultos habr\u00edan sido gritados mientras que la testigo manifiesta que estos insultos fueron pronunciados \u201cen un tono de voz bajito\u201d, adem\u00e1s se dej\u00f3 de lado el v\u00ednculo de familiaridad existente entre la testigo y la denunciante (cu\u00f1adas)\u00bb; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abValorar las pruebas aportadas por la parte accionada a la comisaria de familia de manera objetiva, sin sesgos de g\u00e9nero ni prejuicios de hechos ocurridos con anterioridad, de manera imparcial e inequ\u00edvoca, dado que las garant\u00edas que ofrece la medida de protecci\u00f3n est\u00e1n siendo objeto de uso desproporcionado e ilegitimo para causar da\u00f1o jur\u00eddico al accionado, y no para proteger a la mujer de hechos constitutivos de violencia que en este caso no se presentaron\u00bb; y <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00abOrdenar en consecuencia, de lo anterior la compulsa de las copias pertinentes ante las autoridades que disciplinariamente corresponda tomar medidas correctivas contra la abogada de apoyo, funcionaria que atendi\u00f3 la totalidad de las audiencias que se adelantaron en el incidente de incumplimiento denunciado, funcionaria en la que se observ\u00f3 favorecimiento y parcialidad de g\u00e9nero\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisar\u00eda de Familia relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el curso de la medida de protecci\u00f3n, enfatizando en que \u00abla acci\u00f3n propuesta por el tutelante es una maniobra dilatoria a fin de evitar por todos los medios posibles cumplir con las \u00f3rdenes impartidas por esta Comisar\u00eda\u00bb. As\u00ed mismo, inform\u00f3 que actualmente cursa un cuarto incidente de incumplimiento. <\/p>\n
2. La Procuradora Judicial de Familia adujo que \u00abde la actuaci\u00f3n que reposa en el expediente se desprende con certeza que la Comisar\u00eda y el Juzgado accionado, fundaron sus decisiones en la actuaci\u00f3n procesal prevista en este tipo de asuntos, decisi\u00f3n que se encuentra debidamente motivada y sustentada conforme a las pruebas obtenidas en el curso del tr\u00e1mite. No se observa actuaci\u00f3n arbitraria, carente de sustento, constitutiva de una v\u00eda de hecho cuando la Comisar\u00eda de Familia y el Juzgado de Familia profiri\u00f3 sentencia declarando probado el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado de Familia manifest\u00f3 que \u00abcon providencia del 25 de noviembre del 2021, se resolvi\u00f3 la consulta por segundo incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n impuesta en favor de la se\u00f1ora \u201cD\u201d y en contra de \u201cc\u201d y contrario a lo expuesto por el demandante el fallo se erigi\u00f3 en pruebas debidamente valoradas. Destac\u00f3 el despacho el testimonio de la se\u00f1ora \u201cH\u201d, testigo presencial de las agresiones verbales, cuyo dicho fue valorado siguiendo las reglas de la sana cr\u00edtica; al que se otorg\u00f3 valor probatorio al acreditarse que se encontraba en el escenario de los hechos, esto es, en el CAI de la polic\u00eda de las ferias de esta ciudad, coincidencia en tiempo, lugar y espacio que le permiti\u00f3 escuchar cuando el accionante le dijo a la se\u00f1ora \u201cD\u201d: \u201cperra cochina, fraudulenta\u201d; expresi\u00f3n que sin importar el tono (alto o bajo) es una agresi\u00f3n verbal, que busca atentar con la dignidad de la v\u00edctima, son palabras descalificantes e hirientes que pueden provocar da\u00f1o emocional o hasta deterioro en su reputaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por ello, reliev\u00f3 que \u00aben el fallo que censura el accionante, el despacho tambi\u00e9n advirti\u00f3 la inconducencia e impertinente (sic) de otras pruebas como videograbaciones, sin que hoy pueda argumentar que se tuvieron en cuenta medios probatorios que no aportaron convencimiento y que no estuvieron acordes con la t\u00e9cnica probatoria. De tal suerte que le fue respetado el debido proceso que entra\u00f1a el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, al punto que, en la misma fecha, esto es, el 25 de noviembre del 2021, tambi\u00e9n se resolvi\u00f3 apelaci\u00f3n contra el incidente de nulidad, propuesto por la apoderada del tutelante, que fundament\u00f3 en la ausencia del agotamiento de etapa de conciliaci\u00f3n y presunto favorecimiento de la autoridad comisarial hacia la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n General del INPEC, la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Personer\u00eda y la Jefatura de Asuntos Jur\u00eddicos de la Polic\u00eda Metropolitana de esa ciudad, precisaron que carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. \u201cD\u201d, beneficiaria de la medida de protecci\u00f3n, sostuvo que \u00ablas garant\u00edas del debido proceso y su derecho de defensa le fueron respetados, sin embargo, el se\u00f1or \u201cC\u201d por todos los medios ha buscado dilatar que se materialice el arresto\u00bb. <\/p>\n
6. Una abogada, quien indic\u00f3 ser la apoderada de \u201cC\u201d en el asunto que se revisa, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abmi poderdante ha sido v\u00edctima por parte de su esposa la se\u00f1ora D desde el a\u00f1o 2017, fecha en la cual se le denuncia a mi poderdante por violencia intrafamiliar y de conformidad con esto le dan medida de protecci\u00f3n definitiva a la se\u00f1ora D, el se\u00f1or ha vivido una persecuci\u00f3n constante, ya que la se\u00f1ora esta medida para c\u00f3mo se puede ver en los expedientes de la Comisaria de Familia, para realizar constantes denuncias y utilizarlas en una campa\u00f1a de desprestigio la cual a luces se pueden evidenciar\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el resguardo, porque, \u00abpor aplicaci\u00f3n del principio de inmediatez, la acci\u00f3n constitucional se encuentra llamada al fracaso, porque la demanda de tutela fue interpuesta el 3 de agosto de 2021 a las 4:04 pm ante la Oficina de Reparto, esto es, despu\u00e9s de haber transcurrido ocho (8) meses de haber sido proferida la providencia que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n de arresto al gestor del amparo, emitida el 25 de noviembre de 2021, lo que indica que no hizo uso de la tutela dentro de un t\u00e9rmino razonable, prudente y oportuno para solicitar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que invoca\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, coligi\u00f3 que \u00abde todos modos, verificado el expediente de la actuaci\u00f3n por violencia intrafamiliar adelantada en favor de la se\u00f1ora \u201cD\u201d contra \u201cC\u201d (\u2026), las decisiones del se\u00f1or Juez Primero est\u00e1n soportadas en la valoraci\u00f3n de los elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que estim\u00f3 relevantes, fruto de la discreta autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido, lo cual es tambi\u00e9n objeto de protecci\u00f3n de rango constitucional, mediante una decisi\u00f3n que tiene soporte en una motivaci\u00f3n que no se advierte irrazonable, desmesurada o contraria a la evidencia procesal y probatoria\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia, exponiendo que, \u00absi bien es cierto tal como lo manifiesta el despacho, el principio de inmediatez es un requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, pero tambi\u00e9n lo es que me asiste INTERES ACTUAL debido a la calidad de padre separado cabeza de hogar, el cual ostento desde el d\u00eda 13 enero de 2022, d\u00eda en el cual el juzgado revoca la decisi\u00f3n de la comisaria y en virtud a ello decide entregarme en custodia provisional a mi menor hijo, a quien la madre alejo de mi lado y el de mi familia, cambi\u00e1ndose de manera inconsulta de ciudad y por lo cual tuve que andar en la b\u00fasqueda de mis dos hijos por muchos municipios de Colombia hasta dar con su paradero, donde pude comprobar que mi expareja escond\u00eda a mis hijos, desde el 18 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo del mismo a\u00f1o se convirti\u00f3 en una lucha de alrededor de 3 meses con la sentencia en mis manos y acudiendo a diversas autoridades buscando se diera cumplimiento a lo ordenado por el Juagado (sic) 7 que consiste en que la se\u00f1ora me entregara a mi menor hijo\u00bb. <\/p>\n
Por ello, recalc\u00f3 que \u00abla inmediatez no puede alegarse como excusa para dejar de amparar los derechos constitucionales fundamentales cuando frente a quien se pretende hacer valer este requisito es una persona que es padre cabeza de hogar como es mi caso, viviendo en una constante incertidumbre de pensar en cuando debo cumplir con sanci\u00f3n injustamente impuesta y pensado todo el tiempo sobre la suerte de mi hijo, en virtud a que de repente me van a arrestar y tal vez ese d\u00eda no poder llegar a recogerlo a su colegio. Siempre estuve presto pese a mi inconformidad del procedimiento en audiencia a cumplir con mi sanci\u00f3n, tal como es de conocimiento por el comisario que hasta llevaba mis elementos personales en varias de las tantas citaciones realizadas por la se\u00f1ora, pero el mismo comisario manifestaba que a\u00fan no ten\u00eda los oficios para dar el tr\u00e1mite a dicha orden\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que la determinaci\u00f3n del Juzgado de Familia, mediante la cual confirm\u00f3 en sede de consulta la sanci\u00f3n impuesta contra el aqu\u00ed censor, por el segundo incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n, data del 25 de noviembre de 2021, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 3 de agosto de 2022; es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado, toda vez que el hecho de que haya incoado otras causas judiciales en relaci\u00f3n con la custodia de uno de sus hijos \u2013o que hubiese desplegado las responsabilidades parentales que le asisten, como se refiri\u00f3 en el memorial de impugnaci\u00f3n\u2013 no explica, per se, la dificultad aludida. <\/p>\n
3.2. Por \u00faltimo, en lo que respecta a la pretensi\u00f3n de compulsar copias \u00abante las autoridades que disciplinariamente corresponda tomar medidas correctivas contra la abogada de apoyo, funcionaria que atendi\u00f3 la totalidad de las audiencias que se adelantaron en el incidente de incumplimiento denunciado, funcionaria en la que se observ\u00f3 favorecimiento y parcialidad de g\u00e9nero\u00bb, se advierte que nada obsta para que el memorialista acuda directamente ante las entidades correspondientes para formular sus eventuales quejas o denuncias. <\/p>\n
Lo anterior, pues, sobre el punto, el criterio de esta Corte ha sido de tiempo atr\u00e1s que, si se \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n [con] la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El gestor tard\u00f3 en acudir a este mecanismo excepcional, de modo que la queja soslaya el criterio de inmediatez que rige para esta clase de asuntos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo n.\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 De 1 y 13 a\u00f1os, respectivamente, para la \u00e9poca del inicio del proceso. <\/p>\n
3\u0002 En la citada fecha, vale anotar, tambi\u00e9n se profiri\u00f3 decisi\u00f3n en la que se resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta por el aqu\u00ed afectado contra el auto de la Comisar\u00eda que rechaz\u00f3 una nulidad. Sin embargo, esta actuaci\u00f3n no se censura a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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