STC12827-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12827-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00388-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 6 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Giovanny Molano Rodr\u00edguez contra el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 y la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda -Cajahonor-, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio radicado bajo el n\u00b0 2019-00391. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, dignidad humana, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, entre otros, presuntamente vulnerados por el despacho judicial y entidad convocados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que tras solicitar su \u00abdesvinculaci\u00f3n laboral\u00bb de la Polic\u00eda Nacional, la cual fue autorizada \u00abmediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 00367 del 24 de febrero de 2022\u00bb, y \u00abpor encontrarme en la actualidad exiliado, solicit\u00e9 el 15 de marzo de 2022 a la Caja de (sic) Honor (\u2026), el retiro de mis cesant\u00edas (\u2026), dineros que se encuentran retenidos atendiendo presuntamente una orden de embargo dictada por el Juez Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 [dentro del proceso de divorcio n\u00b0 2019-00391] tal como lo sostiene la [entidad en] comunicaci\u00f3n de fecha 23 de marzo de 2022 [quien] me indica que debo aportar orden de levantamiento de la medida [cautelar]\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abcon fecha 24 de marzo de 2022 solicit\u00e9 v\u00eda correo electr\u00f3nico al juzgado (\u2026), el levantamiento de embargo de cesant\u00edas a fin de evitar vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales de mis hijas y terceros (\u2026), de la cual recib\u00ed \u00fanicamente acuse de recibido virtual, pero no la respuesta\u00bb, por lo que \u00abel d\u00eda 8 de julio de 2022\u00bb, reiter\u00f3 dicha petici\u00f3n, sin que la misma haya sido resuelta. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 10 de agosto de 2022 [su apoderado especial] se acerc\u00f3 f\u00edsicamente a las instalaciones de Caja de (sic) Honor en la ciudad de Bogot\u00e1 con la finalidad de realizar los tr\u00e1mites pertinentes para el retiro de mis cesant\u00edas, mandato que no se pudo cumplir en la medida [porque] la oficina de coordinaci\u00f3n de atenci\u00f3n al usuario le manifest[\u00f3] que no era posible retirar los dineros (\u2026), ya que en la actualidad estos dineros se encontraban retenidos y la cuenta bloqueada\u00bb. <\/p>\n
3. Se infiere que lo pretendido es que se ordene al Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, responder sobre el levantamiento del embargo y retenci\u00f3n de sus cesant\u00edas, y a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda -Cajahonor-, \u00abel desbloqueo\u00bb de la cuenta para obtener el pago de tales prestaciones, en caso de establecerse que tal proceder \u00abcontraviene las funciones, competencias y facultades (\u2026) a la luz de la regulaci\u00f3n de esa entidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Segunda de Familia de Zipaquir\u00e1, inform\u00f3 que la cautela en comento fue dispuesta por auto del 15 de noviembre de 2019, misma data en la que se admiti\u00f3 la demanda de divorcio incoada por Yurani Andrea Jaimes G\u00f3mez contra el hoy accionante, a quien \u00aben auto de 12 de febrero de 2020 se tuvo como notificado\u00bb; que tras adoptar varias determinaciones sobre acumulaci\u00f3n de demandas, admisi\u00f3n de reconvenci\u00f3n y decreto de otras medidas cautelares, \u00abfinalmente, con fecha de 29 de agosto de 2022, el Juzgado resolvi\u00f3 las excepciones previas al interior de la demanda de reconvenci\u00f3n declar\u00e1ndolas fundadas. Tambi\u00e9n fueron revisadas las m\u00faltiples solicitudes elevadas por el accionante, sin embargo, no fue posible pronunciarse comoquiera que, a pesar de haberle otorgado poder a profesional del derecho las present\u00f3 a motu propio; sin embargo, se le advirti\u00f3 someramente sobre la procedencia de las medidas cautelares decretadas respecto de las prestaciones sociales que devenga\u00bb. <\/p>\n
2. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda -Cajahonor-, asever\u00f3 que procedi\u00f3 a dar cumplimiento a la orden judicial de \u00abembargo y retenci\u00f3n sobre las cesant\u00edas del se\u00f1or Jorge Giovanny Molano Rodr\u00edguez\u00bb, en atenci\u00f3n al \u00aboficio No. 1547 del 22 de noviembre de 2019\u00bb; que frente al derecho de petici\u00f3n que el interesado elev\u00f3 el 16 de marzo de 2022, este fue respondido \u00abmediante el oficio No. 03-01-20220323009692 del 23 de marzo de 2022\u00bb, indic\u00e1ndole que seg\u00fan los reportes del juzgado, la medida cautelar se encontraba vigente; no obstante, a ra\u00edz de la presente acci\u00f3n constitucional, el 26 de agosto de 2022 le solicit\u00f3 a la judicatura \u00abindicar c\u00f3mo proceder con los recursos a los que se aplic\u00f3 la medida\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 128 Judicial II de Familia de Bogot\u00e1, pidi\u00f3 \u00abnegar por improcedente la acci\u00f3n\u00bb, refiriendo para ello los decantados presupuestos gen\u00e9ricos que la jurisprudencia ha reiterado en relaci\u00f3n con la subsidiariedad de la tutela. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al considerar que, si bien \u00abal momento de interposici\u00f3n del amparo permanec\u00eda sin resolver memorial de marzo 24 de 2022, mediante el cual el all\u00e1 demandado solicit\u00f3 el levantamiento de la cautela referida, del informe rendido por la autoridad accionada se observa que en auto del 29 de agosto \u00faltimo se negaron sus pedimentos por no ejercer el derecho de postulaci\u00f3n al elevarlos\u00bb, y por ello, \u00abse super\u00f3 la mora con la respuesta emitida\u00bb, la cual en caso de \u00abno satisfacer su inter\u00e9s [puede] ser controvertida a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios\u00bb. Tambi\u00e9n adujo ausencia de vulneraci\u00f3n porque el juzgado \u00able indic\u00f3 al interesado que \u201cde conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 598, numeral 1\u00b0 del C.G.P. y 781 numeral 1\u00b0 del C\u00f3digo Civil, los ingresos o emolumentos relacionados o derivados de una relaci\u00f3n laboral o actividad econ\u00f3mica hacen parte del haber social, por tanto, son susceptibles de medidas cautelares en procesos de divorcio\u201d\u00bb, por lo que, \u00abno se advierte en la toma de la medida cautelar que en proceso se discute, ni en la respuesta dada por el juzgado al actor a su solicitud, una vulneraci\u00f3n de sus derechos pues es acertado afirmar que es la cautela discutida procedente en ese tipo de tr\u00e1mites\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el reclamante aduciendo que el fallador de primera instancia \u00abomiti\u00f3 introducirse en el fondo del asunto y examinar los hechos puestos a su consideraci\u00f3n [puesto que] la argumentaci\u00f3n \u00fanicamente se centr\u00f3 y se dirigi\u00f3 a atender el derecho de petici\u00f3n [pero] nada se dijo sobre la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales a la dignidad y m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los convocados vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, porque: (i) el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, no ha resuelto las peticiones elevadas al interior del juicio de divorcio n\u00b0 2019-00391, en aras a que se levante la restricci\u00f3n que pesa sobre sus cesant\u00edas; y, (ii) la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda -Cajahonor-, ha impedido \u00abretirar los dineros por concepto de cesant\u00edas [en tanto estos] se encuentran retenidos y la cuenta bloqueada\u00bb. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC10054-2022, 4 ago. 2022, rad. 00269-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, pero precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) en relaci\u00f3n con la mora endilgada al juzgado, se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, y (ii) el reproche contra Cajahonor se muestra infundado y por tanto se evidencia ausencia de vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
3.1. Del hecho superado. <\/p>\n
En el caso bajo examen se evidencia que la supuesta mora judicial enrostrada al Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, por no haber respondido las peticiones de desembargo elevadas por el ac\u00e1 querellante el 24 de marzo y 8 de julio de 2022, fue corregida durante el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n, habida cuenta que dentro del proceso de divorcio n\u00b0 2019-00391, con prove\u00eddo notificado por estado el 30 de agosto de 2022, el accionado se pronunci\u00f3 se\u00f1alando, en lo pertinente, que: <\/p>\n
\u00ab1. Frente a las solicitudes obrantes en los archivos 27, 28, 31, 38, 44, 49, 50 y 51 del expediente digital, se le advierte al memorialista que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-Ley 196 de 12 de febrero de 1971, no se encuentra autorizado para litigar en causa propia, esto atendiendo a la categor\u00eda del Juzgado y a la naturaleza del proceso de la referencia. En consecuencia, deber\u00e1 elevar las solicitudes a trav\u00e9s de su apoderado judicial. <\/p>\n
En todo caso, el peticionario debe tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 598 numeral 1\u00b0 del CGP y 781 numeral 1\u00b0 del c\u00f3digo civil, todos los ingresos o emolumentos relacionados o derivados de una relaci\u00f3n laboral o actividad econ\u00f3mica hacen parte del haber social, por tanto, son susceptibles de medidas cautelares en procesos de divorcio\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que, independientemente del sentido de la decisi\u00f3n, el estrado encartado otorg\u00f3 al asunto el impulso requerido luego de notificada la admisi\u00f3n de esta acci\u00f3n -acaecida el 25 de agosto de 2022-, lo que conlleva una carencia actual de objeto por hecho superado conforme a lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En similar sentido esta Sala ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada entre otras en STC8895-2022, 13 jul. 2022, rad. 00534-01). <\/p>\n
3.2. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Se predica respecto de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda -Cajahonor-, porque ning\u00fan reparo merece el que hubiera aplicado el embargo y retenci\u00f3n de las cesant\u00edas del aqu\u00ed quejoso, ya que tal actuaci\u00f3n obedece a un mandato judicial dictado con observancia del ordenamiento jur\u00eddico y en el marco de un proceso que persigue la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Entonces, conforme lo indic\u00f3 la entidad al responder esta acci\u00f3n, aunado al soporte jur\u00eddico que tuvo el juzgador para decretar la medida cautelar, una vez comunicada \u00abmediante el Oficio No. 1547 del 22 de noviembre de 2019, con ocasi\u00f3n al proceso de Divorcio No. 2019-00391-00\u00bb, proced\u00eda su acatamiento en atenci\u00f3n a las disposiciones reglamentarias que rigen su actividad, espec\u00edficamente con sujeci\u00f3n al \u00abart\u00edculo 86 de la Resoluci\u00f3n 172 de 2021\u00bb; en ese sentido, dijo que adem\u00e1s de que en su momento advirti\u00f3 la posibilidad de que el interesado ejerciera \u00abla oponibilidad por inembargabilidad de aportes\u00bb, recientemente y \u00abpara su debido cumplimiento\u00bb, consult\u00f3 a la autoridad que la dispuso para que le informara \u00abla vigencia de la sociedad conyugal\u00bb, de donde emerge que su proceder ha estado acorde a las \u00abfunciones, competencias y facultades\u00bb consagradas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, verificado nuevamente el expediente digital, en el citado auto del 29 de agosto de 2022 el juzgado atendi\u00f3 dicha solicitud disponiendo \u00aboficiar a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda -CAJAHONOR, indicando que el presente asunto se encuentra vigente, as\u00ed como la medida cautelar decretada sobre los conceptos de cesant\u00edas del se\u00f1or Jorge Giovanny Molano Rodr\u00edguez causadas desde la fecha en que contrajo nupcias (1\u00b0 de abril de 2009). Siendo improcedente realizar el levantamiento parcial de las medidas cautelares, pues no se dan los presupuestos previstos en el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en lo concerniente al \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que le formul\u00f3 el actor a Cajahonor el 16 de marzo de 2022, la entidad acredit\u00f3 haberle dado oportuna y congruente respuesta con \u00aboficio No. 03-01-20220323009692 del 23 de marzo de 2022\u00bb, en la que se\u00f1al\u00f3 que no era posible acceder al retiro de los dineros, comoquiera que \u00abla totalidad de los haberes registrados en su cuenta individual de administraci\u00f3n de cesant\u00edas se encuentra retenidos a favor del proceso promovido en el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 bajo el radicado N\u00b0 2019-00391-00, motivo por el cual, y en el evento en que cuente con la orden de levantamiento [de] la medida, se le sugiere aportar el respectivo oficio para que el grupo encargado lo valide y le informe lo que en derecho corresponda\u00bb, es decir, que por el momento no era posible disponer de esos recursos porque sobre ellos estaba vigente un gravamen decretado por autoridad judicial competente. <\/p>\n
Lo anterior significa que la aplicaci\u00f3n del embargo y retenci\u00f3n de las cesant\u00edas del ac\u00e1 tutelante, a efectos que sean puestos a disposici\u00f3n del juzgado que conoce del divorcio y consecuente liquidaci\u00f3n de los haberes sociales, no refleja desafuero susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de esta excepcional v\u00eda jur\u00eddica, en tanto se ajusta a los preceptos legales que rigen la tem\u00e1tica bajo estudio y no atentan contra derecho fundamental alguno. <\/p>\n
En situaciones como la que acaba de verse es necesario recordar que, al instaurar la salvaguarda, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01), postura que ha enfatizado al sostener que para la viabilidad del resguardo \u00ab(\u2026) se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC6921-2022, 2 jun. 2022, rad. 00031-01). Se subraya. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en las apreciaciones precedentes, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, toda vez que: (i) en lo atinente al juzgado, la dilaci\u00f3n o mora a \u00e9l endilgada sobre el tr\u00e1mite de las peticiones elevadas dentro del pleito n\u00b0 2019-00351, se super\u00f3 durante el diligenciamiento de esta acci\u00f3n, y (ii) frente a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda -Cajahonor-, no se acredit\u00f3 que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n esa entidad hubiera consolidado vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados por el reclamante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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