STC12831-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03221-00 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
<\/p>\n
STC12831-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03221-00 <\/p>\n
<\/p>\n
(Aprobado en sala del veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Almacenes \u00c9xito S.A. le instaur\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso 66001-31-03-005-2019-00183-00. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- La sociedad accionante pidi\u00f3 dejar sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia emitidas en la acci\u00f3n popular que le promovi\u00f3 Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga (16 jul. 2021 y 19 ag. 2022), para que, en su lugar, se les ordene \u00abrehacer la actuaci\u00f3n procesal, dando una debida aplicaci\u00f3n de las normas al caso juzgado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Para apoyar sus anhelos, relat\u00f3 que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira consider\u00f3 que viol\u00f3 derechos colectivos por no tener en el establecimiento de comercio de su propiedad, ubicado en la Carrera 10\u00aa No.14-71 de Pereira, \u00abel servicio de profesional int\u00e9rprete o gu\u00eda int\u00e9rprete de planta para personas ciegas y sordociegas\u00bb, como lo exige el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005. En consecuencia, le orden\u00f3 incluir en su planta de personal dicho servicio, as\u00ed como la instalaci\u00f3n de los avisos respectivos. El ad quem ratific\u00f3 lo resuelto, la conden\u00f3 en costas y le orden\u00f3 prestar garant\u00eda para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
Narr\u00f3 que dicha resoluci\u00f3n quebranta sus garant\u00edas porque es fruto de la indebida y desproporcionada aplicaci\u00f3n del citado precepto 8\u00b0. Lo primero, porque los falladores enjuiciados, so pretexto de una hermen\u00e9utica distinta a la gramatical, consideraron que le era aplicable el citado deber, cuando al tenor literal de dicha disposici\u00f3n, y los motivos que la sustentan, el mismo se predica de entidades p\u00fablicas y organismos que prestan servicios p\u00fablicos, m\u00e1s no de compa\u00f1\u00edas como ella, que tienen el car\u00e1cter de privadas y no prestan un servicio de ese linaje. Lo segundo, debido a que le ordenaron incluir en su planta de personal un int\u00e9rprete y un gu\u00eda de int\u00e9rprete, cuando pudo adoptarse una medida m\u00e1s efectiva y menos lesiva a sus intereses, como \u00absistemas de comunicaci\u00f3n especializados\u00bb que permitan la interlocuci\u00f3n con personas que tengan limitaciones auditivas. Tal como lo dispuso la Secci\u00f3n Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 1 de diciembre de 2016 (rad. 17001-22-31-000-2017-00427-02), al describir las herramientas que ten\u00eda la Rama Judicial para atender \u00abal p\u00fablico en condici\u00f3n de discapacidad auditiva\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, adujo que en la hip\u00f3tesis de que debiera acatar el aludido mandato, la condenaron sin existir evidencia de su incumplimiento o que no dispon\u00eda de las herramientas de inclusi\u00f3n necesarias que permitieran el ingreso de dicha poblaci\u00f3n al almac\u00e9n. Precis\u00f3 que as\u00ed fue porque el actor popular no alleg\u00f3 evidencia al respecto, no se practicaron pruebas destinadas a establecer lo pertinente, como un dictamen pericial o una inspecci\u00f3n judicial, y la presunci\u00f3n de los hechos de la demanda, derivada de su falta de contestaci\u00f3n, era insuficiente para tener por acreditada la infracci\u00f3n que se le atribuy\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como cuesti\u00f3n preliminar, se precisa que la Sala circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n al veredicto expedido por el Tribunal de Pereira, pues ser\u00eda inane detenerse en el desempe\u00f1o de la sede primigenia, cuando los reparos enfilados en su contra fueron \u00absometidos a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural (\u2026)\u00bb (CSJ STC7006-2021, entre otras). Adem\u00e1s, mediante la aludida determinaci\u00f3n se clausur\u00f3 la acci\u00f3n popular examinada. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Dicho esto, se anuncia que la salvaguarda se desestimar\u00e1, por cuanto la conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual, Almacenes \u00c9xito S.A. est\u00e1 obligada a brindar los servicios de int\u00e9rprete1 y de gu\u00eda int\u00e9rprete2 para personas con discapacidad visual y\/o auditiva en la sucursal ubicada en la carrera 10\u00aa No.14-71 de Pereira, se encuentra soportada en una hermen\u00e9utica razonable que, por tanto, no puede ser desconocida por este sendero, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
<\/p>\n
2.1.- De la existencia del deber de la sociedad accionante de tener int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete en el establecimiento de comercio de su propiedad. <\/p>\n
<\/p>\n
Es cierto, como lo denuncia la actora, que el juez plural le atribuy\u00f3 el deber comentado con fundamento en el art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005, \u00abpor la cual se establecen normas tendientes a la equiparaci\u00f3n de oportunidades para las personas sordas y sordociegas\u00bb, pese a que el tenor literal de dicha regla no se lo impone. Lo anterior, porque como lo advirti\u00f3 el propio Tribunal, el mandato va dirigido solo a i) entidades estatales, ii) empresas prestadoras de servicios p\u00fablicos, iii) las Instituciones Prestadoras de Salud, iv) las bibliotecas p\u00fablicas, los centros de documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n, las instituciones gubernamentales, y a iv) las no gubernamentales que ofrezcan servicios al p\u00fablico mientras que la promotora \u00ab(i) No ofrece un servicio p\u00fablico, seg\u00fan su objeto social (Ib., pdf No.23); (ii) Tampoco es un ente gubernamental; y, (iii) menos uno no gubernamental o ONG que se caracteriza, seg\u00fan criterio auxiliar del [Consejo de Estado], por ser: a) Un organismo concebido en el \u00e1mbito privado, al margen del Estado, b) con objeto altruista, y, iii) sin \u00e1nimo de lucro. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, no por eso dicha asignaci\u00f3n puede calificarse de arbitraria, si en cuenta se tiene que para ampliar el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del precepto a entidades como la actora, que son de naturaleza privada, pero que prestan servicios al p\u00fablico, acudi\u00f3 a las pautas que gobiernan el deber de protecci\u00f3n de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas, el principio conforme al cual, el deber de garantizar a las personas con discapacidad el acceso a los servicios ofrecidos a la comunidad se predica respecto de la sociedad en general, a fin de que puedan realizar su proyecto de vida de una manera libre, aut\u00f3noma y en igualdad de condiciones con los dem\u00e1s. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, tras advertir <\/p>\n
<\/p>\n
i) Que una de las prerrogativas de las personas con discapacidad es el de \u00abaccesibilidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii) Que as\u00ed lo establece el art\u00edculo 9\u00b0 de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 1346 de 2009, seg\u00fan el cual, \u00ab[a] fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptar\u00e1n medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, al entorno f\u00edsico, el transporte, la informaci\u00f3n y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al p\u00fablico o de uso p\u00fablico, tanto en zonas urbanas como rurales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii) Que dicha ley predica la garant\u00eda de accesibilidad respecto de toda la comunidad, al enfatizar en la necesidad de \u00abasegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al p\u00fablico o de uso p\u00fablico tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad (\u2026)\u201d (Art.9\u00ba-2\u00ba, literal \u201cb\u201d, Ley 1346) (Resaltado a prop\u00f3sito); y, del otro, trasladan a la sociedad en general, incluidas, las empresas privadas, el deber de: \u201c(\u2026) 4. Asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales, sociales, culturales, f\u00edsicas, arquitect\u00f3nicas, de comunicaci\u00f3n, y de cualquier otro tipo, que impidan la efectiva participaci\u00f3n de las personas con discapacidad y sus familias (\u2026)\u201d (Art.6\u00ba-4\u00ba, Ley 1618) (el destacado es de la providencia analizada). <\/p>\n
<\/p>\n
iv) Que el objeto del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 982 de 2005, <\/p>\n
en \u00faltimas, es \u00abasegurar el acceso libre y aut\u00f3nomo de los ciudadanos con dificultades en la comunicaci\u00f3n\u00bb a todos los servicios p\u00fablicos que ofrezcan entes p\u00fablicos o privados, as\u00ed como a los servicios que se ofrecen al p\u00fablico, <\/p>\n
<\/p>\n
Concluy\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
Sin duda, todo nuestro sistema de derecho positivo permite inferir razonablemente que todos los asociados son destinarios de los mandatos jur\u00eddicos, con independencia de que sean p\u00fablicos o privados. El deber de solidaridad impone garantizar el acceso de toda la poblaci\u00f3n a los servicios ofrecidos, por manera que debe imponerse a un particular como almacenes \u00c9xito SA, que elimine cualquier barrera comunicativa que impida el acceso del colectivo con dificultad auditiva y\/o visual. <\/p>\n
<\/p>\n
La accesibilidad se traduce en la eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n del grupo marginado que se comunica mediante m\u00e9todos espec\u00edficos desconocidos por el grueso de la poblaci\u00f3n, entonces, el empleo de los medios de comunicaci\u00f3n constituyen la manera como la sociedad, consciente de aquellas limitaciones sensoriales, ofrece herramientas a estas personas para que participen de la vida social sin restricciones de ninguna \u00edndole. <\/p>\n
<\/p>\n
En s\u00edntesis, la interpretaci\u00f3n restrictiva respecto de la obligaci\u00f3n de garantizar la accesibilidad, desatiende la finalidad principal de los textos normativos regulatorios, que apunta a que todos las personas de la sociedad, sin importar sus condiciones particulares, espec\u00edficamente, con alguna discapacidad, puedan ejercer sus derechos como cualquier otra persona que no tenga limitaci\u00f3n alguna; y, es obligaci\u00f3n del Estado y de la sociedad en general procurar su materializaci\u00f3n mediante la eliminaci\u00f3n de cualquier barrera existente. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, en nada puede sorprender a la interesada que el canon 8\u00b0 de la Ley 982 de 2005 se interpretara a la luz de par\u00e1metros distintos a las all\u00ed contempladas, cuando la incorporaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al ordenamiento jur\u00eddico, en 2009, impuso a las autoridades del Estado Colombiano, entre ellas, las judiciales, la de adoptar las medidas pertinentes para asegurar, entre otras garant\u00edas, i) el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, a las instalaciones abiertas al p\u00fablico3, ii) el derecho a vivir en comunidad4, asegurando en especial, que \u00ab[l]as instalaciones y los servicios comunitarios para la poblaci\u00f3n en general est\u00e9n a disposici\u00f3n, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades\u00bb, y iii) a recibir informaci\u00f3n5, alentando \u00aba las entidades privadas que presten servicios al p\u00fablico en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen informaci\u00f3n y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Y es que, en un Estado Social de Derecho, en el que los principios de dignidad humana e igualdad irradian todo el ordenamiento jur\u00eddico, mal puede tildarse de defectuosa la exigencia que se realiza a un particular que ofrece bienes y servicios a la comunidad, para que lo haga por medio de un profesional que, por sus conocimientos y capacidades, facilita que las personas con alguna restricci\u00f3n auditiva y\/o visual puedan acceder a las instalaciones respectivas, informarse sobre dichos bienes y servicios, decidir los que desean adquirir y manifestar su voluntad. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el particular, en un caso de similares contornos a este, la Corte esboz\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
Al margen de lo discurrido, res\u00e1ltese, lejos de incurrir en v\u00eda de hecho, el tribunal querellado sigui\u00f3 el derrotero marcado por el art. 13 superior, el cual impone al Estado la obligaci\u00f3n de promover condiciones de igualdad \u201creal y efectiva\u201d, mediante la adopci\u00f3n de disposiciones a favor de grupos discriminados, y el deber de proteger a aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, como los sujetos en situaci\u00f3n de discapacidad (STC6929-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.- De la infracci\u00f3n del deber de prestar los servicios al p\u00fablico, por medio int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete en el establecimiento de comercio de su propiedad. <\/p>\n
<\/p>\n
La deducci\u00f3n conforme a la cual, Almacenes \u00c9xito S.A. no dispon\u00eda de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete en el local situado en ubicado en la Carrera 10\u00aa No.14-71 de Pereira, tampoco es caprichosa. Ciertamente, como lo alega la entidad actora, la prueba de ese hecho se edific\u00f3 exclusivamente en la confesi\u00f3n presunta de la impulsora. Empero, en el caso, nada hay de censurable en ello. <\/p>\n
<\/p>\n
Primero, porque \u00abtoda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u00bb (art. 164 del C.G.P), siendo la confesi\u00f3n de la querellante un medio de prueba (art. 165 ib.), y la \u00fanica que obraba en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo, porque, como lo advirti\u00f3 el Tribunal al resolver el reparo que en ese sentido plante\u00f3 la quejosa, dicho supuesto era \u00abpasible de confesi\u00f3n\u00bb, y conforme art\u00edculo 97 de la misma codificaci\u00f3n, \u00ab[l]a falta de contestaci\u00f3n de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, har\u00e1n presumir ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, si bien la probanza en cuesti\u00f3n admite prueba en contrario (art. 197, ib.), los falladores no estaban obligados a incorporar motu proprio otros medios de convicci\u00f3n para determinar si el local referido contaba o no con las citadas ayudas para la poblaci\u00f3n protegida, pues, como lo ha dicho la Sala, si bien el juzgador tiene el deber de decretar pruebas de oficio con el fin de \u00abprocurar el mayor acercamiento entre la verdad procesal y la real, ello \u00abno apareja que amparados en aquel deber de los funcionarios se proh\u00edje la negligencia o desidia de las partes en el cumplimiento de su carga procesal\u00bb (SC5034-2021). Y lo cierto es que, en el caso, Almacenes \u00c9xito no se defendi\u00f3 de la infracci\u00f3n endilgada en la oportunidad correspondiente. Adem\u00e1s, seg\u00fan lo esboz\u00f3 el Tribunal, la existencia de la contravenci\u00f3n, \u00abse refuerza con los argumentos expuestos en el recurso, puesto que revelan el palmario inter\u00e9s en rehuir la obligaci\u00f3n legal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.- De las medidas adoptadas para que la accionante garantizara el acceso de las personas protegidas a los servicios prestados en su establecimiento de comercio. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco es reprochable que el Tribunal se negara a modificar la orden de tener int\u00e9rprete o gu\u00eda int\u00e9rprete en las instalaciones materia del proceso, por \u00absistemas de comunicaci\u00f3n especializados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, contrario a lo alegado por la impulsora, no se le oblig\u00f3 a incorporar en su planta de personal un profesional o profesionales de esas caracter\u00edsticas, pues, frente a la tem\u00e1tica dijo la Corporaci\u00f3n encausada: \u00ab[r]especto a la contrataci\u00f3n de los rese\u00f1ados profesionales, cierto es que el art\u00edculo 8\u00ba, Ley 982, autoriza que el servicio se brinde: \u201c(\u2026) de manera directa o mediante convenios con organismos (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
A su vez, adopt\u00f3 dicha determinaci\u00f3n al considerar que \u00abla existencia de m\u00e9todos tecnol\u00f3gicos adicionales de comunicaci\u00f3n no suple plenamente la presencia f\u00edsica del gu\u00eda experto\u00bb, en tanto \u00abayuda a las personas con discapacidad en el desplazamiento al interior de la sucursal de la accionada\u00bb. Agreg\u00f3, en ese sentido, que \u00ab[l]os medios virtuales acaso permiten la intercomunicaci\u00f3n, mas, en modo alguno, ayudan en el desplazamiento f\u00edsico\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, y frente a la decisi\u00f3n del Consejo de Estado respecto de la prestaci\u00f3n del servicio de administraci\u00f3n de justicia \u00abal p\u00fablico en condici\u00f3n de discapacidad auditiva\u00bb, invocada por la censora, advirti\u00f3 que no ten\u00eda la virtualidad de variar la medida, porque \u00abcriterio auxiliar y razonable que la Corporaci\u00f3n comparte, en exclusivo, respecto a la presencia del int\u00e9rprete; sin embargo, carece de an\u00e1lisis frente al servicio de gu\u00eda que la norma tambi\u00e9n ordena\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin que las discrepancias frente a lo expuesto allanen el camino para que el resguardo salga avante, porque, \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u00bb (STC9694-2022, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
3.- En suma, comoquiera que los criterios bajo los cuales el Tribunal de Pereira dedujo que Almacenes \u00c9xito S.A. estaba obligado a ofrecer sus servicios en la sucursal ubicada en la carrera 10\u00aa No.14-71 de Pereira, con int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete, est\u00e1n soportados en un an\u00e1lisis serio y objetivo de las normas aplicables a la controversia, la salvaguarda deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con el numeral 25 del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 982, tiene la calidad de int\u00e9rprete para sordos, las \u00ab[p]ersonas con amplios conocimientos de la Lengua de Se\u00f1as Colombiana que puede realizar interpretaci\u00f3n simult\u00e1nea del espa\u00f1ol hablado en la Lengua de Se\u00f1as y viceversa\u00bb, as\u00ed como \u00abaquellas personas que realicen la interpretaci\u00f3n simult\u00e1nea del castellano hablado a otras formas de comunicaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n sorda, distintas a la Lengua de Se\u00f1as, y viceversa\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Al tenor del numeral 22 de la misma ley, es quien \u00ab(\u2026) realiza una labor de transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n visual adaptada, auditiva o t\u00e1ctil, descripci\u00f3n visual del ambiente en donde se encuentre y gu\u00eda en la movilidad de la persona sordociega, con amplio conocimiento de los sistemas de comunicaci\u00f3n que requieren las personas sordociegas\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 1346 de 2009. Accesibilidad. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 21. Libertad de expresi\u00f3n y de opini\u00f3n y acceso a la informaci\u00f3n. <\/p>\n
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