STC12833-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12833-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00993-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 18 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Jaime Soto Olivera contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9 y Cristiam Manuel Zamora Rivera. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abde petici\u00f3n\u2026 igualdad, trabajo, debido proceso, m\u00e9rito y acceso a la carrera judicial\u00bb. <\/p>\n
2. Dijo que, mediante Acuerdo PCSJA22-11970, de 30 de junio del a\u00f1o en curso, el Consejo Superior de la Judicatura cre\u00f3 un cargo de magistrado en la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima que debe ser provisto a trav\u00e9s del sistema de carrera judicial; empero, como a la fecha se encuentra pendiente \u00abla conformaci\u00f3n de lista de elegibles actualizada\u00bb, lo que ocurrir\u00e1 \u00abhasta tanto se concluya el proceso del concurso que cursa su tr\u00e1mite actualmente\u00bb, la designaci\u00f3n debe hacerse en encargo, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en vista de lo anterior, a trav\u00e9s de \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb de 1\u00ba de julio de 2022, dirigido a la presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, se postul\u00f3 como aspirante para ocupar la vacante referida, pues consideraba que reun\u00eda las exigencias de la disposici\u00f3n legal en comento comoquiera que se desempe\u00f1a \u00abcomo secretario de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, en propiedad, desde el 01 de abril de 2016, cumpl[e] los requisitos para ser magistrado\u2026 no [ha] sido sancionado disciplinariamente nunca\u2026 y [su] \u00faltima evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o fue excelente\u00bb. <\/p>\n
Relata que, sin recibir respuesta alguna a su solicitud, la autoridad querellada, mediante Acuerdo 058 de 5 de julio de 2022, design\u00f3 en provisionalidad como magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, \u00abal doctor Cristiam Manuel Zamora Rivera\u2026 quien adem\u00e1s tom\u00f3 posesi\u00f3n el d\u00eda siete (7) de julio de esta misma anualidad\u00bb y solo \u00abhasta el pasado 19 de julio, fue expedido y remitido el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para la provisi\u00f3n de los cargos que conforman el nuevo despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
3. En su criterio, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial debi\u00f3 \u00aben aras de garantizar la transparencia en la elecci\u00f3n y de paso, los referidos derechos de este actor, como garante de la \u00e9tica judicial, guardar con celo el debido proceso para la elecci\u00f3n de quienes ocupar\u00edan los cargos de magistrados\u2026 esto es, en primer lugar, verificar la existencia de lista de elegibles para la provisi\u00f3n\u2026 y, en segundo lugar, de haberse constatado la inexistencia de la misma o su no vigencia, verificar el cumplimiento de la ley 1160 de 2019, que\u2026 busca garantizar el referido principio rector de m\u00e9rito de acceso a la carrera, debiendo hacer prevalecer la oportunidad de movilidad para el ascenso de los empleados p\u00fablicos, en virtud del derecho de preferencia, otorgado por la ley, a quienes ejercemos cargos de carrera\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por ello, solicit\u00f3 \u00abdeclarar la nulidad de pleno derecho del Acuerdo 058 del 5 de julio de 2022, para en su lugar\u2026 disponer [su] designaci\u00f3n en el cargo de magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, con efectos retroactivos a la fecha en que se produjo el acto administrativo o debi\u00f3 producirse\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La presidenta de la Corporaci\u00f3n accionada se opuso a la prosperidad del resguardo ante la ausencia de lesi\u00f3n a los derechos fundamentales del gestor. <\/p>\n
En primer lugar, resalt\u00f3 que Soto Olivera no hizo parte de la Convocatoria 22 de 2013, a trav\u00e9s de la cual se convoc\u00f3 a concurso para proveer cargos de magistrados a nivel nacional y, por ende, tampoco de los registros de elegibles confeccionadas dentro de ese proceso de selecci\u00f3n, los cuales fueron agotados en su integridad y estuvieron vigentes hasta el pasado 19 de marzo. <\/p>\n
As\u00ed, consider\u00f3 que la interpretaci\u00f3n que el promotor realiza respecto de la Ley 1960 de 2019 resulta improcedente \u00aben tanto para esa Corporaci\u00f3n no hay raz\u00f3n para acudir por v\u00eda supletiva a la Ley 909 de 2004, ya que, para el caso de la Rama Judicial, la Ley 270 de 1996 contiene disposiciones expresas que regulan la provisi\u00f3n de empleos espec\u00edficamente previstas en el art\u00edculo 132 ejusdem, luego entonces, no hay ning\u00fan vac\u00edo que conlleve a aplicar una regulaci\u00f3n subsidiaria\u00bb, de tal manera, la designaci\u00f3n del funcionario que en la actualidad se encuentra ocupando el cargo de magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional Disciplinaria del Tolima no es contraria al ordenamiento jur\u00eddico comoquiera que \u00abno era factible acudir a la figura del encargo, cuando era leg\u00edtimo acudir al nombramiento en provisionalidad\u00bb. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, respecto de la presunta omisi\u00f3n para resolver la solicitud formulada por el quejoso el 1\u00ba de julio del corriente a\u00f1o, dijo que la misma fue atendida, v\u00eda correo electr\u00f3nico, el 12 de agosto siguiente inform\u00e1ndole el nombramiento de \u00abCristian Manuel Zamora Rivera, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 132 de la Ley 270 de 1996\u00bb. <\/p>\n
2. La directora de la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial impetr\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa dependencia por cuanto no es la autoridad nominadora encargada de la provisi\u00f3n del cargo sobre el que recae el presente ruego. <\/p>\n
Al margen de lo anterior advirti\u00f3 que, como lo pretendido es la invalidaci\u00f3n de un acto administrativo que se encuentra revestido de la presunci\u00f3n de legalidad, el resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad pues tal control \u00abcorresponde a la \u00f3rbita de jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. <\/p>\n
3. El director ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal n\u00famero 2922 de 19 de julio de 2022 fue expedido por la coordinadora del Grupo de Ejecuci\u00f3n Presupuestal acatando \u00ablo ordenado en el Acuerdo PCSJA22-11970\u2026 [y] una vez se cumplieron las condiciones para ello\u00bb. <\/p>\n
Dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva \u00abpor no ser el\u2026 competente para responder a los requerimientos del se\u00f1or Jaime Soto Olivera\u00bb, por lo que pidi\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n en lo que a esa entidad respecta. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo \u00aben lo que tiene que ver con la pretensi\u00f3n consistente en que lo designaran como titular del despacho creado mediante Acuerdo PCSJA22-11970\u00bb en la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, resalt\u00f3 que la discusi\u00f3n acerca de la legalidad del acto administrativo por medio del cual se provey\u00f3 en provisionalidad el cargo de magistrado del aludido cuerpo colegiado, corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa a trav\u00e9s de los medios de control dise\u00f1ados por el legislador, no existiendo \u00abraz\u00f3n v\u00e1lida para pensar que la acci\u00f3n de tutela se convierte en un mecanismo definitivo y prevalente de defensa judicial, ya que ello implicar\u00eda trastornar la regla conforme la cual\u2026 \u00fanicamente procede de manera subsidiaria, sobre todo cuando\u2026 no se ofrece urgente la intervenci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, consider\u00f3 que la actuaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no contrari\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico en la medida que el nombramiento cuestionado se efectu\u00f3 al amparo del art\u00edculo 132 de la Ley 270 de 1996, adem\u00e1s que, ante la inexistencia de vac\u00edo legal se tornaba inviable acudir, por v\u00eda supletiva, a la Ley 909 de 2004. <\/p>\n
Por otra parte, declar\u00f3 improcedente la salvaguarda respecto de la omisi\u00f3n en atender la petici\u00f3n del actor, al haberse configurado un hecho superado, pues la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, antes de proferirse el fallo, emiti\u00f3 respuesta y la puso en conocimiento del interesado a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, remitido el pasado 12 de agosto. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante se mostr\u00f3 en desacuerdo con la anterior insistiendo en sus planteamientos iniciales en torno a la presunta ilegalidad del acto administrativo por medio del cual se efectu\u00f3 un nombramiento en la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima. <\/p>\n
Frente a la desatenci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad recalc\u00f3 que el medio de control ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo resultaba ineficaz de cara a la premura con la que requiere se protejan sus derechos fundamentales, en tanto la definici\u00f3n del asunto por parte del juez natural exceder\u00eda el plazo perentorio de 10 d\u00edas de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Finalmente, discrep\u00f3 de la declaratoria de carencia de objeto pues, en su sentir, \u00abla respuesta emitida por la\u2026 Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no puede entenderse como \u201coportuna\u201d, al haber sido emitida solo con ocasi\u00f3n a la acci\u00f3n promovida, esto es, fuera del t\u00e9rmino\u2026 previsto, la misma no resulta completa, ni de fondo, pues en manera alguna se ocupa si quiera [sic] de responder la petici\u00f3n respecto de la aplicaci\u00f3n de la ley 1960 de 2019\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si la autoridad convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por el promotor (i) al no designarlo como magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial pese a reunir las exigencias del art\u00edculo 24 de la Ley 909 de 2004 (modificado por la Ley 1960 de 2019) y (ii) por no responder un derecho de petici\u00f3n formulado el 1\u00ba de julio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2. El caso concreto <\/p>\n
2.1. De la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, la acci\u00f3n de tutela no es, por v\u00eda general, el escenario id\u00f3neo para controvertir actuaciones administrativas, puesto que para ello el legislador previ\u00f3 diversas acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, salvo aquellos eventos en los que el auxilio constitucional tenga cabida como mecanismo transitorio, lo cual impone verificar, con suficiencia, que los medios ordinarios de defensa no resultan eficaces <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente tanto de la demanda como de los medios de convicci\u00f3n recaudados en la primera instancia, anuncia la Sala que ratificar\u00e1 la negativa del amparo, pues se advierte con claridad que el mismo no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de la subsidiariedad previamente referido. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto que la demanda de tutela bajo estudio se dirige contra un acto administrativo concreto, cuyo control corresponde a los jueces contenciosos administrativos. En ese sentido, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(…) las inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa (CSJ STC, 20 Feb. 2013, Rad. 2012-00100-01), que es el escenario natural donde es posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [se] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que la actora discuta el derecho que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 abr. 2012, rad. 00257-01, reiterada en STC795-2016, 1 feb.). <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
De all\u00ed que la pretensi\u00f3n tendiente a la sustituci\u00f3n del juez competente por el de tutela no pueda prohijarse, m\u00e1xime que no se acredit\u00f3 la inminencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2.2. De la carencia de objeto por hecho superado <\/p>\n
Como lo ha decantado la jurisprudencia tanto de esta Corporaci\u00f3n, como de la Corte Constitucional, si dentro del tr\u00e1mite de tutela cesa la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, bien porque la conducta lesiva fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, pierde motivo el amparo, pues no tendr\u00eda objeto impartir orden alguna para conjurar la irregularidad porque caer\u00eda en el vac\u00edo; de all\u00ed que, una vez se constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, la conclusi\u00f3n necesaria es la declaratoria de improcedencia del resguardo. <\/p>\n
Frente al segundo motivo de disenso, se tiene que la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo frente a la presunta omisi\u00f3n, por parte de la Corporaci\u00f3n querellada, para dar respuesta al \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que formul\u00f3 el gestor el pasado 1\u00ba de julio, al encontrar configurada la carencia de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Soto Olivera disinti\u00f3 de esa determinaci\u00f3n pues, en su criterio el pronunciamiento de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, adem\u00e1s de ser inoportuno, \u00aben manera alguna se ocupa si quiera [sic] de responder la petici\u00f3n respecto de la aplicaci\u00f3n de la ley 1960 de 2019\u00bb. <\/p>\n
En el aludido escrito, el promotor manifest\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) me atrevo a solicitar a esa Honorable Corporaci\u00f3n, como nominadora, se considere mi nombre y mi hoja de vida, para la provisi\u00f3n del cargo de magistrado como titular del nuevo despacho creado en la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, seg\u00fan lo dispuesto por el Acuerdo PCSJA22-11970 del 30 de junio de 2022\u2026 <\/p>\n
Me atrevo, de manera humilde, a presentar mi hoja de vida, en raz\u00f3n a considerar que cumplo los requisitos para que se aplique\u2026 lo dispuesto por la Ley 1960 de 2019\u2026 <\/p>\n
En tal sentido, considero aplicable la referida normatividad en mi caso, debo se\u00f1alar que vengo ejerciendo el cargo de secretario de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, en propiedad, desde el 01 de abril de 2016, cumplo a satisfacci\u00f3n los requisitos para ocupar el cargo de magistrado, lo cual podr\u00e1 corroborarse del estudio de mi hoja de vida, poseo las aptitudes y habilidades para su desempe\u00f1o, no he sido sancionado disciplinariamente nunca, seg\u00fan se observa del certificado de antecedentes disciplinarios que anexo y, mi \u00faltima evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o fue excelente (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n del traslado que la Corte hiciera a la autoridad judicial accionada, la presidenta de ese cuerpo colegiado resalt\u00f3 que, mediante correo electr\u00f3nico remitido el pasado 12 de agosto a la direcci\u00f3n indicada por el interesado, le inform\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En atenci\u00f3n a su escrito\u2026 mediante el cual solicita considerar su nombre y hoja de vida par la provisi\u00f3n del cargo de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, le informo que a trav\u00e9s del acuerdo 058 del 5 de julio de 2022, fue nombrado el doctor Cristian [sic] Manuel Zamora Rivera, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 132 de la Ley 270 de 1996, la que prev\u00e9 que, hasta tanto se pueda hacer la designaci\u00f3n por el sistema previsto, se podr\u00e1 nombrar en provisionalidad, como otra forma de acceder igualmente a los cargos de la Rama Judicial, norma a la cual se acudi\u00f3 para proceder en Sala de conformidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, observa la Sala que el pronunciamiento de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial satisface la petici\u00f3n formulada por el quejoso en la medida que resolvi\u00f3 de fondo su planteamiento al indicarle, de manera precisa, la disposici\u00f3n legal en la que se sustent\u00f3 el nombramiento de la persona que en la actualidad ocupa el cargo de magistrado en la Seccional Tolima, por lo que el reparo de Soto Olivera no est\u00e1 llamado a salir avante pues el sentido en que se produjo la respuesta escapa de la \u00f3rbita del juez constitucional, m\u00e1xime que tal examen guarda \u00edntima relaci\u00f3n con los motivos por los cuales el censor considera que el acto administrativo de designaci\u00f3n se encuentra afectado de nulidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como en el transcurso del tr\u00e1mite constitucional (que inici\u00f3 el pasado 3 de agosto), y en todo caso antes de la emisi\u00f3n del fallo de primer grado, la Corporaci\u00f3n judicial comprometida profiri\u00f3 la respuesta extra\u00f1ada por el accionante, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia, por lo que se torna inane cualquier pronunciamiento del juez de tutela en ese sentido, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la figura descrita esta Sala ha dicho \u00ab[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
Entonces, por no existir una conculcaci\u00f3n actual de derechos fundamentales, de acuerdo con lo decantado, se itera, la tutela deviene improcedente. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
3.1. No se satisface el requisito de subsidiariedad que caracteriza la acci\u00f3n tutelar, al contar el reclamante con otra v\u00eda para hacer valer sus s\u00faplicas, y, <\/p>\n
3.2. Se configur\u00f3 la carencia de objeto, por hecho superado, pues antes de resolverse el asunto en primera instancia, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial emiti\u00f3 el pronunciamiento echado de menos por el gestor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12833-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12833-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00993-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}