STC12836-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12836-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01607-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiocho de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 23 de agosto de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Brenda Nishida Rodr\u00edguez contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2016-01337. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, \u00abseguridad social (\u2026), m\u00ednimo vital, (\u2026) salud [y] vida en condiciones dignas\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Luz Dary Rodr\u00edguez (q.e.p.d.) promovi\u00f3 ordinario laboral contra Colpensiones, en procura de obtener la pensi\u00f3n de invalidez \u00abdesde el (\u2026) 1\u00b0 de mayo del 2008, d\u00eda siguiente en que dej\u00f3 de realizar aportes al Sistema General de Pensiones\u00bb puesto que \u00abmediante el dictamen n.\u00ba 2015104232BB emitido por Colpensiones se determin\u00f3 que su p\u00e9rdida de capacidad laboral era del 78.73% de origen com\u00fan con fecha de estructuraci\u00f3n del 21 de abril de 2015\u00bb2, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien concedi\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
Sin embargo, al desatar el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad revoc\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto advirti\u00f3 que \u00abal no ser solicitado por la demandante \u00ab[\u2026] un nuevo dictamen de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral que diera lugar a modificar la fecha de estructuraci\u00f3n del estado de invalidez, no es posible que bajos los razonamientos l\u00f3gicos se pueda modificarla\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, Luz Dary Rodr\u00edguez recurri\u00f3 en sede extraordinaria, sin embargo, el \u00ab2 de abril de 2021\u00bb falleci\u00f3, raz\u00f3n por la cual, en auto del 26 de mayo de ese mismo a\u00f1o, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 reconoci\u00f3 a su hija Brenda Nishida Rodr\u00edguez, aqu\u00ed libelista, como \u00absucesora procesal\u00bb3. <\/p>\n
Posteriormente, la autoridad dej\u00f3 inc\u00f3lume lo resuelto por el ad quem, pues coligi\u00f3 que \u00ablas conclusiones a las que lleg\u00f3 demuestran que [el tribunal] apreci\u00f3 [las pruebas denunciadas], sin embargo, concluy\u00f3 de ellas que no pod\u00eda modificar la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez consignada en el correspondiente dictamen\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la promotora, desconoci\u00f3 el precedente e incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por cuanto \u00abno realiz\u00f3 si quiera un estudio somero de la historia cl\u00ednica de la actora, simplemente se ocup\u00f3 transcribir de manera mec\u00e1nica y desalmada la jurisprudencia respecto a las pensiones de invalidez de personas con enfermedades cr\u00f3nicas, degenerativas o cong\u00e9nitas y la viabilidad, \u00fanicamente, de modificar la data de estructuraci\u00f3n de estas personas si tiene semanas posteriores a la estructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL1995-2022 del 7 de junio de 2022 y, en consecuencia, se confirme la determinaci\u00f3n proferida en primera instancia. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn record\u00f3 lo sucedido en el tr\u00e1mite y expuso que \u00aben aquella oportunidad que la demandante no reun\u00eda los requisitos legales para causar una pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan, pues del material probatorio allegado al plenario no era factible concluir que la actora estructur\u00f3 su estado de invalidez a partir del 1 de mayo de 2008, d\u00eda siguiente a su \u00faltima cotizaci\u00f3n ante el sistema general de pensiones, como lo hab\u00eda indicado el juez de primer grado\u00bb. <\/p>\n
2. Colpensiones se\u00f1al\u00f3 que \u00abdebe tenerse en cuenta que decidir de fondo las pretensiones del accionante y acceder a las mismas, invade la \u00f3rbita del juez ordinario y su autodominio, pero adem\u00e1s excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se prob\u00f3 vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. manifest\u00f3 que el \u00abproceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. I.S.S. en Liquidaci\u00f3n o el extinto I.S.S.\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abno puede la parte accionante, pretender que, en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso, cuando se evidencia que, la autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso ordinario laboral de referencia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00ab[p]ara el a-quo no fue relevante que la se\u00f1ora Rodr\u00edguez tuviera (i) una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 78.73% como consecuencia de (ii) enfermedades de Alto costo \u2013 Catastr\u00f3fica, y Degenerativa \u2013 Progresiva. Aunado a que era (iii) una mujer y de (iv) escasos recursos. Nada de lo anterior lo tuvo en cuenta el juez de tutela, nada, sin embargo, el juez constitucional tiene por obligaci\u00f3n revisar cada caso concreto y analizar las particularidades o caracter\u00edsticas de dichos casos, en especial cuando son sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[s]i bien existen varios criterios para (\u2026) [establecer] la fecha de estructuraci\u00f3n real de una persona como mi mandante, la H. Corte Constitucional, acoge principalmente dos: \u201c(i) aquella que coincide con el momento en el cual se realiza el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral o, (ii) EL MOMENTO EN QUE EL AFECTADO DEJ\u00d3 DE COTIZAR AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES\u201d (T-910 del 2014.)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Corporaci\u00f3n enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral (SL1995-2022, rad. 87940), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00ablas conclusiones a las que lleg\u00f3 demuestran que (\u2026) apreci\u00f3 [las pruebas denunciadas], sin embargo, concluy\u00f3 de ellas que no pod\u00eda modificar la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez consignada en el correspondiente dictamen\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos, encaminados por (i) la v\u00eda indirecta \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida (\u2026) [de los] los art\u00edculos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, \u00faltimo art\u00edculo modificado por la Ley 860 del 2003, art\u00edculos 41 y 43 del mismo cuerpo normativo; el art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 917 de 199; el art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 1507 del 2014; 44 del Decreto 1352 del 2013; Decreto 2463 del 2001. Igualmente, la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 60 y 61 del C\u00f3digo de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social. Para finalizar, los art\u00edculos 13, 48 y 43 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb y (ii) por violaci\u00f3n directa \u00aben la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de (\u2026) los art\u00edculos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, \u00faltimo art\u00edculo modificado por la Ley 860 del 2003, art\u00edculos 41 del mismo cuerpo normativo; el art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 917 de 1999; el art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 1507 del 2014; art\u00edculo 44 del Decreto 1352 del 2013; Decreto 2463 del 2001; y los art\u00edculos 13,48 y 53 de la Carta Pol\u00edtica. Igualmente, en la modalidad de INFRACCI\u00d3N DIRECTA de los art\u00edculos 60 y 61 del C\u00f3digo de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abPara la impugnante, el Tribunal se equivoc\u00f3 al estimar que no reun\u00eda los requisitos necesarios para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, teniendo en cuenta que la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez fue el 21 de abril de 2015. Por el contrario, afirma que para contabilizar las semanas de cotizaci\u00f3n debi\u00f3 tomarse como par\u00e1metro la fecha en la que se produjo la \u00faltima de ellas, esto es, el 1\u00b0 de mayo de 2008, como quiera que el diagn\u00f3stico se\u00f1ala que padece una enfermedad degenerativa\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, enumer\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00ab(i) que Luz Dary Rodr\u00edguez naci\u00f3 el 26 de mayo de 1960; (ii) que se afili\u00f3 al Sistema General de Pensiones y realiz\u00f3 aportes entre el 23 de mayo de 1977 hasta el 26 de noviembre de 1979 en calidad de trabajadora y del 1\u00b0 de febrero de 2003 hasta el 30 de abril del 2008 como independiente para un total de 288,71 semanas; (iii) que padece una enfermedad que tiene la condici\u00f3n de degenerativa seg\u00fan el dictamen de invalidez y (iv) que fue calificada por Colpensiones con una p\u00e9rdida de capacidad laboral equivalente al 78,73% con fecha de estructuraci\u00f3n 21 de abril del 2015\u00bb. <\/p>\n
Sobre la normativa que regula el acceso a la citada pensi\u00f3n, precis\u00f3 que \u00abes la vigente para el momento en que se configura la estructuraci\u00f3n de la invalidez del afiliado (CSL SL2358-2017) (\u2026) De ah\u00ed que, el juez de segunda instancia hubiera concluido que la disposici\u00f3n bajo la cual deb\u00eda estudiarse la procedencia del derecho era el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 860 de 2003. De manera que, para la fecha en que se declar\u00f3 la p\u00e9rdida de la capacidad laboral, 21 de abril de 2015, Luz Dary Rodr\u00edguez no contaba con las semanas cotizadas para acceder al derecho pretendido\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abfrente a casos puntuales, como las enfermedades cr\u00f3nicas, cong\u00e9nitas o degenerativas, la jurisprudencia de la Sala ha permitido que excepcionalmente sea tomada como fecha para el estudio de la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez, no solo la de la estructuraci\u00f3n sino tambi\u00e9n (i) el momento en que se emiti\u00f3 el dictamen; (ii) cuando se efectu\u00f3 la solicitud de reconocimiento prestacional o (iii) cuando se produjo la \u00faltima cotizaci\u00f3n (CSJ SL4567-2019)\u00bb. <\/p>\n
Al respecto refiri\u00f3 que \u00ab[s]e trata de una contabilizaci\u00f3n de tiempo de trabajo ex post, pero no significa un cambio en la fecha de estructuraci\u00f3n de invalidez para que coincida con las semanas de cotizaci\u00f3n previas, solo por el hecho de estar frente a una enfermedad degenerativa, como en el presente caso\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en las sentencias SL5023-2021, SL1069-2021 y SL2830-2021, la autoridad convocada se\u00f1al\u00f3 que \u00abla regla jurisprudencial no encaja en lo que se pretende, esto es, que el fallador prescinda de la fecha de estructuraci\u00f3n que determin\u00f3 la entidad encargada de hacerlo y tome como referencia la data en la que dej\u00f3 de hacer cotizaciones al Sistema para contabilizar las semanas exigidas por la norma\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, arguy\u00f3 que \u00abla entidad calificadora determin\u00f3 que la fecha de invalidez de la demandante fue el 21 de abril de 2015, es decir, siete a\u00f1os despu\u00e9s de su \u00faltima cotizaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones, de manera que no se estaba ante la existencia de cotizaciones posteriores ni del ejercicio de una capacidad laboral residual\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 expresando que \u00abno tiene raz\u00f3n la recurrente cuando afirma que el Tribunal no valor\u00f3 las pruebas denunciadas pues, por el contrario, las conclusiones a las que lleg\u00f3 demuestran que las apreci\u00f3, sin embargo, concluy\u00f3 de ellas que no pod\u00eda modificar la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez consignada en el correspondiente dictamen\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Luego, la Corporaci\u00f3n querellada estudi\u00f3 la historia laboral de la all\u00ed censora y razon\u00f3 que \u00abse observan los aportes efectuados por ella de manera interrumpida entre el 23 de mayo de 1977 hasta el 26 de noviembre de 1979 y del 1\u00b0 de febrero de 2003 hasta el 30 de abril de 2008, por tanto, el Tribunal no se equivoc\u00f3 al determinar que no contaba con las cincuenta semanas cotizadas en los \u00faltimos tres a\u00f1os al 21 de abril de 2015, fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez. Igual informaci\u00f3n se deriva de la demanda inicial y su contestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que \u00abla Sala no encuentra que la apreciaci\u00f3n probatoria efectuada por el Tribunal para lograr la libre formaci\u00f3n de su convencimiento hubiese sido contraevidente o arbitraria, pues realiz\u00f3 un an\u00e1lisis conjunto de las pruebas que consider\u00f3 relevantes para definir los hechos controvertidos en instancia y lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n con tales medios de convicci\u00f3n que la impugnante no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb y, de esta manera, desestim\u00f3 los cargos. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVARE <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 14 de septiembre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan se extracta del portal web de la Rama Judicial. <\/p>\n
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